CE - 250002326000201200253021SENTENCIA20230710120452

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954)

Actor: ADOLFO VARGAS JIMÉNEZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – CADUCIDAD PARCIAL DE LA ACCIÓN – cuando una demanda contiene una acumulación de pretensiones, el término de caducidad debe contabilizarse de manera independiente para cada una de estas – RECURSO DE APELACIÓN – deber de sustentación – el recurrente controvirtió parcialmente el fallo de primera de instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 28 de enero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que la Rama Judicial incurrió en error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en el proceso ejecutivo singular instaurado en su contra, por cuanto se adelantó con base en un título de ejecución espurio y en desconocimiento de las garantías procesales; asimismo, aduce que la Fiscalía General de la Nación es responsable por proferir resoluciones

singular instaurado en su contra, por cuanto se adelantó con base en un título de ejecución espurio y en desconocimiento de las garantías procesales; asimismo, aduce que la Fiscalía General de la Nación es responsable por proferir resoluciones inhibitorias en los procesos penales iniciados en contra del ejecutante y la juez civil que conoció del aludido proceso ejecutivo.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de febrero de 2012 (fls. 1 – 22 c. 1), el señor Adolfo Vargas Jiménez presentó demanda de reparación directa, subsanada el 9 de abril siguiente (fls. 27 - 38 c. 1),2

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

contra la Nación -Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de los perjuicios causados con el “error jurisdiccional debido al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, cometido en l a acción ejecutiva singular e hipotecaria adelantada en su contra y en los procesos penales surtidos contra el ejecutante Marco Alfonso Rivera y la juez Myriam Lizarazu Bitar.

Por lo anterior, solicitó como indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $685’465.000, correspondientes al valor en que disminuyó la producción en tres fincas de su propiedad, desde que fueron objeto de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo singular hasta

modalidad de lucro cesante, la suma de $685’465.000, correspondientes al valor en que disminuyó la producción en tres fincas de su propiedad, desde que fueron objeto de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo singular hasta el año 2011; asimismo, pidió la suma de $253’085.000, por concepto del daño emergente ocasionado con la “venta a pérdida” de los mencionados inmuebles. En último término, solicitó por concepto de perjuicios morales el pago equivalente en pesos a 1.000 SMLMV.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el actor sostuvo que, el 29 de abril de 1999, el señor Marco Alfonso Rivera presentó una demanda ejecutiva singular en su contra y del señor Jorge Ernesto Vargas Álvarez, aportando como título base de ejecución una letra de cambio por valor de $20’000.000, en virtud del endoso en propiedad realizado a su favor por parte de la acreedora inicial de la obligación, María Jadille Orozco Rodríguez.

En el marco de la mencionada acción ejecutiva, el 6 de mayo de 1999, la Juez Civil del Circuito de Villeta (Cundinamarca) decretó el embargo y secuestro de las fincas “Escorpio”, “El Progreso” y “El Regalo” de propiedad del señor Adolfo Vargas Jiménez, avaluadas catastralmente en $256’114.000; y posteriormente, el 26 de febrero de 2002, terminó el proceso por novación de la obligación, dada la aceptación a favor del ejecutante de una nueva letra de cambio que incluyó el capital y los intereses adeudados, así como la constitución de garantías hipotecarias sobre las fincas “El Regalo” y “El Progreso”.

aceptación a favor del ejecutante de una nueva letra de cambio que incluyó el capital y los intereses adeudados, así como la constitución de garantías hipotecarias sobre las fincas “El Regalo” y “El Progreso”.

En el transcurso de las diligencias adelantadas por el señor Marco Alfonso Rivera para procurar el pago de la nueva obligación, inició una acción ejecutiva hipotecaria, durante la cual, al absolver el interrogatorio de parte, reconoció haber elaborado la letra de cambio que dio origen al proceso ejecutivo singular, pese a que fue la señora María Jadille Orozco Rodríguez quien prestó el dinero, de forma que, al parecer del actor, aquél suplantó a la creadora del título valor inicial.3

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Por los anteriores hechos, el hoy actor denunció ante la Fiscalía General de la Nación al señor Marco Alfonso Rivera y a la Juez Civil del Circuito de Villeta, Myriam Lizarazu Bitar. Surtidas las respectivas investigaciones previas, las autoridades competentes profirieron resolución inhibitoria por atipicidad de las conductas denunciadas.

Sobre la actuación anterior, la parte actora reprochó al Juzgado Civil del Circuito de Villeta, en el proceso ejecutivo singular: i) la admisión de la demanda, por considerar que el título valor presentado como base de ejecución era espurio, debido a que la acreedora inicial no suscribió la letra de cambio; ii) el decreto de medidas cautelares excesivas; iii) la aceptación de la novación de la obligación, por

considerar que el título valor presentado como base de ejecución era espurio, debido a que la acreedora inicial no suscribió la letra de cambio; ii) el decreto de medidas cautelares excesivas; iii) la aceptación de la novación de la obligación, por incluir un pacto de anatocismo; iv) la omisión de declarar la perención del proceso en aplicación del artículo 346 del C.P.C., dada la inactividad del ejecutante por más de un año; y, v) la omisión de declarar la nulidad del proceso originada en la falta de la notif icación personal al otro ejecutado. Asimismo, le imputó haber omitido compulsar copias a la Fiscalía del interrogatorio de parte rendido por el señor Marco Alfonso Rivera en el proceso ejecutivo hipotecario , como lo disponen los artículos 80 del C.P.C. y 27 del C.P.P.

También imputó responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, por estimar que la Fiscalía Seccional de Villeta se inhibió de abrir investigación formal en contra del señor Marco Alfonso Rivera, sin fijar una posición crítica frente a la falsedad ideológica del título valor derivada de la sustitución de la firma de su creadora, con lo cual “le mutiló su legítimo derecho a obtener una indemnización por vía parte civil por daños morales y materiales”.

Asimismo, señaló que la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca profirió decisión en igual sentido respecto de la juez Myriam Lizarazu Bitar, por considerar que no incurrió en el delito de prevaricato por acción, desconociendo que la denuncia se presentó por el punible de “abuso o desviación de poder” concretado en la omisión de compulsar copias a la Fiscalía para que se

Bitar, por considerar que no incurrió en el delito de prevaricato por acción, desconociendo que la denuncia se presentó por el punible de “abuso o desviación de poder” concretado en la omisión de compulsar copias a la Fiscalía para que se investigara al ejecutante; y a su vez, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión anterior, con base en argumentos que no guardan relación con la denuncia por la falsedad ideológica referida, pues, simplemente asumió que en el título valor se encontraba la firma de su creadora, omitiendo aclarar que la firma de María Jadille Orozco Rodríguez corresponde al endoso y no a la creación del título.

Finalmente, insistió en que la irregularidad anotada fue reconocida por el señor Marco Alfonso Rivera durante el interrogatorio de parte surtido en el proceso4

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

ejecutivo hipotecario, en el que declaró: “… sí, esa es mi firma y aclaro que intervine en la elaboración de ese documento pero no lo hice en condición de obligado ni tampoco en condición de beneficiario como ya quedó explicado atrás”; y por la juez Myriam Lizarazu Bitar durante la versión libre r endida en el proceso penal, al afirmar: “la letra que se allegó como sustento del proceso ejecutivo, cumplía las exigencias del 621 y por ello se admitió, cuestión diversa, es que después se prueba que la firma de quien lo creó no corresponde a la realidad”.

2. El trámite de primera instancia

exigencias del 621 y por ello se admitió, cuestión diversa, es que después se prueba que la firma de quien lo creó no corresponde a la realidad”.

2. El trámite de primera instancia

2.1. En auto del 10 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, por estimar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

Sobre el particular, precisó que los hechos generadores del daño imputado a la Nación -Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación eran independientes, razón por la que el cómputo del término de caducidad debía contabilizarse respecto de la primera entidad, desde la notificación de la decisión de segunda instancia proferida en el proceso ejecutivo, esto es, el 9 de abril de 2007; y frente a la segunda, desde el momento en que cobró ejecutoria la resolución inhibitoria, lo que ocurrió el 27 de noviembre de 2009. En esa oportunidad, el a quo consideró que la solicitud de conciliación prejudicial se había presentado el 26 de noviembre de 2011, de acuerdo con la constancia obrante en el expediente (fls. 1 – 2 c. 2).

La parte actora apeló tal decisión (fls. 3 - 5 c. 2) y, el 14 de agosto de 2013, esta Subsección del Consejo de Estado modificó el auto cuestionado, debido a que respecto del error judicial endilgado a la Fiscalía General de la Nación, que consideró atribuido únicamente al proceso penal adelantado frente a la Juez Civil del Circuito de Villeta, no había operado el fenómeno de la caducidad, al tiempo que en relación con el supuesto error judicial producido en el proceso ejecutivo

consideró atribuido únicamente al proceso penal adelantado frente a la Juez Civil del Circuito de Villeta, no había operado el fenómeno de la caducidad, al tiempo que en relación con el supuesto error judicial producido en el proceso ejecutivo hipotecario, el término para presentar la demanda se encontraba vencido.

En tal sentido, aclaró que el término de caducidad debía contabilizarse desde la ejecutoria de las providencias que pusieron fin al proceso ejecutivo hipotecario adelantado en contra del demandante y al proceso penal impulsado por el delito de prevaricato por acción , por ser un requisito para la procedencia del título de imputación de error jurisdiccional, lo que aconteció el 12 de abril de 2007 y 27 de noviembre de 2009, respectivamente. Seguidamente, indicó qu e el término de caducidad se suspendió el 26 de octubre de 2011 y no el 26 de noviembre del5

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

mismo año 1, como equivocadamente y por un error involuntario se anotó en la constancia de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial, de ahí que frente a la Fiscalía General de la Nación la acción de reparación directa se hubiera interpuesto oportunamente.

En consecuencia, rechazó la demanda respecto del “aducido error judicial contenido en el proceso ejecutivo” , mientras que la admitió “en relación con e l proceso penal adelantado en contra de la Juez Civil del Circuito de Villeta por el delito de prevaricato por acción” ; y, ordenó la notificación personal del auto a la

contenido en el proceso ejecutivo” , mientras que la admitió “en relación con e l proceso penal adelantado en contra de la Juez Civil del Circuito de Villeta por el delito de prevaricato por acción” ; y, ordenó la notificación personal del auto a la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 30 – 40 c. 1).

2.2. Mediante auto del 1º de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio cumplimento a lo ordenado en el proveído anterior y dispuso la notificación personal del auto admisorio (fls. 43 – 44 c. 2), la cual se realizó en debida forma (fls. 48 – 49 c. 2).

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En concreto, consideró que no incurrió en falla en el servicio, puesto que la resolución inhibitoria estuvo fundada en serios elementos de prueba que permitieron establecer la atipicidad de la conducta. En este sentido, propuso la excepción de hecho de un tercero, por estimar que de haberse producido una falla no le era imputable (fls. 51 - 59 c. 2).

En esa oportunidad procesal, la Rama Judicial guardó silencio.

2.3. Concluida la etapa probatoria, el 1º de septiembre de 2015, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 634 c. 1).

La parte actora señaló que el Estado era responsable del daño deprecado en la

traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 634 c. 1).

La parte actora señaló que el Estado era responsable del daño deprecado en la demanda, por cuanto la Juez Civil del Circuito de Villeta omitió dar aplicación a las normas procesales que pe rmitían levantar las medidas cautelares que afectaron sus bienes, así como por no compulsar copias a la Fiscalía para que se investigara al ejecutante, conductas que, a su parecer, eran constitutivas del delito de prevaricato por acción. Adicionalmente, ma nifestó que los perjuicios materiales

1 Según la certificación proferida el 15 de mayo de 2012 por la Procuraduría 51 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, el término de caducidad se suspendió entre el 26 de octubre de 2011 y 27 de enero de 2012 (fls. 5 – 6 c. 2)6

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

estaban demostrados con el dictamen pericial practicado durante la primera instancia (fls. 635 – 639 c. 1).

El Ministerio Público señaló que no le asistía responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto la resolución inhibitoria proferida el 16 de julio de 2009 por la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, confirmada el 21 de octubre siguiente por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema

de la Nación, por cuanto la resolución inhibitoria proferida el 16 de julio de 2009 por la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, confirmada el 21 de octubre siguiente por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estaba debidament e sustentada en la atipicidad de la conducta de la Juez Civil del Circuito de Villeta (fls. 641 – 646 c. 1).

En esa oportunidad, la parte demandada guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de enero de 2016, e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la caducidad parcial de la acción de reparación directa, la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y negó las pretensiones de la demanda.

En ese or den, anotó que, pese a existir un pronunciamiento de fondo sobre la caducidad de la acción, resultaba necesario retomar su análisis, dado que aquél no se refirió a la totalidad de las imputaciones realizadas en el libelo introductorio. En consecuencia, est imó que los reproches efectuados frente al proceso ejecutivo singular y al proceso penal adelantado en contra del señor Marco Alfonso Rivera se encontraban caducados, mientras que, en relación con la imputación por el error judicial contenido en la resoluc ión inhibitoria proferida en el proceso penal adelantado contra la juez Myriam Lizarazu Bitar, la acción de reparación directa se presentó oportunamente.

A renglón seguido, advirtió que la Rama Judicial carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no profirió decisión alguna en el proceso penal adelantado

presentó oportunamente.

A renglón seguido, advirtió que la Rama Judicial carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no profirió decisión alguna en el proceso penal adelantado en contra de la aludida juez.

Con lo anterior, luego de precisar que el cuestionamiento planteado respecto de la decisión inhibitoria debía analizarse bajo el título jurídico de imputación de error judicial, adujo que el daño consistente en la imposibilidad de obtener un fallo que lo favoreciera en la jurisdicción penal, no era antijurídico , puesto que a partir de la denuncia no se deriva la responsabilidad penal de la sindicada.7

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Asimismo, agregó que, si en gracia de discusión se considerara que se causó un daño antijurídico al demandante, las pretensiones tampoco estarían llamadas a prosperar, debido a que la pasiva no incurrió en error judicial en la resolución inhibitoria cuestionada.

Al respecto, explicó que la conducta de la señora Myriam Lizarazu Bitar no fue caprichosa ni contraria a la ley, pues como Juez Civil del Circuito de Villeta admitió y dio trámite a la acción ejecutiva singular, por encontrar que los documentos aportados al despacho judicial cumplían con las exigencias del artículo 621 del C.Co., y si bien afirmó: “cuestión diversa, es que después se prueba que la firma de quien lo creó no corresponde a la realidad”, ello no constituía una confesión del

aportados al despacho judicial cumplían con las exigencias del artículo 621 del C.Co., y si bien afirmó: “cuestión diversa, es que después se prueba que la firma de quien lo creó no corresponde a la realidad”, ello no constituía una confesión del supuesto delito de “abuso o desviación de poder” , más precisamente, del punible de “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”, más aún porque la versión libre no es un medio probatorio, sino un medio de defensa (fls. 648 – 667 c. ppal.).

4. Recurso de apelación

4.1. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, por considerar que el a quo desconoció el alcance de la imputación realizada en la demanda, referida a la configuración de una “larga cadena de defectuosos funcionamientos de la administración de justicia” causados por las actuaciones acontecidas en la jurisdicción civil y penal, y no, únicamente, a un error judicial materializado, como causa aislada, en la resolución inhibitoria que favoreció a la Juez Civil del Circuito de Villeta. De esta manera, adujo que comoquiera que las fallas de la Administración de Justicia enunciadas en la demanda se encontraban concatenadas y a partir de esa última decisión la acción de reparación directa no había caducado, tenía pleno derecho a reclamar.

Sobre el particular, de manera literal, expresó:

1.-No obstante que la Sala está percatada que "...el aquí demandante imputa en contra de la Fiscalía General de la Nación, una responsabilidad extracontractual, bajo el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia aduciendo...", pero alterando el or den cronología

en contra de la Fiscalía General de la Nación, una responsabilidad extracontractual, bajo el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia aduciendo...", pero alterando el or den cronología (sic) de los primeros hechos de cada intervención de cada uno de los funcionarios de la jurisdicción civil y de la Fiscalía que tienen un solo hilo conductor o de conexidad, como aparece en la demanda, comienza de manera desordenada transcribiendo los apartes 20 y 21 de los hechos del Fiscal Sexto Delegado del Tribunal que conjuntamente con los de la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en ese momento son los últimos de la larga cadena de Hechos Defectuosos de la Administración de Justicia, cuya finalidad posiblemente es dar la impresión que aquellos constituyen un solo acto individual y separado de los que ciertamente son el aisberg (s ic) en la larga cadena del Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia, causándole grave daño a mi poderdante señor ADOLFO VARGAS JIMÉNEZ como está probado con el dictamen pericial que obra en el expediente y que no8

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

fue objetado por la parte demandada y así llegar a determinar que nuestros argumentos expuestos constituyen el título de imputación de ERROR JUDICIAL, cuando ciertamente son del DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2.- Lo anterior queda sin piso jurídico porque no se toma en conjunto todos los

argumentos expuestos constituyen el título de imputación de ERROR JUDICIAL, cuando ciertamente son del DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2.- Lo anterior queda sin piso jurídico porque no se toma en conjunto todos los actos relatados sino citan las últimas dos actuaciones de las Fiscalías Delegadas, como causa aislada, que vista a medias induce al equívoco de dar entidad al Error Judicial, cuando la real verdad es que esta última es la consecuencia de todas las FALLAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, observada de manera obje tiva antecedentes, concomitantes y actuales, que históricamente se concatenan unas con otras y llegan a un fallo definitivo, quedando ejecutoriado el día 27 de Noviembre de 2009 otorgado en Segunda Instancia por la Fiscalía General de la Nación Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicias, Expediente # 12663-04, situación que no ha caducado y por lo tanto existe el pleno derecho a mi poderdante de reclamar.

Finalmente, manifestó que durante el trámite de primera insta ncia las autoridades respectivas omitieron aportar copia íntegra de los expedientes del proceso ejecutivo singular y los procesos penales, circunstancia que advirtió oportunamente al a quo (fls. 670 - 673 c. ppal.).

4.2. El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto proferido el 5 de abril de 2016 (fl. 687 c. ppal.) y remitido al Consejo de Estado para su trámite mediante oficio del 13 del mismo mes y año (fl. 688 c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia

remitido al Consejo de Estado para su trámite mediante oficio del 13 del mismo mes y año (fl. 688 c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En proveído del 18 de mayo de 2016, esta Corporación admitió el recurso de apelación (fl. 690 c. ppal.), y el 29 de junio de 2017 (fls. 710 – 713 c. ppal.), se accedió a la solicitud probatoria realizada en el escrito de impugnación, por ajustarse al presupuesto establecido en el numeral 1 del artículo 214 del C.C.A., debido a que la ausencia de la totalidad de las pruebas decretadas en la primera instancia, no era atribuible al solicitante.

5.2. En auto del 6 de febrero de 2019, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 843 c. ppal.).

La parte actora insistió en la responsabilidad del Estado derivada de: i) la admisión de la demanda ejecutiva singular; ii) la omisión de compulsar copias a la Fiscalía para que se investigara la conducta del ejecutante; y, iii) la decisión inhibitoria proferida en el proceso penal a favor de la juez Lizarazu Bitar. Asimismo, adujo que no se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y que los9

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

perjuicios estaban probados con el dictamen pericial practicado durante la primera

Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

perjuicios estaban probados con el dictamen pericial practicado durante la primera instancia (fls. 844 - 847 c. ppal.).

La Fiscalía General de la Nación expresó que la conducta de la Juez Civil del Circuito de Villeta era atípica, por lo que resultaba improcedente abrir investigación formal en su contra o constituirse como parte civil (fls. 848 – 854 c. ppal.).

El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación2, la competencia para conocer de las a cciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Con sejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso3.

2. Alcance del recurso de apelación de la parte actora

Para determinar los asuntos que se deben resolver en esta instancia, la Sala considera pertinente detenerse en el análisis de lo que expresó la parte demandante en su recurso de apelación frente a las razones que fundaron la decisión que cuestiona, para establecer si, en efecto, esgrime razones de inconformidad que ataquen la totalidad de los argumentos que expuso el a q uo para negar las

en su recurso de apelación frente a las razones que fundaron la decisión que cuestiona, para establecer si, en efecto, esgrime razones de inconformidad que ataquen la totalidad de los argumentos que expuso el a q uo para negar las pretensiones de la demanda, en la medida en que la competencia de la Subsección no es plena, sino que se circunscribe a ello4.

La Sala parte por señalar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades 5, que el recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se

2 Acuerdo 80 de 2019. 3 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 5 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 54.452, sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 53.800, sentencias del 6 de julio de 2022, exps. 44.707, 54.666 y 56.581, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 46.542, sentencia del 14 de mayo de 2014, exp. 31.469 y sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 53.376.10

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954)

Actor: Adolfo Vargas Jiménez

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00253-02 (56.954) Actor: Adolfo Vargas Jiménez Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico.

De este modo, resul ta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico, para lo cual no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente repetir un argumento desprovist o de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la alzada definen los temas objeto de análisis respecto de la decisión judicial que es rebatida6.

En el caso examinado, la Sala advierte que, si bien el actor impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda, lo cierto es que los argumentos de disenso del recurrente se orientan exclusivamente a debatir la declaración de caducidad parcial de la acción de reparación directa, sin que del recurso de alzada pueda deducirse materialmente un planteamiento destinado a confrontar los razonamientos orientados a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y absolver de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación respec to del supuesto error

destinado a confrontar los razonamientos orientados a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y absolver de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación respec to del supuesto error jurisdiccional en que incurrió al proferir la resolución inhibitoria que favoreció a la juez Myriam Lizarazu Bitar.

Obsérvese que