CE - 250002326000201201152011SENTENCIA20230709184654

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56.476)

Actor: Diovan Trujillo Ávila Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado – Privación injusta de la Libertad (Ley 906 de 2004) – Se configura cuando la medida de aseguramiento de detención preventiva se decreta sin el cumplimiento de los presupuestos legales

Síntesis del caso : Se demandó la responsabilidad del Estado porque , en el marco de una persecución, se produjo la privació n de la libertad de un taxista quien posteriormente fue absuelto

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Rama Judicial en contra de la Sentencia de 13 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda,

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19962.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

1 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO. – DECLARAR de oficio probada la excepción de ‘falta de legitimación en la causa por pasiva’ de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. // SEGUNDO. – DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios ocasionados al señor DIOVAN TRUJILLO ÁVILA; por la privación injusta de la libertad que soportó en el periodo comprendido e ntre el día 19 de octubre de 2009 hasta el 28 de junio de 2010 . // TERCERO.- CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a la víctima directa (…) y por concepto de perjuicios morales, la suma correspondiente a 70 SMLMV. // CUARTO. - CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar al demandante (…) la suma de (…) ($5’999.588,28), por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente. [honorarios de abogado]// QUINTO.- CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar [al demandante] la suma de (…) ($14’282.399) por concepto

QUINTO.- CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar [al demandante] la suma de (…) ($14’282.399) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante”. SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…)” 2 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

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Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de junio de 20123, Diovan Trujillo Ávila , en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de obtener la reparación de los daños ocasionados con la privación de la libertad que experimentó.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa:

Que se declare administrativamente responsables a las demandadas (se trascribe) “… de la totalidad de los daños y perjuicios morales y materiales causados a Diovan Trujillo Ávila, tanto por falla en el servicio como por error judicial, que ocasionó su

Que se declare administrativamente responsables a las demandadas (se trascribe) “… de la totalidad de los daños y perjuicios morales y materiales causados a Diovan Trujillo Ávila, tanto por falla en el servicio como por error judicial, que ocasionó su captura y detención injusta, entre el día 19 de octubre de 2009 y el 28 de junio de 2010 en la ciudad de Bogotá”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicit ó que se condenara a la s demandadas al pago de perjuicios inmateriales y materiales,

que cuantificó así:

Perjuicio Monto Moral 500 S.M.L.M.V. Daño emergente

Lucro cesante $8’536.758 (gastos de investigación particular; durante la detención y por honorarios)

$11’700.000 (ingresos dejados de percibir en su condición de taxista)

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante

expuso, en síntesis:

5. 1) El 19 de octubre de 2009 , en la ciudad de Bogotá, la Policía Nacional desarrollaba un operativo para capturar a los miembros de una banda criminal que, haciéndose pasar por integrantes de la fuerza pública, acababan de hurtar una vivienda en el barrio Normandía . El demandante, quien tenía la condición

de taxista, se detuvo a recoger un pasajero en la avenida Boyacá con calle 54, “resultando ser un miembro de la banda (…) y como la Policía le venía haciendo seguimiento al delincuente inmovilizan el automotor” , por lo que capturan equivocadamente al conductor.

“resultando ser un miembro de la banda (…) y como la Policía le venía haciendo seguimiento al delincuente inmovilizan el automotor” , por lo que capturan equivocadamente al conductor.

6. 2) La Policía Nacional no analizó que el sujeto involucrado en el hurto iba huyendo y que, luego de abandonar el carro en el que se desplazaba, debido a

que llegó a una calle cerrada, tomó el primer vehículo de servicio público que encontró disponible. La presencia del demandante fue netamente casual. Además, había contradicciones entre el Informe rendido por la Policía y la

3 Folios 17 y 18 del Cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

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declaración de 2 de sus miembros sobre las condiciones en que ocurrió el hurto a la vivienda y la persecución que se emprendió con posterioridad.

7. 3) La Fiscalía General de la Nación , solo con fundamento en el informe de la Policía, imputó cargos y solicitó la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Trujillo Ávila , sin tener en cuenta las circunstancias de la fuga . La actuación de esta entidad en contra del demandante no tuvo respaldo probatorio y se soportó en una simple conjetura.

8. 4) La Rama Judicial , a través de los jueces de garantías y de conocimiento, debió advertir que se estaba involucrando al demandante en hechos criminales,

8. 4) La Rama Judicial , a través de los jueces de garantías y de conocimiento, debió advertir que se estaba involucrando al demandante en hechos criminales, sin mayores elementos de juicio . Esas autoridades desconocieron que era imposible que hubiera existido concertación entre él y los autores del delito, que simplemente se desplazaba por la avenida Boyacá en desarrollo de su oficio y, además, en un lugar distante a aquel donde se presentó el hurto.

1.2. Posición de la parte demandada

9. La Policía Nacional contestó la demanda y alegó como excepci ón la de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, en la medida en que el título de privación injusta de la libertad se predica de la causada por agentes de la rama judicial, condición que no tenían los miembros de la Policía, quienes solo prestaban apoyo a la Rama Judicial4.

10. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda fuera del plazo legal5.

11. La Rama Judicial , en la contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de “Ausencia de causa para demandar”, con respaldo en que todas las actuaciones estuvieron ajustadas a derecho y la absolución se dio por aplicación de la garantía del principio in dubio pro reo ; “Hecho de un tercero” que sustentó en que el Informe de los agentes de policía, Edilson Barón Daza y Carlos Alberto Cardozo Oliveros, fue el que dio lugar a la privación de la libertad del demanda nte, ya que , en su momento, esos agentes manifestaron que se encontraba a la espera del delincuente que escapaba de la Policía . En línea con lo anterior, alegó que se

que dio lugar a la privación de la libertad del demanda nte, ya que , en su momento, esos agentes manifestaron que se encontraba a la espera del delincuente que escapaba de la Policía . En línea con lo anterior, alegó que se configuró el hecho de un tercero , en cabeza del delincuente que abordó ese vehículo. Por último, planteó en su defensa la “Culpa exclusiva de la víctima”, ya que el actor se expuso en forma imprudente a la situación, pues no debió haber puesto en marcha su vehículo en el contexto de una persecución en la que se hacían disparos6. 1.3. Sentencia de primera instancia

12. El 13 de agosto de 2015 , el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , profirió Sentencia de primera

4 Folios 83 al 92 del cuaderno 1 del Tribunal. 5 Folios 57 vto. y 107 al 125 del cuaderno 1 del Tribunal. 6 Folios 39 al 50 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

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instancia. En relación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, concluyó que no tenía n responsabilidad en la privación de la libertad del demandante, dado que, en vigencia de la Ley 90 6 de 2004, la legalización de la captura, como la imposición de la medida de aseguramiento, eran decisiones de competencia de un juez de control de garantías, por lo que declaró probada

demandante, dado que, en vigencia de la Ley 90 6 de 2004, la legalización de la captura, como la imposición de la medida de aseguramiento, eran decisiones de competencia de un juez de control de garantías, por lo que declaró probada la falta de legitimación pasiva en la causa.

13. Acerca de la Rama Judicial, indicó que la privación injusta de la libertad se estudiaba, de manera general, con base en el régimen objetivo de responsabilidad de daño especial en el que, según Sentencia de Unificación de 17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado, resultaba intrascendente “determinar si las autoridades respectivas actuaron conforme a derecho”.

14. A partir de ello, y luego de trascribir extensos apartes del fallo absolutorio de primera instancia proferido a favor del demandante, como de la sentencia que lo confirmó, concluyó que , Diovan Trujillo Ávila estuvo privado de la libertad entre el 19 de octubre de 2009 y el 28 de junio del año siguiente, daño que, en virtud de su absolución, no estaba en la obligación de soportar, al margen “del carácter legítimo o ilegítimo del actuar de los Jueces y Fiscales en el curso de la investigación”.

1.4. Recurso de apelación

15. El 7 de septiembre de 2015, la Rama Judicial presentó y sustentó recurso de apelación7. Alegó que el análisis del Juez de Control de Garantías se circunscribió a verificar la razonabilidad, proporcionalidad, ponderación y el cumplimiento de los fines constitucionales y legales para la imposición de la medida de aseguramiento, los “… cuales se cumplieron en el caso que se

circunscribió a verificar la razonabilidad, proporcionalidad, ponderación y el cumplimiento de los fines constitucionales y legales para la imposición de la medida de aseguramiento, los “… cuales se cumplieron en el caso que se analiza, pues la misma resultaba necesaria por tratarse de un presunto punible respecto del cual, la propia Ley 906 de 2004 impone como obligatoria la medida de asegura miento, razón por la cual se justificó la injerencia en el derecho fundamental del demandante, habida cuenta de los mo tivos fundados obtenidos objetiva y empíricamente por la policía judicial en el momento de la captura”, particularmente, en las declaracio nes de los agentes de policía que participaron en la persecución del taxi conducido por el acá demandante.

16. Enseguida, reconoció que la jurisprudencia del Consejo de Estado tenía establecida la posibilidad de que, cuando se produce la libertad del procesado en aplicación del principio in dubio pro reo , e ra posible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad. Sin embargo, alegó que, en este caso, se presentó la ruptura del nexo causal por el hecho de un tercero , debido a que : 1. La privación de la libertad se dio como consecuencia de la conducta de los agentes de policía Edilson Barón Daza y Carlos Alberto Cardozo Oliveros , “ya que fueron quienes declararon que [el demandante] era la persona que estaba esperando a Luis Enrique García Osorio, quien hacía parte de la banda criminal”,

7 Folios 198 al 207del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

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de manera que el Juez de control de garantías “...no tenía otra opción distinta, que imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía ”. 2. La conducta de Luis Enrique García Osorio también configuraba ruptura del nexo causal por hecho de un tercero , en la medida en que “relacionó al demandante, al subirse al vehículo por él conducido y que le ocasionó que fuera vinculado al proceso”.

17. Por último, expuso que la privación de la libertad del demandante se dio por su propia culpa, “pues se expuso imprudentemente a la situación presentada” , toda vez que no debió arrancar el vehículo en momentos en que delincuentes huían y la Policía disparaba8.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Análisis de las causas eximentes de responsabilidad 2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7.

Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

18. El actor demandó la indemnización de los perjuicios que le fueron causados con la privación de la libertad de que fue objeto dentro del proceso penal que se siguió en su contra. En esta instancia, la Rama Judicial sostiene que no se debe declarar su responsabilidad patrimonial, porque actuó conforme a derecho al

con la privación de la libertad de que fue objeto dentro del proceso penal que se siguió en su contra. En esta instancia, la Rama Judicial sostiene que no se debe declarar su responsabilidad patrimonial, porque actuó conforme a derecho al decretar la medida de aseguramiento y porque, en todo caso, habría hecho de un tercero y de la víctima.

19. Se encuentra probado en el expediente que, el demandante estuvo privado de la libertad, entre el 19 de octubre de 2009 y el 2 5 de junio de 2010 9, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y concierto para delinquir10.

20. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En efecto, la sentencia que declaró la absolución del demandante quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 201111 y el

8 La Rama Judicial presentó, por fuera del plazo legal, alegatos de conclusión en esta instancia. 9 El 19 de octubre de 2009 se produjo la captura en flagrancia del demandante. Al día siguiente, ante un juez de control de garantías, se legalizó la captura y se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva y se ordenó expedir la respectiva boleta de encarcelamiento (CD de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, fl. 27 del cuaderno 2 del Tribunal). Consta que el actor estuvo recluido en la

la respectiva boleta de encarcelamiento (CD de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, fl. 27 del cuaderno 2 del Tribunal). Consta que el actor estuvo recluido en la Cárcel Nacional Modelo, porque a esa institución se elevaron las solicitudes de remisión del procesado a las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral a las que asistió (fl. 67, 83, 97-100, 126, 148, 151, 154, 161, 164, 169 y 174 del cuaderno 2 del Tribunal). El 24 de junio de 2010 se profirió el sentido del fallo y se ordenó la libertad del procesado (fl. 175). La boleta de libertad se expidió el 25 de junio de 2010 (fl. 183), día en el que se llevó a cabo la diligencia de compromiso (fl. 186) y se prestó caución (fl. 181). 10 Sentencia proferida el 14 de julio de 2010 por el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado con función de conocimiento de Cali. Folios 80 al 128 del cuaderno No. 2 del tribunal. 11 La sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de 11 de febrero de 2010 (que confirmó el fallo absolutorio de primera instancia proferido el 29 de junio de 2010) quedó ejecutoriada al vencimiento del plazo legal para interponer el recurso de casación, para el caso, el 18 de febrero de 2011 (Folio 321 del cuaderno 2 del Tribunal).Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

Actor: Diovan Trujillo Ávila

Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros

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14 de junio de 2012 se presentó la demanda, por lo que es evidente que se promovió dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A12.

21. La Sala no se pronunciará sobre la eventual responsabilidad de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación , toda vez que el fallo de primera instancia declaró su falta de legitimación en esta causa, aspecto que no fue cuestionado por la parte demandante, única que tenía interés para recurrir este aspecto.

22. En lo que hace al fondo del asunto, la Sala modificará la Sentencia de primera instancia, porque la responsabilidad de la Rama Judicial se activó en este caso al imponer una medida de aseguramiento que no cumplía con los requisitos legales exigidos. Además, se ajustarán los montos reconocidos a título de perjuicios, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.

23. Con ese fin, en esta decisión se abordarán los siguientes aspectos: primero, se identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, en el análisis de la legalidad de la privación, se expondrán las razones por las cuales la Sala considera que la medida no cumplió los requisitos de ley. Además, en línea con lo que alega el recurrente, explicará por qué no se configuraron las causales eximentes de responsabilidad frente a

expondrán las razones por las cuales la Sala considera que la medida no cumplió los requisitos de ley. Además, en línea con lo que alega el recurrente, explicará por qué no se configuraron las causales eximentes de responsabilidad frente a dicha privación. Por último , atribuirá el daño a la Rama Judicial, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

24. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Diovan Trujillo Ávila, situación que, como ya se indicó, la Sala la encuentra debidamente comprobada entre el 19 de octubre de 2009 , día en el que se produjo la captura, y el 25 de junio de 2010 , un día después a la audiencia en la que el Juzgado 4 penal del Circuito Especializado anunció que la sentencia de primera instancia sería de carácter absolutoria.

2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad

25. La Ley 906 de 2004, norma vigente para el momento de los hechos, prevé que cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia13.

12 Se precisa que la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría G eneral de la Nación el 23 de junio de 2011, y que el plazo de caducidad se suspendió entre ese día y el 23 de septiembre del mismo año, cuando se expidió la constancia de no acuerdo (fl. 24-25 del cuaderno 1 del Tribunal). 13 Ley 906 de 2004. Texto original del artículo 301, sin las modificaciones de la Ley 1453 de 2011, ya que no estaba vigente

año, cuando se expidió la constancia de no acuerdo (fl. 24-25 del cuaderno 1 del Tribunal). 13 Ley 906 de 2004. Texto original del artículo 301, sin las modificaciones de la Ley 1453 de 2011, ya que no estaba vigente para el momento de los hechos. “Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito. // 2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. // 3.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

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Sin embargo, cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá proceder a la plena identificación y registro del aprehendido, así como informarle sus derechos y conducirlo inmediatamente ante la Fiscalía General de la Nación, quien d eberá presentarlo ante el juez de control de garantías a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, para que se pronuncie sobre la legalidad de la captura14.

26. Por otra parte, en los casos en que la fiscalía cuente con elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable, que una persona es autora o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de imput ado, en audiencia ante el juez de control de garantías 15. Además, la fiscalía podrá solicitar la imposición de

permita inferir, de manera razonable, que una persona es autora o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de imput ado, en audiencia ante el juez de control de garantías 15. Además, la fiscalía podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá indicar “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”16.

27. En el evento de solicitarse la imposición de una medida de aseguramiento, deberá acreditarse la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta investigada y la necesidad de la medida (artículo 308 del CPP17). Este último requisito se sustenta en el cumplimiento de las finalidades indicadas en la misma norma, a saber, gara ntizar los fines de la justicia, la protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite del proceso penal (circunstancias que deben ser valoradas de acuerdo con lo previsto en los artículos 309, 310, 311 y 312 del CPP). Si se trata d e una medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, procederá respecto de los delitos de competencia de la justicia especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años de prisión, entre otros supuestos (artículo 313 del CPP18).

28. En este caso, el 20 de octubre de 2009 , el Juzgado 9 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Diovan Trujillo

prisión, entre otros supuestos (artículo 313 del CPP18).

28. En este caso, el 20 de octubre de 2009 , el Juzgado 9 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Diovan Trujillo Ávila y otros, comunicó la formulación de imputación por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado agravado, concierto para delinquir y fabricación,

La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él.” 14 Artículos 302 y 303 de la Ley 906 de 2004. 15 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004 16 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. 17 Ley 906 de 2004. Artículo 308. Requisitos.  “El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que l a medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.// 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. // 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.”

obstruya el debido ejercicio de la justicia.// 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. // 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.” 18 Ley 906 de 2004. Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. “Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcela rio, en los siguientes casos: // 1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. // 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años. // 3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. // 4. (Numeral adicionado por el artículo  26 de la Ley 1142 de 2007)Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente”.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)

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tráfico o porte de armas de fuego y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario19.

Referencia: Acción de reparación directa

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tráfico o porte de armas de fuego y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario19.

29. Posteriormente, el 29 de junio de 2010, el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de conocimiento profirió sentencia absolutoria a favor de Diovan Trujillo Ávila por la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia20.

30. Así las cosas, en primer lugar, se advierte que al menos uno de los delitos imputados, es decir, la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, era de competencia de la justicia penal especializada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 313, en concordancia con el numeral 23 del artículo 35 del C.P.P.

31. El Juez de control de garantías se pronunció favorablemente sobre la solicitud de imposición de medida de aseguramiento realizada por la Fiscalía.

Luego de encontrar satisfechos los presupuestos objetivos, a propósito de la exigencia legal de una inferencia razonable de la autoría o participación, indicó que, de los elementos materiales probatorios expuestos por la fiscalía (que solo mencionó: el informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia; la denuncia penal presentada por la víctima y los informes de laboratorio balísticos), “se puede hacer esa inferencia de la posible autoría de los aquí imputados en los hechos que se investigan”.

32. Además, consideró que los imputados constituían un peligro para la seguridad de la comunidad , de allí que la imposición de la medida de

imputados en los hechos que se investigan”.

32. Además, consideró que los imputados constituían un peligro para la seguridad de la comunidad , de allí que la imposición de la medida de aseguramiento fuera necesaria, dada la gravedad de l as conductas investigadas (que afectaban una pluralidad de bienes jurídicos) , porque redujeron a indefensión a sus víctimas, utilizaron y accionaron armas de fuego y se dividieron las tareas. Posteriormente, el Juzgado indicó que, en relación con algunos de los imputados, existían certificaciones que daban cuenta de la existencia de condenas e investigaciones penales por otros hechos, de manera que eran “proclives al delito”. Agregó que la imposición de la medida también se hacía necesaria para asegurar la comparecencia de los investigados al proceso e indicó que era adecuada y proporcional, porque fue el comportamiento de los involucrados el que limitó su propia libertad21.

33. Advierte la Sala que el Juzgado de Control de Garantías no explicó la forma en que, supues