CE - 250002336000201200457021SENTENCIA20231031172542

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Demandado: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A.

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – procedencia de la adecuación de las pretensiones a este medio de control / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL – Aplicación del artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA – Improcedencia de la reclamación judicial posterior a la liquidación del contrato sin salvedades.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU demanda en repetición a Ingenieros Civiles Asociados S.A., con el fin de que se le ordene reintegrar la suma que pagó en cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa en el que se le impuso una condena patrimonial para reparar los perjuicios sufridos por una persona que sufrió lesiones en un accidente de tránsito.

I. ANTECEDENTES

impuso una condena patrimonial para reparar los perjuicios sufridos por una persona que sufrió lesiones en un accidente de tránsito.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 11 de octubre de 2012 (fl. 26 c. ppal.) -corregido mediante escrito del 6 de diciembre de 2012 (fl. 42 c. ppal.) 1-, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por conducto de

1 Previa inadmisión de la demanda mediante auto del 6 de noviembre de 2012 (fl. 39 c. ppal.).Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

2 apoderada judicial (fl. 1 c. ppal.), presentó demanda de repetición contra Ingenieros Civiles Asociados S.A. (en adelante ICA S.A.), a fin de que se le condenara a reembolsar una suma de dinero que tuvo que pagar el Instituto, en cumplimiento de la conciliación judicial celebrada en el transcurso de la segunda instancia del proceso de reparación directa promovido por el señor Juan Fernando Monte s Villa y otros en contra del IDU, radicado 2000-01927. Específicamente, en la demanda se pretendió (fl. 42 c. ppal.):

PRIMERA: Que se declare que la firma INGENIEROS CIVILES S.A., es responsable por los perjuicios patrimoniales causados al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU en desarrollo del Contrato 462 de 1997, cuya ejecución no fue terminada en los términos

por los perjuicios patrimoniales causados al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU en desarrollo del Contrato 462 de 1997, cuya ejecución no fue terminada en los términos pactados por las partes, existiendo abandono de las obras objeto del contrato configurándose así una culpa grave con ocasión al accidente sufrido por el señor Juan Fernando Montes Villa el día 14 de abril de 1999, por un hueco entonces existente en el pavimento situado frente al inmueble identificado con el número 8660 de la carrera 11 de la ciudad de Bogotá.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al demandado, a cancelar al Instituto de Desarrollo Urbano -IDUla suma de

SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($625.945.240.00) Moneda Legal, la cual canceló el IDU en cumplimiento de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, dentro del proceso de reparación directa No. 2000-01927 instaurado por Juan Fernando Montes Villa y otros contra el IDU.

TERCERA. Ordenar el cumplimiento y pago del valor de la condena en los términos indicados por el artículo 192 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 y 339 del C.P.C. en concordancia con lo establecido en el artículo 192 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, se adujo lo siguiente:

192 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, se adujo lo siguiente:

Entre la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá - SOP y la sociedad Ingenieros Civiles Asociados S.A. se celebró el contrato de obra pública No. 462 de 1997 “con el objeto de ejecutar las labores necesarias para la recuperación y mantenimiento de la malla vial de Bogotá D.C.”. Según se estipuló en este negocio jurídico, dicha sociedad tenía a su cargo, entre otros, el mantenimiento de un tramo vial de la carrera 11.

Mediante decreto 980 del 10 de octubre de 1997 -en concordancia con el art. 2° del Acuerdo 19 de 1972 - se le asignaron al IDU las funciones de “ mantenimiento, rehabilitación, reparación, reconstrucción [y] pavimentación de zonas de espacio público destinadas a la movilidad ” (fl. 43 c. ppal.) que antes ten ía la SOP. Por tal motivo, estas entidades acordaron mediante el convenio interadministrativo del 14 de noviembre deRadicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

3 1997, que el IDU continuaría con la coordinación y administración del contrato de obra pública No. 462 de 1997.

El 14 de abril de 1999, es to es, cuando se encontraba en ejecución el referido contrato, ocurrió un accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando

pública No. 462 de 1997.

El 14 de abril de 1999, es to es, cuando se encontraba en ejecución el referido contrato, ocurrió un accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando Montes Villa, “por un hueco entonces existente en el pavimento localizado en la calzada oriental (parte media del carril derecho) de la carrera 11 entre calles 86 y 87, más exactamente en el pavimento situado frente al inmueble identificado con el número 8660 de la carrera 11 de la ciudad de Bogotá” (fl. 43 c. ppal.).

A raíz de ese accidente el IDU fue condena do en sentencia de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; decisión que fue apelada, pero en el trámite de la segunda instancia se llegó a un acuerdo conciliatorio por las partes, el cual fue aprobado mediante providencia del 9 de diciembre de 2010 -exp. 2000-01927-.

Según se expresa en la demanda, ICA S.A. tenía la obligación de ejecutar las obras pactadas en un tramo de la carrera 11, entre las calles 100 a 64. Sin embargo, durante la ejecución del negocio jurídico se profirió la resolución No. 0276 del 27 de mayo de 1999 -interpretación unilateral del contratoy se suscribió un acuerdo entre las partes el 28 de junio de 1999, en virtud de lo cual se estableció cuáles serían las vías que finalmente tendría que intervenir el contratista de obra, entre las cuales no quedó incluida la carrera 11. Este acuerdo fue posterior a la ocurrencia del accidente, por lo que se entiende que en los días anteriores ICA S.A. estaba obligado a realizar las obras de

finalmente tendría que intervenir el contratista de obra, entre las cuales no quedó incluida la carrera 11. Este acuerdo fue posterior a la ocurrencia del accidente, por lo que se entiende que en los días anteriores ICA S.A. estaba obligado a realizar las obras de recuperación y mantenimiento de la vía en la que ocurrió el siniestro.

En ese contexto, en la demanda se aduce que la vía estuvo a cargo del contratista desde el inicio de la ejecución contractual, hasta el 28 de junio de 1999, sin que en ese tiempo se hayan ejecutado las obras inicialmente pactadas.

Una lectura integral de la demanda permite comprender que, en relación con estos hechos, el IDU consideró que ICA S.A. actuó con culpa grave al no ejecutar obra alguna en la carrera 11 -calles 100 a 64 - a pesar de estar contractualmente ob ligada a ello, lo que dio lugar al accidente en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando Montes Villa, debido al mal estado de la vía2.

2 Al respecto se señaló (fl. 49 c. ppal.): “ Al verificar, los fundamentos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, que condenó al Instituto de Desarrollo Urbano administrativamente responsable por las lesiones ocasionadas a Juan Fernando M ontes Villa, analizados los medios de convicción descritos en la providencia de acuerdo con las reglas de la sana crítica,Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

4

2. Trámite de primera instancia

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

4

2. Trámite de primera instancia

2.1. Mediante auto del 4 de enero de 2013 (fl. 54 c. ppal.), se admitió la demanda, actuación que fue debidamente notificada a la parte demandada y al Ministerio Público (fls. 55 a 60 c. ppal.).

2.2. Ingenieros Civiles Asociados S.A. se opuso a las pretensiones, por considerar que “el mantenimiento y reparación del tramo vial de la carrera 11 entre calles 100 y 64 era a cargo del IDU ”, de manera que, en sede de repetición, no puede derivarse responsabilidad del contratista, cuando este nunca estuvo autorizado a intervenir esa vía.

Específicamente, se adujo que de conformidad con lo previsto en el mencionado decreto 980 del 10 de octubre de 1997 y el acuerdo 19 de 1972, el IDU es la única entidad responsable del mantenimiento y reparación del tramo vial en el que ocurrió el accidente. Así, el hecho de que se haya celebrado un contrato de obra no la desliga de su exclusiva responsabilidad en la reparación de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento de su deber.

Ahora bien, si se analiza lo ocurrido con ocasión del contrato de obra pública No. 462 de 1997, se observa que el plazo para su ejecución iba hasta el 1 de junio de 1999, lo que implica que cuando ocurrió el accidente -14 de abril de 1999 - el contratista no había incurrido en mora.

1997, se observa que el plazo para su ejecución iba hasta el 1 de junio de 1999, lo que implica que cuando ocurrió el accidente -14 de abril de 1999 - el contratista no había incurrido en mora.

Además, dicho contrato no obligaba a ICA S.A. a hacer una intervención simultánea en todos los tramos viales de la ciudad, puesto que para que se efectuaran dichas labores se debía agotar un trámite ante la interventoría previsto en el mismo contrato, según el cual se debían identificar los segmentos, realizar estudios técnicos para determinar el tipo de intervención, estudios de tránsito, así como realizar una valoración económica de las

se tiene que en efecto el señor Juan Fernando Montes Villa sufrió un grave accidente en momentos en que se movilizaba en una motocicleta de su propiedad, como consecuencia del mal estado del trayecto ubicado en la carrera 11 con calle 86, que de ese suceso el sujeto quedó con una incapacidad del 71.10%, que el IDU es la entidad encargada de mantener y conservar las vías de esta ciudad. Igualmente del material probatorio en el fallo citado, se observa que la reparación del hueco se efectúo el día 21 de abril de 1999, y el accidente ocurrió el día 14 del mismo mes y año, es decir para la época del funesto suceso la vía no se encontraba en óptimas condiciones de tránsito o por lo menos con señales que adviertan a los conductores de tal situación, lo cual sin lugar a dudas, pro pició un marco fáctico ideal para la exposición innecesaria de los particulares a un riesgo creado por la negligencia del IDU en el cumplimiento de sus funciones.

conductores de tal situación, lo cual sin lugar a dudas, pro pició un marco fáctico ideal para la exposición innecesaria de los particulares a un riesgo creado por la negligencia del IDU en el cumplimiento de sus funciones. Con base en lo anterior y como ya se manifestó en este escrito, de las pruebas aportadas se t iene que la vía estaba a cargo del Contratista Ingenieros Civiles Asociados S.A. hasta el día 28 de junio de 1999, situación que fundamenta la responsabilidad de la firma demandada en el mal mantenimiento de la vía por lo cual el señor Juan Fernando Montes Villa sufrió los daños y perjuicios que el IDU tuvo que indemnizar”.Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

5 obras en los eventos en que la intervención fuera más compleja, de acuerdo con lo pactado en la cláusula 14 del contrato.

Para el caso específico de la carrera 11 -calles 100 a 64 -, se indicó que, dadas las características técnicas de la calzada, era necesario hacer una intervención más profunda, razón por la cual desde 8 meses antes de la fecha en que ocurrió el accidente del señor Juan Fernando Montes V illa se inició el procedimiento previsto en el contrato para que se autorizaran las obras por la interventoría, pero como esto no ocurrió, el contratista no pudo hacer la intervención en la malla vial en las condiciones técnicas especificadas, razón por la cual ulteriormente las partes decidieron excluir del objeto

para que se autorizaran las obras por la interventoría, pero como esto no ocurrió, el contratista no pudo hacer la intervención en la malla vial en las condiciones técnicas especificadas, razón por la cual ulteriormente las partes decidieron excluir del objeto contractual ese tramo vial mediante la resolución No. 0276 del 27 de mayo de 1999 y el acuerdo de voluntades del 28 de junio de 1999.

Además, se adujo que en el presente asunto “ no se cumplen lo s supuestos de responsabilidad para obligar a ICA al pago de lo solicitado por el IDU ”, en tanto no se demostró la culpa grave de la contratista, quien al momento del accidente no había incumplido el contrato y no tenía a su cargo la señalización del bache en la vía. Esto se adujo en los siguientes términos (fl. 77 c. ppal.):

[E]n primer lugar, el estado de la vía por donde transitaba el Sr. Montes en su motocicleta no es en ninguna forma consecuencia de una acción u omisión de mi representada.

De hecho, el IDU conocía del mal estado de la vía (carrera 11, entre calles 100 y 64), razón por la cual fue incluida originalmente dentro del alcance del Contrato. Ninguna acción u omisión, directa o indirecta de ICA se erige como causa de la existencia del bache en el que el Sr. Montes sufrió su accidente, localizado en la carrera 11 con calle 86.

Adicionalmente, y como ya se explicó ICA tenía un plazo de 18 meses para la rehabilitación de las vías, el cual vencía el 1 de junio de 1999, esto es, en una época posterior a la ocurrencia del accidente que nos ocupa, el cual tuvo lugar el 14 de abril

rehabilitación de las vías, el cual vencía el 1 de junio de 1999, esto es, en una época posterior a la ocurrencia del accidente que nos ocupa, el cual tuvo lugar el 14 de abril de 1999. Al momento del accidente, en el que debe centrarse el presente análisis, ICA no estaba en mora de ninguna de sus obligaciones contractuales respecto de la intervención de la carrera 11 entre calles 100 y 64.

Es más, nunca se multó o impuso sanción alguna a ICA por parte del IDU, en ejecución del Contrato, relacionada con el segmento vial comprendido entre la carrera 11, calles 100 a 64, como puede observarse en el expediente administrativo correspondiente al Contrato, el cual se solicita aportar al proceso mediante oficio, como se verá en el capítulo de pruebas del presente escrito.

Tampoco era obligación de ICA implementar ningún tipo de señalización, cercamiento o advertencia sobre el estado de las vías antes de su intervención, pues como consta en el anexo 3 del Pliego de Condiciones, en el cual se especifica el Plan de Manejo de Señalización y Desvíos, dicha obligación surgía en el momento en que fueran a ser ejecutadas las obras de recuperación de la Malla Vial de Bogotá.Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

6 Por lo anterior, no se configura el elemento de conducta dolosa o gravemente culposa que permita endilgarle responsabilidad a ICA respecto de los daños sufridos por el accionante en reparación directa.

6 Por lo anterior, no se configura el elemento de conducta dolosa o gravemente culposa que permita endilgarle responsabilidad a ICA respecto de los daños sufridos por el accionante en reparación directa.

La relación causal: al no configurarse el anterior elemento, se desdibuja más aun la relación causal entre una actuación dolosa o gravemente culposa que haya ejecutado ICA y que sirva como fuente obligacional de la reparación del daño descrito. No existe relación causal alguna entre el daño y el actuar de ICA.

2.3. En escrito separado, la accionada formuló demanda de reconvención, en la que pretendió que se condenara al IDU al pago de una indemnización debido a que no se hizo efectiva la póliza de responsabilidad por parte de esa entidad 3. El proceso se adelantó con la demanda principal y la de reconvención hasta correrse traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Sin embargo, mediante proveído del 23 de febrero de 2015 el a quo decretó la nulidad de lo actuado desde al auto admisorio de la demanda de reconvención, en atención a que no podían tramitarse tales pretensiones en un mismo proceso (fl. 300 c. ppal.).

2.4. En la audiencia inicial celebrada el 3 de junio de 2015 se declararon imprósperas las excepciones de caducidad y conciliación (fl. 314 c. ppal.), decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante auto del 23 de junio de 2016 (fl. 342 c. ppal.), aspecto sobre el que se volverá páginas más adelante. La audiencia inicial se reanudó el 24 de

por el Consejo de Estado mediante auto del 23 de junio de 2016 (fl. 342 c. ppal.), aspecto sobre el que se volverá páginas más adelante. La audiencia inicial se reanudó el 24 de mayo de 2017 y en ella se fijó el litigio, se prescindió de la audiencia de pruebas y se corrió traslado para alegar, luego de lo cual se dictó sentencia oral (fl. 384 c. ppal.).

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (fl. 389 c. ppal.):

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a Ingenieros Civiles Asociados S.A. por el daño patrimonial sufrido por el Instituto de Desarrollo Urbano -IDUcon ocasión de la conciliación judicial que acordó pagar en favor de Juan

Fernando Montes Villa y otros.

3 En la demanda de reconvención se pretendió: “1 .1. Que se declare que el IDU incurrió en una omisión administrativa al no haber hecho efectiva la Póliza de Responsabilidad Civil Extraco ntractual No. 4556, expedida por la Compañía CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., con ocasión del proceso de reparación directa iniciado por el Sr. Juan Fernando Montes y otros, tramitado ante este mismo Honorable Tribunal, Sección Tercera, Subsecci ón B, Magistrado Ponente Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, dentro del expediente No. 2000-1927. 1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al IDU a indemnizar a mi representada

Guerrero, dentro del expediente No. 2000-1927. 1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al IDU a indemnizar a mi representada los perjuicios que se le causen en razón de dicha omisión, por una suma igual a la cobertura de la póliza que dejó de hacerse efectiva, esto es, doscientos millones de pesos (COP $200.000.000) debidamente actualizados a la fecha de la sentencia”.Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

7

SEGUNDO: CONDENAR a Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., a pagar al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, la suma de $625'945.240, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo.

TERCERO: Las sumas reconocidas devengarán intereses en los términos del artículo 192 del CPACA.

CUARTO: Sin condena en costas ni agencias en derecho.

QUINTO: La presente sentencia se notifica en estrados conforme al artículo 202 del CPACA y contra ella procede el recurso de apelación a interponerse dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Como fundamento de esa decisión, el a quo explicó que ICA S.A. incurrió en una culpa grave contractual, al no haber ejecutado las obras de reparación y mantenimiento del tramo vial en que ocurrió el siniestro, pese a estar obligado a hacerlo.

Específicamente, argumentó que, aunque la interventoría no aprobó la intervención de la

grave contractual, al no haber ejecutado las obras de reparación y mantenimiento del tramo vial en que ocurrió el siniestro, pese a estar obligado a hacerlo.

Específicamente, argumentó que, aunque la interventoría no aprobó la intervención de la vía con reconocimiento de compensaciones adicionales -conforme lo autorizaba la cláusula 14 del contrato-, esto ocurrió porque la solicitud que en ese sentido presentó la contratista no cumplió con los requisitos establecidos para ello4.

Sin embargo, aunque se careciera de esa autorización, ICA S.A. no quedaba relevado de su obligación de intervenir una vía de la que ya había identificado su mal estado, por cuanto la cláusula 36.2 del contrato establece que “se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyen en los precios de su Propuesta. La circunstancia de que el CONTRATISTA no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la SOP ya que el CONTRATISTA asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta” (fl. 387 vto. c. ppal.).

4 Al respecto se señaló (fl. 387 vto.): “El anterior recuento, permite a la Sala establecer que si bien el extremo demandado solicitó a la interventoría el reconocimiento de compensaciones adicionales para la

4 Al respecto se señaló (fl. 387 vto.): “El anterior recuento, permite a la Sala establecer que si bien el extremo demandado solicitó a la interventoría el reconocimiento de compensaciones adicionales para la rehabilitación del tramo vial de la carrera 11 entre calles 100 y 64, no cumplió con el lleno de requisitos establecidos en el contrato para que su petición fuera viable y en consecuencia, aceptada por la interventoría. Por el contrario, se demostró la existencia de discrepancias en el área a intervenir y la ausencia de una propuesta económica en los términos del clausulado contractual (…). Así, a juicio de la Sala, la inejecución de las labores encomendadas al contratista no se debieron a la falta de aprobación por parte de la interventoría de compensaciones adicionales presentadas por Ingeni eros Civiles Asociados, como quiera que la petición no cumplió con las formalidades exigidas en el contrato, omisión que impedía el aval del interventor, como coordinador y vigilante de la ejecución del contrato, porque no estaba obligado a autorizar compensaciones especiales o inclusión de ítems no previstos, si no se reunían las condiciones pactadas en el contrato para el efecto”.Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

8

En ese sentido, se consideró que, “ si bien, la cláusula 15.1 estipuló que los procedimientos de recuperación y mantenimiento de la malla vial se regirían por lo estipulado en el contrato y en los anexos del pliego, y en el anexo 3 se dispuso que "la

procedimientos de recuperación y mantenimiento de la malla vial se regirían por lo estipulado en el contrato y en los anexos del pliego, y en el anexo 3 se dispuso que "la obligación de realizar el Mantenimiento Rutinario estará vigente para cada Segmento desde la fecha en que se identifique el Estado de Condición A, o la fecha en que se reciba el Segmento intervenido, según corresponda, hasta el vencimi ento de dos (2) años contados a partir del día primero del mes calendario siguiente a la fecha en que comience el Mantenimiento Rutinario", lo cierto es, que con la suscripción del negocio jurídico, el contratista asumió, además del deber de mantenimiento, labores de reparación y reconstrucción de la malla vial, que en criterio de la Sala le imponían el deber de intervenir la vía” (fl. 388 c. ppal.).

De este modo, en la decisión de primera instancia se consideró que “en el proceso quedó demostrada la desat ención de sus deberes contractuales, que como consecuencia de ese incumplimiento permitió la ocurrencia del daño a la integridad física del señor Juan Fernando Montes Villa y que su omisión originó la condena al Estado, elementos que, a juicio de la Sala, configuran la culpa grave exigida como presupuesto subjetivo de procedencia del medio de control de repetición, por lo cual, se impone acceder a las pretensiones de la demanda” (fl. 389 vto. c. ppal.).

4. El recurso de apelación y su trámite

4.1. Ingenieros Civiles Asociados S.A. presentó recurso de apelación en el que formuló dos reparos frente a la decisión de primera instancia, relativos a (i) los aspectos

4. El recurso de apelación y su trámite

4.1. Ingenieros Civiles Asociados S.A. presentó recurso de apelación en el que formuló dos reparos frente a la decisión de primera instancia, relativos a (i) los aspectos contractuales que permiten comprender que no incumplió sus obligaciones y (ii) al régimen de responsabilidad aplicable en la acción de repetición contra persona jurídica.

(i) En primer lugar, se adujo que el contrato No. 462 de 1997 es de obra y no de concesión, razón por la cual la contratista “ no recibió la administración de las zonas descritas en el anexo 4 del contrato” (se alude a las vías).

Además, de acuerdo con las cláusulas 3.2. y 12.3. del contrato, antes de iniciar cualquier intervención en la malla vial, tanto contratista como interventor debían identificar conjuntamente los segmentos de vía a intervenir, de tal manera que quedara perfectamente clara “su localización, la discriminación del tipo de daños o fallas que se presente y la clasificación del estado de condición que corresponda”. De este modo, paraRadicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.

Referencia: Medio de Control de Repetición

9 que hubiera lugar a ejecutar trabajos en las vías debía existir un acuerdo entre contratista e interventor sobre el área a intervenir y la magnitud o alcance de las obras.

Así, “ en cumplimiento de la obligación tendiente a la identificación de segmentos

9 que hubiera lugar a ejecutar trabajos en las vías debía existir un acuerdo entre contratista e interventor sobre el área a intervenir y la magnitud o alcance de las obras.

Así, “ en cumplimiento de la obligación tendiente a la identificación de segmentos contenida en la cláusula 12.3. del contrato, ICA remitió el oficio COL -MV-DIR411 de fecha 11 de septiembre de 1998, en el cual indicó que las actividades requeridas excedían el objeto de "reparación del pavimento" contenido en la cláusula segunda del contrato; por lo que solicitó que, co n relación a la carrera 11, se diera aplicación a lo pactado en la cláusula 14 del contrato”, que establece que “el contratista podrá, antes de iniciar las obras respectivas, solicitar una compensación adicional equivalente a un porcentaje determinado de cualquiera de los precios unitarios de los ítems de obra, o la inclusión de ítems de obra no previstos ”, cuando, entre otras razones, haya “ falta o ausencia grave de pavimento” o haya “presencia de arcillas expansivas o finos plásticos en la subrasante o en la capa de fundación”.

Sin embargo, como no hubo un acuerdo -como lo exigía la cláusula 3.2. - sobre la determinación de las calidades y precio de la obra en la carrera 11 -calles 100 a 64 -, debido a la existencia de discrepancias técnicas entre el contratista y el interventor, debe comprenderse que ICA S.A. no estuvo autorizada para iniciar actividades sobre la malla vial.

En tal sentido, no puede predicarse la existencia de un incumplimiento contractual por parte de ICA S.A., máxime si se tiene en cuen ta que este tramo vial fue excluido del

vial.

En tal sentido, no puede predicarse la existencia de un incumplimiento contractual por parte de ICA S.A., máxime si se tiene en cuen ta que este tramo vial fue excluido del objeto contractual mediante la resolución No. 0276 del 27 de mayo de 1999 y el acuerdo de las partes suscrito el 28 de junio de 1999, razón por la cual la demanda de repetición comporta una actuación de mala fe por parte de la entidad accionante, que expidió dicho acto y suscribió la referida modificación al negocio jurídico inicialmente celebrado.

(ii) En relación con el régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto, se adujo que el fallador de primer grad o erró al considerar que con la sola comprobación del incumplimiento contractual basta para co