CE - 250002336000201200708011SENTENCIA20230801114218

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 29 de mayo de 2023

Radicación: 25000233600020120070801 (56.011)

Demandante: Julio César Parga Rivas y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y Otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad – Extradición - Falta de prueba sobre la certeza del daño antijurídico // Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad – culpa de la víctima como causa que exonera de responsabilidad al Estado

Síntesis del caso: El demandante estaba privado de la libertad por un proceso penal iniciado en Colombia. En esas condiciones f ue extraditado a los Estados Unidos de América, país que posteriormente desestimó la acusación

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 14 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la s entidades demandadas; 1.3. Trámite relevante en primera instancia; 1.4. Sentencia de primera insta ncia; 1.5. Recurso de apelación

1 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda. // SEGUNDO.- Condenar en costas a la parte demandante (…)”. 2 El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles d e este medio de impugnación”. Por su parte, el artículo 152 , numeral 6, del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “ los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor (por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro $6.224’211.706,58), excedía los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes

vigentes”. En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor (por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro $6.224’211.706,58), excedía los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda ($283’350.000), razón por la cual esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 25000233600020120070801 (56011)

Demandante: Julio César Parga Rivas y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y Otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma por razones distintas

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1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de diciembre de 20123, Julio César Parga Rivas (en nombre propio y en representación de sus hijos Alejandra Parga Cruz y Nicolás Parga Cruz ), Judith Rivas de Parga , Constanza Ofelia Charry Guzmán , Carlos Elicerio Parga Rivas y Jesús Arcesio Parga Rivas presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Presidencia de la República , Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios que les causó “…el trámite y permitir la extradición hacia los Estados Unidos de América

del ciudadano Julio César Parga Rivas”.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

causó “…el trámite y permitir la extradición hacia los Estados Unidos de América del ciudadano Julio César Parga Rivas”.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Se declare que la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación, son administrativamente responsables de los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales causados al señor Julio César Parga Rivas y demás demandantes por el daño antijurídico que dentro de la ó rbita de sus competencias, resulta imputable a los demandados, por realizar el trámite y permitir la extradición hacia los Estados Unidos de América del Ciudadano Julio César Parga Rivas concluida con la Resolución No. 487 del 28 de noviembre de 2008 emitida por el Gobierno Nacional (Ministerio del Interior y de Justicia y Presidencia de la República) cuando finalmente y de acuerdo con la Ley 48 de las Leyes Federales de Procedimientos Criminales de la Corte del Distrito d e los Estados Unidos de América para el Distrito de Columbia con proveído del veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010) y con Radicado No. 07 -223RMC, se desestimó la acusación seguida contra el señor Parga Rivas, disponiéndose por ende su libera ción inmediata e incondicional y el posterior regreso a su país”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se solicitó que se condenara al pago de perjuicios inmateriales y materiales4, así:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios inmateriales

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se solicitó que se condenara al pago de perjuicios inmateriales y materiales4, así:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios inmateriales Julio César Parga Rivas Víctima directa 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral 400 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Judith Rivas de Parga Madre 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral 100 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Alejandra Parga Cruz Hija 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral 100 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Nicolás Parga Cruz Hijo 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral 100 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Constanza Ofelia Charry Guzmán Compañera 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral 100 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Carlos Elicerio Parga Rivas Hermano 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral 100 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Jesús Arcesio Parga Rivas Hermano 100 S.M.L.M.V. por perjuicio moral

3 Folio 45 Vto. y 46 del Cuaderno 1 del Tribunal. 4 En la forma en que quedó la estimación de los perjuicios luego de que el Tribuna l Administrativo de Cundinamarca

3 Folio 45 Vto. y 46 del Cuaderno 1 del Tribunal. 4 En la forma en que quedó la estimación de los perjuicios luego de que el Tribuna l Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda (fl. 48, 52 al 55 y 62 al 64 del cuaderno 1 del Tribunal).Radicación: 25000233600020120070801 (56011)

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100 S.M.L.M.V. perjuicio por alteración a las condiciones de existencia Perjuicios materiales Julio César Parga Rivas Víctima directa $303.596.340,32 Lucro cesante consolidado. $6.224’211.706,58 Lucro cesante futuro

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones 5, la parte demandante

expuso, en síntesis:

5. 1) En Nota Verbal de 20 de noviembre de 2007, la Embajada de Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de Julio César Parga Rivas, requerido por la Corte del Distrito de Columbia, por delitos de concierto para fabricar y distribuir con la intención de ingresar sustancias estupefacientes a ese país. El fiscal general de la Nación de Colombia, por medio de la Resolución de 19 de diciembre de 2007, ordenó la captura con fines de extradición, “la cual se hizo efectiva el 21 de abril de 2008” , momento en el que “se desempeñaba como Oficial Superior del Ejército Nacional de Colombia, en el grado de Mayor”.

extradición, “la cual se hizo efectiva el 21 de abril de 2008” , momento en el que “se desempeñaba como Oficial Superior del Ejército Nacional de Colombia, en el grado de Mayor”.

6. 2) El 28 de julio de 2008, los Estados Unidos de América elevaron solicitud formal de extradición. En el trámite , además de la Fiscalía General de la Nación , participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, autoridad esta última que, en providencia de 5 de noviembre de 2008 , emitió concepto favorable de extradición. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, por Resolución No. 487 de 28 de noviembre del mismo año, decidió conceder la extradición y ordenar la entrega de Parga Rivas.

7. 3) De acuerdo con la Ley 48 (a) de las Leyes Federales de Procedimientos Criminales, la Corte del Distrito de Columbia, mediante decisión de 19 de octubre de 2010, “desestimó por falta de pruebas la acusación planteada en contra de Julio César Parga Rivas, disponiéndose por ende su liberación y regreso inmediato al país”. Como consecuencia de la extradición , él y su familia experimentaron perjuicios materiales, morales y afectaciones de sus proyectos de vida. Parga Rivas, además, fue sometido al escarnio público, “al ser objeto de noticia por los medios de comunicación”.

8. 4) Después de explicar cómo funciona, en general, un proceso de extradición, indicó que , “…es justamente por virtud de lo sucintamente explicado con anterioridad que, en el subjudice, resulta imputable a cada una de las entidades

8. 4) Después de explicar cómo funciona, en general, un proceso de extradición, indicó que , “…es justamente por virtud de lo sucintamente explicado con anterioridad que, en el subjudice, resulta imputable a cada una de las entidades demandadas el daño causado pues de una u otra manera participaron dentro del proceso de extradición del Mayor Julio Cesar Parga Rivas, tanto así que cada uno de los comportamientos de las entidades demandadas, resultaban necesarios para efectuar la extradición (…), al punto que si hipotéticamente se suprimiera alguna de estas acciones la extradición no se hubiera producido”.

5 En la forma en que quedaron luego de que se inadmitió la demanda.Radicación: 25000233600020120070801 (56011)

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9. En los fundamentos jurídicos de la demanda, sostuvo que, “…aun cuando se dijese que en últimas se trataba de un asunto que le correspondía definir a l a justicia norteamericana, lo cierto es que el daño antijurídico se produjo, por lo que objetivamente le resulta imputable al Estado Colombiano, independientemente de que hubiese existido o no culpa, falta o falla atribuible a las demandantes”.

1.2. Posición de las entidades demandadas

10. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso las excepciones de “Ineptitud de la demanda por inadecuada escogencia de la acción” ; “caducidad de la acción”; “Inexistencia de falla del servicio por parte del Gobierno Nacional” e

10. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso las excepciones de “Ineptitud de la demanda por inadecuada escogencia de la acción” ; “caducidad de la acción”; “Inexistencia de falla del servicio por parte del Gobierno Nacional” e “Inexistencia de violación al debido proceso de la demandante”6.

11. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Presidencia de la República , quienes estuvieron representados por el mismo apoderado, en escrito común alegaron en su defensa la “Inexistencia de responsabilidad por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”; “Falta de legitimidad material en la causa por pasiva, e indebida representación de la Nación”7.

12. El Ministerio del Interior propuso las excepciones que denominó: “Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta a la que fue demandada”; “Incumplimiento por parte del demandante del requisito de procedibilidad” y la “Falta de legitimación material en la causa por pasiva”8.

13. La Rama Judicial alegó como excepciones la “Ausencia de causa para demandar”; “Inexistencia del daño antijurídico” ; “Falta de legitimación por pasiva” y el “Hecho de un tercero”9.

14. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones con las excepciones de “Inexistencia de nexo causal con respecto a lo debatido” ; “Inepta demanda o indebida escogencia de la acción” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”10.

15. Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores planteó las excepciones de “Falta de legitimación por pasiva” ; “Indebida escogencia de la acción” y

en la causa por pasiva”10.

15. Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores planteó las excepciones de “Falta de legitimación por pasiva” ; “Indebida escogencia de la acción” y “Caducidad del medio de control”11.

1.3. Trámite relevante en la primera instancia

6 Folios 82 al 91 del cuaderno 1 del Tribunal. 7 Folios 117 al 129 del cuaderno 1 del Tribunal. 8 Folios 130 al 134 del cuaderno 1 del Tribunal. 9 Folios 142 al 149 del cuaderno 1 del Tribunal. 10 Folios 150 al 165 del cuaderno 1 del Tribunal. 11 Folios 175 al 199 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000233600020120070801 (56011)

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16. En el trámite de la audiencia inicial que tuvo lugar el 25 de febrero de 2014, el Tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa en relación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior.

17. También negó el decreto de algunas pruebas solicitadas por la parte demandante, concretamente, su petición de que se oficiara a la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos de América para que remitiera copia completa del expediente seguido contra Parga Rivas y para que esos documentos fueran traducidos al castellano a través de un traductor oficial designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores12.

Distrito de Columbia en Estados Unidos de América para que remitiera copia completa del expediente seguido contra Parga Rivas y para que esos documentos fueran traducidos al castellano a través de un traductor oficial designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores12.

1.4. Sentencia de primera instancia

18. En la Sentencia apelada se negaron las pretensiones, por encontrar probada el hecho exclusivo de la víctima. El Tribunal, sobre la base de que este asunto podía examinarse asimilándolo a una privación injusta de la libertad, entendió que el daño (la privación de la libertad de Julio César Parga Rivas ocurrida dentro del trámite de su extradición ) fue consecuencia directa de su comportamiento, comoquiera que los documentos en los que se fundó la solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América (las declaraciones de un Fiscal y de un Agente Especial de la CIA-DEA) ponían en evidencia que Parga Rivas estaba involucrado en delitos relacionados con narcotráfico.

19. En esas condiciones, concluyó que, “las conductas desplegadas por Julio Cesar Parga Rivas , fueron la causa eficiente y determinante de la solicitud de extradición realizada por el gobierno de los Estados Unidos ante las posibles conductas delictuales relacionadas con el narcotráfico, todo lo cual dio origen a las actuaciones efectuadas por las autoridades nacionales acá demandadas.

Así aunque la Sala ignora las razones por las cuales se desestimó el cargo contra el señor Parga Rivas y se desistió del caso penal en su contra, la Sala no puede ignorar las razones por las cuales se requirió en extradición” . Precisó, por último, que la causa eximente de responsabilidad estaba llamada a o perar si se hacía

el señor Parga Rivas y se desistió del caso penal en su contra, la Sala no puede ignorar las razones por las cuales se requirió en extradición” . Precisó, por último, que la causa eximente de responsabilidad estaba llamada a o perar si se hacía el juicio de responsabilidad a partir del daño especial.

1.5. Recurso de apelación

20. La parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia 13. Alegó que el hecho exclusivo de la víctima como causa eximente de responsabilidad no quedó planteada en la fijación del litigio, por lo que reconocerla en la sentencia comportó una violación del derecho de defensa, pues se sorprendió con un tema nuevo a la parte actora.

12 Acta y CD de la audiencia inicial. Folios 224 al 232 del cuaderno 1 del Tribunal. 13 Folios 336 al 358 del cuaderno principal.Radicación: 25000233600020120070801 (56011)

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21. Agregó que el fallo apelado , cuando indicó que el demandante principal estaba involucrado en el delito de narcotráfico y que, por consiguiente, la situación a la que fue sometido era consecuencia de comportamientos propios, desconoció los principios de juez natural , presunción de inocencia y cosa juzgada. Al respecto, a legó que la jurisdicción que sí tenía competencia (la Corte para el Distrito Federal de Columbia) se abstuvo de responsabilizarlo “por

desconoció los principios de juez natural , presunción de inocencia y cosa juzgada. Al respecto, a legó que la jurisdicción que sí tenía competencia (la Corte para el Distrito Federal de Columbia) se abstuvo de responsabilizarlo “por ausencia absoluta de pruebas” , de modo que dicho asunto no podía ser sometido nuevamente a una indagación posterior.

22. En línea con lo anterior, cuestionó que el Tribunal le hubiera dado alcances demostrativos concluyentes al informe de la fiscal que llevaba el caso en los Estados Unidos de América, así como a las manifestaciones que realizó u n agente especial de la Administración de Control de Drogas, pues la aptitud demostrativa de esos elementos de juicio no quedó debidamente establecida en juicio, etapa procesal a la que no llegó la causa penal seguida en contra del demandante en los Estados Unidos de América, precisamente, por ausencia de prueba. En consecuencia, ese material constituía simples actos de investigación, a partir de los cuales no podía concluirse acerca de la responsabilidad penal de Parga Rivas, pues no se tendría plena certeza.

23. A propósito del hecho exclusivo de la víctima, el recurrente s ostuvo que la actuación seguida en contra del demandante en los Estados Unidos de América fue consecuencia de un “burdo montaje planeado con el fin de apartarlo de alguna manera de sus actividades institucionales que ya causaban honda mella en la delincuencia organizada y donde el Estado Colombiano y el Norte Americano fueron vilmente u tilizados sin que estos últimos repararan en ello hasta mucho después, cuando ya el daño al señor Parga Rivas estaba hecho ”.

Por último, m anifestó que no podría aducirse , para justificar un fallo desestimatorio, que el demandante principal manifestó sus deseo de someterse

hasta mucho después, cuando ya el daño al señor Parga Rivas estaba hecho ”. Por último, m anifestó que no podría aducirse , para justificar un fallo desestimatorio, que el demandante principal manifestó sus deseo de someterse a la justicia norteamericana, pues “consciente de su inocencia y del montaje canalla del que había sido objeto, sabía que entre más pronto lo extraditaran más rápido sería liberado”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. No se acreditó que el daño por la privación de la libertad hubiera sido antijurídico ; 2.3. Hecho de la víctima como causa que exonera de responsabilidad al Estado; 2.4. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

24. La Sentencia recurrida negó las pretensiones de la demanda , porque encontró que la culpa de Julio Cesar Parga Rivas incidió de manera directa enRadicación: 25000233600020120070801 (56011)

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su extradición. En esta instancia, l a parte demandante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y se accediera a las pretensiones, en la medida en que la causa eximente que encontró probada el Tribunal no fue prevista al momento de fijar el litigio ; además, la acción penal contra Julio Cesar Parga

el fallo de primera instancia y se accediera a las pretensiones, en la medida en que la causa eximente que encontró probada el Tribunal no fue prevista al momento de fijar el litigio ; además, la acción penal contra Julio Cesar Parga Rivas por delitos de narcotráfico fue desestimada en los Estados Unidos de América por falta de pruebas, circunstancia que impedía concluir lo contrario al juez de lo contencioso administrativo, so pena de vulnerar los principios de juez natural, presunción de inocencia y cosa juzgada. Al sustentar la apelación, la parte actora solicitó la práctica de unas pruebas que la Sala no decretará14.

25. En la demanda se alegó que las entidades demandadas eran responsables “por realizar el trámite y permitir la extradición” del demandante principal , extradición en la que “finalmente (…) se desestimó la acusación seguida contra el señor Parga Rivas, disponiéndose por ende su liberación inmediata e incondicional y el posterior regreso a su país”. En la audiencia inicial, el litigio quedó delimitado a establecer si las entidades demandadas eran responsables por el trámite de la extradición y la privación injusta de la libertad de Parga Rivas, dado que el país requirente resolvió no procesarlo.

26. En ese contexto la Sala decidirá el fondo del asunto, dado que están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. Al respecto, la Sala advierte que, como lo cuestionado en esta acción es el trámite de la extradición de Julio Cesar Parga Rivas, al que la parte actora entendió asociada una privación injusta de su

la demanda dentro del término legal. Al respecto, la Sala advierte que, como lo cuestionado en esta acción es el trámite de la extradición de Julio Cesar Parga Rivas, al que la parte actora entendió asociada una privación injusta de su derecho a la libertad, debe tenerse presente que la determinación que le puso fin al proceso de extradición fue la providencia de un juez federal de los Estados Unidos proferida el 29 de octubre de 2010 15, en la que aprobó la solicitud del Departamento de Justicia de ese país de que el cargo cont ra aquel fuera desestimado. Si se repara en que el plazo de caducidad se suspendió entre el 25 de octubre de 2012 y el 12 de diciembre del mismo año 16, es claro que la demanda de reparación directa promovi da el 14 de diciembre de 2012 fue oportuna.

14 La parte actora solicitó: 1. Que se oficiara a la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América para que el Distrito de Columbia remitiera copia completa de la actuación penal seguida en ese país contra Julio Cesar Parga Rivas y que la misma fuera traducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; 2. Que se recibiera el testimonio del defensor de Parga Rivas dentro de la actuación penal que se le siguió en dicho país; y 3. Que se tomara la declaración del demandante principal dentro de este proceso. Las 2 últimas pruebas no fueron solicitadas con la demanda, ni en ninguna otra de las oportunidades probatorias con las que contaba la parte actora en el trámite de la primera instancia. Tampoco estarían referidas a la prueba de circunstancias sobrevin ientes. En efecto, la solicitud de pruebas en esta instancia recayó

oportunidades probatorias con las que contaba la parte actora en el trámite de la primera instancia. Tampoco estarían referidas a la prueba de circunstancias sobrevin ientes. En efecto, la solicitud de pruebas en esta instancia recayó parcialmente sobre elementos de juicio que el Tribunal, al proferir el auto de pruebas, no decretó (la Sala se refiere a incorporar copia completa y traducida de la actuación penal adelant ada en los Estados Unidos), decisión que quedó en firme por la falta de interposición de los recursos procedentes, de suerte que su falta de práctica resulta atribuible a la parte interesada. Es del caso agregar que la parte actora no recurrió el auto que ordenó correr traslado para alegar de conclusión y así, cualquier irregularidad en relación con la falta de incorporación de ese elemento de juicio quedó subsanada. Por último, la Sala destaca que las demás pruebas solicitadas por la parte demandante en esta instancia (el testimonio del abogado en Estados Unidos de Parga Rivas así como la declaración de este último) tampoco se enmarcan dentro de ninguno de los supuestos previstos por el artículo 212 del CPACA para el decreto de pruebas en segunda instancia. 15 Según la Nota Verbal de 29 de octubre de 2010, de la Embajada de los Estados Unidos de América con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 90 al 97 del cuaderno 5 de pruebas). 16 Como consecuencia de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación (fl. 69 del cuaderno principal y 52 al 56 del cuaderno 2).Radicación: 25000233600020120070801 (56011)

Demandante: Julio César Parga Rivas y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y Otros Referencia: Acción de reparación directa

Demandante: Julio César Parga Rivas y Otros Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y Otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma por razones distintas

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27. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que confirmará la sentencia de primera instancia por las siguientes razones: 1. No se demostró que el daño por privación de la libertad sea antijurídico y 2. Sin perjuicio de ello, la Sala advierte que si la privación de la libertad de que ya era objeto Parga Rivas continu ó como consecuencia del trámite de su extradición, existe prueba de que el implicado consintió expresamente en ello, sin que en la demanda de reparación directa hubiera expuesto circunstancias constitutivas de falla por parte de las entidades demandadas en dicho trámite, que hubieran incidido en la causación del daño cuya reparación se demandó .

2.2. No se acreditó que e l daño por la privación de la libertad hubiera sido antijurídico

28. Dentro del expediente se encuentra probado que , el 17 de diciembre de 2007, el fiscal general de la Nación expidió orden de captura con fines de extradición en contra de Julio Cesar Parga Rivas 17; sin embargo, consta que el oficio para que dicha orden se materializara, solo fue expedido el 21 de abril de 200818, cuando Parga Rivas ya estaba privado de la libertad por cuenta de un proceso penal adelantado por el Estado colombiano.

29. En efecto, e l 16 de abril de 2008 , Julio Cesar Parga Rivas se presentó voluntariamente a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación19, en donde

proceso penal adelantado por el Estado colombiano.

29. En efecto, e l 16 de abril de 2008 , Julio Cesar Parga Rivas se presentó voluntariamente a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación19, en donde se materializó la orden de captura que había proferido en su contra la Fiscalía General de la Nación dentro de la actuación No. 75472 (investigación que se inició con apertura de instrucción proferida el 11 de abril de 2008, en la que ese mismo día se expidió orden de captura en contra de Julio Parga Rivas20).

30. La orden de captura con fines de extradición proferida por la Fiscalía se le notificó al demandante en las instalaciones de esa entidad el 21 de abril de 200821, días después de su entrega a las autoridades para quedar a disposición del proceso penal que se inició en Colombia por los mismos hechos.

31. El 21 de abril de 2008, la “Policía Nacional de Colombia -Dirección de Antinarcóticos-Grupo de Investigación Criminal”, le envió un oficio al director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, en el que “po[nía] a disposición de ese despacho al señor Julio Cesar Parga Rivas ”, quien, precisó, fue notificado ese

17 Folios 269 al 272 del cuaderno 5 del Tribunal y 21 al 24 del cuaderno 2 del Tribunal. 18 Folio 27 del cuaderno 2 del Tribunal. 19 Así se desprende del documento elaborado por la Fiscalía General de la Nación el 16 de abril de 2008 (folio s 28 y 29 del cuaderno 2). 20 Según lo informó al Viceministro de Justicia la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdi cción Marítima de la Fiscalía

del cuaderno 2). 20 Según lo informó al Viceministro de Justicia la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdi cción Marítima de la Fiscalía General de la Nación el 24 de noviembre de 2008 (folio 135 del cuaderno 5 del Tribunal), en respu