CE - 250002336000201200740031SENTENCIASENTENCIA20230718162516

4 Radicado: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022)

Demandante: Marco Antonio Velilla Moreno

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022)

Marco Antonio Velilla Moreno La Nación — Presidencia de la República - Rama Judicial Acción de reparación directa.

Tema: Responsabilidad del Estado por falla del servicio.

Subtema 1: Facultades del Presidente de la República para postular terna de dignatarios a Fiscal General de la Nación. Subtema 2: Naturaleza del acto de postulación en la terna para Fiscal General de la Nación. Subtema 3: Vía de hecho: No acreditada. Subtema 3: Daño antijurídico — No acreditado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 11 de agosto de 2016, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO En junio de 2009 la Corte Suprema de Justicia le solicitó al presidente de la época, Alvaro Uribe Vélez, que presentara la terna para la elección de Fiscal

negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO En junio de 2009 la Corte Suprema de Justicia le solicitó al presidente de la época, Alvaro Uribe Vélez, que presentara la terna para la elección de Fiscal General de la Nación. La Presidencia de la República configuró la terna y se la remitió a la Corte Suprema de Justicia, no obstante, los postulados renunciaron y hubo necesidad de reconfigurar la composición de la terna, a efectos de lo cual, entre otros, se incluyó el nombre de Marco Antonio Velilla Moreno. Rehecha la terna, la Corte Suprema de Justicia sesionó en varias oportunidades en torno al procedimiento de elección sin que ninguno de los ternados alcanzara los votos necesarios para ser elegido. Para el 7 de agosto de 2010, inició el periodo presidencial de Juan Manuel Santos y, como no se había elegido Fiscal, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República elevó consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el sentido de establecer si el entrante Presidente podía presentar una nueva terna. Con fundamento en tal concepto, se presentó una nueva fórmula de postulantes, de la cual, finalmente, la Corte Suprema de Justicia eligió Fiscal General.

Por considerar que las demandadas desconocieron el derecho de postulación que tenía en la terna y que, con ello, se le ocasionó una pérdida de oportunidad y se le vulneraron bienes constitucionales relevantes como la honra y el buen nombre, la parte actora viene ante esta Jurisdicción en demanda de reparación.Radicado: 25000-23-38-000-2012-00740-03 (58022)

Demandante: Marco Antonio Velilla Moreno

parte actora viene ante esta Jurisdicción en demanda de reparación.Radicado: 25000-23-38-000-2012-00740-03 (58022)

Demandante: Marco Antonio Velilla Moreno

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El señor Marco Antonio Velilla Moreno presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directal, con la que pretende que esta jurisdicción declare a la Nación — Presidencia de la República, Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, administrativamente responsables por los perjuicios causados "con ocasión de la ostensible vía de hecho en la que incurrieron los demandados, al desconocer su derecho como postulado en la terna para elección del Fiscal General de la Nación, lesionando además con ello su derecho al buen nombre personal y profesional". Esto, por cuanto consideró que la razón para que se dilatara la elección de la terna que integraba y que había sido propuesta por el presidente Uribe, obedeció a una hostilidad contra los ternados por las tensiones que, para ese momento, existían entre el poder ejecutivo y el judicial, sumado a que la Presidencia de la República incurrió en vía de hecho al presentar una nueva terna sin revocar el acto de postulación de los anteriores ternados.

Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento de los siguientes perjuicios: (i) inmaterial por daño al buen nombre causado por la Corte Suprema de Justicia al mencionar que no era ajena que sobre la idoneidad y probidad de los candidatos habían diversos reparos; (ii) inmaterial por daño a la honra y al buen nombre personal, pues la Corte Suprema al expresarse que respecto de la probidad de los candidatos existían reparos, sembró dudas sobre las calidades de

candidatos habían diversos reparos; (ii) inmaterial por daño a la honra y al buen nombre personal, pues la Corte Suprema al expresarse que respecto de la probidad de los candidatos existían reparos, sembró dudas sobre las calidades de los ternados: (iii) inmaterial por daño al buen nombre profesional, porque del dicho de la Corte Suprema de Justicia se desprendió un cuestionamiento infundado a sus cualidades y dignidades, lo que se tradujo, en una merma de su reconocimiento y renombre profesional; (iv) perjuicio por la pérdida de oportunidad, por el daño al derecho de postulación — o a mantener la calidad de elegibley violación al debido proceso; (v) perjuicio inmaterial por daño a la vida de relación y, (vi) perjuicio inmaterial por daño a la institucionalidad, dado que las demandadas desbordaron el orden constituciona1 2 . 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Sección Tercera — Subsección A, mediante auto del 10 de agosto de 2015 3 , admitió la demandas y su reformas, y ordenó su notificación, enteramiento que se surtió por medios electrónicos 6 . 1 Escrito de demanda presentado el 18 de diciembre de 2012. Folios 1-36, c, 1. 2 Estos dos últimos perjuicios fueron agregados en el escrito de reforma de la demanda, visible a folios 165220, C, 1. 3 Auto admisorio (folios 277-279, C. 1). Inicialmente la demanda había sido admitida por Auto del 18 de febrero de 2013 (folios 45 a 46 Cl). Este Auto inicial, en virtud de una acción de tutela interpuesta por la

3 Auto admisorio (folios 277-279, C. 1). Inicialmente la demanda había sido admitida por Auto del 18 de febrero de 2013 (folios 45 a 46 Cl). Este Auto inicial, en virtud de una acción de tutela interpuesta por la Presidencia de la República quedó sin efectos. Cfr. Fallo de tutela del 14 de mayo de 2015, proferido por el consejo de EstadoSección Quinta, visible a folios 318-341, C. 3. 4 Contra el auto admisorio del 18 de febrero de 2013, la Presidencia de la República interpuso reposición solicitando el rechazo de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, dado que dicho organismo no recibió solicitud alguna en tal sentido (fl. 50, C. 1). Antes de resolver el recurso, para aclarar lo pertinente, el Despacho de primera instancia requirió a la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa para que certificara el trámite surtido dentro de la conciliación (fl. 66, C. 1). Allegada la certificación requerida, mediante proveído del 11 de abril de 2013 el Tribunal a quo revocó la admisión de la demanda contra La Nación — Presidencia de la República, al comprobar que aquella no fue enterada del trámite conciliatorio (folios 73-75, C. 1), decisión contra la cual, la parte actora propuso nulidad e interpuso recurso de apelación. La nulidad se resolvió de forma negativa (folios 126-127, Cl), mientras que el recurso de apelación se decidió de manera favorable (folios 139-147, C. 1) y, en consecuencia, cobró vigencia la admisión de la demanda en

La nulidad se resolvió de forma negativa (folios 126-127, Cl), mientras que el recurso de apelación se decidió de manera favorable (folios 139-147, C. 1) y, en consecuencia, cobró vigencia la admisión de la demanda en contra de La Nación — Presidencia de la República. Por disentir de lo resuelto, la Presidencia de la República presentó una acción de tutela que, en segunda instancia, falló en su favor y ordenó dejar sin efectos lo 2Radicado: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022) Demandante: Marco Antonio Milla Moreno La Nación — Rama Judicial — contestó la demanda 7 , con escrito en el que se opuso a las pretensiones. Argumentó que la competencia constitucional para la elaboración de la terna para Fiscal General, que residía en el Presidente de la República, era autónoma, discrecional, revocable, no generadora de derechos para los candidatos y se materializaba en un acto de trámite o preparatorio, pues su función no era la de declarar situaciones jurídicas individuales ni definitivas. Por lo mismo, contra el acto de postulación no se agotaba vía gubernativa, ni aquél requería notificación y, tampoco para su modificación o revocatoria precisaba del consentimiento expreso y escrito del titular, porque el solo hecho de ser candidatizado en una terna no creaba ni modificaba en cabeza de los ternados una situación particular y concreta, ni los convertía en titulares de un derecho de igual categoría; por tanto, la situación jurídica de estos era apenas eventual, precaria e incierta y no configuraba derecho adquirido alguno, sino una mera expectativa incierta y nada más que una posibilidad de ser elegidos;

derecho de igual categoría; por tanto, la situación jurídica de estos era apenas eventual, precaria e incierta y no configuraba derecho adquirido alguno, sino una mera expectativa incierta y nada más que una posibilidad de ser elegidos; tampoco les asistía el derecho a permanecer en su condición de candidatos, puesto ello dependía del Presidente de la República, quien, si bien no tenía la facultad para cambiar de manera antojadiza la terna, sí lo podía hacer cuando surgieran circunstancias excepcionales no acordes con el interés público. Trajo a colación el contenido de varias actas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema donde se llevó a cabo la votación de la terna, esto para resaltar, por un lado, los esfuerzos que hizo la Corte para concretar la elección y, por otro, que en ellas no se advertía ningún cuestionamiento o reparo en cuanto a la idoneidad, probidad y buen nombre de los ternados. Argumentó que, más allá de los esfuerzos de la Corte Suprema por llevar a cabo la elección, tal situación de estancamiento no podía prolongarse indefinidamente y, por tanto, si esa decisión podía facilitarse sometiendo a consideración otros candidatos, estaba en manos del Presidente, dentro del ámbito de su autonomía, proveer una solución para impulsar la elección y, eso fue lo que ocurrió en este caso, que el Presidente entrante obró conforme a esas circunstancias excepcionales derivadas de la divergencia persistente e insuperable de opiniones. En línea con lo expuesto, adujo que no existió vía de hecho ni arbitrariedad alguna. Acotó que el proceso de elección de Fiscal General se compone de dos fases inescindibles, conformadoras de una actuación compleja, una fase de postulación

adujo que no existió vía de hecho ni arbitrariedad alguna. Acotó que el proceso de elección de Fiscal General se compone de dos fases inescindibles, conformadoras de una actuación compleja, una fase de postulación (Presidente de la República) y otra de elección (Corte Suprema); así mismo, que dentro del proceso existen varias vicisitudes que requieren la intervención presidencial para reintegrar o reformular la terna ya enviada a la Corte Suprema, tales circunstancias si bien no están expresas en la Constitución imponen al Presidente el deber de continuar con la función de postulación hasta que cumpla con la finalidad a la cual está destinada; de igual modo, la Corte Suprema en circunstancias extremas puede no estar de acuerdo y pedir la postulación de una nueva terna, en uso de decisiones autónomas especiales respaldadas por una competencia constitucional, sin que ello implique perjuicio alguno para los ternados. Finalmente, Por vía exceptiva propuso: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) Ausencia de causa para demandar, y, (iii) la innominada. actuado y rehacer el trámite de conciliación (fl. 268, C. 1). Rehecho el trámite de conciliación (fls. 271-273, C. 1) se volvió a proferir auto admisorio y se continuó con las diligencias. Escrito de reforma de la demanda obrante a folios 165-220, C. 1. La reforma fue admitida, inicialmente por auto del 19 de marzo de 2014 (folic 2228-229, C. 1), no obstante, por la orden de tutela este auto quedó sin efectos, luego entonces, el auto admisorio del 10 de agosto de 2015, lo fue tanto para la demanda como para la reforma.

6 Constancias de notificación electrónica a folios 296-299, C 1. 7 Folios 107-117 y 300-317, Cl. En este último documento manifestó que reiterada 3Radicado: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022) Demandante: Marco Antonio Veinte Moreno A su turno, la Nación - Presidencia de la República 8 , en la respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Indicó, respecto al pedimento de perjuicios, que no fue la Presidencia la que decidió la inviabilidad de la terna que, para entonces, integraba el demandante; además, la designación de una terna por el Presidente no desconoció derecho adquirido alguno, ya que los aspirantes solo tenían una mera expectativa, dado que el acto de postulación no es definitivo y, por tanto es revocable. Refirió que las pretensiones del actor rebosaban los lineamientos jurisprudenciales y constituían un abuso del ejercicio del derecho de acción, aunado a que la Presidencia de la República no tuvo ninguna participación en la compleja actuación administrativa de elección del Fiscal, pues, el Presidente ejerció una competencia constitucional, precedida de una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Manifestó que la postulación de la terna no constituía derecho adquirido ni obligación insalvable, porque se podían presentar varias circunstancias jurídicas y extrajurídicas que determinaban su inviabilidad. Adujo que, aun cuando no se discutía que la Corte Suprema mantuvo en vilo al país por varios meses frente a la elección del Fiscal, situación constitutiva de una medida "altanera y desmedida", era deber del Presidente, en tal caso, salvaguardar el interés

discutía que la Corte Suprema mantuvo en vilo al país por varios meses frente a la elección del Fiscal, situación constitutiva de una medida "altanera y desmedida", era deber del Presidente, en tal caso, salvaguardar el interés general. Mencionó que no se podía caer en la tentadora proposición del demandante para que se analice "la interesante situación" que expone, porque no está en juicio la institucionalidad conceptual y abstracta, sino una reclamación económica personal que quiere presentarse bajo el. manto de defensa de la institucionalidad y, fi nalmente, insistió que existió un indebido agotamiento del requisito de procedibilidad. Como excepciones propuso: (i) caducidad de la acción de reparación directa, habida cuenta que el cambio de terna se efectuó el 3 de noviembre de 2010, por lo que la acción debió promoverse hasta el 4 de noviembre de 2012 y como la parte actora, en virtud de la orden de tutela "abiertamente ilegal porque no podía habilitar términos", elevó solicitud de conciliación el 11 de junio de 2015 contra la Presidencia, lo hizo cuando ya la acción había caducado; (ii) ejercicio de una acción indebida, porque en la medida que el demandante derivaba perjuicios de un acto administrativo, la acción a intentar era la de nulidad y restablecimiento; y (iii) caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. El 29 de febrero de 2016 se realizó la audiencia de iniciaI 8 , en la cual se declararon no probadas las excepciones de ejercicio de una acción indebidal° y caducidad de la reparación directa". Así mismo, se fijó el litigio frente a la Rama 8 Folios 318-347, Cl.

declararon no probadas las excepciones de ejercicio de una acción indebidal° y caducidad de la reparación directa". Así mismo, se fijó el litigio frente a la Rama 8 Folios 318-347, Cl. 9 Folios 359-364, c. 1 y CD "aud. Inicial". 1 ° Con tal fi n, se dijo por parte del Despacho a cargo que: "en el presente caso las pretensiones no guardan relación con la "declaratoria de nulidad de ningún acto administrativo" (independiente de si se califican como de trámite, preparatorio o definitivos); por el contrario, la demanda se fundamenta como se dejó establecido en la "existencia de una vía de hecho" al desconocer los sujetos procesales que conforman la parte demandada, los derechos como integrante de la terna a Fiscal General de la Nación, que ostentaba el actor'. Folio 359, C. 1. 11 Sobre este aspecto la primera instancia indicó que la demanda se presentó en tiempo y que, "cuestión diferente es que, ante las irregularidades que se presentaron en el trámite de conciliación, por vía tutela, se dispuso rehacer dicho procedimiento, sin embargo, quedó claro en la ratio decidendi de la (...) tutela (del 14 de mayo de 2015), que las irregularidades, no eran atribuibles a la accionante, y en consecuencia no debía soportar estas omisiones. Se precisa, que si bien se surtió nuevamente la actuación de conciliación prejudicial frente a la demandada Nación — Presidencia de la República, esa situación, se reitera, ocurrió por disposición judicial y no por disposiciones morosas o irregulares atribuidas a la parte actora, situación que de manera

frente a la demandada Nación — Presidencia de la República, esa situación, se reitera, ocurrió por disposición judicial y no por disposiciones morosas o irregulares atribuidas a la parte actora, situación que de manera alguna implica un nuevo cómputo en el término de caducidad". Fono 360, C. 1. Contra esta decisión la Presidencia de la República interpuso recurso de apelación, el cual fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante proveído del 11 de agosto de 2016 (Folios 397-399, c. 1) confirmatorio de la decisión de caducidad. 4Radicado: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022) Demandante: Marco Antonio Velilla Moreno Judicial en los siguientes términos "a): la presunta dilación de la Corte Suprema de Justicia, en realizar el nombramiento de Fiscal General de la Nación, de la tema enviada por el entonces presidente de la República Alvaro Uribe Vélez; b) Del presunto cuestionamiento al buen nombre, idoneidad y probidad de los temados, en especial del Dr. Marco Antonio Velilla; c) El presunto constreñimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia para la elaboración de una nueva tema; y, d) el incumplimiento a su deber de rechazar la nueva tema". Frente a la Presidencia de la República, así se delimitó la litis: "a) la presunta vía de hecho en la que incurrió el Presidente de la República al realizar el cambio de terna, desconociendo su obligación constitucional de enviar una tema (no dos), b) el presunto desconocimiento al ordenamiento jurídico y los derechos de los candidatos a mantener su postulación, vulnerando entre otros su buen nombre".

desconociendo su obligación constitucional de enviar una tema (no dos), b) el presunto desconocimiento al ordenamiento jurídico y los derechos de los candidatos a mantener su postulación, vulnerando entre otros su buen nombre". Concluida la fijación del litigio, se procedió al decreto de pruebas. Agotado el periodo probatorio 12 , en la última sesión de la audiencia de pruebas se dispuso correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto. Así lo hizo la parte actora 13 , y por las demandadas, la Nación - Presidencia de la República 14 . El Ministerio Público, por su parte, a través del Procurador 11 Judicial Administrativo II, doctor Nicolás Yepes Corrales, conceptuó que se encontraban reunidos los elementos de la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de "daño especial", debido a la violación de las expectativas legítimas y la sobrevenida imposibilidad para el demandante de resultar elegido Fiscal General de la Nación. Esto, en consideración a que el daño reclamado, consistente en la pérdida de oportunidad, se configuró, pues, como la terna en la que se encontraba el demandante no se desintegró, ni se anuló, ni alguno de sus integrantes fue objeto de cuestionamiento y era válida, tenía unas expectativas legítimas que fueron desconocidas cuando se sustituyó la terna por otra, dado que, en condiciones normales alguno de los integrantes de la terna sustituida hubiera resultado elegible. Indicó que el cambio de la terna no estaba previsto dentro del ordenamiento, pues la competencia Presidencial se agotaba en el momento en que se hacía la postulación, y que, si bien no había certeza que el doctor Velilla

elegible. Indicó que el cambio de la terna no estaba previsto dentro del ordenamiento, pues la competencia Presidencial se agotaba en el momento en que se hacía la postulación, y que, si bien no había certeza que el doctor Velilla fuera a resultar elegido, tenía una importante probabilidad, tanto así, que en una de las votaciones obtuvo 14 votos. Refirió que la forma para sustituir la terna era a través de la revocación, o de la anulación, o de su desintegración por causas inherentes a sus integrantes, no obstante, que en el presente caso lo que ocurrió fue que, por la fuerza de los hechos y por razones no jurídicas y espurias (distanciamiento entre los miembros de la Corte y el Presidente Uribe Vélez), se desconoció una terna válidamente conformada. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, en sentencia del 11 de agosto de 2016 15 , negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas. En sustento, luego de establecer las diferencias entre derechos adquiridos, meras expectativas y expectativas legítimas", indicó que el , 12 Las pruebas se recaudaron y practicaron dentro de las sesiones de audiencia de pruebas celebradas los días 8 y 16 de marzo de 2016 (fis. 379-380 y 383-384, C. 4.) 13 Escrito de alegaciones visible a folios 402-477, C.4. 14 Escrito de alegaciones obrante a folios 386-401, C. 4 15 Folios 524-536 C. Ppal. 16 Para precisar tal distinción indicó que, mientras los derechos adquiridos contaban con total protección por

14 Escrito de alegaciones obrante a folios 386-401, C. 4 15 Folios 524-536 C. Ppal. 16 Para precisar tal distinción indicó que, mientras los derechos adquiridos contaban con total protección por cuanto ingresaban de forma definitiva al patrimonio del titular, las meras expectativas carecían de protecciónRadicado: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022) Demandante: Marco Antonio Velilla Moreno derecho invocado por el demandante —derecho de postulación y derecho a mantener la calidad de elegible— no se demandó como una mera expectativa, ni como una esperanza incierta, sino que se alegó en calidad de derecho adquirido y autónomo, esto es, el de pertenecer a una determinada lista de elegibles; además, que ese derecho, fuera connotarse como adquirido, también era pasible de ser analizado como una expectativa legítima, ya que al ostentar la calidad de postulado, el doctor Velilla Moreno tenía una probabilidad alta y viable, equiparable con la de quien resultara electo. En esa medida, concluyó que el daño antijurídico, consistente en el derecho de postulación y el derecho a mantener la calidad de elegible se encontraba demostrado tanto desde la noción de un derecho adquirido como de una expectativa legítima, con independencia de si resultaba o no elegido como Fiscal. Refirió que, aun cuando estaba demostrado el daño antijurídico, aquél no podía atribuirse a la luz de un régimen objetivo porque, en atingencia con los señalamientos efectuados en la demanda —supuestas irregularidades—, la vía para la imputación era la propia de un régimen de falla. De este modo, en lo concerniente a la dilación para realizar la elección de Fiscal

señalamientos efectuados en la demanda —supuestas irregularidades—, la vía para la imputación era la propia de un régimen de falla. De este modo, en lo concerniente a la dilación para realizar la elección de Fiscal endilgada a la Corte Suprema de Justicia y de la que dijo el demandante que duró más de dieciocho meses, se precisó que "ni el marco constitucional, ni ninguna norma legal o reglamentaria, consagran un tiempo límite para que la Corte Suprema de Justicia, materialice su función constitucional de elección del Fiscal General de la Nación" y, sumado a ello, al analizar la actividad llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia, se observó que desde el 16 de junio de 2009 hasta el 7 de octubre de 2010, adelantó distintas sesiones para acometer la elección, a tal punto que la terna integrada por el demandante fue votada, tan solo que no obtuvo el número de votos requeridos para concretarse la elección. En cuanto al supuesto cuestionamiento al buen nombre, idoneidad y probidad del demandante, indicó que en ninguna de las actas de sesión aparecía un señalamiento semejante y que, si bien, frente a la terna anterior a la que integró el doctor Velilla, los medios de comunicación hicieron algunos cuestionamientos que llevaron a la Corte Suprema a plantear "un espacio de reflexión", aquella era un situación ajena y anterior a la postulación del demandante. Igualmente, que el supuesto constreñimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia para la elaboración de una nueva terna no estaba probado, como tampoco, existía algún deber legal que le impusiera a la Corte rechazar la terna presentada por el entrante presidente Juan Manuel Santos.

elaboración de una nueva terna no estaba probado, como tampoco, existía algún deber legal que le impusiera a la Corte rechazar la terna presentada por el entrante presidente Juan Manuel Santos. En lo atinente a la Presidencia de la República, a la que la demandante le achacó un supuesto de vía de hecho por el cambio abrupto de terna, argumentó el Tribunal a quo que no era posible, por este medio de control, estudiar los cuestionamientos al acto administrativo proferido con ese fin, al que la demandante calificaba de acto definitivo y que, en últimas, no existía un mandato expreso que limitara al Presidente entrante para atenerse a la terna postulada por el Presidente saliente. Así mismo, que lo concerniente a que se revocó la terna sin consentimiento del ternado, era asunto lindante con un medio de control distinto y, en todo caso, por tratarse de una competencia constitucional, se trataba de una naturaleza discrecional y no reglada. Finalmente, indicó el Tribunal que alguna; sin embargo, las expectativas legítimas eran susceptibles de protección, dada la cercanía que tenían frente a la materialización del derecho que se esperaba adquirir. 6Radicado: 25000-23-36-000-2012-00740-03 (58022) Demandante: Marco Antonio Velilla Moreno tampoco estaban probados los perjuicios relacionados con la pérdida de oportunidad, como tampoco los demás deprecados en la demanda. 2.4. El recurso de apelación La parte actora, en el recurso de apelación interpuesto el 31 de agosto de 2016 17 , solicitó la revocación la sentencia de primera instancia. Sus argumentos de alzada se sintetizan metodológicamente, así:

La parte actora, en el recurso de apelación interpuesto el 31 de agosto de 2016 17 , solicitó la revocación la sentencia de primera instancia. Sus argumentos de alzada se sintetizan metodológicamente, así: 2.4.1. Se debió analizar la naturaleza del acto de postulación. Indicó el apelante que la decisión del Tribunal a quo era contraria a la verdad y a la congruencia, pues limitó el problema jurídico a la fijación del litigio, sin tener en cuenta la debida y completa valoración del acervo probatorio y lo decidido en la audiencia inicial. Arguyo que, aun cuando era cierto que en la audiencia inicial se indicó que no se discutía la legalidad de actos administrativos, también lo era que la vía de hecho alegada se fundaba en el desconocimiento de la naturaleza del acto de postulación, del cual se desprendió el daño antijurídico y unos perjuicios ciertos; por tanto, era menester, a partir de la definición de la naturaleza de dicho acto, analizar la lesión a los derechos y los perjuicios invocados y probados por la demandante. Relató que, para entrar a definir qué se entendía por derechos adquiridos y meras expectativas, se debió, antes que nada, establecer la naturaleza del acto de postulación, pues de aquél se derivó para el demandante un derecho que no podía ser desconocido. Frente a este acto —el de postulación— enfatizó que: (i) la manifestación de la voluntad del Presidente de la República al enviar la terna, constituye un verdadero acto administrativo; (ii) el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil no es vinculante; (iii) la comunicación con la cual se terno a los postulados contiene una

voluntad del Presidente de la República al enviar la terna, constituye un verdadero acto administrativo; (ii) el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil no es vinculante; (iii) la comunicación con la cual se terno a los postulados contiene una manifestación de voluntad y, si bien no goza de formalidad, tal circunstancia no incide en su validez y efectos, habida cuenta que existen actos administrativos tácitos, presuntos, verbales, escritos, en telegramas, entre otros; (iii) el acto de postulación es definitivo y no de trámite (SU -201/94), pues puso fin a la actuación de postulación y a la facultad constitucional para ello; de ahí que, no es su denominación, ni la ausencia de información sobre los recursos procedentes los que determinan su naturaleza, por cuanto aquella viene dada por su contenido y finalidad; (iv) como verdadero acto administrativo creador de una situación particular y concreta, su revocación debió ceñirse a lo previsto en los artículos 69 y 74 del C.C.A., (y) al no proceder la revocación directa, en garantía de respeto al acto propio y, al no haber perdido fuerza de ejecutoria tal acto, la Corte Suprema debió realizar la elección de la terna enviada