CE - 250002336000201300196011SENTENCIA20230801104231

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2023

Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad – Decreto 2700 de 1991 – Daño especial

Síntesis del caso: El demandante principal fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación. Dicha actuación finalizó con sentencia absolutoria a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 26 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo2 que conoció en primera instancia debido a la cuantía estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152

recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo2 que conoció en primera instancia debido a la cuantía estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152 del CPACA3.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

1 El 26 de marzo de 2014 se celebraron la audiencia inicial, la de pruebas y la de alegaciones y juzgamiento, de acuerdo con el acta y el CD de las diligencias (folios 129 al 140 y 163-1 del cuaderno del Consejo de Estado). En el resuelve de la sentencia se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA; SEGUNDO: Condenar en agencias en derecho a la parte demandante por $60.104.010,52 y a favor de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; TERCERO: NOTIFICADO EN ESTRADOS”. 2 Ley 1437 de 2011. Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de que ja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”. 3 Ley 1437 de 20 11. Artículo 152. “ Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de repara ción directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes

3 Ley 1437 de 20 11. Artículo 152. “ Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de repara ción directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de l CPACA, la pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, ascendió a la suma de $5.612.227.069, correspondiente al lucro cesante, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda.Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1. 3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en primera y segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de febrero de 2013, Juan Alberto Páez Moya, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación , para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad , ocurrida

presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación , para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad , ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisió n del delito de peculado por apropiación4.

2. En la demanda se formul ó la siguiente pretensi ón declarativa (se

trascribe):

“PRIMERA.- Que se DECLARE la responsabilidad administrativa extracontractual de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - por razón del daño antijurídico causado como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el doctor JUAN ALBERTO PAEZ MOYA, a quien se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, la cual se cumplió en dos períodos diferentes: el primero entre el 8 de febrero de 2000 y el 29 de junio de 2000 y el segundo desde el 24 de julio de 2000 y el 5 de julio de 2001, pero cuyos efectos, en todo caso por virtud de la vigencia de la medida de aseguramiento, se extendieron en el tiempo hasta el 9 de marzo de 2011, con base en la acusación que le formuló la Fiscalía General de la Nación como presunto coautor del delito de peculado por apropiación, imputación ésta de la cual fue absuelto por medio de providencia judicial ejecutoriada con fundamento en no haberlos cometido, respecto de algunos hechos, y en relación con otros, relacionados con la misma conducta punible investigada, por el principio de ‘in dubio pro reo’”5.

3. Por lo anterior , solicitó que se condenara a la entidad demandada a

hechos, y en relación con otros, relacionados con la misma conducta punible investigada, por el principio de ‘in dubio pro reo’”5.

3. Por lo anterior , solicitó que se condenara a la entidad demandada a

pagar los siguientes montos:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Juan Alberto Páez Moya Víctima directa 300 SMLMV6 Guillermo Páez Roa Padre 300 SMLMV Leonor Moya de Páez7 Madre 300 SMLMV María Camila Páez Moya Hermana 300 SMLMV Sylvia Páez Moya Hermana 300 SMLMV

Juan Alberto Páez Moya Víctima directa Daño emergente: $398.173.983 + 20% del total de la condena (o

4 Folios 1 al 35 del cuaderno No. 1 d el tribunal. En Auto de 23 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no reponer la providencia que rechazó la reforma de la demanda (folios 121 al 124 del cuaderno No. 1 del tribunal). 5 Folio 2 del cuaderno No. 1 del tribunal. 6 La expresión “SMLMV” hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes. 7 Se trascribe el nombre tal y como aparece en el sello de presentación personal del poder. Folio 37 del cuaderno No. 1 del tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca sentencia apelada

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Perjuicios materiales lo que resulte probado)8

Lucro cesante: $5.612.227.069 (o lo que resulte probado)9

Daño al buen nombre y a la honra A favor de cada uno de los demandantes 300 SMLMV Daño a la vida de relación A favor de cada uno de los demandantes 300 SMLMV

4. Además, pidió que se actualizaran las sumas objeto de condena y se pagaran los respectivos intereses.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en

síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) Con ocasión de las supuestas irregularidades presentadas en el acuerdo conciliatorio celebrado el 6 de noviembre de 1998 entre el Ministerio de Transporte y la sociedad Dragacol S.A., la fiscalía ordenó oficiosamente la apertura de la investigación. Para la época de los hechos, el aquí demandante se desempeñaba como Viceministro de Transporte y hacía parte del comité de conciliación de la entidad.

7. 2) El 12 de agosto de 1999, el ente acusador resolvió la situación jurídica, entre otros, de Juan Alberto Páez Moya, y le impuso medida de conminación por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación . Esta decisión fue confirmada el 3 de diciembre de 1999.

entre otros, de Juan Alberto Páez Moya, y le impuso medida de conminación por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación . Esta decisión fue confirmada el 3 de diciembre de 1999.

8. 3) El 6 de febrero de 2000 se profirió resolución de acusación en su contra y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Sin embargo, el 29 de junio de 2000 se declaró la nulidad de dicha resolución por la violación de las garantías procesales.

9. 4) El 24 de julio de 2000 se expidió la providencia de reemplazo, en la que se calificó nuevamente el mérito del sumario con resolución de acusación y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Esa decisión fue confirmada el 26 de diciembre de 2000.

10. 5) El 28 de junio de 2001 se decretó su libertad provisional por vencimiento de términos y el 5 de diciembre de 2001 inició la audiencia pública.

8 Respecto al daño emergente se indicó que, la suma de $335.673.983, correspondía al “ valor de los aportes para pensión con base en la remuneración promedio que habría percibido su empleador entre los años 1999 y 2008, habida cuenta que como consec uencia de la medida de aseguramiento proferida en su contra en febrero 6 de 2000, y al tiempo extraordinariamente prolongado que estuvo vigente dicha medida (11 años)”. Folio 3 del cuaderno No. 1 del tribunal. 9 Dicho monto fue solicitado “como consecuencia, además, de la prolongación completamente extraordinaria,

2000, y al tiempo extraordinariamente prolongado que estuvo vigente dicha medida (11 años)”. Folio 3 del cuaderno No. 1 del tribunal. 9 Dicho monto fue solicitado “como consecuencia, además, de la prolongación completamente extraordinaria, inusitada e injusta de dicha medida de aseguramiento, de las audiencias de la etapa del juicio y del proceso mismo”. Folio 4 del cuaderno No. 1 del tribunal.Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

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11. 6) El 27 de junio de 2008, el Juzgado 3º penal del circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria a su favor, la cual fue confirmada el 13 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.

12. 7) El 8 de febrero de 2011, el tribunal declaró la prescripción de la acción penal respecto de algunos procesados que formularon recurso extraordinario de casación. Sin embargo, en relación con el aquí demandante, declaró en firme la absolución porque “resultaba más benéfica para sus intereses”.

1.2. Posición de la parte demandada

13. La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación a la demanda de manera extemporánea 10. Sin embargo, en los alegatos de conclusión de segunda instancia sostuvo que actuó de conformidad con sus deberes legales y constitucionales. A gregó que no había lugar a declarar su

demanda de manera extemporánea 10. Sin embargo, en los alegatos de conclusión de segunda instancia sostuvo que actuó de conformidad con sus deberes legales y constitucionales. A gregó que no había lugar a declarar su responsabilidad porque estaba configurada la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, toda vez que el comportamiento del demandante principal dio lugar a la apertura de la investigación en su contra11.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 26 de marzo de 2014 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió Sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda, al encontrar configurada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima 12. Lo anterior, toda vez que estaba probado que , Juan Alberto Páez Moya obró como viceministro y miembro del comité de conciliación del Ministerio de Transporte, cuando se celebró la conciliación entre esa entidad y la sociedad Dragacol S.A., acuerdo este que dio origen al proceso penal por la existencia de varias irregularidades. De manera que, al incumplir las funciones de asesoría previstas por el Decreto 2171 de 1992 y la Resolución 1186 de 1998, incidió en la causación del daño, razón por la cual no había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

1.4. Recurso de apelación

10 Folio 131 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folios 211 al 213 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 Como fundamento de la decisión, el tribunal cito las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo

10 Folio 131 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folios 211 al 213 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 Como fundamento de la decisión, el tribunal cito las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sec ción Tercera, providencia de 25 de marzo de 2010, radicado No. 66001 -23-31-0001997-03813-01; Sección Segunda, fallo de 18 de agosto de 2011, radicado No. 25000-23-25-000-2002-09829-01.Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

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15. El 8 de abril de 2014, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda13. En ese sentido, sostuvo que no podía declararse la culpa exclusiva de la víctima porque no fue alegada por la fiscalía, toda vez que se tuvo por no contestada la demanda. Además, las “pruebas documentales”, con fundamento en las cuales se declaró probada dicha causal eximente de responsabilidad , no fueron decretadas, ni incorporadas al proceso, lo que impidió que el actor ejerciera su derecho de defensa y contradicción 14. Finalmente, afirmó que el tribunal no tuvo en cuenta lo sostenido en la sentencia ab solutoria proferida por el

decretadas, ni incorporadas al proceso, lo que impidió que el actor ejerciera su derecho de defensa y contradicción 14. Finalmente, afirmó que el tribunal no tuvo en cuenta lo sostenido en la sentencia ab solutoria proferida por el Juzgado 3º penal del circuito de Bogotá, en la que se señaló que “si se exigiera siempre que para conciliar no deba existir duda alguna en materia probatoria, por ejemplo (…) la conciliación quedaría en el campo de la letra muerta”, y señaló que era desproporcionada la condena en costas.

1.5. Trámite relevante en primera y segunda instancia

16. En la audiencia inicial se declaró la falta de legitimación activa en la causa de Sylvia Páez Moya al no haber allegado poder, sin que se interpusiera recurso en contra de esta decisión15.

17. Mediante Auto de 22 de septiembre de 2014, el tribunal rechazó de plano la nulidad propuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, quien alegó que se decretaron pruebas de oficio con violación al debido proceso. El despacho consideró que las pruebas a las que se refirió el actor eran sentencias del Consejo de Estado , resoluciones y conceptos de orden nacional, criterios que podían ser tenid os en cuenta al momento de fallar16.

18. En providencia de 6 de septiembre de 2021, esta Corporación declaró improcedente la acumulación del presente proceso al expediente No. 2500023-36-000-2012-00751-01 (52141)17.

2. CONSIDERACIONES

13 Folios 142 al 163 del cuaderno del Consejo de Estado.

23-36-000-2012-00751-01 (52141)17.

2. CONSIDERACIONES

13 Folios 142 al 163 del cuaderno del Consejo de Estado. 14 En ese sentido, hizo referencia a: “1) La Directiva Presidencial No. 03 calendada el 20 de marzo de 1997, por la cual se ordenó la creación en las entidades descentralizadas Comités de Defensa Judici al; 2) La Resolución No. 1186 de 1998, por la cual el Ministerio de Transporte creó el Comité de Defensa Judicial y Conciliación, en particular el artículo 21 literal E que establece como una de las funciones del Comité “autorizar a los apoderados para aceptar propuestas o acuerdos conciliatorios en instancias judiciales o prejudiciales; 3) El Decreto 2171 de 1992, que regula las funciones en cabeza del Secretario General, en particular el artículo 17, en el que se estableció que dicho funcionario además de asesorar al Ministro, “debía dirigir y controlar las actividades relacionadas con licitaciones y contratos; 4) Sentencia del Consejo de Estado del 18 de agosto de 2011, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila; 5) Sentencia del 25 de marzo de 2010, radicado 66001-23-31-000-1997-03813, M.P. Myriam Guerrero Escobar”. 15 Folios 131 y 132 del cuaderno del Consejo de Estado. 16 Folios 167 al 169 del cuaderno del Consejo de Estado. 17 Índice Samai No. 39Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

17 Índice Samai No. 39Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Estudio del daño especial; 2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

19. La Sentencia de primera instancia negó las pretensiones planteadas , dado que encontró probad o el hecho exclusivo de la víctima. En esta instancia, la parte demandante pretende la indemnización de l os perjuicios que le fueron causados con ocasión de la privación de la libertad de Juan Alberto Páez Moya, materializada dentro del proceso penal que se siguió en su contra, dado que, a su juicio, no se configuró esa causal eximente de responsabilidad.

20. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo privada de la libertad el 8 de febrero de 200018, así como desde el 26 de julio de 2000 hasta el 5 de julio de 2001 19, con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión del delito de peculado por

de 2000 hasta el 5 de julio de 2001 19, con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación, el cual finalizó con sentencia absolutoria a su favor20.

21. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal . En efecto, la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el 9 de marzo de 201121 y la demanda se radicó el 19 de febrero de 2013 22, es decir, de ntro del plazo previsto por el artículo 164, numeral 2, inciso i del CPACA23.

22. Así las cosas, se revocará la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación a título de

18 Según el acta de derechos del capturado y el informe de captura, en los que consta que Juan Alberto Páez Moya fue detenido el 8 de febrero de 2000 por el delito de peculado por apropiación. Folios 271, 274 y 275 del anexo No. 1 del tribunal. 19 De acuerdo con los siguientes medios de prueba: 1) orden de captura proferida con ocasión de la decisión de 24 de julio de 2000, por el delito de peculado por apropiación (folio 289 del anexo No. 1 del tribunal); 2) boleta de libertad de 5 de julio de 2001 (folio 8 del cuaderno No. 5 del tribunal ) y la certificación expedida por el as esor jurídico y el

director de la cárcel La Modelo, en la que consta que la víctima directa estuvo detenida en ese centro carcelario “desde 26/07/2000 hasta el 5/07/2001” (folio 295 del anexo No.1 del tribunal). La Sala advierte que hay un error de foliatura, debido a que hay dos cuadernos No. 5 del tribunal. 20 Fallo proferido el 27 de junio de 2008 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá (folios 141 a 300 del cuaderno No. 5 del tribunal, 1 a 300 del cuaderno No. 4 del tribunal, y 1 a 164 del cuaderno No. 5 del tribunal). El 8 de febrero de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró en firme la absolución de Juan Alberto Páez Moya (folios 166 a 175 del cuaderno No. 5 del tribunal) . Es importante destacar que, en esta última providencia, el tribunal declaró la extinción de la acción penal en relación con varios procesados, sin embargo, respecto de Juan Alberto Páez Moya precisó que se confirmaría su absolución, por las siguientes razones: “en respeto a sus derechos y garantías, debe primar la absolución sobre la extinción por el paso del tiempo, como ha sido criterio reiterado de la H. Corte Suprema de Justicia, pues ésta resulta más benéfica para sus intereses, máxime que su situaci ón no podría hacerse más gravosa y su inocencia fue demostrada y confirmada en segunda instancia; en consecuencia, su absolución se declarará en firme”. Además, de acuerdo con la información reportada en el sistema de gestión de procesos de la Rama Judicial, se observa que, el Auto de 8 de febrero de 2011 se notificó por estado el 4 de marzo del mismo año,

declarará en firme”. Además, de acuerdo con la información reportada en el sistema de gestión de procesos de la Rama Judicial, se observa que, el Auto de 8 de febrero de 2011 se notificó por estado el 4 de marzo del mismo año, sin que se hayan interpuesto recursos en su contra y, finalmente, el expediente se envió el 14 de abril de 2011 al Juzgado 53 penal del circuito. 21 De conformidad con la constancia de ejecutoria visible a folio 176 del cuaderno No. 5 del tribunal. 22 Según el sello que obra a folio 1 del cuaderno No. 1 del tribunal. 23 Además, se presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 27 de septiembre de 2012, por lo que se suspendió el término de caducidad hasta el 29 de noviembre de 2012, fecha en que se declaró fallida la diligencia (folios 217 y 218 del cuaderno No. 5 del tribunal).Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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daño especial, pero únicamente en la proporción equivalente al tiempo que la víctima directa estuvo privada de la libertad por cuenta de esta entidad . Además, se condenará al pago de perjuicios de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.

23. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará

desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.

23. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará que, en este cas o, se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la detención y profundizará en las razones por las cuales, si bien se cumplió con los requisitos de ley , se causó un daño que el demandante principal no estaba en la obligación de soportar . Ante la ausencia del hecho de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Fiscalía General de la Nación, liquidará la indemnización de los perjuicios y, finalmente, condenará en costas.

2.2. Identificación del daño

24. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Juan Alberto Páez Moya , que ocurrió el 8 de febrero de 2000 24, así como desde el 26 de julio de 2000 hasta el 5 de julio de 2001, es decir, el período de detención se extendió por 11 meses y 11 días. Si bien en las pretensiones de la demanda se señaló que la privación ocurrió en dos períodos , entre el 8 de febrero de 2000 y el 29 de junio de 2000, y entre el 24 de julio de 2000 y el 5 de julio de 2001, lo cierto es que solo están probados los períodos de detención señalados.

2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad

25. En este caso, por la fecha de los hechos investigados, el proceso penal

señalados.

2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad

25. En este caso, por la fecha de los hechos investigados, el proceso penal fue adelantado bajo las previsiones del Decreto 2700 de 1991 25. De acuerdo con dicha normativa, los requisitos que debían cumplirse para la imposición de la medida de aseguramiento eran los siguientes:

a. Debía tenerse en cuenta la naturaleza del delito, entre otros, aquellos que previeran pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de dos años (art. 397)26. b. La existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso (art. 388)27

24 Respecto al primer período de detención, solo obra en el expediente el informe de captura y el acta de derechos del capturado, por lo que no es posible determinar cuándo finalizó. Folios 271, 274 y 275 del anexo No. 1 del tribunal. 25 Los hechos objeto de investigación ocurrieron el 6 de noviembre de 1998 y la medida de aseguramiento se impuso el 6 de febrero de 2000, decisión que fue reemplazada el 24 de julio de 2000. 26 Artículo 397.De la detención . “La detención preventiva procede en los siguientes casos: (…) 2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años (…)”. 27 Artículo 388 . Requisitos sustanciales. “Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán

27 Artículo 388 . Requisitos sustanciales. “Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso (…)”.Radicación: 25000-23-36-000-2013-00196-01 (53.159)

Actor: Juan Alberto Páez Moya y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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26. Así las cosas, se advierte que, en relación con el primer requisito aludido, el delito por el cual se definió la situación jurídica, es decir, peculado por apropiación, tenía una pena mínima superior a los dos años, por lo que se cumplió cabalmente con este supuesto28.

27. Respecto al segundo requisito, la Sala encuentra que la fiscalía contaba con el indicio grave de responsabilidad en contra de Juan Alberto Páez Moya.

En efecto, los hechos que dieron origen al proceso penal ocurrieron el 6 de noviembre de 1998, cuando se celebró un acuerdo conciliatorio, en el que el Ministerio de Transporte reconoció a favor de la sociedad Dragacol S.A. la suma de $26.000.000.000, como consecuencia de unos supuestos incumplimientos contractuales, “por concepto de actas de obra pendientes d e pago, intereses moratorios, restablecimiento del equilibrio financiero e indemnización

suma de $26.000.000.000, como consecuencia de unos supuestos incumplimientos contractuales, “por concepto de actas de obra pendientes d e pago, intereses moratorios, restablecimiento del equilibrio financiero e indemnización de perjuicios” 29. Sin embargo, se señaló que dicho acuerdo fue objeto de “múltiples irregularidades, como el reconocimiento y pago de dineros por conceptos que no se habían causado y la falsificación de documentos, entre otras”30.

28. En la Resolución de acusación de 6 de febrero de 2000, mediante la cual la fiscalía modificó la medida de aseguramiento de caución impuesta el 12 de agosto de 1999, por detención preventiva , se indicó que el aquí demandante, en calidad de viceministro, hizo parte del Comité de Conciliación del Ministerio de Transporte para la época de los hechos , por lo que tuvo la responsabilidad, junto con los demás miembros, de decidir sobre el acuerdo celebrado con Dragacol S.A. Agregó que, dentro de las funciones del comité, estaba la de “autorizar a los apoderados para aceptar propuestas o acuerdos conciliatorios (…) lo que [implicaba] el ejercicio del poder decisorio en el campo patrimonial (…)”31.

29. Aunque esa