CE - 250002336000201301657021SENTENCIA20231128114502

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)

Actor: CLAUDIA PATRICIA SÁENZ BUENO

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: REGLA DE LA CONGRUENCIA – La modificación de la causa petendi en el recurso de apel ación impone al juez de la segunda instancia el deber confirmar la decisión recurrida.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia desestimatoria de las pretensiones del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la declaratoria de nulidad de la resolución DSM 2209 del 2 de julio de 2010, mediante la cual se ordenó el retiro y desalojo de las actividades mineras realizadas en el área del contrato de concesión minera HHU -09151 y de la resolución DSM 2859 del 27 de agosto de 2010, confirmatoria de la anterior.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda.

Mediante escrito radicado el 12 de octubre de 2012 (fl. 1 c. ppal.), la señora Claudia Patricia Sáenz Bueno, actuando a través de apoderado judicial (fl. 16 c. ppal.),

1. La demanda.

Mediante escrito radicado el 12 de octubre de 2012 (fl. 1 c. ppal.), la señora Claudia Patricia Sáenz Bueno, actuando a través de apoderado judicial (fl. 16 c. ppal.), promovió demanda de controversias contractuales en contra del Servicio Geológico2

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales Colombiano (anteriormente Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS) y las sociedades ISAGEN S.A. y Grupo ICT II S.A.S., con el fin de

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Se declare nula la resolución DSM No. 2209 de fecha dos (2) de julio del dos mil diez (2.010) proferida por el Director del Servicio Minero del INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS, "por medio de la cual se ordena en retiro y des alojo de las actividades mineras en el área declarada de utilidad pública y se toman otras determinaciones dentro del contrato de concesión No. HHU-09151".

Segunda: Se declare nula la resolución DSM No 2859 de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diez (2.010) proferida por el Director del Servicio Minero del INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍAINGEOMINAS-, "por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución No. DSM-2209 de julio dos (2) de dos mil diez (2.010) por

INGEOMINAS-, "por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución No. DSM-2209 de julio dos (2) de dos mil diez (2.010) por medio de la cual se ordena el retiro y desalojo de las actividades mineras en el área declarada de utilidad pública".

Tercera: Se declare nula la resolución DSM No. 3326 de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2.010) proferida por el Director del Servicio Minero del INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS-, "por medio de la cual se concede la autorización temporal No. LJP-11221".

Cuarta: Se declaren nulos los actos administrativos de fecha tres de noviembre (3) del año dos mil diez (2.010) que inscribió en registro minero nacional la resolución DSM No 2859 de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diez (2.010) proferido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - INGEOMINAS-; y el de fecha tres (3) de dicie mbre del año dos mil diez (2.010) que inscribió en registro minero nacional la resolución DSM No. 3326 de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2.010) proferido por

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS.

Quinta: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - INGEOMINAS-, a pagar a favor de la Sra. CLAUDIA PATRICIA SAENZ BUENO, la reparación del

Quinta: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - INGEOMINAS-, a pagar a favor de la Sra. CLAUDIA PATRICIA SAENZ BUENO, la reparación del daño causado - daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados con la orden de retiro y desalojo de actividades mineras en el área del Contrato de Concesión Minera distinguido con la placa HHU -09151 y el posterior otorgamiento de la misma área mediante autorización temporal No. LJP-11221 a un tercero, los cuales ascienden , a la suma de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($26.250'000.000), o en su defecto el monto que resulte probado en el curso del proceso; monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo previsto en el artículo 178 del C. C. A.

Sexta: A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dé cumplimiento en los términos de Ley.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora narró que el 30 de agosto de 2006 radicó la propuesta de contrato de concesión minera HHU -09151, cuyo objeto era la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción localizado en los municipios de Betulia y Girón, Santander.3

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales Luego de efectuarse el respectivo trámite administrativo en el que se determinó que

Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales Luego de efectuarse el respectivo trámite administrativo en el que se determinó que la propuesta estaba libre de superposiciones con áreas restringidas para la minería, el 4 de marzo de 2009 se suscri bió el respectivo contrato de concesión minera, el cual fue inscrito en el Registro Minero Nacional el 19 de marzo siguiente. A partir del perfeccionamiento del contrato la titular minera cumplió con las obligaciones que se derivaron de él -canon superficiario-.

Mediante resolución DSM. 2209 del 2 de julio de 2010, la autoridad minera ordenó el “ retiro y desalojo de las actividades mineras en el área declarada de utilidad pública para el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, relacionado con el título minero HHU-09151” (fl. 4 c. ppal.). Esto, debido a que en fecha posterior al perfeccionamiento del contrato se estableció una zona de utilidad pública para el mencionado proyecto energético e ISAGEN S.A. había enviado varios comunicados a la autoridad minera en los que manifestaba que no concedería permiso al titular minero para adelantar labores de explotación en esa zona.

Contra esa decisión, la señora Sáenz Bueno interpuso el recurso de reposición, el cual fue despachado desfavorablemente mediante la resolución DSM. 2859 del 27 de agosto de 2010, bajo la consideración de “que el área otoada para el título minero HHU-09151 había sido declarada de utilidad pública y por tal circunstancia operaba la exclusión de que trata el art. 36 del Código de Minas y que la zona denominada hacienda La Flor es necesaria para explotación de siete millones quinientos mil

HHU-09151 había sido declarada de utilidad pública y por tal circunstancia operaba la exclusión de que trata el art. 36 del Código de Minas y que la zona denominada hacienda La Flor es necesaria para explotación de siete millones quinientos mil metros cúbicos de material de arrastre requerido para la construcción de la presa del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso” (fl. 5 c. ppal.). La orden impartida por estos actos fue inscrita en el Registro Minero Nacional - RMN el 3 de noviembre de 2010.

Posteriormente, mediante la resolución DSM 3326 del 4 de noviembre de 2010, inscrita en el RMN el 3 de diciembre de 2010, la autoridad minera otorgó a la sociedad Grupo ICT II S.A.S., constructora de la hidroeléctrica de Sogamoso, la autorización temporal LJP-11221 para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción ubicado en los municipios de Girón y Betulia, Santander, para un volumen autorizado de más de nueve millones de metros cúbicos.

1.1. Causales de nulidad invocadas

La parte actora adujo que, con la expedición de los actos administrativos impugnados, la autoridad minera quebrantó los artículos 2, 6, 25, 29 y 124 de la4

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales Constitución Política. Sin embargo, en la demanda no se incluyó, como lo exige el artículo 162.4 del CPACA, el concepto de violación en el que se expliquen las

Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales Constitución Política. Sin embargo, en la demanda no se incluyó, como lo exige el artículo 162.4 del CPACA, el concepto de violación en el que se expliquen las razones fácticas y jurídicas que fundamentan el cargo de infracción de esas normas1, salvo en lo relativo a la violación del debi do proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional, así como del cargo de transgresión del artículo 51 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas -, de los que sí se colige un desarrollo argumentativo a partir de una lectura integral de la demanda.

En relación con el cargo de vulneración del derecho al debido proceso -art. 29 Constitucional-, en la demanda se consideró que la autoridad minera dispuso equivocadamente la exclusión de una franja del área ocupada por el contrato de concesión minera HHU -09151 con base en la aplicación de una regla de derecho inexistente, por cuanto el artículo 35 del Código de Minas no establece una prohibición absoluta de la actividad minera cuando un título se superponga con una zona de utilidad pública, sino que supedit a su ejecución al aval que otorgue la entidad a cargo del proyecto de utilidad pública2.

En lo atinente a la transgresión del artículo 51 del Código de Minas , se argumentó que esa norma establece que, con excepción de lo previsto en la

1 Sobre este punto, en la demanda se señaló: “La entidad demandada, con la expedición de los actos administrativos impugnados en este libelo, quebrantó las siguientes disposiciones supralegales y

1 Sobre este punto, en la demanda se señaló: “La entidad demandada, con la expedición de los actos administrativos impugnados en este libelo, quebrantó las siguientes disposiciones supralegales y legales: Artículos 2, 6, 25, 29, 83 y 124 de la Constitución Nacional. Por la finalidad propia de las normas constitucionales y como consecuencia lógica por serles inherentes, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, antes INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍAINGEOMINAS -, establecimiento público de orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, en su condición de entidad estatal t autoridad minera contratante para la época de los hechos estaba obligada a observar, por ser de estricto cumplimiento, los preceptos supralegales invocados, y que le demarcaban el ejercicio justo, atendiendo el principio de protección y efectividad de los derechos, así como el de acatar los presupuestos de orden sustancial que la Ley le señalaba para la expedición de los actos administrativos acusados. Las reglas que la Constitución esta blece en relación con la efectividad de los principios, derechos y deberes, son obligatorias en su cumplimiento; por ello, no es posible imaginar y mucho menos acolitar el desobedecimiento injusto de los preceptos supralegales” (fl. 7 c. ppal.). 2 Al respecto se adujo (fl. 8 c. ppal.): “ La entidad estatal demandada, al ordenar el retiro y desalojo de las actividades mineras relacionadas con el título minero HHU -09151 y EXCLUIR del área del título HHU -09151 inscrita en el registro minero el 19 de mar zo de 2009, para posteriormente

de las actividades mineras relacionadas con el título minero HHU -09151 y EXCLUIR del área del título HHU -09151 inscrita en el registro minero el 19 de mar zo de 2009, para posteriormente entregárselo a un tercero mediante la figura de la autorización temporal, invocando una causal que, en su cualificación, no se materializaba, por cuanto el art. 35 de la Ley 685 de 2.001 no prohíbe de tajo la actividad miner a, solo que la condiciona, violentando de esta manera el art. 29 de la Carta Política, y los postulados de imparcialidad y de la buena fe; como también desconoció los fines esenciales del Estado, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones e infri ngiendo el derecho al trabajo de que gozaba mi poderdante ante la existencia o nacimiento del vínculo contractual inscrito en registro minero nacional el día 19/03/2.009, y en tal condición le correspondía la especial protección del Estado (…). / La vigencia de un orden justo, en el caso de marras, apunta al conjunto de normas que debe presidir la Conducta del Estado y de sus entidades; normas que fueron flagrantemente infringidas, como el art. 29 de la Constitución, puesto que la autoridad minera vario a s u acomodo la norma minera, como se ha expuesto y cuyos conceptos se concretarán como fundamento cuando se trate del desconocimiento del contrato y de la ley preexistente, en cuyos contextos debe armonizarse y comprenderse el presente concepto”.5

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales legislación minera sobre la declaratoria de caducidad, la autoridad no puede modificar, dar por terminado o interpretar unilateralmente el contrato de concesión minera.

En tal sentido, se consideró que los actos mediante los cuales se ordenó el retiro y desalojo de las actividades mineras comportan una inobservancia de esa regla de derecho, pues con ellos se modificó el contrato HHU-09151, sin tener en cuenta que el artículo 35 del Código de Minas exige que la negativa del gestor de la zona de utilidad pública de autorizar la continuidad del proyecto minero debe estar justificada técnica y jurídicamente.

Finalmente, en la demanda se expresó que “es de anotar que aguas arriba del Río Sogamoso, a una distancia inferior del área del título minero HHU -09151 y de la presa plan eada dentro del Proyecto Hidroeléctrico de Sogamoso, existen otras explotaciones mineras debidamente otorgadas por la autoridad minera a las cuales ISAGEN S.A. E.P.S. no ha presentado "oposición y rechazo", ni el INGEOMINAS ha optado por "ordenar el retiro y desalojo de las actividades mineras" pese a que también se hallan dentro del área declarada de utilidad. Se pregunta, acaso la Constitución Nacional en art. 13 no reza el derecho a la igualdad” (fl. 9 c. ppal.).

Como se observa, aunque se haga una alusión al artículo 13 Constitucional, en ese

Constitución Nacional en art. 13 no reza el derecho a la igualdad” (fl. 9 c. ppal.).

Como se observa, aunque se haga una alusión al artículo 13 Constitucional, en ese párrafo no se expresan con suficiencia argumentos en virtud de los cuales pueda efectuarse un juicio de validez de los actos cuestionados por vulneración de ese precepto constitucional, en tanto no señalan siquiera cuáles son esos otros títulos mineros con los que debe efectuarse la verificación de las condiciones técnicas y jurídicas que los conforman, para analizar entonces si hubo un trato discriminatorio en relación con la demandante, titular de la concesión minera HHU-09151.

2. El trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 8 de febrero de 2013 se admitió la demanda (fl. 120 c. ppal.), decisión que fue adicionada el 15 de abril de 2013 en el sentido de ordenar la vinculación de la Agencia Nacional de Minería al proceso (fl. 168 c. ppal.).

2.2. El Servicio Geológico Colombiano formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el efecto, explicó que con la expedición del Decreto 4131 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Geología6

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales y Minería – INGEOMINAS, de establecimiento público a instituto científico y técnico, con lo que su denominación pasó a ser Servicio Geológico Colombiano. En esa

Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales y Minería – INGEOMINAS, de establecimiento público a instituto científico y técnico, con lo que su denominación pasó a ser Servicio Geológico Colombiano. En esa misma norma, se estableció que la función de autoridad minera sería asumida por la recién creada Agencia Nacional de Minería, razón por la cual era esa entidad la llamada a responder en el presente proceso (fl. 173 c. ppal.).

• La sociedad Grupo ICT II S.A.S. se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que los actos demandados se ajustan a lo previsto en los artículos 35 y 36 del Código de Minas, por cuanto la zona donde se localiza el título minero HHU09151 -perfeccionado el 19 de marzo de 2009ya se encontraba catalogada como de utilidad pública desde la expedición de la resolución 0476 de 2000 -Ministerio de Ambiente-, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental para la hidroeléctrica y de la resolución 260 de 2008 -Presidencia de la República-, en la que se declaró la zona de utilidad pública.

También se adujo que a la demandante no se le causó el perjuicio económico pretendido -alusivo a la afectación de la explotación -, en tanto el título minero aún se encontraba en fase de exploración, y en esa medida aún no contaba con autorización para explotar, para lo cual debía contar con la aprobación del programa de trabajos y obras y el otorgamiento de una licencia ambiental (fl. 199 c. ppal.).

• ISAGEN S.A. también consideró que los actos enjuiciados se ajustan a lo prescrito

de trabajos y obras y el otorgamiento de una licencia ambiental (fl. 199 c. ppal.).

• ISAGEN S.A. también consideró que los actos enjuiciados se ajustan a lo prescrito en los artículos 35 y 36 del Código de Minas porque desde antes del otorgamiento del título HHU -09151, “la zona no sólo había sido declarada de utilidad pública e interés social por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución No. 260 de junio de 2008, sino que estaba incluida en la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente mediante Resolución 0476 de 2000” (fl. 319 c. ppal.).

Además, consideró que había falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto esa sociedad no fue la que profirió los actos cuestionados; falta de legitimación por activa, en tanto no se promovieron recursos contra el acto que otorgó la autorización temporal LJP-11221; y que no había prueba de los perjuicios materiales solicitados (fl. 311 c. ppal.).

• La Agencia Nacional de Minería se opuso a las pretensiones. Consideró que, aunque la propuesta de contrato de concesión minera HHU -09151 fue presentada el 30 de agosto de 2006, y la resolución que estableció la zona de utilidad pública7

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales se expidió el 30 de junio de 2008, lo cierto es que esa decisión sí tenía incidencia en el otorgamiento de la concesión, puesto que el contrato únicamente se suscribió

Referencia: Medio de control de controversias contractuales se expidió el 30 de junio de 2008, lo cierto es que esa decisión sí tenía incidencia en el otorgamiento de la concesión, puesto que el contrato únicamente se suscribió el 4 de marzo de 2009 y se perfeccionó el 19 de marzo siguiente con su inscripción en el RMN, a pesar de que desde el 23 de diciembre de 2008 la utilidad pública ya había sido incluida en los registros del Catastro Minero Colombiano.

Luego de que se otorgó el título minero, ISAGEN S.A. envió comunicaciones en las que explicó a las autoridades minera y ambiental que no era posible adelantar el proyecto minero en el área que se traslapaba con la zona de utilidad pública. En esas comunicaciones se dio cuenta de las razones técnicas y jurídicas que respaldaban ese concepto, relativas a las obras que se realizarían en esa franja de terreno, las cuales se encontraban previamente autorizadas por la respectiva licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente.

Ante esa situación, la autoridad invitó a la señora Sáenz Bueno a dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, debido a la imposibilidad de ejecutar su objeto. Sin embargo, debido a que la titular minera no accedió y que no se contaba con la autorización por parte del encargado de la utilidad pública -art. 35 C.M.-, la autoridad minera ejerció la potestad de ordenar el retiro y desalojo consagrada en el artículo 36 del Código de Minas.

2.3. En audiencia inicial celebrada el 22 de julio de 2014 se decl aró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Servicio Geológico Colombiano y se negó la

36 del Código de Minas.

2.3. En audiencia inicial celebrada el 22 de julio de 2014 se decl aró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Servicio Geológico Colombiano y se negó la excepción de caducidad en relación con la pretensión de anulación de la resolución DSM 3326 de 2010 -mediante la cual se otorgó la autorización temporal LJP-11221- . En esta diligencia se fijó el litigio y se decretaron las pruebas correspondientes.

Mediante auto del 7 de mayo de 2015, el Consejo de Estado revocó la decisión de negar la excepción de caducidad antes señalada, al considerar que frente a ese acto la demandante era un tercer o y estaba actuando en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya caducidad es de 4 meses. Por tal motivo, debía continuarse el trámite únicamente con las pretensiones relacionadas con la anulación de las resoluciones DSM 2209 y DSM 2859 de 2010 y el consecuente restablecimiento del derecho deprecado (fl. 656 c. ppal.), que corresponden a una controversia contractual, en tanto fueron actos proferidos en relación con el contrato de concesión minera HHU-09151.8

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales 2.4. El 27 de octubre de 2015 se celebró la audiencia de pruebas, diligencia en la que se incorporaron las documentales decretadas y se corrió traslado para alegar

Referencia: Medio de control de controversias contractuales 2.4. El 27 de octubre de 2015 se celebró la audiencia de pruebas, diligencia en la que se incorporaron las documentales decretadas y se corrió traslado para alegar de conclusión por escrito (fl. 733 c. ppal.). La parte demandante (fl. 735 c. ppal.) y la ANM (fl. 746 c. ppal.) insistieron en las consideraciones fácticas y jurídicas expresadas con anterioridad. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. La sentencia impugnada

Mediante sentencia del 20 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones. Frente al cargo de vulneración del derecho al debido proceso -art. 29 Constitucionalrecordó que en la demanda se sostuvo que el yerro de la administración consistió en darle una aplicación incorrecta al artículo 35 del Código de Minas, en tanto allí se establece que la superposición con una zona de utilidad pública no implica automáticamente una prohibición de la actividad minera, sino que la cond iciona a la obtención de la autorización por parte de la entidad encargada de una de esas zonas.

Al respecto, consideró que para la época en que se suscribió el contrato de concesión minera y se inscribió en el Registro Minero Nacional, ya se encontraba vigente y anotada en el Catastro Minero Colombiano la zona de utilidad pública de la Hidroeléctrica Sogamoso, por lo que la ejecución de labores de exploración y explotación minera requería la autorización previa de la gestora del proyecto.

Sin embargo, como en varias comunicaciones ISAGEN S.A. dejó claras las razones

la Hidroeléctrica Sogamoso, por lo que la ejecución de labores de exploración y explotación minera requería la autorización previa de la gestora del proyecto.

Sin embargo, como en varias comunicaciones ISAGEN S.A. dejó claras las razones técnicas y jurídicas que le impedían dar el aval para la continuidad del proyecto minero, este resultaba “ incompatible con el proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, no solo por no contar con la autorización de la entidad gestora de la obra, sino porque su ejecución amenazaba gravemente la estabilidad de la construcción cuyo propósito era la generación de energía eléctrica y la recuperación ambiental de la zona intervenida” (fl. 800 c. ppal.).

En relación con el cargo de transgresión del artículo 51 del Código de Minas, el a quo recordó que en la demanda se adujo que con los actos cuestionados se dio por terminado el contrato unilateralmente, a pesar de no contar con competencia para ello.9

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales Este cargo fue igualmente desestimado, al considerar que, aunque los artículos 51 y 53 establecen la improcedencia de la aplicación de la potestad exorbitante de terminación unilateral, lo cierto fue que en el caso particular “la autoridad minera no utilizó una clá usula exorbitante, como lo es la terminación unilateral del contrato, sino que aplicó una figura jurídica diferente, esto es, los efectos de la restricción para la actividad minera previstos en el artículo 36 del estatuto minero, el cual

utilizó una clá usula exorbitante, como lo es la terminación unilateral del contrato, sino que aplicó una figura jurídica diferente, esto es, los efectos de la restricción para la actividad minera previstos en el artículo 36 del estatuto minero, el cual consagra, que si "dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores del concesionario, la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o indemnización alguna por esta causa” (fl. 801 c. ppal.).

4. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, por considerar que en la decisión de primera instancia se erró al no considerar que con los actos demandados se vulneró el derecho a la igualdad de la demandanteart. 13 Constitucional-, en la medida en que posterior a la orden de retiro y desalojo de las actividades mineras de una parte del título HHU -09151, la autoridad accionada concedió en esa misma área la autorización temporal LJP -11221, cuya beneficiaria fue la soci edad Grupo ICT II S.A.S., lo que implicó un trato discriminatorio para la accionante, quien se vio privada de ejercer su actividad económica en una zona en la que luego se autorizó a otro particular. Al respecto, se consideró (fl. 814 c. ppal.):

La eviden cia probatoria arrimada al proceso demuestra que una vez ejecutoriados los actos administrativos que privaban a CLAUDIA PATRICIA SAENZ. BUENO de la realización de actividades mineras en más del 99.99% del área del título minero HHU-09151, la autoridad minera le otorga al GRUPO

ejecutoriados los actos administrativos que privaban a CLAUDIA PATRICIA SAENZ. BUENO de la realización de actividades mineras en más del 99.99% del área del título minero HHU-09151, la autoridad minera le otorga al GRUPO ICT II S.A.S. en la misma área la facultad a que este la explote, es decir que a tan solo sesenta días, desaparecieron las restricciones y prohibiciones de que trata los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (…).

La autoridad minera en el trámite objeto de la presente demanda, desconoce el artículo 13 de la Constitución Nacional, en relación al principio de igualdad ante la Ley; desconocimiento que es patrocinado en la Sentencia recurrida dado que avala el Igualdad argumento de que para CLAUDIA PATRICIA SÁENZ BUENO en relación al (sic) título minero No. HHU-09151 opera los artículos 34 y 35 del Código de Minas, pero para terceros como GRUPO ICT II S.A.S. no le es restringida ni prohibida la actividad minera. Entonces se pregunta ¿acaso la ley no es igual para todos? (…).

En cuanto al argumento expuesto en la Sentencia acá recurrida de que el material extraído por GRUPO ICT II S.A.S., en ocasión a la autorización temporal No. LJP -11221, tenía como destino específico la obra de la hidroeléctrica de Sogamoso, NO debe ser de recibido, dado que la norma (artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2.001) traídos como sustento de los actos10

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414)

Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01657-02 (59414) Actor: Claudia Patricia Sáenz Bueno Demandado: ANM y otros Referencia: Medio de control de controversias contractuales administrativos, no trae como prerrogativa para su inaplicación, el destino del material.

Por ende, si era prohibido para la titular del contrato de concesión HHU-09151 la realización de actividades mineras en el área demarcada en la resolución DSM-2209 de julio dos (2) de dos mil diez (2.010), en ocasión a la interpretación de los articulo 34 y 35 del Código de M inas, debió en aplicación al principio de igualdad, ser prohibido a terceros, advirtiendo que no existió norma o acto que desafectara las características de la zona (…).

En segundo lugar, dice la sentencia apelada que "por encontrarse demostrada la superposición con el área declarada de utilidad pública para el desarrollo del proyecto..., los actos administrativos que ordenaron el retiro y desalojo de las actividades mineras gozan de legalidad. Apreciación