CE - 250002336000201301816011SENTENCIA20230615155814

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de junio dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

Demandado: Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCAR

Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADAElementos para la procedencia de responsabilidad del Estado con base en el título objetivo de imputación – No se acreditó la configuración del daño antijurídico alegado.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los da ños causados con ocasión de la expedición del Acuerdo No. 11 de 2011, mediante el cual se afectó un predio de los demandantes como reserva forestal.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió la demanda de reparación directa instaurada el 21 de octubre de 2013 1, por los señores Gloria

Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió la demanda de reparación directa instaurada el 21 de octubre de 2013 1, por los señores Gloria Irma de Angulo de Arias, Carlos Rolando Arias Torrealba, Andrés Eduardo, Gloria Victoria, David Alber to y Fernando Ernesto Arias de Angulo (propietarios), en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR), con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales causados con ocasión de la afe ctación como reserva forestal del 62.59% del predio de su propiedad, impuesta a través del Acuerdo No. 11 del 19 de julio de 2011.

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, se indicó que el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarroll o Territorial, luego de recibir las recomendaciones formuladas por un panel de expertos para el mejoramiento territorial del sector norte de Bogotá (luego de unas modificaciones realizadas al POT de este Distrito), mediante Resolución 475 del 17 de mayo de 20001 Folio 23, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Referencia: Reparación directa

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confirmada por la Resolución 621 del 28 de junio del mismo año -, ordenó a la CAR declarar una reserva forestal en una franja que tuviera un área mínima de 800 metros de ancho en la zona 3 de ese sector.

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confirmada por la Resolución 621 del 28 de junio del mismo año -, ordenó a la CAR declarar una reserva forestal en una franja que tuviera un área mínima de 800 metros de ancho en la zona 3 de ese sector.

2. En virtud de esa orden, la CAR expidió el Acuerdo 11 del 19 de julio de 2011, por medio del cual “se declara la Reserva Forestal Regional Productora del Norte

de Bogotá D.C. ‘Thomas Van der Hammen’” y que, dentro de las coordenadas incluidas en el menciona do Acuerdo se encuentra ubicado el predio denominado “La Gloria Puente La Esperanza Tuna Rural” de propiedad de los demandantes, el cual ha sufrido una desvalorización considerable, debido a que su uso quedó limitado y condicionado a la reglamentación del plan de manejo ambiental de la zona, a cargo también de la CAR.

3. Adujo que la CAR estaba llamada a responder a título de daño especial, en tanto que, a pesar de ser una decisión que se acompasaba con el ordenamiento jurídico, le generaba la imposibilidad de ejercer actos de disposición sobre el mismo o destinarlo a la producción económica2.

La defensa

4. La CAR contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, sostuvo que no se causó daño alguno a los demandantes, dado que el régimen jurídico de las reservas forestales admitía la propiedad pública y privada, por lo que el predio de los demandantes continuaba con los mismos usos del suelo existentes en el sector declarado como reserva forestal bajo unas condiciones de conservación gradu al que ni siquiera se habían aprobado, pues el plan de manejo ambiental de tal reserva era una actividad que estaba próxima a llevarse

existentes en el sector declarado como reserva forestal bajo unas condiciones de conservación gradu al que ni siquiera se habían aprobado, pues el plan de manejo ambiental de tal reserva era una actividad que estaba próxima a llevarse a cabo y que se había trabajado con la comunidad y otras entidades, con el fin de que fuera concertado y conocido por tod os los habitantes del sector. En ese sentido, adujo que el predio, antes y después de la declaratoria de reserva forestal, se ubicaba en zona rural (conforme al POT del Distrito y al avalúo presentado por los demandantes), por lo que sus usos y prohibicion es siempre estuvieron condicionados a lo establecido para esa zona, de modo que quedaba sin asidero jurídico la afirmación de que se hubiera desvalorizado el inmueble.

5. Adicionalmente, formuló las excepciones que denominó: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva y hecho de un tercero, por cuanto la expedición del Acuerdo 11 de 2011 fue producto de los mandatos impartidos por el Ministerio de Ambiente, que ordenó a la CAR a través de las Resoluciones 475 y 621 de 2000 efectuar la declaratoria de Re serva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, orden que fue reiterada por el Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 16 de noviembre de 2004 -acción de cumplimiento-, en el

2 Folios 4 a 23, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Referencia: Reparación directa

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Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

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sentido de dar cumplimiento a las mencionadas resoluciones; po r manera que materialmente era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial el llamado a responder ante una eventual condena; (ii) imposibilidad de realizar compensaciones de conformidad con el Decreto 1337 de 2002, toda vez que en suelos clasificados como rurales, como el objeto de litis, no se generan derechos de edificabilidad y, en esa medida, el tratamiento de conservación solo limita los derechos de construcción y desarrollo de los inmuebles que se localicen en suelo urbano y de expansión urbana3.

6. Surtido el debate probatorio 4, en sus alegaciones, la parte actora insistió en que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada bajo el título de imputación de daño especial por la ocupación jurídica que le impedía eje rcer sobre su predio las prerrogativas propias del derecho real de dominio 5; por su parte, la demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda, y solicitó dejar sin efectos probatorios el avalúo del inmueble (dictamen) presentado por la parte actora, debido a los múltiples yerros en que había incurrido el perito al elaborarlo y sustentarlo6.

3 Folios 46 a 87, c. 1. 4 En la audiencia inicial llevada a cabo el 29 de julio de 2014, el Tribunal a quo decretó las siguientes

sustentarlo6.

3 Folios 46 a 87, c. 1. 4 En la audiencia inicial llevada a cabo el 29 de julio de 2014, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: documentales (demandante): 1. copia del Acuerdo N. 011 de 19 de julio de 2011 y su constancia de publicación en el Diario Oficial No. 48156 de 9 de agosto de esa misma anualidad; 2. copias auténticas de la escritura pública de sucesión del señor Andrés Arias Rubio, número 1622 de 29 de diciembre de 2007, y de la escritura pública aclaratoria No. 0182 de 8 de febrero de 2008; 3. original del foli o de matrícula inmobiliaria No. 50N-15149 de 21 de octubre de 2013, predio "La Gloria Puente La Esperanza Tuna Rural" ; 4. copia del plano perteneciente a la Resolución No. 475 de 2000, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente; 5. copias de certificacio nes catastral y declaraciones de impuesto predial correspondientes al predio mencionado, años 1999, 2000, 2002, 2011 ,2012 y 2013; 6. copia del avalúo comercial efectuado al referido predio, por parte de la firma AVACOL AVALÚOS DE COLOMBIA S.A.S (dictamen) .; 7. copia de estudio del valor promedio de metro cuadrado de inmuebles de Bogotá, con suelo destinado exclusivamente a reserva forestal; 8. solicitud de conciliación extrajudicial radicada el día 19 de Julio de 2013; 9. acta de la

estudio del valor promedio de metro cuadrado de inmuebles de Bogotá, con suelo destinado exclusivamente a reserva forestal; 8. solicitud de conciliación extrajudicial radicada el día 19 de Julio de 2013; 9. acta de la diligencia de audiencia de conciliación del 1 de octubre de 2013; 10. original de certificación expedida por la Contadora Pública Lilia Sanabria; (demandada) 11. copia de la Resolución 475 y 0621 de 2000, expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente; 12. copia de la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad simple radicado: 2000 -6656-01, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, negó las súplicas de la demanda instaurada por el Distrito Capital, que solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 1153 de 1999, 327 de 2000, 475 de 2000 y 621 del mismo año, emanadas del entonces Ministerio del Medio Ambiente; 13. copia de la sentencia proferida dentro de la acción de cumplimiento por la Sala Civil del Tribunal Super ior del Distrito Judicial de Bogotá del 16 de noviembre de 2004; 14. concepto realizado por la Ingeniera Johana Patricia Ruiz Jiménez, contratista de la CAR, respecto del avalúo comercial presentado con la demanda; 15. m apa en el que se aprecia la localización del predio dentro de la zona de reserva y el área de afectación y 16. copia de las actas que demuestran el trabajo de la CAR con la comunidad y de las reunión de las mesas técnicas, junto con las respectivas listas de asistencia. Oficios: 1. a la CAR, para que remita el expediente administrativo contentivo

demuestran el trabajo de la CAR con la comunidad y de las reunión de las mesas técnicas, junto con las respectivas listas de asistencia. Oficios: 1. a la CAR, para que remita el expediente administrativo contentivo del Acuerdo No. 011 de 19 de julio de 2011, particularmente la documentación relativa al predio denominado "La Gloria Puente La Esperanza Tuna Rural". Testimonio técnico de la ingeniera Johana Patric ia Ruiz Jiménez (folios 170 a 174, c.1.). En segunda instancia, se incorporó como prueba documental el Acuerdo 21 del 23 de septiembre de 2014, <<por medio del cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen” (auto del 5 de julio de 2017 – folios 290 y 291 del c. principal). 5 Folios 183 a 206, c.1. 6 Folios 207 a 226, c. 1. El Ministerio Público no asistió a la audiencia en la que se corrió traslado para alegar de conclusión, razón por la cual no emitió pronunciamiento alguno.Radicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

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La decisión objeto de impugnación

7. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las súplicas de la demanda, por considerar que no se acreditó la configuración del daño patrimonial alegado por los demandantes,

7. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las súplicas de la demanda, por considerar que no se acreditó la configuración del daño patrimonial alegado por los demandantes, toda vez que el inmueble de su propiedad, de acuerdo con la certificación catastral allegada al expediente, es un predio rural, cuya destinación agropecuaria permite el uso del suelo del código 001, es decir, habitacional hasta tres pisos, por lo que desde antes de la expedición del Acuerdo 11 de 2011, tenía esa especifica destinación y uso; de modo que el citad o Acuerdo no modificó, limitó ni condicionó el uso del suelo donde se encuentra ubicado el lote de los demandantes, simplemente la autoridad ambiental en ejercicio del principio de precaución, prohibió la extensión de las zonas agropecuarias. En ese sentid o, indicó que los propietarios de ese inmueble no tenían limitaciones para realizar las actividades o construcciones que a bien tuvieran, más allá de los limitantes y la normativa que regía el predio desde antes de la referida declaratoria de reserva forestal.

8. Agregó que si en gracia de discusión se aceptara que con la expedición del Acuerdo 11 de 2011 se afectó en cierto porcentaje el derecho de dominio de los actores, lo cierto es que no se demostró el perjuicio consistente en la desvalorización del predio tras la declaratoria de reserva, toda vez que éste pretendía acreditarse con el avalúo del predio “La Gloria Puente la Esperanza Tuna Rural” presentado por la empres a AVACOL -Avalúos de Colombia S.A.S -, informe que adolece de error grave, en síntesis, porque: (i) desconoció lo

Tuna Rural” presentado por la empres a AVACOL -Avalúos de Colombia S.A.S -, informe que adolece de error grave, en síntesis, porque: (i) desconoció lo establecido en la Resolución 620 de 2008, que regula “ los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”; (ii) tuvo en cuenta las construcciones realizadas en predios aledaños, sin advertir que varias de ellas se realizaron por fuera de los marcos establecidos en la ley; (iii) no hay datos respecto del avalúo comercial del inmueble antes y después de la expedición del Acuerdo 11 de 2022; (iv) dio por sentado que la afectación ambiental conllevaba de entrada una desvalorización y, (v) los parámetros de comparación para determinar el metro cuadrado no guardan relación con las características de un inmueble de uso agropecuario7.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

9. En su apelación, la parte demandante cuestionó la decisión del a quo , en punto a la existencia del daño antijurídico, pues la afectación al predio de su propiedad se registró en el certificado de tradición y libertad con matrícula inmobiliaria 50N-151549 expedida el 21 de octubre de 2013 -anotación # 8-, que a no dudarlo encuadra como una limitación o gravamen oponible a terceros y

7 Folios 228 a 233, c. principal.Radicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

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evidencia, además, una carga que supera con creces la prohibición de extensión de zonas agropecuarias y, si bien no excluye el inmueble del comercio, lo hace muy poco atractivo para el tráfico jurídico, casi imposible de enajenarlo, arrendarlo, hipotecarlo e impide el desarrollo de proyectos agroindustriales futuros; no obstante lo a nterior, no se disminuyó el pago anual del impuesto predial y los gastos que demanda el inmueble se siguen generando sin que exista una contrapartida de ingresos que lo soporten, precisamente por la afectación, lo que lo convierte en un activo improductivo que genera una depreciación en su valor, y conlleva a obtener por parte de los demandantes una reparación del daño especial que se les ha inferido.

10. Agregó que el Tribunal no podía predicar un error grave del dictamen pericial aportado por la parte acto ra -aunque no lo declaró en la parte resolutiva de la sentenciacon fundamento en la declaración rendida por la testig a técnica Johana Patricia Ruiz Jiménez, por cuanto no participó en los hechos materia del proceso y, por ello, desconocía lo plasmado en el artículo 220 del CPACA, que dispone que la objeción puede sustentarse solicitando la declaración de testigos técnicos “que habiendo tenido participación en los hechos materia del proceso, tengan conocimientos profesionales o especializados en la materia ”. Indicó que para determinar el avalúo comercial de bienes raíces, existen diversas normas

técnicos “que habiendo tenido participación en los hechos materia del proceso, tengan conocimientos profesionales o especializados en la materia ”. Indicó que para determinar el avalúo comercial de bienes raíces, existen diversas normas tales como circulares de la Superfinanciera y el CGP, por lo que no sujetarse a la Resolución 620 de 2008 no constituye error grave del dictamen, por lo que debía tenerse como base para liquidar los perjuicios causados a los demandantes. Por último, arguyó que en el avalúo se estimó cada metro cuadrado afectado en $10.000, puesto que el inmueble al quedar limitado dejaba de ser productivo económicamente8.

11. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte actora reiteró íntegramente los argumentos esbozados en el recurso de apelación9; a su turno, la CAR adujo que la anotación hecha en la matricula inmobiliaria del predio de los demandantes implicaba vigilar y controlar que no desarrollaran actividades diferentes a las permitidas, las cuales, en todo caso, eran las mismas que las autorizadas antes de la anotación de reserva forestal, por lo que era absurdo afirmar que por ese solo hecho dism inuyó el valor del inmueble. Agregó que: (i) las delimitaciones de las áreas protegidas se realizaban sin perjuicio de los derechos adquiridos,(ii) la propuesta del plan de manejo ambiental presentado por la CAR, implicaba el respeto y continuidad de los usos existentes; (iii) se allegó, como prueba decretada en segunda instancia, el Acuerdo 21 de 2014, por medio del cual se adopta dicho plan; pero ello no

manejo ambiental presentado por la CAR, implicaba el respeto y continuidad de los usos existentes; (iii) se allegó, como prueba decretada en segunda instancia, el Acuerdo 21 de 2014, por medio del cual se adopta dicho plan; pero ello no suponía variar la causa petendi y, (iv) existencia de prejudicialidad, dado que

8 Folios 241 a 255, c. principal. 9 Folios 297 a 303, c. principal.Radicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

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ante el Consejo de Est ado se surten 2 acciones de nulidad (acumuladas) contra el Acuerdo 11 de 201110. El Ministerio Público guardó silencio11

III. CONSIDERACIONES

12. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso de apelación

13. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar la existencia de un daño antijurídico y a establecer si el dictamen aportado por la parte actora que se dirigió a determinar el avalúo del bien inmueble de propiedad del actor adolece o no de un error grave.

De la prueba del daño en el caso concreto

14. El daño en sentido jurídico ha sido definido tradicionalmente como la lesión a un derecho o a un interés protegido, o como la pérdida sufrida por una persona

De la prueba del daño en el caso concreto

14. El daño en sentido jurídico ha sido definido tradicionalmente como la lesión a un derecho o a un interés protegido, o como la pérdida sufrida por una persona como consecuencia de la lesión a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de la víctima. Es un o de los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado, común a todos los regímenes, a tal punto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos y, por tan to, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal.

15. En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que el daño susceptible de indemnización es aquél que es cierto, esto es, verificable y determinable, en tanto aparezca como una disminución patrimonial o moral en el demandante 12, sin que pueda ser resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible 13; por ello, el demandante agraviado debe probar tanto los daños efectivamente materializados como que esos pueden c uantificarse o estimarse dinerariamente, es decir, debe haber suficiencia probatoria tanto para acreditar el daño como para probar su cuantía14.

16. En el presente caso, la parte actora alega la causación de un daño especial derivado de las cargas excesivas que en su sentir padeció por la afectación de

Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. que impuso la

10 Folios 304 a 332 ibidem. 11 Folio 334 ibidem.

derivado de las cargas excesivas que en su sentir padeció por la afectación de Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. que impuso la

10 Folios 304 a 332 ibidem. 11 Folio 334 ibidem. 12 Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, T. II, 2ª edición, Temis, 2011, p. 339 a 340. 13 Gil Botero, Enrique, Responsabilidad Extracontractual del Estado, 5ª edición, Temis, 2011, p. 118. 14 Tantaleán Odar, Reinaldo Mario. “La Prueba del Daño vs La Prueba de la Cuantía del Daño”.Radicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

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CAR, mediante el Acuerdo 11 de 2011, al inmueble de su propiedad, la cual fue inscrita en la respectiva matricula inmobiliaria el 31 de enero de 2013, pues, a partir de tal afectación se prohibió la extensión de zonas agropecuarias y no puede disponer de su bien inmueble en corres pondencia con sus expectativas de explotación económica.

17. Conforme al material probatorio allegado al proceso se tiene acreditado que los señores Gloria Irma de Angulo de Arias, Carlos Rolando Arias Torrealba, Andrés Eduardo, Gloria Victoria, David Albert o y Fernando Ernesto Arias de Angulo son copropietarios del inmueble denominado “ La Gloria Puente La Esperanza Tuna Rural” 15 identificado con número de matrícula 50N -15154916.

Andrés Eduardo, Gloria Victoria, David Albert o y Fernando Ernesto Arias de Angulo son copropietarios del inmueble denominado “ La Gloria Puente La Esperanza Tuna Rural” 15 identificado con número de matrícula 50N -15154916. Este predio, según la certificación catastral, que data del 15 de agosto de 2012, es rural 17, su destinación es agropecuaria 18, el uso corresponde a: 001 habitacional menor o igual a 3 pisos 19, tiene 308891.23 m 2 total de terreno y 562.70 m2 de construido20.

18. En el folio de matrícula inmobiliaria -anotación Nro. 8 del 31 de enero de 2013se registró la afectación del 62.59% del bien inmueble: “POR CAUSA DE

CATEGORÍAS AMBIENTALES – DECLARATORIA DE LA RESERVA

FORESTAL REGIONAL PRODUCTORA DEL NORTE DE BOGOTÁ D.C…

ACUERDO CAR 011 DE 2011. CUALQUIER TRAMITE O DESARROLLO DE

ACTIVIDADES SOBRE EL MISMO REQUIERE CONSULTA PREVIA ANTE LA

CAR”21.

19. Sobre tal afectación, se cuenta con el expediente administrativo contentivo del Acuerdo 11 de 19 de julio de 2011, en el que se observa que el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito C apital de Bogotá se puso a consideración de la CAR, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 1999 22, para efectos de concertar los asuntos

15 Dirección catastral del inmueble (folio 127, c. 1).

consideración de la CAR, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 1999 22, para efectos de concertar los asuntos

15 Dirección catastral del inmueble (folio 127, c. 1). 16 Certificado de tradición expedido el 21 de octubre de 2013. Anotación No. 6 del 12 de febrero de 2008.

Especificación: 0109 Adjudicación en sucesión. 50% de propiedad de la cónyuge supérstite y 10% para cada uno de los hijos (5). Escritura pública de sucesión No 8704262 del 29 de diciembre de 2007 (folios 21 a 128, c.2). 17 Resolución 70 del 4 de febrero de 2011, dictada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. <<Artículo

85. Clasificación catastral de los predios por su ubicación. Según su ubicación, los predios se clasifican catastralmente como: a) Predios urbanos. b) Predios rurales. Parágrafo. Dentro de la anterior clasificación estarán comprendidos los predios ubicados en suelos de expansión urbana de acuerdo con lo definido por la autoridad competente. Estos suelos se tendrán en cuenta para la elaboración de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas>>. 18 Ibidem <<Artículo 86. Clasificación catastral de los predios por su destinación económica. Los predios, según su destinación económica, se clasificarán para fines estadísticos en… D. Agropecuario: Predios con destinación agrícola y pecuaria…>>. 19 Documento técnico emitido por la UAE de Catastro en el que se refiere a los usos y destinos del suelo. 20 Folio 130.

destinación agrícola y pecuaria…>>. 19 Documento técnico emitido por la UAE de Catastro en el que se refiere a los usos y destinos del suelo. 20 Folio 130. 21 Folios 127 y 128, c. 2. 22 “Artículo 1 (…) Parágrafo 6. El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental competente a efectos deRadicación: 25000-23-36-000-2013-001816-01 (54.620)

Actor: Andrés Eduardo Arias de Angulo y otros

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exclusivamente ambientales. Esta entidad objetó el POT y, a raíz de dichas objeciones, el Distrito Capital le realizó varias modificaciones al mismo 23. Seguidamente, la CAR declaró concluido el proceso de concertación respecto de unos temas y no concertado lo relacionado, entre otras cosas, con el perímetro urbano del corredor de la autopista norte24.

20. En virtud de lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente luego de designar un panel de expertos que ofreciera recomendaciones respecto del tema para adoptar una decisión que consultara al interés general, expidió la Resolución 475 del 17 de marzo de 2000, cuyo artículo 5 preceptúo:

“La Zona 3 ‘Franja de conexión, restauración y protección’ de que trata los considerandos de la presente Resolución25, deberá ser declarada por la autoridad ambiental competente como Área de Reserva Foresta l Regional del Norte, dada su importancia ecológica para la región . A

los considerandos de la presente Resolución25, deberá ser declarada por la autoridad ambiental competente como Área de Reserva Foresta l Regional del Norte, dada su importancia ecológica para la región . A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que dicha franja constituye además un elemento fundamental para la ciudad de Bogotá, la definición de sus usos, delimitación, así como el plan d e manejo para esta área, deberá ser concertado entre la CAR y la autoridad ambiental distrital” 26 (se subraya)

que conjuntamente con el municipio y/o distrito concerten lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo di spuesto en la Ley 99 de 1993 , para lo cual dispondrán, de treinta (30) días. Vencido el término anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de Ordenamiento por parte de las autoridades ambientales competentes y una vez surtida la consulta al Consejo Territorial de Planeación como se indica en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, se continuará con la instancia de aprobación prevista en el artículo 25 de la misma ley. Lo dispuesto en este parágrafo es aplicable para las dis posiciones contenidas en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales y planes de manejo ambiental. “En relación con los temas sobre los cuales no se logre la concertación, el Ministerio del Medio Ambiente intervendrá con el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo para lo cual dispondrá de un término máximo de treinta (30) días contados a partir del vencimiento del plazo anteriormente señalado en este

intervendrá con el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo para lo cual dispondrá de un término máximo de treinta (30) días contados a partir del vencimiento del plazo anteriormente señalado en este parágrafo” (se destaca), cuya consulta se trae de la we b, en virtud de los dispuesto en el CGP, artículo 177. “Prueba de las normas jurídicas”. 23 Versión que fue entregada por el Distrito Capital el 17 de septiembre de 1999 (folio 270, c. 3). 24 Resolución 1869 del 2 de noviembre de 1999 (folio 147, c. 5). 25 Zona 3. <<”Franja de conexión, restauración y protección”, el Ministerio acoge la recomendación del Panel de Expertos en el sentido que debe constituirse una franja de conexión, restauración y protección de los pequeños relictos de bosque entre sí, con lo s cerros, la Sabana y el valle aluvial del río Bogotá, de tal suerte que se de continuidad este - oeste a dichos ecosistemas a fin de no interrumpir los flujos de vida; manteniendo de esta forma los elementos estructurantes del sistema ecológico y ambienta l de La Sabana, y por lo tanto conservando sus funciones e importancia regional. Para esta franja el Panel de Expertos recomendó un ancho ideal de 1000 m; este Ministerio determinó que este ancho ya no es posible de lograr, debido a procesos de desarrollo previos y consolidados, razón por la cual determinó que se tendrá un ancho mínimo de 800 m. Con estas características, la franja constituye asimismo un elemento fundamental para equilibrar las demandas pasadas, presentes y futuras de desarrollo de Bogotá f rente a la oferta natural

ancho mínimo de 800 m. Con estas cara