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1 1 "' Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: Demandante:

Demandado: Referencia: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294) Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el

Caribe (CERLALC) Nación-Ministerio de Educación Nacional Medio d,3 control de Controversias Contractuales (CPACA) Tema: Convenio de cooperaciófi internacional. Subtema 1: Interpretación del contrato. Subtema 2: Inmunidad jurisdiccional. Subtema 3: Buena fe. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), proferida en audiencia inicial por el Tril)unal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda. l. SINTESIS DEL CASO El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y el Ministerio de Educación celebraron un convenio de cooperación y asistencia técnica, por el que la entidad pública colombiana se obligaba a transferir recursos que

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y el Ministerio de Educación celebraron un convenio de cooperación y asistencia técnica, por el que la entidad pública colombiana se obligaba a transferir recursos que habían sido conseguidos mfidiante un préstamo suscrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el 3anco Interamericano de Desarrollo (BID), para que el organismo de cooperación internacional realizara diversas labores encaminadas a conseguir los objetivos trazados en el Programa Nuevo Sistema Escolar (PNSE). Dentro de las obligaciones del CERLALC estaba la de restituir al tesoro nacional los rendimientos financieros g,•nerados por los fondos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional. Pese a que, durante la ejecución del convenio, la entidad colombiana consideró que esta obligación comprendía únicamente los recursos no comprometidos, esta varió su criterio, al considerar que cobijaba todos los fondos inmersos en el acuerdo de voluntades. Con fundamento en ese razonamiento, la entidad colombiana liquidé unilateralmente el Convenio, ordenando al Centro, la restitución de lo que conforme a este nuevo criterio adeudaría. Este último impugna los actos administrativos de liquidación unilateral ante esta Jurisdicción.

11. ANTECEDENTES 2.1. La demanda 2.1.1. El cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (en adelante, el Centro o CERLALC)1 1 Según certificó (f. 71. c. 1.) el CJordinador de Privilegios e Inmunidades. encargado de las funciones del

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (en adelante, el Centro o CERLALC)1 1 Según certificó (f. 71. c. 1.) el CJordinador de Privilegios e Inmunidades. encargado de las funciones del Director del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. el CERLALC "es un organismo internacional. con sede en la ciudad de Bogotá D. C., en virtud del Acuerdo de Cooperación Internacional, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y la UNESCO finnado en Parls el 1 de agosto de 1984 y aprobado mediante la Ley 65 de 1986".Radicado: 25000-23-36--000-2014-00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional (en adelante, el Ministerio o MEN) para que fueran concedidas favorablemente estas pretensiones: (i) que se declare la nulidad de la Resolución 6080 del 28 de julio de 2011, en especial sus numerales tercero y quinto, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 108 del 24 de diciembre de 2001 (en adelante, el Convenio) celebrado entre el CERLALC y el MEN, y la nulidad de la Resolución 8856 del 12 de octubre de 2011 que confirmó la decisión administrativa; (ii) que se declare que la demandante cumplió con la "obligación de restituir los rendimientos financieros que generaron los recursos disponibles del Convenio" mencionado; y (iii) que, como

del 12 de octubre de 2011 que confirmó la decisión administrativa; (ii) que se declare que la demandante cumplió con la "obligación de restituir los rendimientos financieros que generaron los recursos disponibles del Convenio" mencionado; y (iii) que, como consecuencia de lo anterior, se declare que el Centro "no debe suma alguna por concepto de restitución de rendimientos financieros causados por los recursos disponibles del Convenio". 2.1.2. En el soporte fáctico de la demanda, el Centro relató que: 2.1.2.1. El 24 de diciembre de 2001, esa entidad suscribió con el Ministerio el Convenio antes referido con el objeto de prestar cooperación y asistencia técnica para la ejecución de las actividades del Programa Nuevo Sistema Escolar (en adelante, el Programa o PNSE), en el que las partes se comprometían a aportar lo técnica y financieramente necesario para ejecutar las actividades relacionadas con el Programa. Dicho acuerdo de voluntades fue modificado en varias ocasiones, entre marzo de 2003 y marzo de 2009. 2.1.2.2. En el Convenio fue pactado que era obligación del CERLALC reintegrar al Tesoro Nacional los rendimientos financieros que se causaren con cargo a los recursos del Programa, dentro del mes siguiente al de su causación. 2.1.2.3. Durante la ejecución del Convenio, fue expedida la Ley 848 de 2003, que aprobó el presupuesto del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004. En su artículo 34, la ley de presupuesto reguló lo concerniente a los recursos originados en convenios con organismos internacionales; medida que fue reiterada en leyes presupuestales de vigencias fiscales posteriores, en: el

artículo 34, la ley de presupuesto reguló lo concerniente a los recursos originados en convenios con organismos internacionales; medida que fue reiterada en leyes presupuestales de vigencias fiscales posteriores, en: el artículo 33 de la Ley 921 de 2004, el artículo 30 de la Ley 998 de 2005, el artículo 30 de la Ley 111 O de 2006, el artículo 29 de la Ley 1169 de 2007, y el artículo 29 de la Ley 1260 de 2008. 2.1.2.4. El MEN interpretó el mencionado precepto legal, mediante comunicaciones de diferentes dependencias de la entidad, en el sentido de que "la obligación de restituir los rendimientos financieros por parte del CERLALC, se entendía de aquellos recursos del convenio que estuvieran disponibles. En otras palabras: por aquellos recursos que no estuvieran amparando compromisos u obligaciones". Al margen de ello, el Centro aduce que la entidad nunca expresó su inconformidad o le hizo saber que el acuerdo estaba siendo incumplido por este motivo, a tal punto que el Ministerio suscribió otros convenios con el CERLALC. 2.1.2.5. La Oficina Asesora Jurídica del MEN, "de manera sorpresiva y contraria al principio de buena fe, cambió la interpretación" del Convenio exteriorizada durante la ejecución de lo pactado, y "concluyó que dicho reintegro debió haberse hecho, incluso respecto de aquellos recursos que estuvieron comprometidos para el pago de obligaciones y contratos". Con fundamento en el concepto de la mencionada dependencia, el MEN requirió que el CERLALC reintegrara los recursos en los términos señalados por la Oficina Asesora Jurídica.

comprometidos para el pago de obligaciones y contratos". Con fundamento en el concepto de la mencionada dependencia, el MEN requirió que el CERLALC reintegrara los recursos en los términos señalados por la Oficina Asesora Jurídica. 2.1.2.6. El 1 O de agosto de 201 O, el Centro recibió del Ministerio una comunicación a la que adjuntaba un proyecto de acta de liquidación. No 2 F. 134-152, c. 1. Posteriormente, corregida y adicionada el 11 de mayo de 2006 (f. 331-336, c. 1) 2•• • .. Radicado: 25000-23-36--000-2014-00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para e/ Fomento del Libro en América Latina y e/ Caribe (CERLALC) habiendo llegado las partes a un pleno acuerdo en torno a este proyecto, la entidad pública decidió liquidar unilateralmente el Convenio, declarar que el MEN estaba a paz y salvo en sus obligaciones convencionales, y ordenar al CERLALC el reintegro de una suma equivalente a $2. 783.108.133,23 por concepto de rendimientos generados por los recursos comprometidos en la ejecución del Convenio, y dispuso notificar a la aseguradora que amparó el cumplimiento de éste. Esta decisión fue ratificada, al decidir el recurso de reposición que la aqui demandante interpuso en su contra. 2.1.3. A juicio de la parte actora, los actos demandados (i) fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, porque antes de la expedición del acto el Centro no fue enterado del informe final de interventoría; (ii) fueron expedidas de forma

2.1.3. A juicio de la parte actora, los actos demandados (i) fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, porque antes de la expedición del acto el Centro no fue enterado del informe final de interventoría; (ii) fueron expedidas de forma irregular puesto que la liquidación unilateral "sólo procedía respecto de los puntos objeto de desacuerdo, mas no en relación con la totalidad del Convenio"; (iii) fueron desconocidas normas superiores (especificamente las normas del presupuesto anual) a partir de lo sostenido por la Oficina Asesora Juridica del MEN; y (iv) fueron vulnerados los principios de buena fe y confianza legítima, y desconocimiento de los propios actos, así como de las reglas interpretativas del Código Civil; y que (v) incurrieron en falsa motivación, porque el acto debió ser antecedido por la declaración de incumplimiento contractual. 2.1.4. La actora sustentó sus pretensiones en la Constitución Política de Colombia (artículo 83), la Ley 80 de 1993 (artículo 13), en las normas presupuestales referidas anteriormente (supra. aptdo. 2.1.2), y en varios preceptos del Código Civil (artículos 1618, 1621 y 1622). 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia 2.2.1. El diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), el Tribunal admitió3 la demanda y ordenó la notificación a la entidad demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público. 2.2.2. El MEN contestó la demanda, y allí solicitó desestimar todas las pretensiones planteadas por el CERLALC4.

Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público. 2.2.2. El MEN contestó la demanda, y allí solicitó desestimar todas las pretensiones planteadas por el CERLALC4. 2.3. Audiencia inicial y fallo de primera instancia 2.3.1. El veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), el Tribunal adelantó la audiencia inicial5, a la que no asistió el representante del Ministerio Público. En esta oportunidad, resolvió declarar legitimado en causa por activa al CERLALC y por pasiva al MEN, e igualmente declarar el ejercicio oportuno del medio de control incoado por CERLALC. 2.3.2. Acto seguido, el litigio fue fijado en estos términos: "Establecer si la Res0lución 6080 del 28 de julio de 2011 expedida por la Ministra de Educación que liquidó unilateralmente el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 108 del 24 de diciembre de 2001, celebrado entre el CERLALC y el Ministerio de Educación, así como la Resolución 8856 del 12 de octubre de 2011, reposición contra la primera mencionada, adolecen de nulidad por los cargos expue·stos en la demanda que en criterio del Despacho pueden enmarcarse [sic] en haber sido expedidos irregularmente, motivados por falsa motivación [sic] e infracción de la Ley".

3 F. 324-325, c. 1. 4 F. 108-114. c. 1. 5 Acta de audiencia: F. 305-309, c. ppal. CD: f. 311 (min. 1 :47:29 en adelante). 3Radicado: 2500/J-23-36-000-2014-00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina ,. y el Caribe (CERLALC) 2.3.3. Al considerar que el asunto no requería la práctica de pruebas, se conformó la Sala de Decisión del Tribunal para adoptar la decisión de fondo en primera instancia durante la audiencia. Tras escuchar los alegatos de conclusión de las partes, el a quo profirió sentencia de primera instancia, en la que denegó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones: 2.3.3.1. No hay prueba de que se haya vulnerado el debido proceso por el hecho de que el demandante no haya conocido previamente el informe final del interventor, pues si bien la fundamentación de las resoluciones impugnadas tuvo en cuenta parcialmente este insumo, "/o cierto es que el imperativo legal era resolver la actuación administrativa y en criterio de la Sala la cuestión no era una cuestión [sic] de contabilidad del interventor sino una cuestión de interpretación". 2.3.3.2. Los actos no fueron expedidos irregularmente, porque demandada intentó la liquidación bilateral, de acuerdo con la cláusula 17ª del Convenio, sin que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo parcial de las partes, que el Centro pudiera haber suscrito con la consignación de salvedades en los puntos en los que estuviera inconforme.

que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo parcial de las partes, que el Centro pudiera haber suscrito con la consignación de salvedades en los puntos en los que estuviera inconforme. 2.3.3.3. En relación con el señalamiento relativo a la falta de aplicación y violación de la ley por la manera que debían 'restituirse los rendimientos financieros, incluso de aquellos comprometidos en obligaciones consolidadas, el Tribunal consideró que "/as partes eran /as que definían si eran /os rendimientos sobre todos /os recursos o solo sobre aquellos que no estuvieran comprometidos los que debían consignarse al Tesoro Nacional". A ello agregó que6: "Una recta comprensión de la cláusula conlleva [sic] a entender que la voluntad de las partes era que los rendimientos que debían reintegrarse al Tesoro Nacional eran la totalidad de los rendimientos financieros. Sin hacer referencia a /os recursos que estaban o no comprometidos. En este evento, hay que decir una cuestión muy clara: las reglas de contabilidad que hablan de la causación implican que el capital sale del patrimonio de la entidad cuando se gira a un tercero[ ... ], pero en este caso entender que los que estaban comprometidos no eran objeto de rendimientos sería afectar el Tesoro Nacional, sería disponer del tesoro público sin que hubiera autorización legal para hacerlo (min. 1 :58:02 a 1 :58:54) Advierte la Sala que las leyes invocadas como vulneradas fueron expedidas con posterioridad a la suscripción del contrato, y que, al momento del perfeccionamiento del contrato no existía regulación legal al respecto [ ... ]. [ ... ] Entonces, si vamos al problema de la voluntad de las partes [ ... ] exclusivamente era el que todos los rendimientos ... además en este punto hay

perfeccionamiento del contrato no existía regulación legal al respecto [ ... ]. [ ... ] Entonces, si vamos al problema de la voluntad de las partes [ ... ] exclusivamente era el que todos los rendimientos ... además en este punto hay que advertir que pese a que la Ley 848 de 2003 señaló que no estén amparando compromisos u obligaciones fue posterior, lo cierto es que no hubo condicionamiento, y este específico literal que estoy leyendo del artículo 34 [ ... ] no hizo parte del convenio, pero si lo hubiera hecho y fuera tan claro no se hubieran presentado /as situaciones que se presentaron conceptualmente al interior del Ministerio, acuérdense que el Ministerio debió agotar una consulta interna; que la Contraloría después, en el 2009, hizo como función de advertencia, dijo: esos son dineros de la Nación, y el problema de los dineros de la Nación, como dice la Constitución, es que no pueden disponerse sino por disposición, por obra del presupuesto de la Nación o de cada entidad. 6 Lo destacado en letra cursiva es agregado por esta Sala a partir del soporte digital audiovisual de la audiencia. El ponente de la decisión pronunció estas afirmaciones en la diligencia, pero estas no aparecen consignadas en el acta. Entre paréntesis consta el minuto en que el a quo comunicó oralmente estas consideraciones añadidas. 4.. Radicado: 25000-23-36--000-2014-00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALCJ Recordemos también que el convenio había establecido un capital que recibiría de un préstamo ( ... ] que convertía esos dineros en recursos públicos, y que sobre ellos se pagaría por la intermediación, por la colaboración, porque en este

y el Caribe (CERLALCJ Recordemos también que el convenio había establecido un capital que recibiría de un préstamo ( ... ] que convertía esos dineros en recursos públicos, y que sobre ellos se pagaría por la intermediación, por la colaboración, porque en este momento no estamos, ni tampoco da el tiempo para decir que fue además un convenio de cooperación o de colaboración u otro distinto, sino que tenemos que atenernos al texto literal del convenio. Por eso, como los recursos públicos no pueden ser ociosos o improductivos y solo pertenecen a la Nación y al Estado, pues cuando [ ... ] se causa la salida de ese dinero, es que no hay lugar a ningún rédito financiero y, ya visto desde otro punto de vista [ ... ] en el convenio se estableció que habían unos valores a cargo del CERLALC, de la totalidad de lo que se recibiera por parte del presupuesto, por el precio de ese convenio; si distinguimos entre los rendimientos que estaban comprometidos y decimos que no pertenecían a la Nación estamos resolviendo por contera que sí pertenecían al CERLALC, lo cual. ya desde el punto de vista del presupuesto y la legalidad del presupuesto, y la legalidad del gasto, y la indisponibilidad por un medio distinto que no sea la ley o el acuerdo ( ... ) pues, esos rendimientos deberían ser consignados al Tesoro Nacional, y en últimas fue lo que terminaron concluyendo los actos administrativos (min. 1 :59: 13 a 2:02:48). [ ... ] en consecuencia, la Sala considera que la voluntad de las partes no era la que determinaba qué clase de recursos generaban rendimientos que debían consignarse al Tesoro Nacional, por lo que ante la ausencia de especificación

[ ... ] en consecuencia, la Sala considera que la voluntad de las partes no era la que determinaba qué clase de recursos generaban rendimientos que debían consignarse al Tesoro Nacional, por lo que ante la ausencia de especificación se entiende que eran todos aquellos que fueron girados al CERLALC, incluidos los comprometidos hasta el momento que permanecieran a disposición del organismo". 2.3.3.4. Sobre la nulidad de los actos por no aplicar las pautas interpretativas del Código Civil, el Tribunal afirmó que estas "no son aplicables mutatis mutandi a los convenios en materia administrativa por tratarse de negocios en los que están inmersos recursos que hacen parte del Tesoro Público." En este aspecto, en desarrollo de la audiencia, el a quo apuntó: "La interpretación de los negocios jurídicos. Es cierto que los negocios jurídicos realizados al amparo del estatuto estatal, como los convenios interadministrativos, pueden, en algún momento, por remisión de la misma ley, estar regulados por las normas de los contratos civiles, pero la interpretación de los contratos civiles 110 es aplicable mutatis mutandi al estatuto estatal, porque la primera condición es que los dineros que se están involucrando en el convenio son dineros públicos [ ... ) que pertenecen al tesoro nacional, cuya disponibilidad no puede ser de otra manera que la estipulada en la ley, y obviamente aquí por el convenio suscrito entre el Ministerio y el CERLALC. De tal manera que la aplicación de esos principios es válida hasta tanto no contraríen las reglas del presupuesto, la legalidad del presupuesto, y la intangibilidad y destino propio del tesoro público o de los dineros que hacen parte del tesoro público.

aplicación de esos principios es válida hasta tanto no contraríen las reglas del presupuesto, la legalidad del presupuesto, y la intangibilidad y destino propio del tesoro público o de los dineros que hacen parte del tesoro público. [ ... ] si la costumbre constituyera ley, y pudiera ir, en el caso del presupuesto nacional [ ... ] contra io dispuesto en las leyes o los contratos, se podría hacer interpretaciones de carácter privatista, como las hace el CERLALC. Es cierto que el Ministerio dio pie é la situación que se está presentando; y que el Ministerio, supuestamente obrando en base a [sic] una facultad establecida en la ley del presupuesto nacional, dijo que los rendimientos [ ... ] solo comprendían los recursos no comprometidos u obligaciones que no estuvieran ya destinadas a un determinado proyecto, y esa interpretación de la ley no podía hacerla el Ministerio, tanto es que la Contraloría, cuando revisa toda la situación insiste en que esos rendimientos son del tesoro nacional y hace un llamado de advertencia. Entonces frente a esta situación, las interpretaciones de la Oficina Jurídica, la costumbre que había asumido, inclusive sabiendo que el contrato no había 5Radicado: 25000-23-36-000-2014-00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina • y el Caribe (CERLALC) terminado quedaba sin ningún valor porque, desde el 2008, la cuestión volvió a su curso y se suprimió el acápite de que no estén amparando compromisos u obligaciones, porque, insisto, desde el punto de vista contable es lo que normalmente se entiende que los recursos, hasta el momento en que no salen del patrimonio de una persona pertenecen a ella y, obviamente, producen

obligaciones, porque, insisto, desde el punto de vista contable es lo que normalmente se entiende que los recursos, hasta el momento en que no salen del patrimonio de una persona pertenecen a ella y, obviamente, producen rendimientos para su titular, pero aquí el titular no era el que manejaba el proyecto, ni el que recibía los dineros, el titular [ ... ] esos dineros, esos rendimientos pertenecen al tesoro nacional, independiente de que estén o no comprometidos, obvio que si los dineros salen no puede haber más rendimiento ni puede haber más reintegro al tesoro nacional [ ... ] tiene lógica y tiene asiento en los principios [ ... ] de la hacienda pública [ ... ] y el mecanismo como se deben disponer es el presupuesto. [ ... ] Aquí, los honorarios o la participación que el CERLALC recibiría eran del tesoro nacional, pero estaban amparados por la autorización, les decía: su colaboración vale el dos punto cuatro por ciento del valor total del convenio, cualquiera que sea. [ ... ] De entender cosa distinta se estaría disponiendo en abstracto sobre dineros que_ nunca podían pertenecer a una entidad privada o a un organismo público, cualquiera que sea, si no estaban destinados. Además, hubiera sido una disposición [ ... ] más allá de lo que establecfa el contrato" (Min. 2:02:48 a 2:08:04). 2.3.3.5. En relación con los principios de confianza legitima y buena fe contractual, consideró que "aduciendo estos principios no se puede quebrantar el Tesoro Público que es un bien superior". 2.3.3.6. Por último, respecto al cargo de falsa motivación, estimó el Tribunal que "las resoluciones acusadas no impusieron sanciones ni multas, sino que sólo dio

el Tesoro Público que es un bien superior". 2.3.3.6. Por último, respecto al cargo de falsa motivación, estimó el Tribunal que "las resoluciones acusadas no impusieron sanciones ni multas, sino que sólo dio aviso a la aseguradora para e/ trámite pertinente". 2.3.3.7. Finalmente, el Tribunal condenó en costas a la demandante y fijó la suma de $8'349.925 por concepto de agencias en derecho. 2.4. El recurso de apelación El seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), la pfirte demandante interpuso recurso de apelación7 contra la sentencia, suplicando su revocación y que, en su lugar, fueran estimadas favorablemente las pretensiones de la demanda. En esta oportunidad, la recurrente planteó estos puntos de reproche: 2.4.1. Que el Tribunal erró por desconocer el entendimiento que las mismas partes dispensaron a la cláusula 2.2.44 del Convenio, relacionada con la obligación de consignar los rendimientos financieros, en cuanto estos "se limitaba[n] a aquellos generados por recursos ociosos o no comprometidos". Esto, conforme a las reglas de interpretación aplicables al caso, las de los artículos 1618 y 1622 del Código Civil , a las que remite el articulo 13 de la Ley 80 de 1993, en las cuales se establece la intención de los contratantes y la aplicación de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, como parámetros para dar sentido al acuerdo de voluntades. 2.4.1.1. En ese orden de ideas, para el apelante debieron tomarse en consideración las comunicaciones y conceptos del MEN, las actas de reuniones

como parámetros para dar sentido al acuerdo de voluntades. 2.4.1.1. En ese orden de ideas, para el apelante debieron tomarse en consideración las comunicaciones y conceptos del MEN, las actas de reuniones sostenidas entre las partes, las certificaciones del interventor y la prórroga del Convenio, para así: "[ ... ] tener en cuenta la forma en que a lo largo de la ejecución del Convenio las partes dieron por cumplida dicha obligación y las diferentes manifestaciones del Ministerio de Educación Nacional que dieron lugar a la posición adoptada por 7 F. 312-317, c. ppal. 6•• • Radicado: 25000-23-36--000-2014-00136-01 (56294) Actor: Cenúo Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) ambas parles, esto es, que el CERLALC debía restituir los rendimientos financieros de los recursos ociosos, hechos cierlos y debidamente probados en el proceso [ ... ]". 2.4.1.2. Igualmente, expresa el apelante que el Tribunal dejó de lado lo pactado por las partes en el convenio 127 de 1999 celebrado por las mismas partes, particularmente en los acuerdos a los que se llegó mediante el acta de liquidación bilateral de dicho negocio, en el que se pactó que únicamente debían reintegrarse los rendimientos financieros de los recursos no ejecutados ni comprometidos. 2.4.2. Que el a quo no debió discurrir sobre la incidencia de las leyes de presupuesto de las vigencias 2005 a 2009, que sustentaban y legitimaban la interpretación que las mismas partes dieron al acuerdo de voluntades, en cuanto

2.4.2. Que el a quo no debió discurrir sobre la incidencia de las leyes de presupuesto de las vigencias 2005 a 2009, que sustentaban y legitimaban la interpretación que las mismas partes dieron al acuerdo de voluntades, en cuanto dichas leyes no serían aplicables al contrato, porque este fue suscrito en una fecha anterior a su entrada en vigor y estas normas se aplicaban a los convenios que comprometieran recursos públicos de la vigencia fiscal de 2002 y anteriores. 2.4.3. Que echa de menos la aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima, así como la teoría de los actos propios, que al ser soslayados bajo el entendido de que no podían quebrantar el Tesoro Público, considerado un bien jurídico superior, se desconoció que aquellos principios buscan proteger los derechos de los particulares, en el marco de un Estado Social de Derecho, "evitando desamparar a quien actuando de buena fe, cree, dada la conducta del Estado, tener legitimidad". Así, el cambio abrupto en el actuar del MEN respecto de sus conductas y pronunciamientos anteriores habría quebrantado principios de raigambre constitucional. Y agrega que la interpretación dada por las partes no contravenía el principio de legalidad, sino que, por el contrario, lo desarrollaba, al seguir lo ordenado por las normas presupuestales anuales. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia 2.5.1. El diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el despacho sustanciador de segunda instancia admitió el recurso de apelaciónª. 2.5.2. Posteriormente, en la etapa para presentar alegatos de conclusión en segunda

segunda instancia admitió el recurso de apelaciónª. 2.5.2. Posteriormente, en la etapa para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia9, las partes reiteraron sus argumentos de cierre10 . El agente del Ministerio Público ante esta Corporación no presentó concepto.

111. PROBLEMAS JU RÍDICOS De acuerdo con la parte motiva de la sentencia de primera instancia, y con los motivos de inconformidad expresados por el apelante frente a la sentencia de primera instancia, la Sala deberá solucionar el siguiente problema jurídico: ¿La obligación de CERLALC de reintegrar los rendimientos financieros de recursos del programa objeto del contrato celebrado debió comprender los rendimientos de todos los recursos del programa, como se determinó en los actos de liquidación?

Si bien, dadas las particularidades del caso, la Sala deberá profundizar en el régimen jurídico sustancial del contrato (acápite 5.2), cabe anticipar que este interrogante deberá responderse conforme a lo. dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la 8 F. 325, c. ppal. 9 F. 331, c. ppal. 10 F. 332-338, c. ppal. (MEN); f. 343-365 (CERLALC) 7Radicado: 25000-23-36-000-2014 -00136-01 (56294) Actor: Centro Regional para el Fomento del Libro en América La6na • y el Caribe (CERLALC) Administración Pública (EGCAP), más exactamente, en fiI artículo 13, incisos primero y cuarto, de la Ley 80 de 19 93, vigentes al momento de celebrar el Convenio.

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL

PROBLEMA JURÍDICO1 1

y cuarto, de la Ley 80 de 19 93, vigentes al momento de celebrar el Convenio.

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL

PROBLEMA JURÍDICO1 1

Sobre el convenio 12 7 de 1999, suscrito entre las mismas partes del convenio subjudice 4.1. Según el acta de liquidación bilateral aport