CE - 250002336000201401168011SENTENCIA20230327143442

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) marzo de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 25000-23-36-000-2014-01168-01 (56.919)

Demandante: JUAN FRANCISCO ROMERO GAITÁN

Demandado: NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR

JURISDICCIONAL

Síntesis del caso: la parte demandante alega un error jurisdiccional contenido en las decisiones del 8 de junio de 2012 dictadas por la Superintendencia de Sociedades, mediante las cuales se rechazó la solicitud de recon ocimiento de créditos presentada por el señor Juan Francisco Romero Gaitán en el proceso concursal de liquidación judicial de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA, aspecto este que, considera, causó un daño antijurídico que debe ser reparado. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 367 a 387 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B (fls. 345 a 361 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la de manda, conforme a lo expuesto en la presente audiencia.

345 a 361 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la de manda, conforme a lo expuesto en la presente audiencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora por las razones señaladas en la presente audiencia. Se fija por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada – Nación – Superintendencia de Sociedades, la suma equivalente al 1% de las pretensiones de la demanda (…).” (fl. 188 vlto. cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 13 de agosto de 2014 (fl. 34 cdno. ppal.), el señor Juan2

Expediente 25000-23-36-000-2014-01168-01 (56.919) Actor: Juan Francisco Romero Gaitán Reparación directa Apelación sentencia

Francisco Romero Gaitán, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrada en el artículo 140 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA contra la Nación – Superintendencia de Sociedades (fls. 2 a 33 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Se DECLARE responsable a la NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por haber incurrido en ERROR JUDICIAL en sus pronu nciamientos dentro del proceso concursal de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A., según los explicado en los hechos.

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por haber incurrido en ERROR JUDICIAL en sus pronu nciamientos dentro del proceso concursal de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A., según los explicado en los hechos.

SEGUNDA: Que en consecuencia se CONDENE a la NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a pagar al señor JUAN FRANCISCO ROMERO GAITÁN los perjuicios que le fueron ocasionados,

consistentes en lo siguiente:

a) La suma de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($20.388.272.586.oo), equivalentes a lo que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE

HILAZAS VANYLÓN S.A.

b) La suma de mil novecientos sesenta y cinco millones seiscientos mil pesos ($1.965.600.000.oo), equivalentes a lo que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de quinta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A.

c) La suma de mil veintitrés millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete pesos ($1.023.475.757.oo), equivalentes a lo que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYL ÓN S.A.

que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYL ÓN S.A.

d) La suma de novecientos ochenta y tres millones quinientos noventa mil pesos ($983.590.000.oo), equivalentes a lo que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A.

e) La suma de novecientos ochenta y tres millones quinientos noventa mil pesos ($983.590.000.oo), equivalentes a lo que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A. (sic).

f) La suma de novecientos ochenta y tres millones quinientos noventa mil pesos ($983.590.000.oo), equivalentes a lo que mi representado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación3

Expediente 25000-23-36-000-2014-01168-01 (56.919) Actor: Juan Francisco Romero Gaitán Reparación directa Apelación sentencia

judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A. (sic).

g) La suma de setecientos ochenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil pesos ($786.872.000.oo), equivalentes a lo que mi represen tado

judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A. (sic).

g) La suma de setecientos ochenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil pesos ($786.872.000.oo), equivalentes a lo que mi represen tado dejó de recibir dentro del proceso concursal, como consecuencia del desconocimiento del crédito de cuarta clase del proceso de liquidación judicial de la sociedad FÁBRICA DE HILAZAS VANYLÓN S.A.

TERCERA: Que se CONDENE a la NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a pagar al señor JUAN FRANCISCO ROMERO GAITÁN los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero referidas en la pretensión precedente, liquidados a la máxima tasa legal permitida, desde el día 8 de junio de 2012 hasta la fecha en que se haga el pago efectivo.” (fls. 3 a 5 cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. Mediante auto número 400 -018359 del 23 de noviembre de 2011 , la Superintendencia de Sociedades decretó de oficio la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA por razón “ del incumplimiento del acuerdo concordatario en el que venía incursa la sociedad” (fl. 5 cdno. ppal.) y, el 15 de diciembre de 2011 fijó el respectivo aviso por el término de diez días “informando a los acreedores sobre la apertura del proceso de liquidación,

cdno. ppal.) y, el 15 de diciembre de 2011 fijó el respectivo aviso por el término de diez días “informando a los acreedores sobre la apertura del proceso de liquidación, para que presentaran sus créditos de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1116 de 2006” (fl. 5 cdno. ppal.).

1. El señor Juan Francisco Romero Gaitán , a través de su apoderado y dentro del término legal, presentó ante el liquidador de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA “los créditos suyos a cargo de la concursada, con el fin de hacerlos valer dentro del trámite de la liquidación” (fl. 6 cdno. ppal.) y, para demostrar la existencia de los mismos, además de las pruebas que ya tenía el liquidador, aportó unas certificaciones expedidas por la contadora y el tesorero de la sociedad Vanylón SA en los que estos reconocieron los créditos.

1. El 23 de marzo de 2012, el liquidador de Vanylón SA presentó el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos, en el cual aceptó y reconoció en favor del señor Juan Francisco Romero Gaitán los siguientes: i) un crédito de cuarta clase por4

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valor de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($20.388.272.586), ii) seis créditos de quinta clase por valor , cada uno, de más de setecientos ochenta y seis millones de pesos

valor de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($20.388.272.586), ii) seis créditos de quinta clase por valor , cada uno, de más de setecientos ochenta y seis millones de pesos ($786.000.000) y, iii) un crédito “concordatario” por la suma de ciento treinta y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos ($132.784.760).

1. La sociedad Monómeros Colombo Venezolanos SA (en adelante Monómeros SA) solicitó que los cré ditos en favor del señor Juan Francisco Romero Gaitán se rechazaran por estimar, entre otros aspectos, que las certificaciones expedidas por la contadora y el tesorero de la sociedad Vanylón SA no ten ían las características de un título ejecutivo.

1. El 8 de junio de 2012 , la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia en “la audiencia de resolución de objeciones” rechazó los créditos presentados por el señor Juan Francisco Romero Gaitán quien, durante la misma audiencia, presentó recurso de reposición, el cual fue denegado.

1. La audiencia de resolución de objeciones no fue grabada y días después se agregó en el expediente el acta de aquella sin que los participantes pudieran controvertir su contenido, además, el acta no registra todos los argumentos que en su momento el apoderado del aquí demandante expuso en contra de la decisión que rechazó los créditos presentados en favor del señor Juan Francisco Romero Gaitán.

1. El 29 de agosto de 2012, el señor Juan Francisco Romero Gaitán instauró una acción constitucional de tutela en contra de la Superintendencia de Sociedades por

rechazó los créditos presentados en favor del señor Juan Francisco Romero Gaitán.

1. El 29 de agosto de 2012, el señor Juan Francisco Romero Gaitán instauró una acción constitucional de tutela en contra de la Superintendencia de Sociedades por considerar, entre otros aspectos, que en la audiencia del 8 de junio de 2012 se vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y propiedad; la acción de tutela fue conocida por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá quien en proveído del 24 de septiembre de 2012 consideró que no existió una vulneración de los derechos del aquí actor, decisión que fue confirmada el 17 de octubre de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional , quien “ resolvió que la acción de tutela era improcedente por existir otros mecanismos de protección de los derechos reclamados” (fl. 12 cdno. ppal.).5

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1. La Superintendencia de Sociedades en las decisiones del 8 de junio de 2012 incurrió en error jurisdiccional, por las siguientes razones:

a) De manera arbitraria desconoció el crédito de cuarta clase que ascendía a la suma de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($20.388.272.586) por el hecho de estimar que la obligación se encontraba prescrita, aspecto que no es cierto pues, la deuda no se

de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($20.388.272.586) por el hecho de estimar que la obligación se encontraba prescrita, aspecto que no es cierto pues, la deuda no se encuentra soportada en facturas cambiarias ni títulos valores y se “ dio el fenómeno de la renuncia de la prescripción extintiva” (fl 15 cdno. ppal.) , además, la Superintendencia de Sociedades en el momento de resolver el recurso de reposición no analizó todos los argumentos que en este se expusieron.

b) Los demás créditos los rechazó por considerar que i) estos se originaron en una cesión en favor del señor Juan Francisco Romero Gaitán la cual no fue debidamente probada en el proceso pues, esta “ no fue presentada por el ac reedor” (fl. 26 cdno. ppal.) sino por el liquidador y, ii) las certificaciones expedidas por Helm Bank, Royal Bank Canadian y Suminex SA, en las que constaba la subrogación de créditos en favor del señor Romero Gaitán no eran válidas , porque le correspondía al a hora demandante allegar la prueba de aquella.

Para el demandante, los argumentos de la Superintendencia de Sociedades son equivocados porque i) “conforme al artículo 1960 del Código Civil la cesión de derechos no produce efectos contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este ” (fl. 27 cdno. ppal.) ; ii) si bien las certificaciones expedidas por Helm Bank, Royal Bank Canadian y Suminex SA fueron aportadas por el liquidador, no lo es menos que durante el traslado de las objeciones solicitó que se tuvieran en cuenta dichas pruebas y “no tiene sentido que,

bien las certificaciones expedidas por Helm Bank, Royal Bank Canadian y Suminex SA fueron aportadas por el liquidador, no lo es menos que durante el traslado de las objeciones solicitó que se tuvieran en cuenta dichas pruebas y “no tiene sentido que, encontrándose esos documentos en el expediente, debieran ser allegados de nuevo” (fl. 28 cdno. ppal.).

De igual manera , para cada crédito se aportó la certificación expedida por la contadora y el tesorero de la empresa Vanylón en las que consta la existencia y cuantía de cada obligación y su calidad de acreedor, obligaciones que fueron reconocidas por el liquidador en el proyecto de calificación y graduación de créditos.6

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c) El artículo 11 de la Ley 1116 de 2006 dispone que durante el proceso de reorganización se puede comparecer de manera directa o a través de apoderado, sin embargo, cuando el proceso ya se encuentra en la etapa de liquidación solo se puede comparecer mediante apoderado judicial y, en este caso en concreto, fue el representante legal de la sociedad Monómeros -el cual no acreditó la calidad de abogadoquien, actuando “de mala fe” objetó los créditos presentados por el señor Juan Francisco Romero Gaitán de manera que “la Superintendencia no debió escucharlo ni en la presentación de sus créditos ni en la de las objeciones ” (fl. 29 cdno. ppal.).

d) La elaboración del acta de la a udiencia del 8 de junio de 2012 fue irregular, toda

escucharlo ni en la presentación de sus créditos ni en la de las objeciones ” (fl. 29 cdno. ppal.).

d) La elaboración del acta de la a udiencia del 8 de junio de 2012 fue irregular, toda vez que no cumplió con las solemnidades previstas en el artículo 109 del CPC pues, pese a que el liquidador hizo una grabación de aquella, la delegada afirmó que esta no era oficial y tampoco redactó el a cta para la firma de los asistentes una vez la audiencia finalizó.

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 6 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera – Subsección B admitió la demanda y ordenó la notificación personal del representante legal de la Superintendencia de Sociedades (fl. 58 a 60 cdno. ppal.).

Mediante escrito radicado el 17 de abril de 2015, la Nación - Superintendencia de Sociedades se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 70 a 100 cdno. ppal.) con sustento en lo siguiente:

1. No existió ninguna arbitrariedad con el rechazo del crédito que ascendía a la suma de $20.388.272.586 pues, i) dicho crédito se encuentra soportado en unas facturas que están prescritas, el actor pretendió revivir la prescripción con la celebración de un contrato ; ii) el señor Juan Francisco Romero Gaitán , en su momento fue el propietario de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA y pese a que conocía de la prescripción , realizó la solicitud de reconocimiento del crédito con el cual “los acreedores simplemente quedarían sin que se les reconociera el derecho de los

propietario de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA y pese a que conocía de la prescripción , realizó la solicitud de reconocimiento del crédito con el cual “los acreedores simplemente quedarían sin que se les reconociera el derecho de los créditos que probaron dentro del proceso” (fl. 73 cdno. ppal.); iii) no existió renuncia7

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de la prescripción y aún si se pensara en una acción ejecutiva ordinaria, las facturas presentadas por el demandante se encontraba n prescritas y, iv) corresponde a la persona titular del crédito probar su existencia, situación que en este caso no ocurrió, ya que el acreedor se limitó a presentar unas certificaciones expedidas por personas que fueron sus subalternos, las cuales no se encontraban respald adas con otras pruebas.

1. El hecho de que el liquidador elabore un proyecto de calificación en el cual se incluyan obligaciones de un acreedor no implica que el crédito deba ser reconocido ni mucho menos que existe una renuncia a la prescripción , en otras palabras, el documento presentado por el liquidador tan solo es un proyecto sobre la existencia de créditos que , puede ser objetado por los demás acreedores. Es el juez del concurso el único que tiene la competencia para reconocer los créditos, lo cu al se realiza en el auto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto

1. La sociedad Monómeros SA era un acreedor que ostentaba el 89% de los derechos de voto dentro del proceso concursal de liquidación judicial de la sociedad

realiza en el auto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto

1. La sociedad Monómeros SA era un acreedor que ostentaba el 89% de los derechos de voto dentro del proceso concursal de liquidación judicial de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA, asimismo era el mayor adjudicatario de los bienes de aquella y, de conformidad “con el pro yecto de adjudicación presentado por el liquidador como prenda general de los acreedores en su mayoría pasó a manos de Monómeros a causa de la insolvencia del deudor Romero Gaitán, situación que pretendió evitar el actor alegando sin probarlo, ser el titular de créditos de igual o mejor derecho que los de Monómeros” (fl. 79 cdno. ppal.).

1. La sociedad Monómeros SA , como todo acreedor , podía objetar los demás créditos presentados por los otros acreedores y, en ese sentido, aquella alegó que varios de los créditos presentados por el señor Juan Francisco Romero Gaitán se encontraban prescritos, argumento que el juez del concurso acogió co n soporte en los documentos presentados, sin que por ello se pueda afirmar que la decisión no estuvo motivada o que se cometió un error jurisdiccional.

1. El señor Juan Francisco Romero Gaitán no aportó la prueba idónea sobre el hecho de que los créditos que reclamaba los había adquirido mediante un a cesión, el demandante solo aportó unas certificaciones que no acreditaban legalmente la8

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cesión de dichos créditos, de allí a que los créditos de quinta clase y el “concordatorio” fueran rechazados.

1. Contrario a lo señalado por el aquí demandante, la Ley 1116 de 2006 no exige que en los procesos de liquidación se deba actuar a través de un abogado, por ende, Monómeros SA “acudió directamente a través de su representante legal inscrito ante la Cámara de Comercio, tal como lo hicieron la mayoría de los acreedores laborales que se hicieron parte en el proceso liquidatorio” (fl. 82 cdno. ppal.).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B en providencia del 16 de diciembre de 2015 negó los requerimientos de la demanda y condenó en costas a la parte actora (fls. 345 a 361 cdno. apelación), por las siguientes razones:

1. El señor Juan Francisco Romero Gaitán , en el proceso concursal de liquidación judicial de la sociedad Fábrica de Hilazas Vanylón SA solicitó ser reconocido como acreedor en virtud de unos créditos que sumaban un total de veintiséis mil quinientos setenta y cinco millones ciento veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos ($26.575.126.676), sin embargo, para probar la existencia de la deuda tan solo aportó copia de unas certificaciones expedidas por la contadora y tesorera de Vanylón SA en las cuales se adujo que la concursada le adeudaba al aquí actor

aportó copia de unas certificaciones expedidas por la contadora y tesorera de Vanylón SA en las cuales se adujo que la concursada le adeudaba al aquí actor dicho valor.

La Superintendencia de Sociedad es de manera razonada concluyó que tales certificaciones no eran prueba suficiente para demostrar la existencia de las obligaciones reclamadas, en especial si se considera que el señor Juan Francisco Romero Gaitán en el proceso de liquidación judicial no acreditó de manera fehaciente que dichas o bligaciones le fueron cedidas, en consecuencia, puede concluirse que el rechazo de los créditos no obedeció a una decisión caprichosa y vulneradora de derechos fundamentales del ahora demandante.

1. De igual forma, no se aprecia la existencia de un error judicial en las decisiones de la Superintendencia de Sociedades que rechazaron la solicitud de reconocimiento9

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de crédito presentada por el actor del proceso de la referencia pues, se acreditó lo siguiente:

a) De conformidad con el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, no basta afirmar “que una concursada adeuda una cantidad de dinero ” para tener por cierto el crédito, sino que, debe aportarse la prueba de la existencia de la deuda, la cual puede ser el documento que dio origen a la obligación u otro medio de prueba que lleve a la certeza acerca de la existencia de la obligación.

b) El demandante solicitó que el crédito por valor de veinte mil trescientos ochenta y

puede ser el documento que dio origen a la obligación u otro medio de prueba que lleve a la certeza acerca de la existencia de la obligación.

b) El demandante solicitó que el crédito por valor de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($20.388.272.586) le fuera reconocido , petición que fue negada por existir prescripción de la obligación.

c) De los documentos aportados en el proceso, se tiene que el mencionado crédito pertenecía originalmente a la sociedad Monómeros SA quien, mediante contrato celebrado el 7 de octubre de 2008 , lo subrogó al aquí actor. El contrato no cambia la naturaleza de la obligación, la cual corresponde a una serie de facturas cambiarias de compraventa que se asimilan a letras de cambio y, para su cobro, el demandante debía demostrar que estas cumplían con todos los requisitos de validez, aspecto que no se probó.

d) En el contrato del 7 de octubre de 2008, la sociedad Monómeros SA le advirtió al ahora demandante que las facturas que le subrogaba tenían más de 1080 días de vencimiento, aspecto que se encuentra corroborado con la certificación expedida por la contadora y el tesorero de la concursada Fábrica de Hilazas Vanylón SA pues, la última factura relacionada, que corresponde a la número 0275021, tenía como fecha de vencimiento el 8 de noviembre de 2004, es decir, que para el 25 de enero de 2012, fecha en que el actor solicitó el reconocimiento del crédito en el trámite de liquidación judicial, el término de prescri pción de tres (3) años que establece el

2012, fecha en que el actor solicitó el reconocimiento del crédito en el trámite de liquidación judicial, el término de prescri pción de tres (3) años que establece el artículo 779 en concordancia con el 789 del Código de Comercio, se encontraba más que superado.

Lo anterior evidencia que el señor Juan Francisco Romero Gaitán conocía de la prescripción de las facturas y, pese a ello, decidió ser subrogatorio de dichos títulos.10

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e) De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, la declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce la disolución de la persona jurídica, en consecuencia, si bien el liquidador es el representante legal de la sociedad que se liquida, dicha representación solo se ejerce para efectos y trámites atinentes a la liquidación, por lo tanto, el liquidador no puede renunciar a la prescripción de obligac iones generadas con anterioridad a la fecha en que empezó a desempeñar sus funciones.

f) Para el demandante existió mala fe de Monómeros SA, en la medida que dicha sociedad le subrogó unas facturas cambiarias y luego en el trámite de liquidación de Fábrica de Hilazas Vanylón SA objetó el crédito que se fundaba en dichas facturas; al respecto, fue razonable lo afirmado por la Superintendencia de Sociedad es en el sentido de que cualquier discusión en torno al contrato suscrito entre Monómeros SA y el actor correspondía a la jurisdicción ordinaria y no del proceso de liquidación.

al respecto, fue razonable lo afirmado por la Superintendencia de Sociedad es en el sentido de que cualquier discusión en torno al contrato suscrito entre Monómeros SA y el actor correspondía a la jurisdicción ordinaria y no del proceso de liquidación.

g) El representante legal de l a sociedad Monómeros SA se encontraba facultado para objetar los créditos presentados por los demás acreedores pues, una interpretación sistemática y finalista de la Ley 1116 de 2006 da cuenta que si en los procesos de liquidación judicial los acreedores pueden acudir de manera directa en el proceso de reorganización, nada impide que también lo hagan durante el trámite de las objeciones del proceso de liquidación judicial de una sociedad, en todo caso, lo cierto es que la sociedad Monómeros SA en el momento de radicar la objeción de los crédit os presentados por el señor Romero Gaitán a ctuó a través de un profesional del derecho pues, su representante legal era el abogado César Augusto Lorduy Maldonado, calidad que se evidencia en la certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

1. Contrario a lo dicho por el demandante, el juez del concurso motivó la decisión judicial que rechazó la solicitud de créditos por aquel presentada.

1. En cuanto a los demás créditos, el tribunal puso de presente que, como al igual que el anterior, el actor pretendía acreditarlos solo con la certificación expedida por la contadora y el tesorero de la sociedad en liquidación, tales certificaciones no eran prueba suficiente para demostrar con certeza la existencia d e las obligaciones11

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la contadora y el tesorero de la sociedad en liquidación, tales certificaciones no eran prueba suficiente para demostrar con certeza la existencia d e las obligaciones11

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reclamadas, sumado al hecho de que el demandante no acreditó legalmente dentro de ese proceso que dichas obligaciones le hubiesen sido cedidas, razón por la cual podía concluirse que el rechaz o de tales créditos por parte de la entidad demanda no obedeció a una decisión caprichosa y vulneradora de derechos fundamentales.

1. El demandante adujo que en el trámite del proceso concursal de liquidación judicial y, en especial, en el desarrollo de la audiencia de calificación y graduación de créditos no se tuvieron en cuenta todos los argumentos expuestos en el recurso de reposición, sin embargo, esto no fue probado y , en todo caso, ello no afectó la decisión proferida el 8 de junio de 2012 toda vez q ue los argumentos del demandante no tenían el fundamento suficiente para que los créditos fueran reconocidos.

5. Recurso de apelación

El 6 de febrero de 2016, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 367 a 368 cdno. apelación), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1. El crédito por valor de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ( $20.388.272.586) no estaba

se resumen así:

1. El crédito por valor de veinte mil trescientos ochenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ( $20.388.272.586) no estaba prescrito, toda vez que, si bien se soportó en varias facturas que en su momento pertenecían a Monómeros SA, estas fueron subrogadas en favor del aquí demandante, quien presentó la respectiva reclamación dentro del proceso concursal de liquidación judicial , además, en la demanda se explicitó que los aludidos documentos no tenían la cualidad de ser facturas cambiarias y que tampoco se ejercitaba la acción cambiaria, razón por la cual la Superintendencia debió dar aplicación al artículo 2536 del Código Civil y no al 789 del Código d e Comercio, porque dichos documentos no cumplían con los requisitos previstos por los artículos 621 y 774 del Código de Comercio, en