CE - 25000233600020140127101120230717153908

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 25000-23-36-000-2014-01271-01 (57105)

Actor: ÉDGAR VESGA SUÁREZ

Demandado: EMGESA SA ESP Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. NEXO DE CAUSALIDAD-Se debe acreditar que la falla del servicio es la causa adecuada del daño. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO ILÍCITO Y EL PERJUICIO-Prueba de la relación directa y adecuada entre el daño y la conducta imputada. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio.

TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria. TESTIGO DE OÍDAS­ Valoración probatoria. PERITACIÓN-Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-Valoración. EXPERTICIA DE PARTE-Valor probatorio. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extensión al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CPACA-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 2 de agosto de 2012, el cauce del río Meta se desbordó e inundó los predios «La Sandita» y «Puerto Rico» en el municipio de Tauramena, Casanare. Alega que la apertura de las compuertas de la estación fluviométrica del Guavio, Chivor y Batatas generó una descarga de agua en el río Guavio que provocó el aumento del caudal del río y la destrucción de unos cultivos de arroz. A su juicio, Emgesa no adoptó las medidas necesarias para evitar la inundación. ANTECEDENTES El 28 de agosto de 2014, Édgar Vesga Suárez, a través de apoderado judicial,Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones formuló demanda de reparación directa contra Emgesa SA ESP, Empresa de

Energía de Bogotá SA ESP, Codensa SA ESP y Bogotá DC. Solicitó $1.577.400.000 por daño emergente y $958.875.000 por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que era arrendataria de 200 hectáreas en las fincas «La Sandita» y «Puerto Rico», ubicadas a orillas del río Meta, en el municipio de Tauramena, Casanare. Adujo que la apertura de las compuertas de la estación fluviométrica del Guavio, Chivar y Batatas -por parte de Emgesa SA ESP­

municipio de Tauramena, Casanare. Adujo que la apertura de las compuertas de la estación fluviométrica del Guavio, Chivar y Batatas -por parte de Emgesa SA ESP­ provocó que el río Meta se desbordara. Alegó que Emgesa SA ESP no adoptó las medidas necesarias -en su calidad de operador de la Central Hidroeléctrica del Guaviopara evitar que los predios colindantes al río se inundaran. Agregó que la inundación destruyó su cultivo de arroz. El 2 de febrero de 2015 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Emgesa SA ESP, al oponerse a las pretensiones, adujo que la apertura de las compuertas del embalse del Guavio no causó las inundaciones y que el río Guavio -sobre el que se descargan las aguas liberadasno es un afluente directo del río Meta. Sostuvo que la descarga de 134.6 m3's efectuada por Emgesa SA ESP no influyó en las inundaciones, pues apenas representaba el 6.31 % del caudal del río Meta. Agregó que los informes ambientales certificaron que los ríos Upía y Meta tenían un alto volumen hídrico. El 12 de noviembre de 2015, en audiencia inicial, el Tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Bogotá DC y aceptó el desistimiento de las pretensiones frente a la Empresa de Energía de Bogotá SA ESP y Codensa SA ESP. El 29 de enero de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante alegó que se

enero de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante alegó que se probó el nexo causal entre la apertura de las compuertas y la inundación de los cultivos y que el daño era imputable a título de riesgo excepcional. Emgesa SA ESP agregó que el caudal del río Meta marcó registros históricos en ese año. No se probó el nexo causal entre la apertura de las compuertas y la inundación. El Ministerio Público guardó silencio. El 16 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, al considerar que no se probó que la apertura de las compuertas del embalse del Guavio causó el daño alegado. La demandante interpuso recurso deExpediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones apelación, que fue concedido el 18 de abril de 2016 y admitido el 24 de junio siguiente. La recurrente esgrimió que los testigos demostraron que el daño fue producido por la apertura de las compuertas de la represa. El 12 de agosto de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. Emgesa SA ESP indicó que el Tribunal valoró correctamente las pruebas y que no se probó con certeza la ocurrencia del daño, ni el nexo de causalidad. El Ministerio Público guardó silencio.

El 11 de febrero de 2022, el Despacho inició el trámite de reconstrucción parcial de expediente, porque los archivos aportados con la demanda en medio magnético no

el nexo de causalidad. El Ministerio Público guardó silencio. El 11 de febrero de 2022, el Despacho inició el trámite de reconstrucción parcial de expediente, porque los archivos aportados con la demanda en medio magnético no funcionaban y la grabación de la audiencia de pruebas del 29 de enero de 2016 estaba incompleta. (f. 661 c. 1). El 27 de septiembre de 2022, se celebró la audiencia de reconstrucción y se declaró reconstruido el expediente (índice 37 Samai).

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $308.000.0001.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014, $616.000, por 500.Expediente nº. 57 .105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo2, en este caso, por daños derivados de una inundación (art. 90 CN, art. 140 CPACA y arts. 2341 y ss.

CC). Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 164.2.i CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior. La demanda se interpuso en tiempo -28 de agosto de 2014-, porque la inundación de los cultivos de arroz ocurrió el 2 de agosto de 2012. En efecto, como el 13 de junio de 2014 se presentó solicitud de conciliación prejudicial (f. 11 O y 112 c. 2), el término de caducidad se suspendió hasta el 27 de agosto de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en la que se expidió constancia de que se efectuó la audiencia y fue declarada fallida la conciliación (f. 11 O y 112 c. 2). Al día siguiente se reanudó el conteo del término por el mes y veinte días faltantes, que vencía el 20 de octubre de 2014.

Legitimación en la causa

4. Édgar Vesga Suárez es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, pues es arrendatario de un área de terreno de las fincas «La

Legitimación en la causa

4. Édgar Vesga Suárez es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, pues es arrendatario de un área de terreno de las fincas «La Sandita» y «Puerto Rico», ubicadas en el municipio de Tauramena, Casanare

[hechos probados 7.1. y 7.2.]. Emgesa SA ESP está legitimada en la causa por pasiva, pues operó las compuertas del embalse del Guavio y realizó la descarga que el demandante alega como fuente del daño [hecho probado 7.3.].

11. Problema jurídico 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 1 O y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744-746, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.5 Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones Corresponde a la Sala determinar si se acreditó que la causa de la inundación del predio de la demandante es imputable a la autoridad que operó las compuertas del embalse.

111. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

embalse.

111. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

6. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7 .1. El 22 de enero de 2012, Hilda Jeannette Rujeles Ladino celebró un contrato de arrendamiento con Édgar Vesga Suárez sobre aproximadamente 100 hectáreas rurales destinadas al cultivo de arroz del predio de mayor extensión «Puerto Rico», en el municipio de Tauramena, Casanare, según da cuenta copia simple del contrato de arriendo (f. 66-67 c. 3). 7.2. El 25 de enero de 2012, Hermógenes Padilla Barrios celebró un contrato de arrendamiento con Édgar Vesga Suárez sobre aproximadamente 100 hectáreas rurales destinadas al cultivo de arroz del predio de mayor extensión «La Sandita», en el municipio de Tauramena, Casanare, según da cuenta copia simple del contrato de arriendo (f. 58 c. 3). 7.3. El 1 de agosto de 2012, Emgesa SA ESP abrió las compuertas del embalse del Guavio a las 6:00 a.m. con un caudal de descarga instantáneo de 134.60 m31s y alertó a las comunidades vecinas de los ríos Guavio y Upía no hacer uso de las zonas ribereñas ni permitir el tránsito de personas o semovientes, según da cuenta

alertó a las comunidades vecinas de los ríos Guavio y Upía no hacer uso de las zonas ribereñas ni permitir el tránsito de personas o semovientes, según da cuenta copia simple del comunicado expedido por Emgesa SA ESP (f. 206 c. 1 ). 7.4. Édgar Vesga Suárez recibió un crédito por $67.301.195 para la compra dee Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones insumos y fertilizantes agrícolas durante el año 2012, según da cuenta copia simple de la certificación expedida por Agrocom L TDA (f. 87 c. 3).

La conducta que se imputa debe ser la causa adecuada del daño

8. El juicio de responsabilidad supone el estudio del nexo causal entre la conducta del demandado y el efecto adverso que de ella se deriva para el demandante, de ahí que la acción o la omisión de las autoridades debe ser la causa del daño que se reclama en la demanda para imputar responsabilidad al Estado3. Este presupuesto de la responsabilidad debe estar debidamente acreditado en el proceso, porque el ordenamiento jurídico no ha establecido presunciones legales frente al nexo de causalidad4. Si no se prueba la causa que desencadenó el hecho dañoso, no es posible atribuir responsabilidad al demandado. Por ello, para que la pretensión de responsabilidad prospere es necesario que el demandante acredite que la conducta que se le imputa al demandado fue la causa directa y adecuada del daño. O lo que es igual, debe demostrar la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el perjuicio alegado.

9. Según la demanda, el 2 de agosto de 2012, el cauce del río Meta se desbordó e

es igual, debe demostrar la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el perjuicio alegado.

9. Según la demanda, el 2 de agosto de 2012, el cauce del río Meta se desbordó e inundó los predios «La Sandita» y «Puerto Rico» en el municipio de Tauramena, Casanare. Alega que la apertura de las compuertas de la estación fluviométrica del Guavio, Chivor y Batatas generó una descarga de agua en el río Guavio que provocó el aumento del caudal y la destrucción de unos cultivos de arroz. A su juicio, Emgesa no adoptó las medidas necesarias para evitar la inundación.

Está acreditado que, en el año 2012, Hilda Jeannette Rujeles Ladino y Hermógenes Padilla Barrios arrendaron a Édgar Vesga Suárez aproximadamente 200 hectáreas rurales destinadas al cultivo de arroz en las fincas «Puerto Rico» y «La Sandita», respectivamente [hechos probados 7.1. y 7.2.]. El 1 de agosto de 2012, Emgesa SA ESP abrió las compuertas del embalse del Guavio a las 6:00 a.m. con un caudal de descarga instantáneo de 134.60 m31s y alertó a las comunidades vecinas de los ríos Guavio y Upía no hacer uso de las zonas ribereñas ni permitir el tránsito de personas 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de marzo de 2000, Rad. 11.609 [fundamento jurídico 9]. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, Rad. 14.142 (fundamento jurídico B].Expediente nº. 57.105

jurídico 9]. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, Rad. 14.142 (fundamento jurídico B].Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones o semovientes [hecho probado 7.3]. Durante el 2012, Édgar Vesga Suárez compró a Agrocom L TOA insumos y productos agrícolas para el cultivo de arroz [hecho probado 7.4.]. 1 O. Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 244 CGP. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 176 CGP.

La demandada aportó al proceso un documento con el membrete del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- (f. 194-216 c. 1). El documento dejó consignado los valores medios diarios de caudales para el año 2012 de las estaciones San Agustín -río Lengupa-, Reventonera -río Upíay Humapo Cabuyaro -río Meta-. El documento no fue firmado por su autor, ni se tiene certeza de la persona que lo elaboró. El membrete del IDEAM no permite individualizar las personas que elaboraron el documento. Como no hay certeza

Humapo Cabuyaro -río Meta-. El documento no fue firmado por su autor, ni se tiene certeza de la persona que lo elaboró. El membrete del IDEAM no permite individualizar las personas que elaboraron el documento. Como no hay certeza sobre el autor del documento, carece de eficacia probatoria.

11. Héctor Augusto del Cairo -ingeniero electricistadeclaró que trabajó para Emgesa SA ESP y para la época de los hechos era el responsable del embalse del Guavio. En julio y agosto de 2012 se abrieron las compuertas del embalse porque el «fenómeno de la niña» ocasionó lluvias inesperadas y cuando se abren las compuertas se anuncia con antelación y se coordina con las autoridades locales las medidas de seguridad. Agregó que se tiene un dato aproximado de la distancia entre las compuertas del Guavio y las fincas «Puerto Rico» y «La Sandita» de 180 kilómetros, por ello, el agua que se descarga puede tardar aproximadamente unas treinta horas en pasar por el sitio en cuestión y el caudal que se estaba rebosando en la central del Guavio no era comparable con el nivel del río Meta para el 2 de agosto de 2012 (f. 510-511 c. 2).

Como Héctor Augusto del Cairo participó y dirigió la operación de las compuertase Expediente nº. 57 .105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones del embalse, es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso. En cuanto a la apertura de las compuertas del embalse del Guavio y las medidas que fueron tomadas por

en los términos del artículo 211 CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso. En cuanto a la apertura de las compuertas del embalse del Guavio y las medidas que fueron tomadas por el operador, el dicho del testigo fue preciso y detallado. No se aprecian inconsistencias, ni lagunas en la versión de los hechos narrados. El testigo señaló la fecha exacta en la que se llevó a cabo el procedimiento y las acciones específicas que se adoptaron frente al nivel de la represa. Su dicho, además, es coincidente con la advertencia de alerta amarilla emitida por Emgesa SA ESP el 1 de agosto de 2012 [hecho probado 7.3.] . En cuanto a la causa de la inundación, su dicho se fundamenta en conjeturas y suposiciones y no en hechos constatables y verificables. Empleó términos como «aproximadamente» para concluir que los predios estaban lejos de las compuertas y, por ello, concluyó que la descarga no influyó en las inundaciones.

12. Francy Yolima Vargas Chávez -ingeniera agrónomadeclaró que gestionó para el demandante un crédito por $260.000.000 en insumos para cultivo. Afirmó que visitó las fincas «La Sandita» y «Puerto Rico» en tres ocasiones y que había 170 hectáreas de arroz y faltaban otras 30 por cultivar. Agregó que los predios están ubicados en una zona húmeda, pero que no había ocurrido antes una inundación como la del 2 de agosto de 2012 (f. 512-513 c. 2). Nubia Yasmin Silva lbáñez declaró que prestó asesoramiento técnico al demandante. Afirmó que los predios eran aptos

como la del 2 de agosto de 2012 (f. 512-513 c. 2). Nubia Yasmin Silva lbáñez declaró que prestó asesoramiento técnico al demandante. Afirmó que los predios eran aptos para el cultivo de arroz y tenían las condiciones agroecológicas adecuadas. Adujo conocer la zona desde el año 2000 y los predios arrendados al demandante desde el año 201 O. Señaló que los cultivos iban a ser comercializados, pero se perdieron por la inundación sin la posibilidad de recuperarlos. Agregó que la inundación ocurrió «de un momento a otro» sin presencia de lluvias y que el 1 de agosto a las 6:00 a.m. informaron por radio que habían abierto las compuertas del embalse del Guavio (f. 511-512 c. 2). Como la testigo Nubia Yasmin Silva lbáñez rindió dictamen pericial en un proceso contra Emgesa por los mismos hechos, es una testigo cuya credibilidad e imparcialidad se ven seriamente comprometidas, en los términos del artículo 211 CGP y, por ello, debe ser analizado con mayor rigurosidad. En cuanto a la producción agrícola del predio y el desbordamiento del río Meta, el dicho de las declarantes es claro, preciso y puntual. Conocieron directamente losExpediente nº. 57.105

Demanda nte: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones productos que se cultivaban en el predio, pues visitaron esas fincas antes del desbordamiento. No obstante, respecto del número de hectáreas cultivadas, sus afirmaciones no acreditan la existencia real de 200 hectáreas de arroz para el 2 de agosto de 2012, ni su pérdida por causa de una inundación. En efecto, omitieron

afirmaciones no acreditan la existencia real de 200 hectáreas de arroz para el 2 de agosto de 2012, ni su pérdida por causa de una inundación. En efecto, omitieron precisar la forma y el método que utilizaron para calcular la extensión del cultivo y posteriormente determinar la pérdida total por la inundación. De modo que, el dicho de los testigos respecto de las condiciones y características del cultivo es impreciso, genérico y, en modo alguno brinda los detalles que se esperarían de un trabajador que, de manera habitual, se encontraba allí. Lo relatado por Silva lbáñez sobre la causa de la inundación corresponde a afirmaciones de tipo conjetural sobre lo que pudo haber sucedido, a partir de una información que escuchó en medios de comunicación. Sobre el testimonio de oídas, el artículo 221.3 CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, dispone que si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Se requiere que -por lo menosidentifique las fuentes que suministraron la información y, además, que esas fuentes sean directas, es decir, que se pueda constatar que conocieron presencialmente los hechos que trasmitieron. En relación con el mérito probatorio del testimonio de oídas, la declaración del testigo se debe cotejar con el resto del acervo probatorio, para determinar su coincidencia con los demás medios de prueba recaudados5. La declarante se limitó a inferir la causa porque escuchó que abrieron las compuertas del embalse del Guavio, pero no precisó cómo verificó ese hecho, es

determinar su coincidencia con los demás medios de prueba recaudados5. La declarante se limitó a inferir la causa porque escuchó que abrieron las compuertas del embalse del Guavio, pero no precisó cómo verificó ese hecho, es decir, cómo conoció que la apertura de las compuertas produjo la inundación del cultivo. No es posible, entonces, apreciar la razón de su dicho, esto es, las condiciones objetivas de modo, tiempo y lugar en las que conoció el hecho declarado. Asimismo, como las declaraciones sobre la relación entre la apertura de las compuertas y el desbordamiento del río Meta corresponden a puntos técnicos y científicos, esas exposiciones son propias de un dictamen pericial, prueba sobre la que la ley exige el cumplimiento de requisitos diferentes6. Su dicho, entonces, 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262 [fundamento jurídico 2.3]. 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, Rad. 15.655, [fundamento jurídico 4.2].e 10 Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones tampoco acredita el nexo de causalidad entre la apertura de las compuertas del embalse del Guavio el 1 de agosto de 2015 y la inundación del cultivo de arroz al día siguiente.

13. El artículo 226 CGP dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal

13. El artículo 226 CGP dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, exigencia lógica que implica brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y garantía de credibilidad de sus conclusiones. El segundo, impone que tales conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigü edades a todos los puntos sometidos a su consideración por las partes.

Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 226 CGP. El artículo 232 CGP establece que el juez deberá analizar su conducencia en relación con el hecho que se pretende probar; la competencia del perito, esto es que sea un experto en la materia técnica analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad; que esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; que se haya permitido su contradicción y que otras pruebas no lo desvirtúen. 13.1. En el proceso se practicó un dictamen pericial para que un perito ingeniero

y precisas; que se haya permitido su contradicción y que otras pruebas no lo desvirtúen. 13.1. En el proceso se practicó un dictamen pericial para que un perito ingeniero agrónomo conceptuara sobre los perjuicios materiales presuntamente sufridos por la parte demandante con la inundación de su cultivo (f. 348-349 c. 2). El perito Humberto Botero Zuluaga calculó el valor de la producción de 200 hectáreas de arroz en $959.155.200 (f. 440-455 c. 2). En efecto, verificó el valor de la materia prima utilizada, de la maquinaria requerida, el número de empleados, el tiempo de producción y el número de bultos de arroz que se producen por hectárea y su valore 11 Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones para agosto de 2012. El perito avaluó el monto de los daños ocasionados al cultivo como consecuencia de la inundación y determinó la cuantía de los daños sufridos por la propietaria del cultivo, pero no explicó su origen. En efecto, su dictamen no arrojó datos ciertos sobre qué ocasionó la inundación, ni cómo afectó las condiciones del referido terreno. Como el dictamen no debía referirse a las causas del daño alegado por la demandante, ni constató de forma técnica o científica las circunstancias de tiempo, modo y lugar que confluyeron para la inundación del terreno y la destrucción del cultivo, no es prueba de la imputación del daño a la entidad demandada. 13.2. Según el artículo 227 CGP, cualquiera de las partes en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrán presentar experticios emitidos por

entidad demandada. 13.2. Según el artículo 227 CGP, cualquiera de las partes en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrán presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. La Sala reitera que estos dictámenes, para que sean valorados como prueba pericial, deben cumplir los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso, es decir, además de aportarse en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, debe surtirse el trámite de contradicción dispuesto en el artículo 228 CGP. La demandada aportó un dictamen pericial realizado por Fabián Mauricio Caicedo Carrascal -ingeniero civil con maestría en hidrosistemas-, que contiene un estudio de las corrientes hídricas de la central del Guavio y del río Meta, un análisis de la información reportada por el IDEAM para la época de los hechos y las conclusiones sobre la influencia de las descargas del embalse del Guavio en la inundación del cultivo del demandante (f. 458-480). El experticio aportado por la demandada será valorado por la Sala, porque se aportó durante una oportunidad procesal para solicitar pruebas y surtió el trámite de contradicción del artículo 228 CGP, pues el perito asistió a la audiencia de pruebas, fue interrogado por las partes y ellas pudieron pedir la aclaración, complementación y formular objeción por error grave (f. 510 y 511 c. 2). El perito conceptuó que la Central Hidroeléctrica del Guavio no es la única que descarga en el río Guavio. Dictaminó que el río Meta recibe varios afluentes y, según los datos registrados antes del 1 de agosto de 2012, el río Meta presentó niveles

descarga en el río Guavio. Dictaminó que el río Meta recibe varios afluentes y, según los datos registrados antes del 1 de agosto de 2012, el río Meta presentó niveles más elevados. Concluyó que, si las compuertas del Guavio no se hubieran abierto, en todo caso, se hubiera presentado la inundación de los predios, pues ele 12 Expediente nº. 57.105

Demandante: Édgar Vesga Suárez Niega pretensiones desbordamiento del río Meta se debió a condiciones hidrometeorológicas (f. 457487 c. 2).

Las conclusiones sobre las causas de la inundación no tienen fundamento, no son claras, precisas ni detalladas. El perito presentó con el dictamen varias figuras con datos extraídos -aseguró- de la información reportada por el ID EAM, pero esos documentos no soportan ni respaldan las conclusiones del dictamen. Las figuras no dan certeza de la información allí consignada ni de su procedencia, pues son de «fuente propia» y de «datos adaptados del IDEAM». Tampoco acreditó haber consultado