CE - 250002336000201501665011SENTENCIASENTENCIA20230811163949

Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623)

Demandante: Departamento de Cundinamarca

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623)

Demandante: Departamento de Cundinamarca Demandado: Pablo Ardila Sierra y otros Referencia: Medio de control de repetición Tema: Repetición. Subtema 1: Presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición. Subtema 2: Régimen legal aplicable - Ley 678 de 2001. Subtema 3: Elemento subjetivo - Culpa grave-. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho no acreditada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, de ¿cuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 11 de octubre de 2017, que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO El departamento de Cundinamarca fue condenado al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por Luis Fernando Orozco Molina, quien ostentaba el cargo de técnico operario en la Dirección de Construcciones Generales de la

El departamento de Cundinamarca fue condenado al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por Luis Fernando Orozco Molina, quien ostentaba el cargo de técnico operario en la Dirección de Construcciones Generales de la Secretaría de Obras Públicas, como consecuencia de la declaración de nulidad parcial de la resolución de incorporación de servidores públicos, expedida por Pablo Ardila en condición de gobernador departamental, y que lo retiro del servicio, pese a que se encontraba inscritó en carrera administrativa, condición que le otorgaba prevalencia frente a los demás servidores. El ente territorial pretende que la suma pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reembolsada por Pablo Ardila Sierra y Maritza Afanador Gómez, quienes en esa época desempeñaban los cargos de gobernador y secretaria de la función pública, porque, a su juicio, actuaron con culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

H. ANTECEDENTES 2.1. El 16 de diciembre de 2014, el representante del departamento de Cundinamarca presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición, en contra de Pablo Ardila Sierra y Maritza Afanador Gómez, para que se declare su responsabilidad a título de culpa grave por violaciun manifiesta e inexcusable de normas legales y, como consecuencia, se les condene al pago solidario de trescientos setenta y seis millones trescientos veintiocho mil seiscientos diecisiete pesos ($376.328.617), que el ente territorial debió pagar en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de octubre de 2017, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral 2 .

el ente territorial debió pagar en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de octubre de 2017, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral 2 . 1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación. 2 Folio 93 del c. 1.Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623) Demandante: Departamento de Cundinamarca 2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, el organismo demandante enunció, en síntesis: (1) que la estructura administrativa del departamento de Cundinamarca fue reestructurada por medio del Decreto 0025 de febrero de 2005, en ejercicio de las facultades que la asamblea departamental le otorgó al gobernador a través de la ordenanza 014 de 31 de agosto de 2004; (u) que la reestructuración de la planta de personal generó la fusión y reorganización de algunas dependencias lo que conllevó la supresión de cargos; (iii) que la nueva planta de personal fue adoptada por medio del Decreta 00217 de 2005 y, a través de la resolución 0776 de 29 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo la incorporación de los empleados; (iv) que la Secretaría de la Función Pública departamental le comunicó a Luis Fernando Orozco su no incorporación a la planta por supresión del cargo de técnico operativo y le informó sobre el derecho a optar por la indemnización o la reincorporación al servicio (y) que el señor Orozco presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de

por supresión del cargo de técnico operativo y le informó sobre el derecho a optar por la indemnización o la reincorporación al servicio (y) que el señor Orozco presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de comunicación referido y contra la resolución de incorporación de servidores a la nueva planta de personal, (vi) que la condena en contra del ente territorial devino porque se encontró demostrado que algunos de los cargos de técnico operario de la nueva planta fueron provistos con nombramiéntos en provisionalidad, desconociendo el derecho preferencial de Luis Fernandó Orozco a la incorporación automática por tener la condición de empleado inscrito en carrera administrativa 3 . 2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de teembolso, el ente territorial hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política y a la Ley 678 de 2001, tras lo cual manifestó que los demandados actuaron con culpa grave al expedir la resolución nro. 0776 de 2005, porque "violaron los derechos de carrera dispuestos por la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, j/la ley 790 de 2002, artículo 12 ( ... ), dado que era obligación de la administración incorporar en la nueva planta a los funcionarios escala tonados cuyos cargos fueron sbprimidos" 4 . 2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda mediante auto de 27 de julio de 2015. En providencia posterior, él magistrado sustanciador ordenó el emplazamiento de Pablo Ardila y Maritza Afanador Gómez, trámite que se realizó el 13 de noviembre de 2016 por medio de publicación realizada en un diario de circulación nacional. El tribunal surtió la diligencia de notificación personal

ordenó el emplazamiento de Pablo Ardila y Maritza Afanador Gómez, trámite que se realizó el 13 de noviembre de 2016 por medio de publicación realizada en un diario de circulación nacional. El tribunal surtió la diligencia de notificación personal de la demanda con el apoderado judicial de Pablo Ardua y con el curador ad litem designado a Maritza Afanador 5 . 2.3. El apoderado de Pablo Ardila presentó escrito de contestación de la demanda en el que propuso las excepciones de: (i) "debida diligencia en el cumplimiento de las funciones", porque, su juicio, "quien tenía la función específica de garantizarla aplicación de la normativa vigente del sistema de carrera administrativa ( ... ) era la secretaria de despacho código 020 de la Secretaría de la Función Pública ( ... ), función relacionada con la de 'proponer y presentarjos estudios técnicos que justifiquen las modificaciones a las plantas de empleosde la administración, junto con los proyectos de las nuevas plantas"; (U) "improcedencia de la acción", porque el ente accionante no allegó al expediente los estudios técnicos que sustentaron la restructuración de la planta de personal ni certificación en la que consten los nombramientos en el cargo de técnico operario y las funciones asignadas; y (iii) "hecho de un tercero", ya que la elaboración y revisión, de los estudios técnicos y del acto de incorporación recaía en la secretaria de despacho, pues "le correspondía Folio 95 del c. 1. Folio 101 del c. 1. Folios 120, 196,226, 233, 246 y 253. 2Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01(60623)

Folio 95 del c. 1. Folio 101 del c. 1. Folios 120, 196,226, 233, 246 y 253. 2Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01(60623) Demandante: Departamento de Cundinamarca funcional y misionalniente verificar las condiciones y las aptitudes del personal de la Gobernación' 6 2.3.1. El curador ad litem de Maritza Afanador Gómez se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de: (¡)"falta de requisitos para iniciarla acción", porque la demandada no tenía función nominadora, lo que indica que la no reincorporación del servidor de carrera "fue de exclusiva autoría del señor gobernador"; y (ü) "hecho de un tercero", ya que fue el gobernador de la época quien expidió los actos administrativos de reestructuración e incorporación a la nueva planta de personal, en atención a las facultades conferidas por la ordenanza 014 de 31 de agosto de 2004 7 . 2.4. En audiencia inicial celebrada el 29 de junio de 2017, el tribunal fijó el litigio y decretó las pruebas pedidas por las partes. En la audiencia de pruebas el a quo incorporó los documentos allegados y, ante la demostración del deceso de la demandada Maritza Afanador Gómez, dispuso tener como sucesores procesales a sus herederos determinados e indeterminados 8 . En la etapa de alegaciones, el curador ad-litem de la señora Maritza Afanador reiteró que el gobernador fue quien expidió el acto de incorporación declarado parcialmente nulo, por tanto la conducta gravemente culposa es atribuible sólo a é1 9 . El apoderado del demandado Pablo

expidió el acto de incorporación declarado parcialmente nulo, por tanto la conducta gravemente culposa es atribuible sólo a é1 9 . El apoderado del demandado Pablo Ardila insistió en que no fue el gobernador quien elaboró el estudio técnico que obvió la vinculación del empleado de carrera Luis Fernando Orozco, por ende el error cometido en esa instancia del proceso de reestructuración de la planta fue "ajena a la capacidad consciente y voluntaria" del entonces funcionario 10 . 2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 11 de octubre de 2017, negó las pretensiones. En primer término, refirió los cuatro presupuestos de estimación de las pretensiones de repetición, así: (i) la decisión judicial que condene a una entidad pública a reparar un daño antijurídico; (U) la condición de servidor o exservidor público del demandado; (Ui) la acreditación del pago total de la condena; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente". 2.5.1. En cuanto al primer presupuesto encontró demostrado que el organismo demandante fue condenado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual el señor Luis Fernando Osorio no fue incorporado a la nueva planta de personal de la Gobernación de Cundinamarca, a pesar de que se trataba de un empleado inscrito en carrera administrativa en el cargo de técnico operativo 314-04, condición que le otorgaba prevalencia freñte a los servidores vinculados con nombramientos provisionales en el cargo de igual denominación y grado. 2.5.2. Respecto a la condición de exservidores públicos de los demandados, hizo

otorgaba prevalencia freñte a los servidores vinculados con nombramientos provisionales en el cargo de igual denominación y grado. 2.5.2. Respecto a la condición de exservidores públicos de los demandados, hizo referencia a las certificaciones expedidas por la directora de Talento Humano en las que consta el cargo y las funciones asignadas a la secretaria de despacho de la época, Maritza Afanador, y al ejercicio como gobernador del señor Pablo Ardíla. 6 Folio 215. Folio 256. Folios 295 y 362. Folio 381. Folio 387. 11 Folio 393 del c. ppal. 3Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623)

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2.5.3. Con respecto al tercer elemento, consideró que las órdenes de pago y las certificaciones expedidas por la directora financiera de Tésorería no dieron cuenta de que el señor Luis Fernando Orozco hubiera recibido el dinero a satisfacción, por lo cual dichos documentos resultaron insuficientes para acreditar el pago efectivo. En ese orden, concluyó que el órgano demandante incumplió la carga de la prueba relativa a la acreditación de los presupuestos «e procedencia de la acción. 2.5.4. La sentencia citada fue corregida por medio de providencia expedida el 1 de noviembre de 2017, en el sentido de indicar que los honorarios del curador ad-litem, correspondientes a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, serian "sufragados por la parte demandante» 12. 2.6. El ente demandante interpuso recurso de apelación en el que afirmó que el

correspondientes a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, serian "sufragados por la parte demandante» 12. 2.6. El ente demandante interpuso recurso de apelación en el que afirmó que el pago de la condena fue acreditado con los documentos expedidos por la tesorera del ente territorial en los que consta la fecha de consignaóión de la suma de condena en la cuenta bancaria de la apoderada del señor. Luis Fernando Orozco. Adicionalmente, transcribió una certificación expedida por el señor Orozco en la que consta el recibo de la suma de condena a satisfacción; documento que aportó "sólo con e/ ánimo de recalcar que e/ demandante (...) y su'apoderada sí recibieron el dinero", tal como consta en las certificaciones allegadasén la etapa probatoria. En consecuencia, solicitó realizar el análisis de la conducta qulposa de los demandados que dio lugar a la imposición de la condena en contra del departamento por violación manifiesta e inexcusable de las normas de carrera admiistrativa, para así "revocar /a sentencia recurrida y en su lugar acceder a todas y cada una de las pretensiones formuladas" 13 . 2.7. La apelación fue concedida por el tribunal 14 y admitida por esta Corporación mediante auto de 14 de marzo de 201815. En auto posterior se corrió traslado para alegaciones de las partes y el concepto del Ministerio 1fúb1ico 16 . Esta oportunidad fue aprovechada por el departamento de Cundinamarca, organismo que reiteró lo expuesto en el recurso de apelación 17 , y por los demanddos, que también hicieron referencia a lo expuesto en la instancia inicial. Por su párte, el Ministerio Público, a

expuesto en el recurso de apelación 17 , y por los demanddos, que también hicieron referencia a lo expuesto en la instancia inicial. Por su párte, el Ministerio Público, a través del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de esta Subsección— presentó escrito en el que anunció el aplazamiento del concepto , en el entendido de que la Sala debía pronunciarse previamente sobre la procedencia de la prueba que, a su juicio, fue solicitada por el ente accionante en el recursode apelación 18 . 2.8. El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento, por haber rendido concepto en este asunto en condición de agente del Ministerio Público, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se aparfó de la Sala cuando este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, porque la situación descrita está enmarcada en la causal descrita en el artículo 141.12 del Código General del Proceso, motivo por el cual aceptará el impedimento formulado. 12 Folio 426. 13 Folio 416. 14 Folio 437. 15 Folio 468. 16 Folio 471. 17 Folio 475. ° Folio 490. 4Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623)

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III. PROBLEMAS JURÍDICOS

° Folio 490. 4Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623)

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III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (COP) - aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia unificada 19 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juez de segundo grado, consiste en "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley" como lo establece el artículo 328 del CGP.

Esclarecido lo anterior, se debe rememorar, como bien lo planteó el a qu0 20 , que la estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (U) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iU) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetiv0 21 . Siguiendo el anterior lineamiento, se verifica que en la sentencia recurrida el juzgador de primera instancia encontró acreditados dos presupuestos de procedibilidad de la acción de repetición, esto es, la obligación reparatoria a cargo

Siguiendo el anterior lineamiento, se verifica que en la sentencia recurrida el juzgador de primera instancia encontró acreditados dos presupuestos de procedibilidad de la acción de repetición, esto es, la obligación reparatoria a cargo de la Gobernación de Cundinamarca derivada de una condena judicial 22 y la condición de exservidores públicos de los demandados, sin que la configuración de esos elementos hubiera sido rebatida en esta instancia. 3.2 Así las cosas, al haber quedado zanjada la litis sobre dos presupuestos requeridos para la prosperidad de la pretensión de repetición, la Subsección procederá a determinar si se encuentra acreditado el pago de la condena, así como el concerniente al elemento subjetivo. En función de los cargos de alzada y de la competencia que le asiste, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos: 3.2.1. ¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición? Si la respuesta a este interrogante se revela afirmativa, se analizará si: 3.2.2. ¿Los accionados incurrieron en una conducta gravemente culposa al participar en la expedición dala resolución por medio de la cual la gobernación de Cundinamarca dejó de incorporar a la nueva planta de personal a Luis Fernando Orozco Molina, inscrito en el escalafón de carrera administrativa? 19 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, exp. 49299. 20 Apartado 2.5.

Fernando Orozco Molina, inscrito en el escalafón de carrera administrativa? 19 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, exp. 49299. 20 Apartado 2.5. 21 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; Sección Tercera, sentencia del 27 de diciembre de 2006, exp. 22099; Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844; Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 25694; Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2011, exp. 33407; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de del 19 de julio de 2017, exp. 55025; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio del 2018, exp. 54692; Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 58789; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2020, exp. 42037. 22 Apartado 2.5.1. 5Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01(60623)

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IV. CONSIDERACIONES 4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1 0 ) de la Ley 678 de 200123. En

IV. CONSIDERACIONES 4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1 0 ) de la Ley 678 de 200123. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 24 , así como el mencionado artículo 7 (inciso 3 0 ) de la Ley 678 de 200125 . 4.2. El plazo para formular pretensiones de repetición es "de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento de/plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código", según lo dispuesto en eUteral 1) del articulo 164 del CPACA. En este proceso se acreditó: (i) que la gobernación de Cundinamarca fue condenada con sentencia que cobró ejecutoria el veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013)26; (u) que el departamento de Cundinamarca contaba con un plazo de diez (10) meses para dar cumplimiento a lo fallado 27 , el cual se cumplió el veintiséis (26) de diciembre de dos mil trece (2013); (iii) que el ente territorial consignó la suma de $289.741.868 a la cuenta bancaria de la apoderada del señor Luis Fernando Orozco mediante giro electrónico realizado el siete de mayo de dos mil trece (2013), en cumplimiento de la anterior condena 28 . De acuerdo con lo anterior, como la

de $289.741.868 a la cuenta bancaria de la apoderada del señor Luis Fernando Orozco mediante giro electrónico realizado el siete de mayo de dos mil trece (2013), en cumplimiento de la anterior condena 28 . De acuerdo con lo anterior, como la demanda que inició este proceso fue radicada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014)29, la acción de repetición fue incoada oportunamente. 4.3.1. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que la acción fue ejercida a través del apoderado designado por el funcionario a cargo de la oficina jurídica de la gobernación de Cundinamarca 30 , por lo que, al ser el órgano que realizó el pago de la condena, le asiste legitimación para presentar la acción de repetición 31 . 4.3.2. Con respecto a los demandados, se encuentra deçnostrado que, para la época en que fue expedido el acto administrativo que sustentó la condena objeto de repetición (29 de septiembre de 2005), Pablo Ardila Sierra se desempeñaba como 23 LEY 678 DE 2001. 'A rtículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición [.4". 24 CPACA. 'Artículo 150. El consejo de Estado, en Sala de lo Contenciosó Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos 25 LEY 678 DE 2001. "Artículo 7. Jurisdicción y competencia. Cuando lb reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un

25 LEY 678 DE 2001. "Artículo 7. Jurisdicción y competencia. Cuando lb reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto". En él presente asunto, se observa que la primera instancia del presente asunto fue resuelta por el mismo Tribunal que emitió la sentencia condenatoria de la cual surgió la obligación de pago del ente estatal y que ahora pretende le sea reembolsada. 26 Folio 62 vto. 27 CPACA. Articulo 192 Cumplimiento de sentencia o conciliaciones porlparte de las entidades públicas. (...) Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (lO) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. (.4" 28 Folio 73. 29 Folio 107 vto. 11 Folios 1, 3,4y 107. 31 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a fós seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el Pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la ;entidad facultada que se menciona

consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la ;entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estad¿ ' o quien haga sus veces". 6Expediente: 25000-23-36-000-2015-01665-01 (60623) Demandante: Departamento de Cundinamarca gobernador de Cundinamarca y Maritza Afanador Gómez ejercía el cargo de secretaria de Despacho código 020 (Secretaría de la Función Pública), como consta en las certificaciones expedidas por la directora de Talento Humano de la gobernación 32 . En punto a la procedencia de la acción de repetición en contra de la señora Maritza Afanador después de su deceso, viene oportuno precisar que el a quo dispuso en la audiencia de pruebas tener como sucesores procesales a su herederos en atención a que las pruebas allegadas al proceso dieron cuenta de que su muerte ocurrió el 29 de agosto de 2015, esto es, con posterioridad al auto admisorio de la demanda expedido el 27 de julio de 2015. Así, en atención a la naturaleza del medio de control de repetición, descrita en la ley como "una acción Civil de carácter patrimonial" 35 , "no sancionatoria sino reparatoria" 36 , se entiende que la persona obligada a la indemnización es la "que hizo el daño y sus herederos" 37 . En ese orden, los demandados se encuentran legitimados en la causa por pasiva.

obligada a la indemnización es la "que hizo el daño y sus herederos" 37 . En ese orden, los demandados se encuentran legitimados en la causa por pasiva. Régimen jurídico aplicable al asunto 4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos 38 . En ese orden, silos hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior 39 , pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2 0 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)". Por ende, como en este caso el acto administrativo que dio 32 Folios 77 y 78. 33 Registro civil de defunción, folio 337. 14 Folio 119.

Constitución Política)". Por ende, como en este caso el acto administrativo que dio 32 Folios 77 y 78. 33 Registro civil de defunción, folio 337. 14 Folio 119. 11 Ley 678 de 2001, artículo 2. 36 Corte Constitucional, sentencia C-484 de 25 de junio de 2002. "Cabe destacar que la Corte tiene ya por sentado que esa responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado no es de carácter sancionatorio, sino reparatorio, tal como se dijo, entre otras, en la sentencia C-309 de 2000, en la cual a propósito de la responsabilidad fiscal de aquellos, se expresó que: . esta responsabilidad no tiene carácter sancionatorio, ni penal ni administrativo, pues la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria', lo cual resulta igualmente predicable en relación con la acción de reembolso que consagra el artículo 90 de la Constitución para que el Estado la ejerza con el único propósito de reintegrar a las arcas públicas el valor de la condena que hubo de pagar como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.". 11 Código Civil, Artículo 2343. Personas obligadas a indemnizar 36 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330. "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar

patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitara las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6° y gi de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funcio