CE - 250002336000201502026011SENTENCIASENTENCIA20230627152611

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686)

Demandante: Martha Adriana Rivero Torres

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686)

Martha Adriana Rivero Torres La Nación -Rama Judicial Medio de control de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por actuaciones de la administración de justicia - Error jurisdiccional Subtema 1: desconocimiento del precedente jurisprudencial Subtema 2: no se configura error de derecho SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de junio de 2016, en la que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Martha Adriana Rivero Torres fue retirada del cargo de carrera administrativa que ocupaba en provisionalidad en la División de Canales Locales y Comunitarios de la Comisión Nacional de Televisión -CNN-, mediante Resolución 610 del 4 de julio de 2002, sin motivación alguna. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de nulidad del acto administrativo de retiro, por cuanto consideró que su legalidad no se encontraba desvirtuada. El Consejo de Estado,

julio de 2002, sin motivación alguna. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de nulidad del acto administrativo de retiro, por cuanto consideró que su legalidad no se encontraba desvirtuada. El Consejo de Estado, en sentencia del 7 de noviembre de 2013, confirmó la decisión del Tribunal y estableció que, para la época en que fue expedido el acto administrativo, no había lugar a aplicar la obligatoriedad de motivación a que alude la Ley 909 de 2004. La demandante considera que la decisión del Consejo de Estado constituyó un error judicial, por cuanto desconoció el precedente jurisprudencial constitucional que establece una obligación de motivar los actos de retiro de cargos de carrera que tienen nombramiento en provisionalidad.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 25 de agosto de 2015, Martha Adriana Rivero Torres presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declare a la Nación -Rama Judicial responsable por el daño ocasionado con el error judicial contenido en las providencias judiciales proferidas el 26 de febrero de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, el 7 de noviembre de 2013, por el Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la Comisión Nacional de Televisión.Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Torres Como indemnización de perjuicio en la demanda se solicitó: "Condenar a la Nación -Rama Judicial -Consejo Superior de la JudicaturaDemandante: Martha Adriana Rivero Torres Como indemnización de perjuicio en la demanda se solicitó: "Condenar a la Nación -Rama Judicial -Consejo Superior de la JudicaturaTribunal administrativo de Cundinamarca-Sección Il, Subsección A y Consejo de Estado -Sección II, Subsección A, a pagar a Martha Adriana Rivero Torres los perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante por el no reintegro y el valor equivalente a todo lo que hubiera percibido y dejó de percibir, sin solución de continuidad, por concepto de salarios y prestaciones sociales desde su reintegro en julio 4/02 hasta la fecha en que terminó la liquidación de la CNTV (...)".

El fundamento de las pretensiones radica en que la Comisión Nacional de Televisión, en ejercicio de la potestad discrecional, profirió acto de retiro de la empelada Martha Adriana Rivero, de manera inmotivada, lo que originó un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por considerar que su cargo no era de libre nombramiento y remoción como lo afirmó el acto administrativo, sino de carrera con nombramiento en provisionalidad, por lo que era obligatoria la motivación para proferir el acto de retiro. Sin embargo, el Tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo de nulidad por falta de motivación y, el Consejo de Estado estimó que el acto de retiro fue proferido antes de la vigencia de la Ley 909 de 2004 y, en consecuencia, no era exigible el requisito de motivación, cuya ausencia no desvirtúa la legalidad del acto demandado. De esta última decisión, adujo que era constitutiva de error judicial, por cuanto desconoció el precedente

909 de 2004 y, en consecuencia, no era exigible el requisito de motivación, cuya ausencia no desvirtúa la legalidad del acto demandado. De esta última decisión, adujo que era constitutiva de error judicial, por cuanto desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional "sobre el deber de motivación y el vicio de nulidad del acto inmotivado de los actos de retiro de empleados en provisionalidad, sin distinción alguna por fecha del retiro, como garantía del debido proceso, del derecho de defensa y contradicción". Finalmente, en la demanda se anotó: "El nexo causal entre error y daño es esencial y determinante, dado que si las sentencias hubieren aplicado el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el requisito de la motivación del acto de retiro del provisional y la nulidad por carencia de ese requisito de motivación, las sentencias habrían accedido a las pretensiones de la demanda y por tanto, no se habría configurado el error judicial ni se habría causado el daño". 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 7 de septiembre de 2015 1 , dispuso la admisión de la demanda. El proveído admisorio de la demanda fue notificado en debida forma 2 y el término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley. Transcurrido el término para contestar la demanda, el órgano demandado guardó silencio. 2.3. Audiencia inicial y sentencia de primera instancia El 29 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la

demanda, el órgano demandado guardó silencio. 2.3. Audiencia inicial y sentencia de primera instancia El 29 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA 3 . En el trámite de dicha audiencia, a la que no asistió el apoderado del órgano demandado, el tribunal fijó 1 Folio 12 a 14 del cuaderno 1. 2 Folios 18 del cuaderno 1. 3 Folio 33 del cuaderno 1. 2Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Torres el litigio de la siguiente manera: la Sala debe determinar si se incurrió en un presunto error judicial por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el deber de motivación de los actos de retiro para los empleados en provisionalidad; además, tuvo como pruebas las aportadas por la parte demandante 4 y solicitó, de oficio, se allegara el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2002-11770. En sentencia del 2 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinannarca negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las siguientes

consideraciones:

1. Si bien la parte demandante afirmó que las decisiones contentivas de error judicial desconocieron el precedente jurisprudencial plasmado en las sentencias C-371 de 1999, C-734 de 2000 y C-279 de 2007, estas son providencias que no indican de manera expresa ni tácita que las decisiones que declaraban las insubsistencias para los empleos en provisionalidad en el año 2002, debían motivarse.

indican de manera expresa ni tácita que las decisiones que declaraban las insubsistencias para los empleos en provisionalidad en el año 2002, debían motivarse.

2. Aun cuando es cierto, que a partir de la expedición de la Ley 909 de 2004, el

legislador estableció que el retiro de los empleos de carrera deberá efectuarse mediante acto motivado, no estableció una norma exactamente aplicable para el retiro de los empleos en provisionalidad. Además, aclaró que los derechos de carrera no se adquieren por el simple hecho de haber sido nombrado de manera provisional en un cargo de carrera.

3. El Director de la Comisión Nacional de Televisión emitió la Resolución n°. 610 del 4 de julio de 2002, mediante la cual retiró del servicio a Martha Adriana Rivero y no la motivó, por cuanto tenía la convicción, por un lado, de que el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y remoción y, por otro lardo, de que la

funcionaria no tenía un derecho de carrera, por no haber sido nombrada mediante un concurso de méritos, ni haber sido inscrita en carrera ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. Además, se demostró que no hubo desviación de poder, puesto que la persona nombrada en su reemplazo contaba con más de 30 años de experiencia y cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de División.

4. El Consejo de Estado, al resolver la tutela instaurada contra las providencias contentivas del presunto error judicial, estableció que "para la época no había regulación expresa que indicara que existía el deber de motivar los actos de retiro, pues ello ocurrió con posterioridad, con la sentencia C-279 de 2007'.

contentivas del presunto error judicial, estableció que "para la época no había regulación expresa que indicara que existía el deber de motivar los actos de retiro, pues ello ocurrió con posterioridad, con la sentencia C-279 de 2007'.

5. La decisión adoptada en la sentencia C-279 de 2007 cobijó a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y solamente tiene efectos hacia futuro, a menos que la Corte Constitucional estableciera lo contrario, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996.

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que la sentencia C-279 de 2007 no estableció un efecto retroactivo, por tanto, como el acto de retiro fue expedido en el año 2002, época para la cual no era exigible la motivación de los actos de retiro para los funcionarios que desempeñaran cargos en provisionalidad, por lo que no encontró configurado el error judicial enrostrado en la demanda. 4 Demanda de nulidad y restablecimiento; sentencia de primera y segunda instancia; y sentencias de tutela. 3Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Tones 2.4. El recurso de apelación La parte demandante, mediante escrito de apelacións, manifestó su disenso con la decisión, por cuanto, aunque es cierto que el retiro de la demandante tuvo lugar en el 2002, las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron dictadas en vigencia de la Ley 909 de 2004, cuando ya era exigible la motivación para el acto de retiro. Como sustento de su afirmación manifestó:

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron dictadas en vigencia de la Ley 909 de 2004, cuando ya era exigible la motivación para el acto de retiro. Como sustento de su afirmación manifestó:

1. La motivación de los actos administrativos es la expresión de la cláusula del Estado de Derecho e implica que los poderes públicos deben sujetarse a principio de legalidad.

2. Los hechos derivados de la facultad discrecional de la administración deben ser revelados, con el fin de que el empleado afectado pueda ejercer su derecho de defensa y de impugnación.

3. La publicidad reflejada en la motivación del acto es una condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de Derecho, pues los administrados tienen derecho a estar informados y a conocer con claridad las razones que le han se han servido de sustento.

4. La entidad demandada no consignó en la hoja de vida las razones que motivaron el retiro, por tanto, dicho acto administrativo no goza de presunción de legalidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinannarca, en auto del 11 de julio de 2016 6 , concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 8 de septiembre de 2016 7 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de junio de 2016. Finalmente, por auto del 5 de octubre de 2016 8 , corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que

Finalmente, por auto del 5 de octubre de 2016 8 , corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. Este término corrió en silencio.

III. PROBLEMA JURÍDICO En atención a la metodología empleada por esta Subsección para el análisis de la responsabilidad y a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, que constituyen el marco de competencia del juez en segunda instancia, la Sala se ocupará del análisis del siguiente problema jurídico: ¿El Consejo de Estado incurrió en un error judicial, por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al no declarar la nulidad del acto administrativo que, sin motivación expresa, retiró del cargo a Martha Adriana Rivero, quien estaba 5 Folios 88 a 106 del C. ppal. o Folio 108 del C. ppal. 7 Folio 117 del C. ppal. 8 Folio 121 del C. ppal.

4Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Torres nombrada en provisionalidad como jefa de la División de Canales Locales y Comunitarios de la Comisión Nacional de Televisión -CNTV-?

IV. HECHOS PROBADOS 4.1. Mediante Resolución 610 del 4 de julio de 2002, la Comisión Nacional de Televisión declaró insubsistente el nombramiento de Martha Adriana Rivero Torres en el cargo de Jefe de División grado de remuneración 18, de la División de Canales Locales y Comunitarios 9 . 4.2. El 30 de octubre de 2002, Martha Adriana Rivero Torres, por medio de

Torres en el cargo de Jefe de División grado de remuneración 18, de la División de Canales Locales y Comunitarios 9 . 4.2. El 30 de octubre de 2002, Martha Adriana Rivero Torres, por medio de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que declaró la insubsistencia, proferido por la Comisión Nacional de Televisión -CNN-, en la que argumentó que la potestad discrecional de la Junta Directiva de la CNN, tiene como materia y está limitada a ser ejercida sobre empleos que no pertenezcan a la carrera administrativa o sobre empleos de libre nombramiento y remoción, por lo que carecía de competencia para ejercer dicha potestad sobre el cargo que ocupaba la demandante. Sobre este punto, en la demanda se aclaró que la falta de competencia de la Junta Directiva es de carácter objetivo referido al empleo, y no sobre el derecho subjetivo del cargo de carrera que la demandante no ostentaba por encontrarse nombrada en provisionalidad. Alegó también, que el acto acusado carece del requisito legal de motivación y señaló que la excepción al requisito de motivación es para cargos que no pertenecen a la carrera y, en este caso, el cargo sí era de carrera administrativa. Manifestó que, en el supuesto que la Junta Directiva de la CNN sí hubiere tenido competencia material para ejercer la potestad discrecional, como si el empleo fuera de libre nombramiento y remoción, la administración estaba legalmente obligada a dejar constancia en la hoja de vida de los hechos y causas que originaron la insubsistencia. Por último, señaló que el acto acusado no tuvo como finalidad el buen servicio

obligada a dejar constancia en la hoja de vida de los hechos y causas que originaron la insubsistencia. Por último, señaló que el acto acusado no tuvo como finalidad el buen servicio administrativo ni su mejoramiento, pues se dispuso el retiro de la demandante para designar como su reemplazo a quien carecía del requisito de formación académica: título de formación avanzada o postgrado establecido en el manual de requisitos, resolución 348 de 12 de abril de 2002". 4.3. El 26 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinannarca profirió sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento y negó las pretensiones. Como fundamento de la decisión realizó las siguientes consideraciones: 4.3.1. El cargo de Jefe de la División de Canales Locales y Comunitarios que desempeñaba Martha Adriana Rivero Torres era de carrera administrativa con nombramiento en provisionalidad y no de libre nombramiento y remoción como lo señaló la CNN. Por tanto, aunque su nombramiento puede ser declarado insubsistente de manera discrecional por el empleador, esto no impide que el empleado pueda acudir a la jurisdicción administrativa para alegar la nulidad del 9 Resolución 610 de 4 de julio de 2002, f. 6, c. 3. 1 ° Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, f. 24 a 101, c. 3. 5Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Torres acto por desviación de poder, en la que deberá demostrar que el nominador no tuvo como inspiración del acto administrativo de insubsistencia el mejoramiento del servicio y el interés general.

Demandante: Martha Adriana Rivero Torres acto por desviación de poder, en la que deberá demostrar que el nominador no tuvo como inspiración del acto administrativo de insubsistencia el mejoramiento del servicio y el interés general.

En cuanto al cargo de desviación de poder, el Tribunal constató que la persona nombrada cumplía con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones de la CNTV para ocupar el cargo de Jefe de la División de Canales Locales y Comunitarios, toda vez que contaba con más de 30 años de experiencia profesional en la Rama Judicial, entes territoriales y en la Contraloría General de la Nación. Por tanto, concluyó que no era posible afirmar que la CNN desmejoró el servicio a raíz de la desvinculación de la demandante, por lo que no se demostró la existencia de desviación de poder y el acto demandado conservaba su presunción de legalidad". 4.4. Inconforme con la decisión, la demandante interpáo recurso de apelación en el que solicitó la revocación de la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad, por cuanto el nominador carecía de competencia material para decretar la insubsistencia en un cargo de carrera como el que ocupaba; además, por tratarse de un cargo de carrera, el acto de declaración de insubsistencia debía ser motivado y, en el supuesto de que procediera la insubsistencia discrecional e inmotivada, el nominador tenía el deber de dejar constancia en la hoja de vida sobre las causas que ocasionaron el retiro. Por último, reiteró que el acto de retiro fue desproporcionado, en tanto no correspondió al cumplimiento de una finalidad de mejoramiento del servicio 12 .

de dejar constancia en la hoja de vida sobre las causas que ocasionaron el retiro. Por último, reiteró que el acto de retiro fue desproporcionado, en tanto no correspondió al cumplimiento de una finalidad de mejoramiento del servicio 12 . 4.5. El 7 de noviembre de 2013, la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la decisión del Tribunal. Encontró, también, que el cargo del que fue removida la demandante pertenece a la carrera administrativa de la entidad, sin embargo, la ausencia de motivación del acto que dictó su retiro no desvirtúa la legalidad del mismo, ya que, para la época en que fue expedido, no había lugar a aplicar la obligatoriedad de motivación a que alude la Ley 909 de 2004, toda vez que no había sido expedida. "Por las mismas razones se considera innecesario exigir que se hubiere dejado en su hoja de vida constancia de las razones por las cuales se produjo la insubsistencia, pues se presume que fueron razones del buen servicio las que originaron la adopción de la decisión". Afirmó que no se encontró demostrado que con la desvinculación de la demandante se hubiera desmejorado el servicio de la entidad demandada, pues la persona que la sucedió en el cargo acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para su desempeño. 4.6. El 10 de abril de 2014, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, decidió la acción de tutela instaurada por Martha Adriana Rivero contra las providencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que impone el deber de motivación de los actos de

proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que impone el deber de motivación de los actos de retiro de empleados en provisionalidad. La Corporación negó las pretensiones de la acción de tutela y estableció que en el presente caso no existió defecto por 11 Sentencia del 26 de febrero de 2009, Tribunal Administrativo de Cunpinamarca, Sección Segunda, f. 267 a 279, c. 3. 12 Recurso de apelación contra sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, f. 283, c. 3. 6Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Torres desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto los despachos judiciales accionados aplicaron la posición jurisprudencial según la cual los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, pueden ser desvinculados sin que sea necesario motivar la decisión. Señaló que las decisiones accionadas fueron emitidas según el fundamento jurídico y jurisprudencial vigente, y aclaró que para la época no había regulación expresa que indicara que existía el deber de motivar los actos administrativos de retiro de los servidores nombrados en provisionalidad, pues esto ocurrió con posterioridad, en la sentencia C-279 de 2007 13 . 4.7. El 13 de agosto de 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación en contra del fallo de tutela y modificó la decisión para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela, puesto que "la actora

recurso de apelación en contra del fallo de tutela y modificó la decisión para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela, puesto que "la actora pretende por esta vía que el juez de tutela reabra el debate de instanciamotivación de los actos administrativos de los empleados que en provisionalidad ocupan cargos de carrera-, el cual (...) ya fue definido por el juez de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laborar".

V. CONSIDERACIONES 5.1. Presupuestos de la sentencia de mérito La Sala es competente para conocer el presente proceso, en atención a lo preceptuado por los artículos 125 15 , 150 16 , 152-6 17 y 157 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dado que el proceso inició con vocación de doble instancia, pues el valor de las pretensiones 18 superó la cuantía prevista en la mencionada disposición normativa.

Asimismo, la Sala encuentra acreditado que el medio de control de reparación directa fue ejercido dentro del término de caducidad de dos (2) años previsto en el artículo 164.2 literal i) del CPACA, porque se demostró que la sentencia de segunda instancia por medio de la cual el Consejo de Estado confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a la 13 Fallo de primera instancia, acción de tutela, 10 de abril de 2014, f. 114 a 119, C. 2. 14 Fallo de segunda instancia, acción de tutela, 13 de agosto de 2014, f. 120 a 126, c. 2.

13 Fallo de primera instancia, acción de tutela, 10 de abril de 2014, f. 114 a 119, C. 2. 14 Fallo de segunda instancia, acción de tutela, 13 de agosto de 2014, f. 120 a 126, c. 2. 15 "Artículo 125. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos intedocutorios y de trámite, sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecdones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica". 16 "Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia". 17 CPACA. Artículo 152-6. "Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...) De los de reparación directa,

17 CPACA. Artículo 152-6. "Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...) De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salados mínimos legales mensuales vigentes". le CPACA. Articulo 157. Competencia por razón de la cuantía. "Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclaman". En el caso bajo estudio, el monto estimado de la cuantía por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado fue de $1.603.110.181, cifra que supera el equivalente a 500 smlmv para la fecha de presentación de la demanda (25 de agosto de 2015). 13 $1.603.110.181, f. 9, c. 1. 7Radicado: 25000-23-36-000-2015-02026-01 (57686) Demandante: Martha Adriana Rivero Torres hoy demandante, fue expedida el siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), con constancia de desfijación de edicto del dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013) 20 ; la solicitud de conciliación prejudicial fue elevada el trece (13) de julio de dos mil quince (2015), lo que suspendió el conteo del término de caducidad hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), cuando la

julio de dos mil quince (2015), lo que suspendió el conteo del término de caducidad hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), cuando la audiencia de conciliación fue declarada fallida; y la demanda de reparación fue presentada el veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015), cuando aún no había vencido el término para la caducidad. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que Martha Adriana Rivero Torres presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso en el cual le fue fueron negadas sus pretensiones, motivo por el que se encuentra legitimada para venir a este contencioso como demandante por el error judicial que considera fue cometido en dicho proceso. Por pasiva, el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden a la Rama Judicial como organismo encargado de adelantar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la demandante. De manera que la Nación, como persona jurídica representada por .el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, se encuentra legitimada en este asunto. 5.2. Resolución del problema jurídico De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia 21 , en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC) 22 y 177 del Código de Procedimiento Civil (CPC) 23 , quien pretenda indemnización de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas. La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, por su parte,

daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas. La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, por su parte, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68) 24 . 20 Constancia de notificación por edicto, Secretaría Sección Segunda del consejo de Estado, f. 399, c. 3. 21 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. [..1". 22 "Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta". 23 "Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 24 «Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijuriclicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.