CE - 250002336000201602481011SENTENCIA20230904081753

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)

Actor: GLORIA CECILIA MOLANO DE BULLA

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDUReferencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE POR OBRA PÚBLICA - El término de caducidad se contabiliza p or regla general desde la cesación de la ocupación temporal o desde cuando terminó la obra en la ocupación permanente / CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA – Excepción cuando el conocimiento del daño fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del hecho - aplicación del principio de confianza legítima / DICTAMEN PERICIAL – Eficacia probatoria / CONDENA EN ABSTRACTO – resulta procedente cuando no se acreditan los parámetros para liquidar una condena en concreto.

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 1º de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se aduce en la demanda que el Instituto de Desarrollo Urbano es responsable del

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se aduce en la demanda que el Instituto de Desarrollo Urbano es responsable del daño ocasionado con la ocupación permanente que ejerce sobre las áreas de terreno de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50N1043965, 50N -20229109 y 50N -20293329, en los que construyó el tramo de la carrera 91 a la transversal de Suba de la avenida Ciudad de Cali, por cuanto respecto de aquellos omitió adelantar el procedimiento administrativo de enajenación voluntaria, una vez la demandante saneó su título de d ominio y, por tanto, no le pagó la respectiva contraprestación.2

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de diciembre de 2016 (fls. 2 – 18 c. 1), la señora Gloria Cecilia Molano De Bulla presentó demanda de reparación directa, subsanada el 7 de febrero de 2017 (fls. 25 - 26 c. 1)1, contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios causados con la construcción del tramo de la obra “AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO DE LA

declarara patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios causados con la construcción del tramo de la obra “AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO DE LA CARRERA 91 A LA TRV. DE SUBA”, dado que ocupó permanentemente las áreas de terreno, actualmente de propiedad de la demandante, que se describen a continuación:

1. un área de terreno de 3.307,34 m2, que hacía parte de un inmueble de mayor

extensión con cabida de 4.271,22 m2, inmueble ubicado en la calle 117 -B No. 92-A-41, lote B.B., hoy calle 127-B No. 92-B-41 registrado al folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-1043965, con Chip AAA0129DBPP y registro topográfico No. 10392.

1. un área de terreno de 994 m 2, inmueble ubicado en la hoy calle 117 -B No. 92-75 interior 1, registrado al folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20229109, con Chip AAA0154UXNX y registro topográfico No. 10390.

1. un área de terreno de 72,0 m2, inmueble ubicado en la calle 117 No. 93 -52

antigua dirección, hoy calle 127 No. 93 -52, registrado al folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20293329 con Chip AAA0159EDLW, registro topográfico No. 19206.

Por lo anterior, solicitó como indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergen te consolidado, la suma de $6.171’451.817,28, correspondientes a la estimación del avalúo comercial de las áreas de terreno

Por lo anterior, solicitó como indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergen te consolidado, la suma de $6.171’451.817,28, correspondientes a la estimación del avalúo comercial de las áreas de terreno ocupadas; asimismo, pidió la indexación del valor anterior desde el 28 de septiembre de 2004.

Como fundamento fáctico de sus preten siones, la actora sostuvo que, el 12 de agosto de 1999, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente requirió al IDU

1 La demanda fue inadmitida por no haberse realizado la estimación razonada de la cuantía.3

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

para que “adquiri[era] a nombre del Distrito, la totalidad de los predios existentes entre la margen derecha de la avenida Ciudad de C ali y la margen izquierda del humedal Juan Amarillo y entre la carrera 91 y el puente a construir sobre el brazo del humedal Juan Amarillo…”.

En virtud de lo anterior, mediante los oficios Nos. 5069 de 15 de enero de 2003 y 17480 de 10 de febrero de 2003, el IDU comunicó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, la medida cautelar de “oferta de compra en bien urbano” sobre los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50N-20229109 y 50N-1043965, respectivamente, a la vez que, se abstuvo de

urbano” sobre los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50N-20229109 y 50N-1043965, respectivamente, a la vez que, se abstuvo de comunicar tal medida frente al bien con matrícula inmobiliaria 50N-20293329.

En el transcurso de las diligencias, mediante la Resolución No. 000728 de 25 de noviembre de 2003, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos declaró la falsa tradición de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria Nos. 50N1043965, 50N-20229109 y 50N-20293329, lo cual impedía adelantar el proceso de enajenación voluntaria con la última titular del derecho de propiedad inscrita, señora Gloria Cecilia Molano De Bulla.

Por ese motivo, el IDU obligó a la demandante a ingresar al programa de reasentamiento y a sanear la falsa tradición, so pena de iniciar el proceso de expropiación y pagar el valor de los predios a quienes aparecieran como titulares iniciales del derecho de propiedad.

Así las cosas, en el marco del programa de reasentamiento, el 28 de septiembre de 2004, la demandante hizo entrega de los inmuebles al IDU, según consta en las respectivas actas de autorización de uso de los inmuebles suscritas entre las partes; además, a efectos de sanear su derecho de dominio sobre los inmuebles , inició el proceso de pertenencia con radicado No. 2004-00122.

Mediante comunicación de 11 de junio de 2008, el IDU informó a la actora que el inicio del proceso de enajenación voluntaria requería de la prueba de su plena propiedad sobre los inmuebles, a través de sentencia de declaración de pertenencia

Mediante comunicación de 11 de junio de 2008, el IDU informó a la actora que el inicio del proceso de enajenación voluntaria requería de la prueba de su plena propiedad sobre los inmuebles, a través de sentencia de declaración de pertenencia inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, la cual, finalmente fue proferida por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá el 16 de diciembre de 2013.4

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

Saneado el derecho de propiedad de la actora, el 6 de junio de 2014, solicitó a la Dirección Técnica de Predios del IDU el inicio del proceso de enajenación voluntaria de los inmuebles; y el 20 de octubre siguiente, la entidad estatal anunció que daría comienzo al proceso de adquisición. No obstante, el 8 de septiembre de 2015, negó dicho trámite, aduciendo que era improcedente dado que la acción de reparación directa se encontraba caducada, pues habían transcurrido más de dos años desde la entrega de los predios.

La parte actora sostuvo que antes del 8 de septiembre de 2015, tenía la confianza legítima de que el IDU llevaría a cabo el proceso administrativo de enajenación voluntaria, dado que le aseguró que éste se realizaría una vez se encontrara inscrita la sentencia de pertenencia en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

voluntaria, dado que le aseguró que éste se realizaría una vez se encontrara inscrita la sentencia de pertenencia en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

Concluyó que la ocupación permanente de sus predios por motivos de obra pública, sin que se hubiera efectuado la remuneración correspondiente a las áreas de terreno ocupadas, le produjo un daño antijurídico susceptible de indemnización.

2. El trámite de primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 21 de febrero de 2017 (fls. 29 – 32 c. 1).

Notificado en debida forma el auto a dmisorio (fls. 37 - 42 c. 1), el IDU se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar que carecía de fundamentos fácticos, legales y probatorios, toda vez que el proceso de enajenación voluntaria se vio imposibilitado por la falsa tradición de los pr edios que la demandante acusó de su propiedad.

Explicó que atendiendo a la situación social de las familias asentadas en los predios y a la necesidad de los mismos para la realización de la obra pública, implementó un programa de reasentamiento, cuyo objetivo era otorgar recursos económicos a las familias "aparentemente propietarias" para la compra de un inmueble de reposición, como mínimo una vivienda de interés social prioritaria, así como los recursos necesarios para su traslado supeditando la compra del predio a las resultas del proceso de pertenencia, que los beneficiarios debían adelantar.5

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)

Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla

resultas del proceso de pertenencia, que los beneficiarios debían adelantar.5

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

También advirtió que, en el caso de la demandante, no reconoció prima de reasentamiento, debido a que los predios se empleaban para actividades de reciclaje y parqueadero, y que, únicamente efectuó un pago de compensación en relación con el inmueble con registro topográfico 10392 – matrícula inmobiliaria 50N-1043965por valor de $3’712.700.

Así mismo, propuso las excepciones de caducidad de la acción, por cuanto la ocupación de los predios se efectuó el 28 de septiembre de 2004; y la genérica (fls. 44 – 52 c. 1).

2.2. En la audiencia inicial del 6 de julio de 2017, el Tribunal negó la excepción previa de caducidad del medio de control formulada por el IDU , por estimar que la parte actora solo tuvo conocimiento del daño hasta el 8 de septiembre de 2015, cuando se le informó sobre la improcedencia del procedimiento de enajenación voluntaria. Seguidamente, el a quo fijó el litigio2 y la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas (fls. 84 - 93, c. 1).

2.3. El 28 de septiembre de 2017, en la audiencia de pruebas, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se dispuso presentar alegatos de

2.3. El 28 de septiembre de 2017, en la audiencia de pruebas, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se dispuso presentar alegatos de conclusión por escrito (fls. 115 - 121, c. 1).

En esa oportunidad procesal, el IDU advirtió que no existían elementos probatorios ni legales que permitieran establecer el perjuicio, debido a que el dictamen pericial aportado por la parte actora incurrió en error grave en la valoración comercial de los predios (fls. 131 – 135 c. 1).

La parte actora adujo que el IDU incumplió con el deber de adquirir los inmuebles que requería para la ejecución de la obra pública, mediante enajenación voluntaria o expropiación y, en consecuencia, ocupó permanentemente sus predios sin pagar indemnización alguna (fls. 135 - 139 c. 1).

2 En esa oportunidad se dispuso: “Determinar si el IDU es responsable de los perjuicios ocasionados al demandante como consecuencia de la ocupación permanente de los inmuebles de su propiedad, y en el evento de que le asista responsabilidad, debe establecerse si hay lugar al reconocimiento de los valores pretendidos en la demanda”.6

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

El Ministerio Público solicitó que se declare la responsabilidad de la pasiva por la ocupación permanente de los tres predios , en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad. En cuanto a la indemnización del daño, dijo que la tasación debía

El Ministerio Público solicitó que se declare la responsabilidad de la pasiva por la ocupación permanente de los tres predios , en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad. En cuanto a la indemnización del daño, dijo que la tasación debía realizarse desde el 1º de junio de 2014, cuando la demandante envió copia de la sentencia declarativa de pertenencia al IDU, por ser aquél el momento en que se cumplió con la condición de compra (fls. 123 – 130 c. 1).

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , mediante providencia del 1º de noviembre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda (fls. 141 – 155 c. ppal.), así:

PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU - por los daños ocasionados a la parte demandante con ocasión de la ocupación permanente de sus tres predios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en abstracto al Instituto de Desarrollo Urbano - IDUpor concepto de perjuicios materiales derivados de la ocupación permanente, de acuerdo a lo mencionado en esta providencia.

TERCERO: En virtud del pago anteriormente señalado, ORDENAR el registro de la presente sentencia en la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente para que obre como título traslaticio de dominio, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias No . 50N -20229109, 50N -1043965 y 50N -20293329 de

Instituto de Desarrollo Urbano, de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias No . 50N -20229109, 50N -1043965 y 50N -20293329 de conformidad con el artículo 191 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo que existan derechos reconocidos judicialmente a terceros.

CUARTO: DECLARAR probada la objec ión al dictamen pericial aportado por la parte actora, por los motivos expuestos en la parte motiva de este fallo.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, por lo cual deberá pagar a favor de la parte demandante, el equivalente a un (1) salario mí nimo legal mensual vigente.

SEXTO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, en los términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del C.P.A.C.A.

El a quo sostuvo que el IDU era responsable del daño bajo el régimen de responsabilidad objetivo, por cuanto ocupó los predios identificados con matrícula inmobiliaria Nos. 50N-1043965, 50N -20229109 y 50N -20293329, para la construcción de la avenida Ciudad de Cali sin surtir el procedimiento administrativo de enajenación voluntaria a efectos de entregar la debida contraprestación a su7

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propietaria, lo que generó una ruptura de las cargas públicas que la demandante no está en la obligación de soportar.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

propietaria, lo que generó una ruptura de las cargas públicas que la demandante no está en la obligación de soportar.

En relación con la liquidación de los perjuicios, de manera introductoria el a quo valoró los dictámenes periciales aportados por la parte actora, uno respecto del valor comercial de cada predio, con el propósito de resolver la objeción por error grave formulada por la pasiva, consistente en el desconocimiento de los procedimientos existentes para e l avalúo de predios sometidos a enajenación voluntaria y/o expropiación.

Sobre dicho aspecto, concluyó que en la pericia se incurrió en error grave, debido a que fue realizado teniendo en cuenta el valor actual de los predios, contrariando las normas que establecen que “el valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra, en relación con el inmueble a adquirir y en particular con su destinación económica” – artículo 61 de la Ley 388 de 1997-.

En consecuencia, condenó en abstracto a la pasiva al pago de los perjuicios materiales deprecados en la demanda, para que en trámite incidental y a través de un dictamen pericial rendido por el Instituto Geográfico Agustín C odazzi, se determinara el valor comercial de los predios que fueron ocupados por el IDU al momento de la oferta de compra, es decir, para el año 2004, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario.

4. Recursos de apelación

momento de la oferta de compra, es decir, para el año 2004, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario.

4. Recursos de apelación

4.1. Inconforme con la decisión anterior, el IDU interpuso recurso de apelación. Luego de transcribir la parte resolutiva de la sentencia, las excepciones formuladas en su escrito de contestación y los acápites de procedibilidad y de caducidad del medio de control incorporados en el fallo de primera instancia, procedió a plantear como motivo de disenso, la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control.

Sobre el particular, explicó que el término de caducidad inicia desde el día siguiente a la ocupación temporal o permanente del inmueble, sin que la prolongación en el tiempo de los efectos del daño antijurídico habilite al perjudicado a acudir en8

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cualquier momento a la jurisdicción a través del medio de control de reparación directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, numeral 2º del

C.P.A.C.A.

Así las cosas, sostuvo que como en el caso concreto la hoy demandante entregó los predios para su ocupación permanente y total el 28 de septiembre de 2004, era a partir de dicha fecha que debía computarse el término de caducidad, por lo que era evidente que el medio de control se había ejercido por fuera del término

los predios para su ocupación permanente y total el 28 de septiembre de 2004, era a partir de dicha fecha que debía computarse el término de caducidad, por lo que era evidente que el medio de control se había ejercido por fuera del término establecido para tal efecto (fls. 161 – 169 c. ppal.).

4.2. A su vez, la parte actora impugnó la decisión con el fin de que se revoque la condena en abstracto, por considerar que en el dictamen pericial practicado durante la actuación no se incurrió en error grave, toda vez que no existían ofertas de compra válidas para los predios, de ahí que el perjuicio debier a liquidarse a partir del valor comercial actual de los inmuebles.

Al respecto, consideró que las ofertas de compra inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50N-1043965 y 50N-20229109, mediante los oficios Nos. 17480 y 5069 del 10 de febrero y 15 de enero de 2003, habían perdido fuerza ejecutoria, en los términos del ordinal 3º del artículo 66 del C.C.A., debido a que habían transcurrido más de cinco años sin que la administración hubiera realizado actos para ejecutarlas. Además, no se había registrado oferta de compra respecto del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20293329.

Asimismo, adujo que, según los artículos 37 de la Ley 9 de 1989 y 20 de la Ley 1682 de 2013, la afectación tendría una vigencia de nueve años en el caso de vías públicas o de doce años para los proyectos de infraestructura de transporte a mediano y largo plazo, respectivamente, por lo que las ofertas de compra tampoco

1682 de 2013, la afectación tendría una vigencia de nueve años en el caso de vías públicas o de doce años para los proyectos de infraestructura de transporte a mediano y largo plazo, respectivamente, por lo que las ofertas de compra tampoco surtían efectos bajo dicha normativa.

Al lado de lo anterior, explicó que las ofertas de c ompra no le fueron notificadas, debido a que dicho trámite se surte ante el propietario, y solo adquirió tal calidad desde el 10 de abril de 2014, sin que a partir de ello se le hubiera formulado oferta alguna (fls. 170 – 176 c. ppal.).9

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Los recursos anter iores fueron concedidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto proferido el 12 de diciembre de 2017 (fls. 189 - 191 c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia

En proveído del 28 de febrero de 2018, esta Corporación admitió los recu rsos de apelación (fl. 206, c. ppal.) y, el 13 de abril siguiente, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 211, c. ppal.).

El IDU agregó que la jurisprudencia reiter ada del Consejo de Estado ha sostenido que en los eventos en los que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para

El IDU agregó que la jurisprudencia reiter ada del Consejo de Estado ha sostenido que en los eventos en los que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para ejercer el medio de control de reparación directa debe comp utarse desde que la obra finaliza, siempre que no se tenga prueba que el actor tuvo conocimiento de aquella de manera previa (fls. 223 – 230 c. ppal.).

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en su recurso de alzada (fls. 231 – 238 c. ppal.), mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “ las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

El artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “ de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales” , cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.10

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó l a cuantía

Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó l a cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 3, de ahí que esta Corporación sea competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra el fallo del a quo.

2. Legitimación en la causa

De conformidad con la sentencia del 16 de diciembre de 2013, mediante la cual el Juzgado 4 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá declaró la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio a favor de la señora Gloria Cecilia Molano De Bulla respecto de los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria Nos. 50N -1043965, 50N -20229109 y 50N -20293329 (fls. 38 – 48, c. 2), y los certificados de tradición y libertad de los inmuebles ya citados (fls. 51 – 54, c. 2), está demostrado que la señora Molano De Bulla es la propietaria de los predios que fueron ocupados total – 50N-20229109 y 50N -20293329y parcialmente – 50N1043965para la construcción de la avenida Ciudad de Cali en Bogotá, de modo que le asista legitimación para actuar en el presente asunto.

De otra parte, el IDU se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

3. Problema jurídico

De otra parte, el IDU se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

3. Problema jurídico

Con base en los arg umentos esbozados por las partes en sus respectivas impugnaciones, el debate jurídico se orienta a verificar si el presente medio de control se incoó dentro del término procesal previsto para su ejercicio. En caso de que así se concluya y en tanto que no s e hizo reparo alguno en relación con la responsabilidad del IDU por la ocupación permanente de los inmuebles, se analizará si era procedente que el Tribunal declarara probada la objeción por error grave respecto del dictamen pericial presentado por la part e actora o si con base en éste puede proferirse una condena en concreto.

3 La pretensión por el daño emergente consolidado ascendió a $6’171.451.817,28. Para la fecha de presentación de la demanda -2016500 SMLMV equivalían a $ 344’727.500.11

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

4. Análisis de caducidad del medio de control ejercido

De conformidad con el numeral 2, literal “i” del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión

De conformidad con el numeral 2, literal “i” del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Puntualmente, en los casos en los cuales se ejerce el medio de control de reparación directa para reclamar la indemnización de perjuicios derivados de la ocupación permanente de un predio por causa de una obra pública, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación 4 ha señalado que se requiere tener claridad acerca del momento en que se tiene conocimiento de la consolidación de la misma o, en su defecto, de la fecha en la cual cul minó la obra en el predio afectado, pues a partir de un momento o del otro, según el caso, debe contabilizarse el término de dos años que prevé la ley para accionar contra la respectiva entidad pública.

Conforme se sostuvo en la citada sentencia, el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que se conoce la consolidación de las obras que afectaron directamente un inmueble o desde que estas hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectiv o proyecto general, es decir, el término no necesariamente empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, sino que también puede correr desde cuando culmina o se consolida la afectación del inmueble, bien con la terminación de la obra en el predio o bien con la finalización

terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, sino que también puede correr desde cuando culmina o se consolida la afectación del inmueble, bien con la terminación de la obra en el predio o bien con la finalización de la parte de la obra que afecta a ese inmueble5.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Ter cera, sentencia del 25 de agosto de 2016, expediente: 73001 -23-31-000-2003-01601-01(35947) A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 5 Dicha postura fue adoptada teniendo en cuenta lo expuesto en anteriores providencias de las Subsecciones de la Sección Ter cera. En sentencia del 24 de junio de 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sostuvo: “(…) el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general; esto es, que el término no empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran . “(…) el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde12

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688) Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDUReferencia: Medio de Control de Reparación Directa

Actor: Gloria Cecilia Molano D