CE - 250002336000201602775011SENTENCIA20230801125802

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 5 de junio de 2023

Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por p rivación injusta de la libertad – Falla del servicio - Ausencia de cumplimiento de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento

Síntesis del caso: La víctima directa fue privada de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra, por la presunta comisión del delito de lavado de activos . Dicha actuación finalizó con sentencia absolutoria del juzgado penal, que fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuesto por la parte demandada, Nación - Fiscalía General de la Nación y , en modalidad adhesiva, formulado por la Nación - Rama Judicial, en contra de la Sentencia proferida el 18 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , mediante la cual se

adhesiva, formulado por la Nación - Rama Judicial, en contra de la Sentencia proferida el 18 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , mediante la cual se accedieron, parcialmente, a las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo2, que conoció en primera instancia en atención a la cuantía

1 En el resuelve de la providencia se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO. DECLARAR solidariamente responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por un porcentaje del 40% y la NACIÓN - RAMA JUDICIAL por un porcentaje del 60% por los daños padecidos por los accionantes. La entidad que pague primero el valor de la condena podrá repetir contra la otra por el valor del porcentaje correspondiente a su grado de responsabilidad en el daño objeto de indemnización. SEGUNDO. CONDENAR a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, al pago de la suma (…) $7.580.587 a favor del señor FRANCISCO IGNACIO SARMIENTO GÁMEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. CONDENAR a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓNRAMA JUDICIAL, por concepto de PERJUICIOS MORALES, al pago de las siguientes sumas de dinero: Demandante Calidad probada Valor en SMLMV Francisco Ignacio Sarmiento Gámez Víctima directa 35

RAMA JUDICIAL, por concepto de PERJUICIOS MORALES, al pago de las siguientes sumas de dinero: Demandante Calidad probada Valor en SMLMV Francisco Ignacio Sarmiento Gámez Víctima directa 35 Irma Alcira Barrero Salomón Cónyuge 35 Joaquín Sarmiento Gámez Hermano 17,5 Marta Lucia Sarmiento Gámez Hermana 17,5 María Amalia Sarmiento Gámez Hermana 17,5 Alex Fernando Sarmiento Barrero Hijo 35 Diana Maryit Sarmiento Barrero Hija 35

CUARTO: CONDENAR en costas a la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación - Rama Judicial(…)” 2 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autosRadicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152 del CPACA3.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152 del CPACA3.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 7 de diciembre de 2015 , Francisco Ignacio Sarmiento Gámez, con su grupo familiar , presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial , para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad , ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos4.

2. En la demanda se formul ó la siguiente pretensi ón declarativa (se

trascribe):

“PRIMERA: Que se DECLARE que la NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIALFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, es responsable extracontractual y administrativamente, de todos los daños y perjuicios tanto materiales o patrimoniales, como extrapatrimoniales (da ño a la vida de relación, daños morales y vulneración de derechos humanos y fundamentales como el debido proceso, la honra y el buen nombre, la libertad, la familia y la dignidad humana), ocasionados a los demandantes por todos los hechos referidos a la

morales y vulneración de derechos humanos y fundamentales como el debido proceso, la honra y el buen nombre, la libertad, la familia y la dignidad humana), ocasionados a los demandantes por todos los hechos referidos a la Privación Injusta de la Libertad de Francisco Sarmiento Gámez”5.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes

perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Francisco Sarmiento Gámez víctima directa 100 SMLMV6

susceptibles de e ste medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”. 3 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. “ Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes ”. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, ascendió a la suma de $654.470.175, correspondiente al daño emergente, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda. 4 Folios 15 al 100 del cuaderno del tribunal No.1. 5 Folio 15 del cuaderno del tribunal No.1. 6 La expresión “SMLMV” hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944)

5 Folio 15 del cuaderno del tribunal No.1. 6 La expresión “SMLMV” hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Irma Alcira Barrero Salomón cónyuge de la víctima 50 SMLMV Alex Fernando Sarmiento Barrero Hijo de la víctima 50 SMLMV Diana Meryit Sarmiento Barrero Hija de la víctima 50 SMLMV Clelia Liliana Sarmiento Rubiano Sobrina de la víctima 50 SMLMV María Amalia Sarmiento Gámez Hermana la víctima 50 SMLMV Marta Lucia Sarmiento Gámez Hermana la víctima 50 SMLMV Joaquín Sarmiento Gámez Hermano de la víctima 50 SMLMV Julio César Delgado Sarmiento Sobrino de la víctima 50 SMLMV Carmen Rosa Delgado Sarmiento Sobrina de la víctima 50 SMLMV Héctor Mauricio Cascavita Sarmiento Sobrino de la víctima 50 SMLMV Karol Lizeth Cascavita Mellado Sobrina en segundo grado de la víctima 50 SMLMV Daño emergente A favor de todos los demandantes $394.416.300 Lucro cesante A favor de todos los demandantes $166.699.450 Daño a la vida de

Sobrina en segundo grado de la víctima 50 SMLMV Daño emergente A favor de todos los demandantes $394.416.300 Lucro cesante A favor de todos los demandantes $166.699.450 Daño a la vida de relación A favor de todos los demandantes En la misma cuantía de los perjuicios morales Perjuicios extrapatrimoniales “por la violación de derechos humanos y fundamentales” A favor de todos los demandantes En la misma cuantía de los perjuicios morales Daño al buen nombre A favor de la víctima directa “Se ordene (…) la celebración de un acto conmemorativo en donde se reconozca la responsabilidad y se ofrezcan disculpas públicas”

4. Finalmente, pidió que se actualizaran las sumas reconocidas y se reconocieran los intereses compensatorios hasta la fecha en la que se diera cumplimiento de la sentencia.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en

síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 9 de febrero de 2007 se dio apertura a la instrucción en contra de Francisco Ignacio Sarmiento Gámez por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en atención a su calidad de representante legal de la empresa Inmunizadora de Maderas del Oriente LTDA. En consecuencia, se dispuso su vinculación mediante diligencia de indagatoria y se libró orden de captura.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944)

Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros

dispuso su vinculación mediante diligencia de indagatoria y se libró orden de captura.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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7. 2) Ante la imposibilidad de lograr la comparecencia del procesado, en Resolución de 29 de junio de 2007 fue declarado persona ausente.

8. 3) Mediante Resolución de 19 de julio de 2007, la Fiscalía 11 especializada, adscrita a la Unidad para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, impuso medida de aseguramiento a Francisco Igna cio Sarmiento Gámez, como presunto coautor del delito de lavado de activos.

Frente a esta decisión, el sindicado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 16 de junio de 2008 por la Fiscalía 5 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en el sentido de revocar la medida de aseguramiento.

9. 4) El 6 de marzo de 2009, el sindicado rindió indagatoria y, el 15 de enero de 2010, la Fiscalía 15 especializada de lavado de activos profirió Resolución de acusación en contra del sindicado y le impuso, nuevamente, medida de aseguramiento, sustituida por detención domiciliaria.

10. 5) Frente a dicha resolución, el sindicado interpuso recurso de apelación

de acusación en contra del sindicado y le impuso, nuevamente, medida de aseguramiento, sustituida por detención domiciliaria.

10. 5) Frente a dicha resolución, el sindicado interpuso recurso de apelación y la Fiscalía 3 delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial confirmó la decisión, la que quedó debidamente ejecutoriada el 2 de julio de 2010.

11. 6) En Sentencia de 7 de diciembre de 2011, el Juzgado 1 penal del circuito especializado de Bogotá absolvió a Francisco Sarmiento del cargo endilgado por la Fiscalía y ordenó su la libertad inmediata.

12. 7) El 3 de julio de 2013, la anterior providencia fue confirmada por el

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.

1.2. Posición de la parte demandada7

13. El 26 de abril de 2016, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas8. Al respecto, sostuvo que, las actuaciones de la entidad durante el proceso penal seguido en contra de Francisco Sarmiento se sujetaron a los deberes constitucionales y legales, así como al material probatorio debidamente allegado al proceso. Además, se opuso al pago de los perjuicios morales , porque no exist ían medios probatorios que demostraran las relaciones de afecto con la víctima directa, así como tampoco los perjuicios a la vida de relación. Finalmente, propuso las excepciones de “caducidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva e ineptitud sustantiva de la demanda”, “falta de presupuesto para la

tampoco los perjuicios a la vida de relación. Finalmente, propuso las excepciones de “caducidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva e ineptitud sustantiva de la demanda”, “falta de presupuesto para la configuración de la responsabilidad extracontractual del estado” y, por

7 Mediante Auto de 25 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B admitió la demanda en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Rama J udicial y, ordenó su notificación. Folios 89 al 91 del cuaderno del Tribunal No.1. 8 Folios 106 al 115 del cuaderno del tribunal No.1.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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último, “inexistencia de la alegada privación injusta de la libertad de Ramiro Castiblanco Imedio” -que no guarda relación con el nombre de la víctima directa-.

14. El 27 de abril de 2016, la Rama Judicial contestó la demanda, en la que se opuso a las pretensiones formuladas y solicitó su absolución, en atención a que no se encontraba demostrado el nexo causal entre el daño antijurídico causado y las actuaciones de sus funcionarios 9. En su escrito explicó que como el proceso se adelantó en vigencia de la ley 600 de 2000, la etapa de investigación le correspondía a la Fiscalía General , en la que

antijurídico causado y las actuaciones de sus funcionarios 9. En su escrito explicó que como el proceso se adelantó en vigencia de la ley 600 de 2000, la etapa de investigación le correspondía a la Fiscalía General , en la que era posible imponer la medida de aseguramiento , sin intervención de los jueces. En conclusión, afirmó que la deficiente labor investigativa de la Fiscalía, que conllevó a que el sindicado fuera absuelto del cargo , impide atribuirle responsabilidad en la privación injusta de Francisco Sarmiento.

1.3. Sentencia de primera instancia

15. El 18 de enero de 2017 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda 10. Como fundamento de la decisión sostuvo que, el caso debía analizarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, pues el proceso penal por el cual se privó de la libertad a Francisco Sarmiento Gámez finalizó con sentencia absolutoria. Además, precisó que la pr ivación fue injusta , debido a que se ordenó su captura y se le impuso medida de aseguramiento, sin que existiera claridad sobre el delito que se le imputaba y, únicamente, con base en notas periodísticas. Es decir, afirmó que la Fiscalía impuso la medida de aseguramiento con fundamento en una simple sospecha y no en indicios graves, como lo ordena la norma , por lo q ue existía nexo causal entre el daño antijurídico y la conducta de la Fiscalía. Por último, r especto de la Rama Judicial, sostuvo que una vez el proceso entró a etapa de juicio, la

graves, como lo ordena la norma , por lo q ue existía nexo causal entre el daño antijurídico y la conducta de la Fiscalía. Por último, r especto de la Rama Judicial, sostuvo que una vez el proceso entró a etapa de juicio, la restricción de la libertad estuvo a su cargo, por lo que, igualmente, contribuyó al daño antijurídico. En virtud de lo anterior , y en atención al tiempo que estuvo a disposición de cada entidad, condenó a pagar los perjuicios en proporción de 40% para la Fiscalía General de la Nación y 60% para la Rama Judicial.

16. Enseguida, procedió a liquidar los perjuicios causados, así: (1) por concepto de lucro cesante, encontró probado que el actor se desempeñaba como representante legal de una sociedad, pero no el monto de sus honorarios, por lo que condenó al pago del salario mínimo, sumado en un 25% de prestaciones sociales , desde el 15 de marzo hasta el 9 de diciembre de 2011; y (2) por concepto de perjuicios morales, en virtud

9 Folios 130 al 137 del cuaderno del Tribunal No.1. 10 Folios 216 al 232 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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de la presunción jurisprudencial y habida cuenta de que la mayor parte de

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de la presunción jurisprudencial y habida cuenta de que la mayor parte de la privación de la libertad fue domiciliaria, condenó a pagar 35 SMLMV, para la víctima directa, Francisco Sarmiento Gámez ; su cónyuge , Irma Alcira Barrero Salomón, así como sus hijo s, y 17,5 SMLMV, para sus hermanos Joaquín Sarmiento, Marta Lucía Sarmiento y María Amalia Sarmie nto. Respecto de los otros demandantes, el Tribunal negó los perjuicios morales, porque no existían medios de prueba para acreditarlos. Por último, precisó que se negaban todos los demás perjuicios solicitados en la demanda, por no encontrarse debidamente acreditados.

1.4. Recursos de apelación

17. El 8 de febrero de 2017, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación , en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarara probada la excepción de ausencia de daño antijurídico11. En su escrito indicó que, el Tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta la valoración probatoria de la Fiscalía, que permitió la imposición de medida de aseguramiento en contra de Francisco Sarmiento, al existir suficientes medios probatorios que la respaldaban , más allá de las notas periodísticas que lo incriminaban. Igualmente, se opuso al reconocimiento de los perjuicios, en especial del lucro cesante, p orque no

al existir suficientes medios probatorios que la respaldaban , más allá de las notas periodísticas que lo incriminaban. Igualmente, se opuso al reconocimiento de los perjuicios, en especial del lucro cesante, p orque no se encontró debidamente acreditado que el demandante devengaba un salario mínimo mensual y que debía adicionarse el 25% por prestaciones sociales.

18. El 27 de febrero de 2017, la Rama Judicial interpuso el recurso de apelación adhesiva en contra de la sentencia de primera instancia12. Expuso que, las actuaciones realizadas por sus funcionarios se ajustaron al procedimiento normativo y procesal vigente y que la fiscalía fue quien determinó que la evidencia probatoria recaudada daba lugar a imponer la medida de aseguramiento.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

11 Folios 240 al 243 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 Folios 271 al 279 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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19. El Tribunal en primera instancia accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda, al encontrar que la privación de la libertad afrontada por Francisco Sarmiento Gámez fue injusta . La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de dicha decisión , porque no se le causó un daño antijurídico al demandante y la entidad actuó en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Adicionalmente, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación adhesiva.

20. En el presente asunto está demostrado que, Francisco Ignacio Sarmiento Gámez estuvo privado de la libertad, en establecimiento carcelario, desde el 15 de marzo hasta el 10 de mayo de 2011 y, luego, en detención domiciliaria hasta el 9 de diciembre de 2011, fecha en la cual se le concedió su libertad por sentencia absolutoria13.

21. Además, se pudo advertir que, mediante Sentencia de 7 de diciembre de 201114, el Juzgado 1 penal del circuito especializado de Bogotá absolvió al procesado , por no tener certeza de que cometió la conducta. Esta decisión fue confirmada el 3 de julio de 201315, por la Sala Penal del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

22. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, porque encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la

Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

22. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, porque encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia que finalizó la investigación penal, de ac uerdo con las normas procesales, quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 201316 y, el 11 de septiembre de 2015, el demandante presentó solicitud de conciliación que fue declarada fallida el 4 de diciembre de 201517. Por lo anterior, la demanda presentada el 7 de diciembre de 2015 se ejerció dentro del término previsto por el artículo 164, numeral 2, inciso i del CPACA.

23. La Sala modificará la Sentencia de primera instancia en relación con la liquidación de los perjuicios causados a la pa rte demandante , de conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos similares, así como la entidad a la que se le atribuye el daño. En efecto, la Sala observa que, Francisco Sarmiento Gámez estuvo recluid o en establecimiento carcelario y , posteriormente, en detención domiciliaria, con ocasión de una medida de aseguramiento cuya necesidad no estaba justificada. Además, cuando ingresó al establecimiento carcelario, el 15 de

13 De conformidad con la certificación emitida por el INPEC y aportada al proceso el 3 de marzo de 2016. Folio 180 del cuaderno del Tribunal no. 1. 14 Folios 3 al 24 del cuaderno de pruebas no. 2. 15 Folios 25 al 100 del cuaderno de pruebas no. 2.

del cuaderno del Tribunal no. 1. 14 Folios 3 al 24 del cuaderno de pruebas no. 2. 15 Folios 25 al 100 del cuaderno de pruebas no. 2. 16 De conformidad con la constancia de ejecutoria expedida por el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Folio 2 del cuaderno de pruebas no. 2. 17 De acuerdo con la constancia de no conciliación expedida el 4 de diciembre de 2015. Folios 430 y 431 del cuaderno de pruebas no. 2.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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marzo de 2011, ya se encontraba a cargo de la Rama Judicial , debido a que la Resolución de Acusación quedó debidamente ejecutoriada el 2 de julio de 2010.

24. Por otra parte, la Sala no se pronunciará sobre los perjuicios morales no reconocidos a los demandantes Clelia Liliana Sarmiento Rubiano, Héctor Mauricio Cascavita Sarmiento , Julio Cesar Delgado Sarmiento, Carmen Rosa Delgado Sarmiento y Karol Lizeth Cascavita Mellado, porque no fueron apelados por la parte demandante, quien era la única que tenía interés para ello. Por los mismos motivos, no se pronunciará sobre las demás pretensiones que fueron negadas , relacionadas con el daño a la vida de relación y el daño emergente.

para ello. Por los mismos motivos, no se pronunciará sobre las demás pretensiones que fueron negadas , relacionadas con el daño a la vida de relación y el daño emergente.

25. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará la existencia de un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal penal vigente. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció el hecho de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en casos de privación injusta de la libertad, atribuirá el daño a la Rama Judicial, de conformidad con el periodo de privación acreditado. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y condenará en costas.

2.2. Identificación del daño

26. En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Francisco Ignacio Sarmiento Gámez que se extendió, desde el 15 de marzo hasta el 10 de mayo de 2011, en establecimiento carcelario y desde el 11 de mayo hasta el 9 de diciem bre de 2011 en detención domiciliaria18.

27. Es decir, por un periodo de 8 meses y 25 días, distribuidos en prisión intramural por un periodo 1 mes y 25 días, y en detención domiciliar ia 7 meses.

2.3. Análisis de legalidad de la medida de aseguramiento

28. La investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600

intramural por un periodo 1 mes y 25 días, y en detención domiciliar ia 7 meses.

2.3. Análisis de legalidad de la medida de aseguramiento

28. La investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. La Resolución de 15 de enero de 2010, que calificó el mérito del proceso penal adelantando en contra de Francisco Ignacio Sarmiento Gámez con Resolución de Acusación, le impuso medida de aseguramiento

18 Debe resaltarse que, en la sentencia de primera instancia, se identificó el período de privación de la libertad en 8 meses y, para liquidar el lucro cesante, lo calculó en 8 meses y 24 días. En esta providencia, dicho lapso arroja 8 meses y 25 días y así se tendrá en cuenta, como quiera que, las fechas de inicio y terminación de la detención son las mismas tenidas en cuenta por el tribunal y solo se trató de un error en el cálculo del período total.Radicación: 25000-23-26-000-2015-02775-01 (58.944) Actor: Francisco Ignacio Sarmiento Gámez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: MODIFICA la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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consistente en detención preventiva. De acuerdo con los artículos 355 al 357 de dicha normativa , para imponer la medida de aseguramiento se requiere:

a) Cuando se trate de un delito con pena mínima igual o superior a 4 años de prisión, salvo que fuese alguna de las conductas punibles previstas por el artículo 357 del C.P. P19, entre otros supuestos.

requiere:

a) Cuando se trate de un delito con pena mínima igual o superior a 4 años de prisión, salvo que fuese alguna de las conductas punibles previstas por el artículo 357 del C.P. P19, entre otros supuestos. b) Que aparecieran, por lo menos, 2 indicios graves de responsabilidad en contra del imputado20 y c) Que existieran circunstancias que justificaran e hicieran necesaria su imposición, de conformidad con los fines previstos por los artículos 3, inciso 221 y 355 del C.P. P22.

29. Así las cosas, se advierte que, en relació n con el primer requisito aludido, el delito por el cual se adelantó el proceso penal en contra del demandante, se definió su situación jurídica y se profirió la Resolución de acusación, es el delito de lavado de activos que tenía una pena mínima superior a los 4 años, por lo que se cumplió cabalmente con este presupuesto23.

30. Sin embargo, no puede concluirse lo mismo respecto del segundo y tercer requisito, pues no se contaba con los dos indicios graves de responsabilidad y no se justificó la necesidad de la medida.

31. En primer lugar, debe advertirse que , el proceso penal tuvo origen en las pub licaciones de prensa que informaban sobre unas presuntas actividades ilícitas de uno de los socios del proyecto Villa Adelaida, en donde se encontraba la empresa en la que trabajaba como representante legal, Francisco Ignacio Sarmiento Gámez . Como resultado de ello, la SIJIN presentó el informe de 29 de junio de 2005.

32. En la Resolución de Acusación de 15 de enero de 201024, que le impuso

legal, Francisco Ignacio Sar