CE - 250002336000201701052021SENTENCIA20231206121810

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

Referencia: Reparación directa

Temas: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - El término de caducidad empieza su cómputo desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso o desde el conocimiento de la posible participación del Estado en el mismo / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ANÓN IMA DEL ESTADO - es independiente de la sanción penal del autor o partícipe de la conducta punible - en el presente caso se acreditó que la parte actora conocía de la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado desde el momento en que concedió entrevistas en distintos medios de comunicación.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los daños causados a la honra, dignidad y el buen nombre de los demandantes, como consecuencia de la información entregada a los medios de comunicación por parte de agentes del Estado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

Se solicita la reparación de los daños causados a la honra, dignidad y el buen nombre de los demandantes, como consecuencia de la información entregada a los medios de comunicación por parte de agentes del Estado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa instaurada el 8 de junio de 2017 1, por los señores Ascencio Reyes Serrano (víctima directa), Alexy Yanet Ruiz Ávila

(cónyuge), quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo Nicolas Reyes Ruiz; Nathalia del Pilar, Mario Francisco y Claudia Patricia Reyes Ipuz (hijos y socios de la empresa), Santiago Reyes Martínez, Andrés Felipe Reyes Zambrano (hijos); Abigail, Delfín y la sucesión de Nolberto Reyes Serrano y Benilda Reyes de Astudillo (hermanos); Blanca Flor Ipuz Pérez (exesposa y socia); Laura Daniela Morales Sánchez y María Camila Ipuz Ruiz (terceras damnificadas), en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante DAPRE) y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS), sucedido procesalmente por la Fiduciaria la Previsora S.A., con el

1 Folio 66, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

Referencia: Reparación directa

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Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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fin de que se les declare patrimonial y solidariamente responsables por los perjuicios causados con la entrega de información de carácter reservado a los medios de comunicación, en la que se señalaban supuestos vínculos del señor Ascencio Reyes y de su fam ilia con el narcotráfico, lo que ocurrió en el marco de un plan criminal para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

2. Como soporte fáctico de la demanda se expuso, en síntesis, que el señor Ascencio Reyes Serrano laboró desde 1976 hasta 1982 en la Asociación Nacional de Egresados del Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro, donde se fundaron relaciones de índole laboral y personal con funcionarios de las altas Cortes. Luego de su retiro del Batallón de Infantería se dedicó al comercio, la ganadería y constituyó la denominada Agencia de Viajes y Turismo BASAN & CIA LTDA., junto con su exesposa y algunos de sus hijos; lo anterior, sin abandonar el ejercicio de las relaciones públicas con altos dignatarios, lo que le permitía en su ámbito comercial efectuar negocios con bienes raíces y ventas de planes y tiquetes turísticos.

3. Se indicó que, entre los años 2007 a 2010, los demandantes fueron víctimas de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación del país, que publicaron información personal (a cuánto ascendían los bienes de su propiedad, identificaron cada una de sus empresas, las relaciones que sostenía

de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación del país, que publicaron información personal (a cuánto ascendían los bienes de su propiedad, identificaron cada una de sus empresas, las relaciones que sostenía Ascencio Reyes y su hija -que trabaja en la Fiscalía General de la Nación - con distintos funcionarios) y, además, divulgaron noticias falsas, esto es, que tenían vínculos con el narcotráfico, pusieron en tela de juicio el origen y la procedencia de sus bienes y especularon sobre la relación personal que tenía el señor Reyes Serrano con varios magistrados que eran integrantes para ese momento de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que aquél les había pagado un viaje a ellos y a sus esposas a través de su agencia, con dinero proveniente del narcotráfico, para un evento realiza do en la ciudad de Neiva en reconocimiento al nombramiento del magistrado Yesid Ramírez como presidente de la alta Corte.

4. Se sostuvo que solo hasta que la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia del 28 de abril de 2015, en el proceso 36.784, los demandantes tuvieron conocimiento de que la información publicada en su contra fue entregada como consecuencia de un plan crimi nal orquestado por agentes de las entidades demandadas, en contra de los magistrados de esa alta corte, como estrategia para generar dudas respecto de la imparcialidad de tales funcionarios, utilizando como chivo expiatorio al demandante, contra quien se inició un proceso penal que culminó con archivo2.

La defensa

5. La Fiduprevisora S.A. y el DAPRE al contestar la demanda se opusieron a las pretensiones; manifestaron que el Estado no estaba llamado a responder por los

con archivo2.

La defensa

5. La Fiduprevisora S.A. y el DAPRE al contestar la demanda se opusieron a las pretensiones; manifestaron que el Estado no estaba llamado a responder por los

2 Folios 24 a 64, c. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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daños cuya indemnización se demandaba, toda vez que conforme se plasmó en la sentencia del 28 de abril de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia ninguna información de carácter privado, ni mucho menos reservada, fue objeto de recolección por el DA S o la Unidad de Investigación de Análisis Financiero -UIAFrespecto de los aquí demandantes; además, cuando se inició la investigación, la Presidencia de la República suministró a ambas entidades una razón válida para desplegar labores de inteligencia. Lo que se reprochó penalmente (en relación con Ascencio Reyes) era que María del Pilar Hurtado hubiera dado la orden de entregar información de inteligencia a un medio periodístico, que fue el insumo para que se elaborara el artículo “La paja en el ojo ajeno”, hecho que concretó la afectación alegada por los demandantes, pero que no tuvo nexo alguno con el servicio, pues sucedió dentro del ámbito personal de la funcionaria, de ahí que resultaba imputable a título personal del agente. En ese sentido, el DAPRE propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

sucedió dentro del ámbito personal de la funcionaria, de ahí que resultaba imputable a título personal del agente. En ese sentido, el DAPRE propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. Adicionalmente, ambas entidades formularon la excepción de caducidad, por cuanto las publicaciones por parte de los medios de comunicación que causaron los supuestos perjuicios a los actores fueron divulgadas entre los años 2007 y 2010, y en una entrevista realizada en 2011 el hoy actor reveló que conocía que servidores del DAS lo estaban investigando y realizando “montajes”; sin embargo, la demanda se instauró en 2017, es decir, por fuera de los dos años que concede la Ley3.

7. Concluido el debate probatorio 4 , en etapa de alegaciones, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda 5 y sus contestaciones, respectivamente. El DAPRE añadió que, si bien el Consejo de Estado revocó la decisión de declarar la caducidad del medio de control (adoptada en la audiencia inicial), lo hizo en aplicación del principio pro actione, pero no fue una decisión

3 Fiduprevisora S.A. (folios 101 a 112, c. 1) y DAPRE (folios 113 a 132, c. 1). 4 En la continuación de la audiencia inicial celebrada el 31 de julio de 2018, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Registros civiles de nacimiento de los demandantes, de defunción de los padres del señor Ascencio Reyes, de su hermano Norberto Reyes Serrano y de matrimonio con la señora Alexy Ruiz Ávila; 2. Certificado de existencia y representación legal de la Age ncia de Viajes y Turismo BASAN

los padres del señor Ascencio Reyes, de su hermano Norberto Reyes Serrano y de matrimonio con la señora Alexy Ruiz Ávila; 2. Certificado de existencia y representación legal de la Age ncia de Viajes y Turismo BASAN & CIA LTDA.; 3. 19 publicaciones periodísticas divulgadas entre el 20 de abril de 2008 al 23 de febrero de 2009;

4. Sentencia del 28 de abril de 2015, dictada por la CSJ en el proceso penal 26784; 5. Derecho de petición del 27 de abril de 2015 y su respuesta; 6. Sentencia proferida el 3 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso 250002326000201000941; 6. Sentencia proferida el 15 de febrero (no dice año) por el Tribunal Administrativo de Cund inamarca en el proceso 1100133310372010021100; 7. declaración extraprocesal rendida por el señor Ricardo Benedicto Gómez; 8. Derechos de petición a entidades bancarias y respuestas a los mismos; 9. Copia de las escrituras públicas de los bienes de los demandantes sobre los cuales tuvieron que constituir hipotecas; 10. Archivo del proceso penal adelantado contra Ascencio Reyes; 11.

Dictámenes periciales rendidos por psicólogos; 12. Acta de posesión 0058 del 6 de febrero de 2006 y Resolución 346 (no registra fecha); 13. Certificado de existencia y representación legal de Diseño Ltda.; 14. Revocación de la beca otorgada a Claudia Patricia Reyes Ipuz; 15. Contrato laboral de Nathalia del Pilar Reyes Ipuz, carta de renuncia y tiquete de salida del país; 16. Hipoteca del local ubicado en el centro comercial centro 93; 17. Proceso

la beca otorgada a Claudia Patricia Reyes Ipuz; 15. Contrato laboral de Nathalia del Pilar Reyes Ipuz, carta de renuncia y tiquete de salida del país; 16. Hipoteca del local ubicado en el centro comercial centro 93; 17. Proceso ejecutivo en el que se efectúo el embargo de un predio de propiedad de Blanca Flor Ipuz; 18. Certificación laboral del señor Mario Francisco Reyes Ipuz; 19. DVD con dos archivos tomados de YouTube de la entrevista dada al noticiero Noticias Uno, con la solicitud de interrogatorio de parte para la ratificación de la misma. Testimonios; 1. Ricardo Benedicto Gómez; 2. Jaime Ipuz Pérez y 3. Hugo Quintero Bernate. Dictamen pericial rendido por experto contador. Oficios: 1. A NTC Televisión, productora de Noticias UNO, para que allegue copia integra de la entrevista dada por el señor Ascencio Reyes Serrano en marzo o abril de 2011; 2. A la DIAN para que remita las declaraciones de renta de cada uno de los demandantes entre el 2000 al 2017; Interrogatorio de parte señor Ascencio Reyes (folios 225 a 234 del c. 3). 5 Folios 369 a 393, c. 3. (parte actora).Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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definitiva, pues en tal providencia se indicó que no excluía la posibilidad de que durante el transcurso del proceso se pudiera establecer que la parte actora tuvo conocimiento del daño en un momento previo, tal y como se encontraba probado en

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definitiva, pues en tal providencia se indicó que no excluía la posibilidad de que durante el transcurso del proceso se pudiera establecer que la parte actora tuvo conocimiento del daño en un momento previo, tal y como se encontraba probado en el sub examine, pues fue el propio señor Ascencio Reyes quien en 2011 declaró ante diversos medios de comunicación que planeaba demandar al Estado por “ los dolos que se le habían causado” y que estaba en la tarea de recopilar evidencias para ello; por manera que se debía declarar probada tal excepción6. Por su parte la Fiduprevisora S.A. cuestionó los dictámenes aportados por la parte actora 7 , mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

Decisión objeto de impugnación

8. Al dictar sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por activa de María Camila Ipuz Ruiz y Laura Daniela Morales Sánchez, por considerar que no se demostró ningún tipo de vínculo afectivo con el seño r Ascencio Reyes Serrano; de otro lado, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe en forma

literal):

“PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras MARÍA CAMILA IPUZ RUIZ y LAURA DANIELA MORALES SÁNCHEZ, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

“SEGUNDO: DECLARAR administrativa y solidariamente responsables al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, sucedido procesalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y al DEPARTAMENTO

“SEGUNDO: DECLARAR administrativa y solidariamente responsables al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, sucedido procesalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por los perjuic ios ocasionados a los demandantes, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

“TERCERO: CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, sucedido procesalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, al pago de las siguientes sumas de dinero, reconocidas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecuto ria de la presente providencia, por concepto

de DAÑO MORAL:

DEMANDANTE CALIDAD SUMA RECONOCIDA EN

SALARIOS

MINIMOS LEGALES

MENSUALES

VIGENTES A LA FECHA

DE EJECUTORIA DE

ESTA PROVIDENCIA

Ascencio Reyes Serrano Víctima directa 100 Alexy Yanet Ruiz Ávila Esposa 80 Nicolás Reyes Ruiz Hijo 80 Nathalia del Pilar Reyes Ipuz Hija 80

6 Folios 360 a 368, c. 3. (DAPRE). 7 Folios 394 a 413 c. 3. (Fiduprevisora S.A.).Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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Mario Francisco Reyes Ipuz Hijo 80 Claudia Patricia Reyes Hija 80 Santiago Reyes Martínez Hijo 80 Andrés Felipe Reyes Zambrano Hijo 80 Abigail Reyes Serrato Hermana 50 Benilda Reyes De Astudillo Hermana 50 Delfín Reyes Serrato Hermano Hermano 50 A la sucesión del señor Nolberto Reyes Serrato Hermano 50 Blanca Flor Ipuz Tercera damnificada 30

Se pone de presente que como se está declarando solidariamente responsables, en proporciones iguales a las demandadas la entidad que pague primero el valor de la condena podrá repetir contra la otra por el valor del porcentaje correspondiente su grado de responsabilidad en el daño objeto de indemnización.

“CUARTO: NEGAR el reconocimiento de perjuicios morales y daño a la salud a favor de la AGENCIA DE VIAJES BASAN & CIA LTDA. de acuerdo con lo señalado es esta providencia.

“QUINTO: CONDENAR en costas a las demandadas, por lo cual deberá pagar a favor de los demandantes el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

“SEXTO: ORDENAR a las entidades condenadas dar aplicación para el cumplimiento de esta sentencia, a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

“SÉPTIMO: NEGAR la objeción por error grave propuesta por las demandas, por las razones expuestas en este fallo.

de esta sentencia, a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

“SÉPTIMO: NEGAR la objeción por error grave propuesta por las demandas, por las razones expuestas en este fallo.

“OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

“NOVENO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, en los términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del C.P.A.C.A.”8.

9. En relación con el presupuesto procesal de la caducidad, indicó que en línea con lo expuesto por el Consejo de Estado en el auto del 9 de mayo de 2018 (que resolvió la apelación de lo resuelto sobre el punto en la audiencia inicial), consideraba que no exi stían medios de prueba distintos de las entrevistas realizadas al señor Ascencio Reyes, que permitieran concluir que los demandantes tuvieron conocimiento sobre quien, presuntamente, había filtrado la información a los medios de comunicación y, si bien en el interrogatorio de parte el señor Reyes Serrano ratificó la entrevista dada al noticiero Noticias Uno, de la misma no se podía extraer que para la fecha de su realización (13 de marzo de 2011) él hubiese conocido quienes fueron las personas que entregaron la información personal y de su familia. Con base en lo anterior, señaló que sólo hasta el 28 de abril de 2015, con la expedición de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la parte actora tuvo conocimiento de la participación de funcionarios del E stado en la producción

8 Folios 415 a 441 y 460 a 462, c. Ppal.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841)

tuvo conocimiento de la participación de funcionarios del E stado en la producción

8 Folios 415 a 441 y 460 a 462, c. Ppal.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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del hecho dañoso y, por ende, no había lugar a declarar la caducidad del medio de control.

10. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que de acuerdo con lo establecido en la sentencia del 28 de abril de 2015, dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se podía colegir que los señores Bernardo Moreno, en su condición de director del DAPRE y María del Pilar Hurtado, en su calidad de directora del DAS, realizaron interceptaciones y labores de inteligencia, algunas de manera ilegal, con el fin de conseguir información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue requerida por la Presidencia de la República, donde el nombre de Ascencio Reyes resultó blanco para que fuera investigado. La información obtenida, no obstante tener el carácter de reservada, fue entregada a varios medios de comunicación, tal y como revelaban los recortes de prensa allegados. Asimismo, se extrae de la referida sentencia condenatoria que la revista Semana recibió de la Presidencia de la República toda la información, incluida la errónea fotografía que sirvió de fundamento para el artí culo “El mecenas de la Justicia”, cuando aún no se había siquiera iniciado investigación alguna en contra

Semana recibió de la Presidencia de la República toda la información, incluida la errónea fotografía que sirvió de fundamento para el artí culo “El mecenas de la Justicia”, cuando aún no se había siquiera iniciado investigación alguna en contra de Ascencio Reyes Serrano por el delito de narcotráfico, todo ello con el propósito de generar suspicacia en torno a la labor y las relaciones que sostenían los magistrados de la mencionada Corte.

11. Agregó que con posterioridad, la Fiscalía no encontró mérito para realizar la formulación de imputación en contra del señor Ascencio Reyes por las conductas delictivas denunciadas, lo que permitía concluir que la información divulgada fue falsa y afectó l os derechos al buen nombre, la intimidad y la honra de los demandantes, sin que se pudiera predicar un actuar ajeno al servicio de las entidades demandadas. Como consecuencia, accedió a los perjuicios morales en los montos que se dejaron transcritos previa mente, atendiendo a los criterios de justicia, equidad y razonabilidad y negó la indemnización de perjuicios materiales

(daño emergente y lucro cesante) y por daño a la salud, por cuanto no los encontró acreditados9.

II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS

12. La parte demandante manifestó su inconformidad en lo que respecta al reconocimiento de perjuicios. En relación con los morales y el daño a la salud adujo que el a quo omitió la doble calidad en que demandaban los señores Nathalia del Pilar, Claudia Patricia, Mario Francisco Reyes Ipuz y Blanca Flor Ipuz Pérez, esto es como victimas indirectas 10, pero también como víctimas directas, en su calidad

que el a quo omitió la doble calidad en que demandaban los señores Nathalia del Pilar, Claudia Patricia, Mario Francisco Reyes Ipuz y Blanca Flor Ipuz Pérez, esto es como victimas indirectas 10, pero también como víctimas directas, en su calidad de socios de la Agencia de Viajes y Turismo Basan & CIA LTDA., por lo que era procedente reconocerles los referidos perjuicios en esta última condición. Añadió que, en aplicación del parámetro jurisprudencial establecido en la sentencia del 25

9 Folios 415 a 442, c. Ppal. 10 Dado el grado de parentesco o vínculo afectivo con el directo afectado (perjuicios morales que sí fueron reconocidos).Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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de septiembre de 2013 (radicado: 36.460), debió concederse 1.000 SMLMV a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales y otro tanto por daño a la salud, toda vez que el daño causado se derivó de una conducta punible. Por último, adujo que con el dictamen pericial allegado se demostraron los perjuicios materiales negados y que, en aras de obtener una reparación integral, había lugar a emitir un comunicado en donde se admitiera que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones ilícitas que atentaron contra el buen nombre e integridad de los demandantes11.

13. Por su parte, el DAPRE manifestó su disenso en relación con el ejercicio

incurrieron en actuaciones ilícitas que atentaron contra el buen nombre e integridad de los demandantes11.

13. Por su parte, el DAPRE manifestó su disenso en relación con el ejercicio oportuno del derecho de acción. Indicó que una vez recaudadas las pruebas solicitadas por las partes, no cabía duda de que la parte actora tenía conocimiento y convicción, desde el año 2011, sobre la participación de agentes estatales en los hechos en que fundó su demanda, cuando el señor Reyes Serrano declaró ante diversos medios de comunicación -diario el Espectador – edición del 3 de abril de 2011 y el noticiero Noticias UNO - que planeaba demandar a la Presidencia de la República y su exdirector por los daños causados y, si bien se trataba de notas periodísticas y entrevistas, lo cierto era que el actor las había ratificado. De hecho, la tesis según la cual solo se enteró de estas circunstancias con motivo de la expedición de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia resultaba insostenible, por cuanto, afirmó, el señor Reyes Serrano se constituyó como víctima en el proceso penal seguido en contra de los exdirectores de las entidades demandadas y tuvo acceso a los medios probatorios descubiertos por la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación llevada a cabo el 13 de septiembre de 2011. Por tal razón tenía hasta el año 2013 para instaurar la demanda, pero lo hizo hasta el 2017.

14. Por otra parte, adujo que, de no declararse la caducidad, las pretensiones debían negarse, teniendo en cuenta que los hechos se produjeron por la culpa exclusiva de los agentes que fueron condenados penalmente, quienes actuaron

14. Por otra parte, adujo que, de no declararse la caducidad, las pretensiones debían negarse, teniendo en cuenta que los hechos se produjeron por la culpa exclusiva de los agentes que fueron condenados penalmente, quienes actuaron dentro de su ámbito privado. En todo caso, la única prueba sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos era la sentencia penal condenatoria, pero se echaba de menos el sumario con el soporte probatorio en que se basó esa autoridad judicial para proferir la decisión, pues no fue trasladado a este proceso, razón por la cual no se pudo ejercer el derecho de contradicción y las pruebas obrantes resultaban insuficientes para acreditar la responsabilidad del Estado12.

15. La Fiduprevisora S.A. se adhirió a los argumentos planteados por el DAPRE y, adicionalmente, cuestionó los montos reconocidos a los demandantes por perjuicios morales, pues el presente caso no revestía una excepción a la reparación integral de perjuicios unificada en la sente ncia del 28 de agosto de 2014 (no citó radicado)13.

11 Folios 499 a 532, c. Ppal. 12 Folios 477 a 490, c. Ppal. 13 Folios 491 a 498, c. Ppal.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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16. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, las partes reiteraron los argumentos esbozados en los escritos de apelación, mientras que el

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16. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, las partes reiteraron los argumentos esbozados en los escritos de apelación, mientras que el Ministerio Público dijo estar de acuerdo con los argumentos planteados por el a quo sobre la inexistencia de caducidad del medio de control y la declaratoria de responsabilidad del DAS por la entrega de información reservada a los medios de comunicación, la cual fue recaudada durante labores de investigación; no obstante, precisó que, a su juicio, debía declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del DAPRE, porque no participó de las investigaciones e interceptaciones.

Finalmente, sostuvo que fue correcta la tasación de perjuicios, con excepción de lo reconocido a los hermanos, a quienes debía reconocerse 5 SMLMV, de conformidad con los parámetros establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado14.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos de apelación ya referidos. Adicionalmente, aunque no fue objeto de controversia y ya fue definido en decisiones previas, se evidencia el cumpl imiento de los presupuestos procesales: competencia y legitimación en la causa, mientras que el supuesto de la demanda en tiempo será estudiado de fondo por hacer parte de los argumentos planteados en el recurso.

Problema jurídico

18. El argumento central de los recursos de alzada interpuestos por las entidades demandadas gira en torno a la oportunidad para presentar la demanda de

estudiado de fondo por hacer parte de los argumentos planteados en el recurso.

Problema jurídico

18. El argumento central de los recursos de alzada interpuestos por las entidades demandadas gira en torno a la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa, por lo que se abordará, en primer lugar, el estudio de este presupuesto procesal para d ictar sentencia. De superarse, se analizará si el daño alegado resulta imputable al Estado, y en caso afirmativo se abordará la revisión del quantum indemnizatorio planteado por la parte actora.

La caducidad del medio de control de reparación directa

19. En relación con el término para ejercer la pretensión de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. -estatuto vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos15establecía que, salvo en los casos de desaparición forzada, la caducidad se contaba desde el acaecimiento de la situación causante del daño; sin embargo, esta Sección precisó que no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, pues, además, resulta necesario su conocimiento por parte del afectado, ya que a partir de ello surgiría el interés para ejercer el derecho de acción16.

14 Folios 606 a 636, c. Ppal. 15 En la demanda se afirmó que durante los años 2007 a 2010 los actores fueron víctimas de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación del país, los cuales publicaron datos personales y divulgaron noticias falsas, a partir de informac ión brindada por agentes del Estado -ver párrafo 3 de esta providencia-.

desprestigio por parte de los medios de comunicación del país, los cuales publicaron datos personales y divulgaron noticias falsas, a partir de informac ión brindada por agentes del Estado -ver párrafo 3 de esta providencia-. 16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2006, expediente 15785, MP: María Elena Giraldo.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01052-02 (63.841) Actor: Ascencio Reyes Serrano y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otro

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20. A su turno, al expedir la Ley 1437 de 2011 17, en el literal i) del numeral 2 del artículo 164, el legislador estableció como determinante la ocurrencia de la acción u