CE - 250002336000201701979021SENTENCIA20230829093242

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01979-02

No. Interno: 69340

Actor: CONSORCIO LOGÍSTICA HIDRÁULICA

Demandado: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - CPACA

Temas: CONTRATOS SUSCRITOS POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – su régimen es el contenido en la Ley 142 de 1994 y en lo no regulado el derecho privado. / OBLIGACIÓN DE PAGOsegún el artículo 1626 del Código Civil, es la prestación de lo que se debe. / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO - fue previsto en la Ley 80 de 1993 y no es aplicable a los contratos sometidos a derecho privado. / IMPREVISIÓN - requiere que la circunstancia sobreviniente que ocasiona una mayor onerosidad sea ajena a las partes y procede frente a prestaciones futuras.

La Sala resuelve el recurso de apelación inte rpuesto por la parte actora contra la sentencia del 29 de julio de 2022 , por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

sentencia del 29 de julio de 2022 , por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. suscribió el contrato de interventoría PDA -C-162-2011 con el consorcio Logística Hidráulica , cuyo objeto consistió en realizar el seguimiento técnico y financiero de varios negocios suscritos por aquella, con un plazo inicial de 13 meses , que fue modificado en distintas ocasiones. La demandante considera que se incumplió la obligación de pago, pues debió reconocérsele el 100% de lo pactado y no solo el porcentaje de lo debidamente ejecutado en los contratos de obra int ervenidos, así como también se configuró un desequilibrio económico por una extensión del plazo contractual, por cuenta de las adiciones y prórrogas de que este fue objeto, lo que le generó costos adicionales que no se le reconocieron.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

Actor: Consorcio Logística Hidráulica

Demandado: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.

Referencia: Controversias contractuales - CPACA

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 19 de octubre de 2017 1, el consorcio Logística Hidráulica -en adelante CLHpresentó demanda de controversias contractuales contra la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP -en adelante EPC -, con el fin de que se

presentó demanda de controversias contractuales contra la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP -en adelante EPC -, con el fin de que se declarara que : i) se incumplió parcialmente la obligación de pago prevista en e l parágrafo 4 de la cláusula décim a tercera del contrato de interventoría PDA -C162-2011, modificada por el documento de prórroga 1 , y ii) se produjo una prolongación del contrato no imputab le al interventor , por la alteración de sus condiciones económicas iniciales, por lo que la contratante debe asumir los costos adicionales de personal, administración y otros, así como los intereses respecto de las sumas dejadas de percibir.

En virtud de lo anterior, se pidió el pago de : i) $93’175.763,76, a título de saldo pendiente por la primera pretensión ; ii) $443’086.883, por concepto de mayores costos de personal , y $32’553.820 por mayores gastos generales de administración, personal técnico no fac turable y otros ; iii) $420’572.273 por concepto de intereses comerciales ; y iv) la actualización y el reconocimiento de intereses frente a todos esos emolumentos y lo demás que se logre probar en el proceso2.

Como hechos narrados, se destaca que, el 27 de septiembre de 2011, EPC y CLH suscribieron el contrato PDA -C-162-2011, que tuvo por objeto la interventoría de múltiples contratos de obra celebrados por la contratante, con un plazo inicial de 13 meses, por la suma de $1.657’156.744 . Su ejecución inició el 14 de octubre de

múltiples contratos de obra celebrados por la contratante, con un plazo inicial de 13 meses, por la suma de $1.657’156.744 . Su ejecución inició el 14 de octubre de 2011 y fue adicionado y prorrogado en distintas oportunidades . Tras las modificaciones, el valor final del contrato fue de $2.243’ 546.272 y el plazo se extendió 14 meses y 29 días más de lo inicialmente pactado.

El 17 de septiembre de 2015 las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría , respecto de la cual CLH dejó salvedades , así: i) consideró que existe un saldo total pendiente en su favor de $93’175.763,76, por concepto del pago del valor del contrato; y ii) estimó que hubo un desequilibrio

1 Archivos 4 y 5 del índice 2 de SAMAI en segunda instancia. Mediante escrito posterior, obrante en el archivo 9 del índice 2 de SAMAI de segunda instancia , el demandante reformó la demanda , pero no añadió ningún argumento adicional, sino que se circunscribió a modificar el acápite de solicitudes probatorias. 2 La cuantía se estimó en la sumatoria de la pretensión mayor, para un total de $475’640.703.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

Actor: Consorcio Logística Hidráulica

Demandado: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.

Referencia: Controversias contractuales - CPACA

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económico imputable a la modificación del negocio jurídico, debido a la asunción de sobrecostos por una extensión contractual no imputable al interventor.

Referencia: Controversias contractuales - CPACA

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económico imputable a la modificación del negocio jurídico, debido a la asunción de sobrecostos por una extensión contractual no imputable al interventor.

CLH consideró, de un lado, que EPC debió reconocerle el pago del 100% de lo convenido en virtud d el parágrafo 4 de la cláusula décim a tercera del contrato, adicionado por la prórroga 1, en el que se pactó que, si los contratos objeto de supervisión no llegaban a un 100% de ejecución por razones no imputab les al interventor, se le pagaría el saldo pendiente de acuerdo con su oferta económica, previa aprobación del supervisor y demostrados los recursos empleados por la interventoría durante el plazo del contrato, pues cumplió esos requisitos.

En ese orden de ideas, CLH estimó que la entidad demandada erró al interpretar las referidas cláusulas , en el sentido de que la contraprestación pactada en el contrato de interventoría sería proporcional a la ejecución de los contratos de obra vigilados, en desconocimiento de los artículos 1602 del Código Civil , 27 de la Ley 57 de 1997 y 5 de la Ley 80 de 1993.

Por otra parte, la demandante arguyó que las prórrogas y adiciones de los contratos produjeron modificaciones a la interventoría y, además, ocasionaron su desequilibrio económico por una afectación a las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del acuerdo de voluntades , en concordancia con el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, ya que, si bien consintió la suscripción de tales

desequilibrio económico por una afectación a las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del acuerdo de voluntades , en concordancia con el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, ya que, si bien consintió la suscripción de tales ajustes, “ello no quiere decir que con estas se hayan atajado las alteraciones a las condiciones iniciales con las que suscribió el contrato”.

En ese punto, resaltó que los contratos de obra objeto de la supervisión adolecieron de múltiples inconvenientes ajenos a su actua r que ocasionaron una ampliación en el tiempo de la interventoría que le generó mayores costos de personal, equipos de topografía, desplazamiento, vehículos, administración de los recursos, personal técnico, costos financieros, impuestos, costos de oficina s y campamentos, depreciación de equipos, pólizas y similares, “sin recibir contraprestación a cambio”.

2. Contestación de la demanda

EPC contestó la demanda 3 y se opuso a sus pretensiones, por considerar que no incurrió en un incumplimiento de la oblig ación de pago , ni generó el alegado

3 Archivo 8 del índice 2 de SAMAI de segunda instancia. La demandada también contestó la reforma de la demanda, como obra en el archivo 13 del índice 2 de SAMAI de segunda instancia ; empero, no añadió ningún argumento adicional, sino que se restringió a aportar varias pruebas.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

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desequilibrio económico. Como consecuencia, formuló las excepciones de caducidad, indebida integración de la parte pasiva, cumplimiento del contrato, cobro de lo no debido , ausencia de responsabilidad , inexistencia del d esequilibrio del contrato y la genérica.

Frente al cargo de incumplimiento del pago, a dujo que no tiene cabida el argumento según el cual se le debía pagar a CLH el 100% del valor del contrato, pues el clausulado negocial estipuló que e sa obligación esta ba sujeta al porcentaje de avance en los negocios objeto de la interventoría, así como a la justificación de lo ejecutado, por lo que lo exigido por el demandante implica que “pretende el cobro de interventoría que no realizó”.

Respecto del cargo de dese quilibrio económico manifestó que , pese a que el contrato de interventoría se modificó, frente a cada ajuste se le reconoció a CLH lo que requirió y, al momento de suscribir las adiciones o prórrogas declaró que aquellas no generaban ajustes de precios, de sequilibrio económico, ni costos adicionales a cargo de EPC, por lo que renunció expresamente a cualquier reclamación derivada de tales circunstancias. También precisó que, en todo caso, no se ocasionó la mencionada situación, ni se alegó durante la etapa de ejecución, como lo exigían los principios de lealtad y buena fe.

3. Sentencia de primera instancia

no se ocasionó la mencionada situación, ni se alegó durante la etapa de ejecución, como lo exigían los principios de lealtad y buena fe.

3. Sentencia de primera instancia

El 29 de julio de 2022 4, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se configuró un incumplimiento de la obligación de pago por EPC, ni un desequilibrio económico que la demandada debiera asumir.

En relación con el cargo de incumplimiento de la obligación de pago por EPC, el a quo manifestó, a partir de l a interpretación del clausulado del contrato de interventoría y sus modificaciones, que: i) ese negocio estaba sujeto a l avance de los contratos de obra objeto del seguimiento técnico, por lo que, dado que aquellos no se ejecutaron en un 100%, el pago no podía ser por la totalidad de lo convenido y ii) se pactó que el reconocimiento del “saldo pendiente” estaba sujeto a que se demostrara la justificación de los recursos empleados por la interventoría en el plazo pactado, lo que no sucedió , y que en todo cas o ese mandato se debía entender supeditado al pago por el porcentaje de avance de los contratos supervisados.

4 Archivo 24 del índice 57 de SAMAI de primera instancia.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

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Respecto del cargo de desequilibrio económico, consideró que no se demostró y, en particular, se acreditó que por las modificaciones al contrato de interventoría PDA-C-162-2011 se adicionó el monto de remuneración -exactamente en un 45% respecto de lo inicialmente pactado -, sin que el contratista hubiera dejado salvedades para advertir aquello en que fundó su demanda, lo que evidencia que no existió una alteración injustificada del álea negocial.

4. Recurso de apelación

La demandante presentó recurso de apelación 5, en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acced er a las pretensiones de la demanda, por estimar que, contrario a lo resuelto por el a quo, EPC incumplió la obligación de pago del contrato de interventoría PDA -C-162-2011 y propició una alteración en sus condiciones por una prolongación temporal.

Respecto del cargo de incumplimiento en la obligación de pago, manife stó que, distinto a lo advertido por el a quo, de la lectura de la cláusula décima tercera del contrato de interventoría PDA -C-162-2011, tras su modificación, se vislumbra con claridad que el querer de los sujetos negociales fue el reconocimiento del pago del 100% del monto acordado y no solo del porcentaje debidamente ejecutado , por lo que, dado que se pagó solo el monto proporcional a la ejecución de los contratos

claridad que el querer de los sujetos negociales fue el reconocimiento del pago del 100% del monto acordado y no solo del porcentaje debidamente ejecutado , por lo que, dado que se pagó solo el monto proporcional a la ejecución de los contratos de obra objeto de vigilancia, debía ordenarse la cancelación del saldo restante.

En cuanto al desequilibrio económico, adujo que el a quo erró al desestimarlo por no haberse acreditado, pues, por el contrario, se demostró la ocurrencia de una variación injustificada a las condiciones iniciales del contrato de interventoría PDAC-162-2011, no imputable al contratista, toda vez que se presentó una ampliación en el tiempo de la vigilancia de los contratos de obra -dadas sus modificaciones-, lo que le ocasionó costos imprevistos que, a diferencia de lo concluido por el Tribunal Administrativo de Cund inamarca, se advirtieron como salvedades en el acta de liquidación y cuya retribución no le fue reconocid a con las adiciones del precio en el negocio de interventoría, por lo que debía concederse judicialmente.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y, en tanto se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales

5 Archivos 26 y 27 del índice 60 de SAMAI de primera instancia. Los cargos del recurso serán ampliados al momento de ser analizados en el caso concreto.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

Actor: Consorcio Logística Hidráulica

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Referencia: Controversias contractuales - CPACA

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de competencia, procedencia y oportunidad de la demanda 6, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpue sto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia7.

1. Objeto del recurso de apelación

En el caso concreto corresponde establecer : i) si EPC incumplió parcialmente la obligación de pago contenida en la cláusula décima tercera del contrato de interventoría PDA-C-162-2011, modificada posteriormente, debido a que, según la interpretación de la parte demandante, debía reconocerle el 100% de lo pactado y no solo el porcentaje debidamente ejecutado y ii) si una extensión temporal de la interventoría por razones no imputable s al contratista habría alterado el negocio jurídico en sus condiciones técnicas, económicas y financieras , generando un desequilibrio económico . Si alguno de los cargos descritos prosper a, se debe verificar si es procedente el reconocimiento de los emolumentos pedidos por CLH.

1.1. Precisión preliminar : el régimen jurídico del contrato de interventoría

PDA-C-162-2011

Si bien se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría PDA-C-162-2011 que la norm ativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAPy sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, en

en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAPy sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, en virtud de lo previsto en el artículo 31 de esa primera norma, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 , así como en el artículo 32 8, según los cuales los

6 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de la presentación de la demanda -19 de octubre de 2017 -, las cuales corresponden a las contenidas el CPACA, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa prevista en el artículo 306 del primer estatuto mencionado. El sub lite también se rige por la Ley 2080 de 2021, pues el recurso de apelación se presentó el 6 de septiembre de 2022, c uando tal norma ya se encontraba en vigor; sin emb argo, las normas que modificaron el régimen de competencias no son aplicables, debido a que entraron a regir un año después de la publicación de ese estatuto, pero solo para las demandas que se radiquen a partir de esa fecha y no para los procesos en curso. 7 La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el numeral 3 del artículo 104 del CPACA, pues el contrato de interventoría PDA -C162-2011 fue su scrito con una empresa de servicios públicos domic iliarios y en su cláusula vigésima se pactaron las cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e interpretación unilateral. Se precisa que, ni en la demanda, ni en el recurso de apelación, se formul ó ningún cargo contra tales facultades, por lo que no se estudiará en este asunto si procedía pactarlas o no, lo que

unilateral. Se precisa que, ni en la demanda, ni en el recurso de apelación, se formul ó ningún cargo contra tales facultades, por lo que no se estudiará en este asunto si procedía pactarlas o no, lo que excedería el petitum. A su vez, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación, por tratarse de un proceso de doble instancia y debido a que la cuantía superó 500 SMLMV. 8 “Artículo 31. [Modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001]. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa […]”. // “Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en c uanto la Constitución Política o esta Ley disponga n expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de losRadicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

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negocios celebrados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como EPC, están sometidos por esas fuentes y no por la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones.

Empero, al quedar los contratos suscritos por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios sometidos al derecho privado , salvo lo regulado en la Ley

1993 y sus modificaciones.

Empero, al quedar los contratos suscritos por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios sometidos al derecho privado , salvo lo regulado en la Ley 142 de 1994, la autonomía de la voluntad permite l a inclusión de cláusulas, términos o figuras de las que se ocupa el EGCAP, sin que ello implique modificar el régimen jurídico que le s corresponde y, por tanto, sin que por esa vía se otorguen prerrogativas de poder público de las que se carecen bajo el ré gimen común, lo que exige que tales incorporaciones se hagan de manera expresa y específica, pues esa posibilidad está restringida a aquellos elementos de libre disposición y no a todo el régimen que rige los acuerdos de voluntades del Estado.

En ese sentido, pese a que CLH convino con EPC que al contrato de interventoría le aplicaría el EGCAP, ello se hizo de manera genérica, sin que se hubiera precisado que alguna de las figuras previstas por el legislador en ese estatuto se acogería en la interventoría, por lo que, dado que no es posible que los sujetos negociales varíen el régimen jurídico del contrato en forma general, sino solo frente a aquellos aspectos de libre disposición, la normativa aplicable en el sub examine es la contenida en la Ley 142 de 1994 y el derecho privado.

A partir de lo anterior , aunque la parte demandante invocó en su segundo cargo un desequilibrio económico del contrato, previsto en la Ley 80 de 1993, este no resulta aplicable al sub lite9, porque esa figura no fue contemplada en la Ley 142 de 1994 ni en el derecho privado, de manera que, eventualmente, de cumplirse los

un desequilibrio económico del contrato, previsto en la Ley 80 de 1993, este no resulta aplicable al sub lite9, porque esa figura no fue contemplada en la Ley 142 de 1994 ni en el derecho privado, de manera que, eventualmente, de cumplirse los supuestos para el análisis de fondo, correspondería revisar lo ventilado por CLH a partir de la teoría de la imprevisión establecida en el artículo 868 10 del Código de

derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado […]”. 9 En otros asuntos en que se alegó el desequilibrio económico del contrato frente a negocios regidos por el derecho privado, esta Cor poración descartó la posibilidad de hacer extensib le esa figura a los actos jurídicos no sometidos al EGCAP. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias: i) del 19 de marzo de 2020. Radicado 05001 -23-33-000-2013-00781-02 (63572) y ii) del 8 de mayo de 2020. Radicado 05001 -23-31-000-2000-03790-01 (39386). C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencias: i) del 28 de abril de 2021. Radicado 05001-23-31-000-2002-02078-01 (48962). C.P. Ramiro Pazos y ii) del 8 de septiembre de 2021. Radicado 15001 -23-31-000-2011-00003-01 (58235). C.P. Alberto Montaña Plata. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de septiembre de

septiembre de 2021. Radicado 15001 -23-31-000-2011-00003-01 (58235). C.P. Alberto Montaña Plata. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de septiembre de

2020. Radicado 05001-23-31-000-2001-00684-01 (47106). C.P. Jaime Enrique Rodríguez. 10 “Artículo 868. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. // El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, losRadicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

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Comercio, que exige la demostración de una mayor onerosidad originada en circunstancias extraordinarias e imprevistas que alteren o agraven una prestación de “futuro cumplimiento”.

1.2. Primer cargo de la apelación: no se acreditó el incumplimiento de EPC de la obligación de pago de la cláusula décima tercera del contrato

El a quo desestimó el cargo de incumplimiento de la obligación de pago a partir de una interpretación de la cláusula décima tercera del contrato PDA-C-162-2011, en

El a quo desestimó el cargo de incumplimiento de la obligación de pago a partir de una interpretación de la cláusula décima tercera del contrato PDA-C-162-2011, en consonancia con l as demás disposiciones convenidas por las partes, en virtud de lo cual evidenció que, pese a la modificación de la obligación de pago, el querer de los sujetos negociales fue que e ste estuviera supeditado al porcentaje de avance de los contratos de obra objeto del seguimiento técnico.

Resaltó que, si bien se adicionó un eventual reconocimiento del “saldo pendiente” en caso de que los contratos supervisados no llega ran a su ejecución total por causas no imputables al interventor, ello se condicionó a que s e demostrara la justificación de los recursos empleados por la interventoría, lo que no sucedió , y no daba lugar a entender que se debía reconocer el 100% del saldo pactado como remuneración.

La apelante detalló que las partes modificaron la cláusula que contenía la obligación de pago para pactar el reconocimiento del 100% de la oferta económica, sin que ello dependiera del porcentaje de ejecución de los contratos de obra objeto de interventoría, bajo la comprensión de que había ocurrido una alteración del álea negocial. Como no se le reconoció lo descrito, hizo la salvedad sobre ese punto al momento de la liquidación y resaltó que no cabe interpretar la mencionada disposición contractual en el sentido de que el pago dependía del porcentaje de ejecución de los negocios vigilados, toda vez que, de atenderse a ese planteamiento, se habría tornado inocua su modificación.

También advirtió que EPC incurrió en una contradicción, en razón a que al

porcentaje de ejecución de los negocios vigilados, toda vez que, de atenderse a ese planteamiento, se habría tornado inocua su modificación.

También advirtió que EPC incurrió en una contradicción, en razón a que al finalizarse la ejecución contractual indicó que no procedía el pa go de la totalidad de lo convenido, porque para ello se requería la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, pero en la liquidación manifestó que en realidad nunca se pactó el pago del 100% del valor del negocio jurídico de interventoría. En ese pun to, insistió en que satisfizo todas las obligaciones a su cargo.

reajustes que la equidad in dique; en caso contrario, el juez decretará la ter minación del contrato. // Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

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Seguidamente, adujo que, aunque el parágrafo segundo de la cláusula décima tercera del contrato de interventoría sujetó el pago al porcentaje de avance de las obras, el parágrafo cuarto de e sa disposición, luego de su modificación, prescribió la obligación de pago del 100% cuando , pese a que existieran retrasos en los contratos objeto de la interventoría , estos no fueran imputables al interventor, lo que evidencia que el querer de los sujetos negociales consistió en convenir el

la obligación de pago del 100% cuando , pese a que existieran retrasos en los contratos objeto de la interventoría , estos no fueran imputables al interventor, lo que evidencia que el querer de los sujetos negociales consistió en convenir el pago total de la oferta económica y no de forma proporcional a la ejecución de las obras, en consideración a que la interventoría es un acuerdo principal y no accesorio de otros actos jurídicos.

Para decidir este carg o de la apelación , corresponde analizar el clausulado del contrato de interventoría PDA -C-162-2011 y sus modificaciones en cuanto a la obligación de pago, así como los antecedentes de su conformación , para establecer si se acordó el reconocimiento del 100% del precio estimado , o si lo que se pactó fue el pago proporcional a la ejecución de los contratos objeto de seguimiento técnico.

EPC adelantó el concurso de méritos CM-PDA-045-2011 con el fin de adjudicar la interventoría de los contratos derivados de convenios interadministrativos o de procesos de selección que se adelanten por esa entidad “en su condición de gestor del plan departamental de aguas” . El presupuesto oficial se fijó de manera estimativa y se indicó que el valor final sería ajustado “aplicando el valor del porcentaje de interventoría al valor de adjudicación de cada contrato de obra”11.

El 13 de septiembre de 201112 EPC adjudicó el procedimiento de selección a CLH y, el 27 de septiembre de 2011 , ambos suscribieron el contrato de interventoría PDA-C-162-2011 con un plazo inicial de 13 meses , con el objeto de realizar “la

y, el 27 de septiembre de 2011 , ambos suscribieron el contrato de interventoría PDA-C-162-2011 con un plazo inicial de 13 meses , con el objeto de realizar “la interventoría integral a los contratos derivados de convenios interadministrativos o de procesos de selección que adelante empresas públicas de Cundinamarca S.A. ESP en su condición de gestor del plan departamental de aguas” 13.

En lo que concierne al pago, la cláusula novena se prescribió que, dentro de las obligaciones de EPC se encontraba el pago “en la forma estipulada” en ese negocio. La cláusula décima primera estableció que su valor “estimado” sería de

11 Como obra en el pliego de condiciones de páginas 3 a 106 del archivo 18 del índice 2 de SAMAI de segunda instancia. 12 Como obra en la Res olución 329 de 2011 de páginas 107 a 112 del archivo 18 del índice 2 de SAMAI de segunda instancia. 13 Como obra en la copia del contrato de páginas 121 a 135 del archivo 18 del índice 2 de SAMAI de segunda instancia.Radicado: 25000-23-36-000-2017-01979-02 (69340)

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$1.657’156.744 y su parágrafo segundo precisó que el valor del contrato sería ajustado “aplicando el porcentaje de interventoría definido, al valor de adjudicación de cada contrato de obra”.

La cláusula décima tercera del con