CE - 250002336000201702002021SENTENCIA20231206102530

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02002-02 (67.550)

Actor: Organización Terpel S.A.

Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Referencia: Reparación directa

Temas: INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN - La escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del daño alegado / INEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procede también para reparar daños provenientes de actos administrativos de carácter general / CADUCIDAD EN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - El término en vigencia del CPACA se contabiliza a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección C, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados como consecuencia de la expedición de una circular expedida por el Ministerio de Minas y Energía que posteriormente fue declarada nula por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Alegan la configuración de un a falla del servicio porque la competente para

expedición de una circular expedida por el Ministerio de Minas y Energía que posteriormente fue declarada nula por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Alegan la configuración de un a falla del servicio porque la competente para expedirlos era la DIAN, amén de que durante su vigencia se causó perjuicios patrimoniales a la demandante.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia ya identificada, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección C decidió la demanda de reparación directa presentada el 4 de septiembre de 2015 1 por la Organización Terpel S.A., en contra de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, cuyos hechos y pretensiones se indican a continuación2.

1 Folio 13 C. 1. 2 En consecuencia, solicitó una indemnización por concepto de perjuicios materiales, que los hizo consistir en la suma global de $848’132.075 a favor de la parte actora, representados en el no reconocimiento de la exención tributaria de que trata el artículo 1 de la Ley 681 de 2001, durante la vigencia del acto administrativo Circular 3 de 2011, dentro de esa suma se incluye los gastos de representación de abogados y el lucro cesanteRadicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

Actor: TERPEL S.A.

Demandado: Nación -Ministerio de Minas y Energía

Referencia: Reparación directa

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2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, narró la demanda que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía expidió la Circular 3

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2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, narró la demanda que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía expidió la Circular 3 del 25 de febrero de 2011 -invocando el convenio de colaboración 161 – 2009 suscrito entre Ecopetrol S.A. y esa cartera ministerial 3-, con el fin de apoyar y fortalecer el proceso de control al transporte de combustibles líquidos desde las plantas mayoristas autorizadas, ubicadas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, hasta las estaciones de servicio ubicadas en la zon a de frontera del departamento del Cesar4.

3. Indicó que el 17 de agosto de 2011, el Ministerio de Minas y Energía ejecutó la Circular 3 del 25 de febrero de 2011 frente a TERPEL, mediante oficios en los que se señaló que ésta última había incumplido lo dispuesto en la circular 3 de 2011.

4. Sostuvo que la referida circular fue demandada ante el Consejo de Estado en ejercicio de la acción de nulidad simple, quien a través de sentencia del 20 de junio de 2013 declaró la nulidad del acto administrativo referido, luego de concluir que la entidad competente era la DIAN y no el Ministerio de Minas y Energía para efectos de determinar si se cumplieron las condiciones para mantener la exención tributaria y ante su incumplimiento imponer la respectiva sanción tributaria de que trata el artículo 8 de la Ley 1430 de 2010, el cual solo se encontraba facultado para imponer las sanciones previstas en el artículo 32 del Decreto 4299 de 2005.

trata el artículo 8 de la Ley 1430 de 2010, el cual solo se encontraba facultado para imponer las sanciones previstas en el artículo 32 del Decreto 4299 de 2005.

5. Durante el período de vigencia, la mencionada circular surtió plenos efectos dado que no reconoció las exenciones tributarias de que trata el artículo 1° de la Ley 681 de 2001 al valor del combustible líquido adquirido por la Organización Terpel S.A. a Ecopetrol S.A., a efectos de comercializarlo en zona de frontera, de tal manera que el combustible líquido tuvo que ser pagado a precio Nacional por parte de la Organización Terpel S.A.; sin embargo, ésta sí debió comercializarlo a sus distribuidores minoristas abanderados a precio de zona de frontera, el cual era

equivalente al 12% anual respecto de las sumas dejadas de percibir en virtud de la aplicación del referido acto administrativo. 3 Por medio del cual ambas entidades aunaron esfuerzos para fortalecer los controles en materia de distribución de combustibles en las zonas de frontera, especialmente, en el departamento de Cesar. 4 En dicha circular se establecieron unos supuestos en los que no se reconocerían las excepciones previstas en el artículo 1 de la Ley 681 de 2001, así: “[…] Nota 2. Una vez entregado el combustible a las estaciones de servicio, el transportador tendrá un máximo de 24 horas para obtener el cierre del cumplido con el paso 3 y la respectiva autorización de descuento. Si el vehículo excede las 24 horas no se autorizará descuento (o reconocimiento de las excepciones previstas en el artículo 1° de la Ley 681 de 2001) pero si es

y la respectiva autorización de descuento. Si el vehículo excede las 24 horas no se autorizará descuento (o reconocimiento de las excepciones previstas en el artículo 1° de la Ley 681 de 2001) pero si es indispensable obtener el cierre del cumplido con el paso 3 para poder obtener el Cumplido Paso 1 o autorización por parte de ECOPETROL S.A. o del Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos que lo habilita para el siguiente despa cho. // Aquellos volúmenes de combustible que no se sometan al procedimiento establecido, serán reportados por el personal del puesto de control y de la policía al Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos y a ECOPETROL S.A. para su revisión. Una vez revisados los casos, el Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos confirmará a ECOPETROL S.A. la no autorización de las exenciones de impuestos señaladas en el artículo 1° de la Ley 681 de 2001 y se establecerán los procedimientos administrativos sancionatorios señalados en el Decreto 4299 de 2005 y en las leyes 1028 de 2006 y 1430 de 2010. Los casos tipificados y reportados que serán considerados para la no autorización de exenciones y sin perjuicio de que existan otros que en su momento se revisen y sobre los cuales exista el respectivo pronunciamiento son (…).Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

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Actor: TERPEL S.A.

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mucho menor al que pagó Terpel S.A., con lo cual se le causó un daño antijurídico a la parte actora que no estaba obligada a soportar.

6. Finalmente, sostuvo que el medio de control de reparación directa era procedente en atención a que entre el daño antijurídico y el acto administrativo general declarado nulo no medió acto administrativo particular que debiera ser atacado en sede jurisdiccional.

La defensa

7. El Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Argumentó que la mera declaratoria de nulidad parcial de un acto administrativo no determina per se la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado. Al tiempo que señaló que la demandante se limitó a presentar el fallo que declaró la nulidad parcial de la Circular 03 del 25 de febrero de 2011, sin presentar pruebas del daño.

8. Agregó que los pagos efectuados en vigencia de los actos administrativos que fueron declarados nulos se configuraron como situaciones cumplidas y consolidadas antes de que la norma saliera del ordenamiento jurídico, por lo que no se trató de un daño antijurídico.

9. Propuso las excepciones de caducidad, dado que la demanda que debió interponerse debió ser la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual caducó al vencimiento de 4 meses desde que se ejecutó el referido acto administrativo, por lo que para cuando se presentó la demanda en este caso ya había caducado;

interponerse debió ser la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual caducó al vencimiento de 4 meses desde que se ejecutó el referido acto administrativo, por lo que para cuando se presentó la demanda en este caso ya había caducado; y la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto esa cartera ministerial no era la encargada del recaudo tributario5.

10. Luego de surtirse el debate probatorio 6, en sus alegaciones, la parte actora insistió en la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Minas y Energía dada la falla del servicio derivada de la declaratoria de nulidad del acto administrativo referido7; por su parte, la demandada sostuvo que se debía declarar la ineptitud

5 Folios 26 a 30 del cuaderno 1. 6 Mediante auto del 6 de septiembre de 2018 se abrió el período probatorio, dentro del cual se allegaron los siguientes medios de prueba: ● Circular 3 emitida por el Ministerio de Minas y Energía el 25 de febrero de 2011 en la que se establecieron los supuestos en los que procedía el reconocimiento de las exenciones de que trata el artículo 1 de la Ley 681 de 2001. ● Oficios 2011044101, 201104095, 2011041312, 2011040045 y 2011064852 de 2011, mediante los cuales el Ministerio de Minas y Energía ejecutó la Circular 3 de 2011 frente a Terpel. ● Copia de la sentencia proferida el 2º de junio de 2013 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Rad. 18.993), mediante la cual se declaró la nulidad de la referida circular 3 de 2011 y su respectiva constancia de ejecutoria.

18.993), mediante la cual se declaró la nulidad de la referida circular 3 de 2011 y su respectiva constancia de ejecutoria. ● Relación de facturas de compra de combustible de Terpel S.A. a Ecopetrol a precio nacional y relación de facturas de venta de Terpel S.A. a los distribuidores minoristas a precio de zona de frontera Cesar. 7 Folios 118 a 121 del cuaderno 1.Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

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sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, pues sostuvo que la idónea para estos efectos era la de nulidad y restablecimiento8.

11. El Ministerio Público guardó silencio9.

La decisión

12. Mediante sentencia proferida el 2 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Para arribar a tal decisión, sostuvo que la nulidad de un acto administrativo de carácter general no genera efectos en aquellas situaciones consolidadas con antelación, puesto que aquéllas que se hubieran podido producir con anterioridad a dicha declaratoria gozan de presunción de legalidad, en t anto se realizaron mientras la norma se encontraba vigente y no fueron objeto de discusión ni ante la administración ni ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior dado que los efectos de las sentencias rigen hacia el futuro. Así, so stuvo que los hechos que se presentaron y consolidaron mientras estuvo vigente la norma que fue declarada

la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior dado que los efectos de las sentencias rigen hacia el futuro. Así, so stuvo que los hechos que se presentaron y consolidaron mientras estuvo vigente la norma que fue declarada nula se encuentran amparados por el principio de legalidad y seguridad jurídica; por tanto, se trata de una carga que deben soportar las personas natu rales o jurídicas a las cuales les resultaba aplicable el acto administrativo.

13. En ese orden, indicó que a pesar de que demostró que la Circular 03 del 25 de febrero de 2011 se hizo efectiva en contra de la parte actora mediante oficios expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y que la primera fue declarada nula mediante sentencia del 20 de junio de 2013 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la parte actora no demostró el daño antijurídico, puesto que los pagos realizados en virtud de lo dispuesto en tal circular fueron realizados con antelación a la sentencia que declaró la nulidad de ese acto administrativo y los mismos no fueron objeto de discusión ante la administración ni mucho menos ante la jurisdicción10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

14. En su apelación, la parte demandante manifestó que el pago de los tributos realizados de forma irregular no constituía una situación consolidada en relación con el derecho a su devolución, puesto que en su calidad de contribuyente aún tenía la posibilidad de solicitar su reintegro con base en las normas del Código Civil -Art. 2536-. En ese sentido indicó que solo después de la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el referido tributo la sociedad demandante podía exigir

tenía la posibilidad de solicitar su reintegro con base en las normas del Código Civil -Art. 2536-. En ese sentido indicó que solo después de la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el referido tributo la sociedad demandante podía exigir su devolución, puesto que durant e la vigencia de las normas que establecían la

8 Folios 118 a 127 del cuaderno 2. 9 Folio 298 del cuaderno 2.

10 Folios 138 a 147del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

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obligación Tributaria, éstas eran de cumplimiento obligatorio dada la presunción de legalidad que las amparaba.

15. En cuanto al término para solicitar dicha devolución, manifestó que debía tenerse presente lo contenido en el Decreto 1000 de 1997, reglamentario del procedimiento de devoluciones y compensaciones consagrado en el Estatuto Tributario, según el cual el plaz o para solicitar la devolución de pagos de lo no debido y en exceso es el de la prescripción ejecutiva dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil, por manera que mientras dicho plazo no finalizara era posible pedir la devolución por concepto de reinteg ro de la devolución del pago de obligaciones tributarias improcedentes, por lo tanto en este caso no se trató de situaciones consolidadas dado que aún resultaba procedente la solicitud de devolución.

16. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte

obligaciones tributarias improcedentes, por lo tanto en este caso no se trató de situaciones consolidadas dado que aún resultaba procedente la solicitud de devolución.

16. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte demandada insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 11, mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio12.

III. CONSIDERACIONES

Del medio de control procedente

17. Previo a precisar el objeto del recurso de apelación y resolver sobre el mismo, corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa es el cauce procesal idóneo para reclamar los perjuicios ocasionados en la ejecución de un acto administrativo que luego fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

18. Como es sabido, la reparación directa es el medio de control establecido para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo (artículo 90

CP y artículo 140 CPACA). Por su parte, la nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo para impugnar la legalidad de un acto administrativo de carácter particular cuando se estime que con este se hubiera lesionado un derecho contenido en una norma jurídica, pudiéndose solicitar el restablecimiento del derecho y también que se reparen los perjuicios causados con el acto (artículo 138

CPACA).

19. Así, este medio de control, con las precisiones que adelante se hacen, también puede promoverse contra actos de carácter general y pedirse el restablecimiento

CPACA).

19. Así, este medio de control, con las precisiones que adelante se hacen, también puede promoverse contra actos de carácter general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por ese acto o la reparación del daño causado

11 Folios 363 y 364 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 Folio 389 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

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al particular por el mismo acto, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los cuatro meses siguientes a su publicación (artículo 138 CPACA)13.

20. Los medios de control antes referidos comparten una naturaleza indemnizatoria, pero difieren en cuanto a la fuente que genera el daño, que supone una distinta formulación de las pretensiones y un término diverso de caducidad. Si el daño tiene origen en un acto administrativo que se considera ilegal, el medio de control procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que, si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación administrativa, y aún un acto administrativo cuando no se cues tiona su legalidad, la indemnización de los perjuicios se debe perseguir a través de la reparación directa.

21. Por su parte, la nulidad simple está establecida para que cualquier persona solicite por sí, o por medio de representante, que se anule un acto administrativo; su objeto es la protección de la legalidad o la defensa del ordenamiento jurídico en sentido abs tracto. Procede cuando el acto lo haya expedido un funcionario u

solicite por sí, o por medio de representante, que se anule un acto administrativo; su objeto es la protección de la legalidad o la defensa del ordenamiento jurídico en sentido abs tracto. Procede cuando el acto lo haya expedido un funcionario u organismo incompetente, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió, o por violación de las normas superiores de derecho (art. 137 CPACA).

22. El medio de control de nulidad simple está instituido para la defensa objetiva del ordenamiento, y su procedencia frente a un acto administrativo no está condicionada a que este tenga un carácter general o particular. Por ello – excepcionalmente– a través de la acción de nulidad es posible estudiar la legalidad de un acto de carácter particular y concreto, conforme a la teoría de los móviles y finalidades, siempre que ello no lleve implícito el restablecimiento automático de un derecho particular en controversia.

23. La teoría de los móviles y finalidades –de origen jurisprudencial en vigencia del CCA–14 fue trasladada a norma jurídica en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011. En esa línea, la nulidad simple no es la única que procede contra actos de carácter general y, a su vez, la acción de nulidad y restablecimiento no es la única que procede contra actos de contenido particular. La finalidad de la demanda –y si ésta implica o no un restablecimiento automático del derecho – es la que determina, entonces, la acción procedente, más allá de la naturaleza del

es la única que procede contra actos de contenido particular. La finalidad de la demanda –y si ésta implica o no un restablecimiento automático del derecho – es la que determina, entonces, la acción procedente, más allá de la naturaleza del

13 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. 14 Con la Ley 1437 de 2011 fue positivizada.Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

Actor: TERPEL S.A.

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acto, es decir, si es general o particular, por el objetivo de la demanda puede recurrirse al contencioso subjetivo –nulidad y restablecimiento del derecho – y al contencioso objetivo –nulidad simple–.

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acto, es decir, si es general o particular, por el objetivo de la demanda puede recurrirse al contencioso subjetivo –nulidad y restablecimiento del derecho – y al contencioso objetivo –nulidad simple–.

24. En tal virtud, si un acto administrativo es de carácter general, pero impacta situaciones particulares y concretas y, además, causa un daño, para cuestionar su legalidad, lograr el restablecimiento del derecho afectado y reclamar la indemnización de perjui cios, debe atacarse por la vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, si el acto general no causa un daño concreto, para atacar su legalidad puede cuestionarse en sede de nulidad simple, siempre y cuando con la demanda no se persiga el restablecimiento automático del derecho del demandante o de un tercero15.

25. Según la demanda, la sociedad demandante se considera lesionada en sus derechos patrimoniales y reclama la reparación de los perjuicios derivados de la expedición de un acto administrativo de carácter general que posteriormente fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

26. El referido acto administrativo es la Circular 3 del 25 de febrero de 2011 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, en la cual se estableció el procedimiento que se debía seguir para aplicar la exención tributaria de que trata el artículo 1 de la Ley 681 de 200116, así (se transcribe literal):

“Teniendo como referencia el Convenio de Colaboración N°. 161-2009 suscrito entre ECOPETROL S.A. y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, en el cual

“Teniendo como referencia el Convenio de Colaboración N°. 161-2009 suscrito entre ECOPETROL S.A. y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, en el cual ambas instituciones aúnan esfuerzos para fortalecer los controles en materia

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente 52.958, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 16 “Por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles”. En su artículo 1, estableció: “Modificase el artículo 19 de la Ley 191 de 1995 de la siguiente manera: "Artículo 19. En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol tendrá la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. // En desarrollo de esta función, Ecopetrol se encargará de la distribución de combustibles en los territorios determinados, bien sea importando combustibles del país vecino o atendiendo el suministro con combustibles producidos en Colombia. El volumen máximo a distribuir por parte de Ecopetrol en cada municipio será el establecido por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, Ecopetrol podrá ceder o contratar, total o parcialmente, con los distribuidores mayoristas reconocidos y registrados como tales por el Ministerio de Minas y Energía o con terceros previamente aprobados y registrados por el Ministerio de Minas y Energía la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de los combustibles. La operación

el Ministerio de Minas y Energía o con terceros previamente aprobados y registrados por el Ministerio de Minas y Energía la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de los combustibles. La operación de Ecopetrol se hará en forma rentable y que garantice la recuperación de los costos en que incurra. Los contratos de transporte de combustibles que celebre Ecopetrol con distribuidores mayoristas, con distribuidores minoristas, o con terceros registrados y autorizados para tales efectos por el Ministerio de Minas y Energía deberán establecer de manera expresa la obligación de los distribuidores y los terceros, de entregar el combustible directamente en cada estación de servicio o en las instalaciones de los grandes consumidores ubicados en las zonas de frontera, atendiendo los cupos asignados a los mismos por la autoridad competente. Los combustibles líquidos derivados del petróleo distribuidos por Ecopetrol en las zonas de frontera, directamente o a través de las cesiones o contrataciones que trata el inciso segundo de este artículo, estarán exentos de los impuestos de arancel, IVA e impuesto global. PARÁGRAFO 1o. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se entiende prohibida la celebración, ejecución y desarrollo de contratos de concesión para la distribución de combustibles en zonas de frontera y/o unidades especiales de desarrollo fron terizo, con terceros distintos a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. (…)”:Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

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de distribución de combustibles en las zonas de frontera y en especial en el

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de distribución de combustibles en las zonas de frontera y en especial en el departamento del Cesar, se profiere la siguiente Circular. (…).

"TERCER PASO: CONTINUACIÓN DEL VEHICULO A LA ESTACION DE

SERVICIO DESTINO DESCUENTO DE CUMPLIDOS (...)

Nota 2. Una vez entregado el combustible a las estaciones de servicio, el transportador tendrá un máximo de 24 horas para obtener el cierre del cumplido con el paso 3 y la respectiva autorización de descuento. Si el vehículo excede las 24 horas no se autorizará descuento (o reconocimiento de las excepciones previstas en el artículo 1° de la Ley 681 de 2001) pero si es indispensable obtener el cierre del cumplido con el paso 3 para poder obtener el Cumplido Paso 1 o autorización por parte de ECOPETROL S.A. o del Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos que lo habilita para el siguiente despacho.

Aquellos volúmenes de combustible que no se sometan al procedimiento establecido, serán reportados por el personal del puesto de control y de la policía al Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos y a ECOPETROL S.A. para su revisión. Una vez revisados los casos, el Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos confirmará a ECOPETROL S.A. la no autorización de las exenciones de impuestos señaladas en el artículo 1° de la Ley 681 de 2001 y se establecerán los

Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos confirmará a ECOPETROL S.A. la no autorización de las exenciones de impuestos señaladas en el artículo 1° de la Ley 681 de 2001 y se establecerán los procedimientos administrativos sancionatorios señalados en el Decreto 4299 de 2005 y en las leyes 1028 de 2006 y 1430 de 2010. Los casos tifiados y reportados que serán considerados para la no autorización de exenciones y sin perjuicio de que existan otros que en su momento se revisen y sobre los cuales exista el respectivo pronunciamiento son:

Caso 1. Vehículos que se presentan el puesto de control cuyos despachos no aparecen registrados en el sicom. Caso 2. Vehículos que a pesar de haber tenido despachos registrados en SICOM, no se presentaron en el puesto de control. Caso 3. Vehículos cargados sin CUMPLIDO ni autorización de ECOPETROL S.A. o del Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos. Caso 4. Vehículos Cargados que cumplieron con el paso 1 del CUMPLIDO pero que no se presentaron cargados en el puesto de control para cumplir con el paso 2. Caso 5. Vehículos que no se presentaron para cumplimiento del caso 3. Caso 6. Otros indicados por los funcionarios del puesto de control y policía”.

27. De acuerdo con el contenido de la referida circular, el procedimiento

establecido era el siguiente:

1. El transportador, una vez entregado el combustible tenía 24 horas para obtener el cierre de cumplido y la " autorización de descuento " (reconocimiento de las

27. De acuerdo con el contenido de la referida circular, el procedimiento

establecido era el siguiente:

1. El transportador, una vez entregado el combustible tenía 24 horas para obtener el cierre de cumplido y la " autorización de descuento " (reconocimiento de las exenciones), pero si excedía ese tiempo no podía obtener dicho descuento.Radicación: 250002326000201702002-02 (67.550)

Actor: TERPEL S.A.

Demandad