CE - 250002336000201702401021SENTENCIA20231124175559

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – error judicial – ausencia de daño antijurídico

Síntesis del caso: dentro del trámite de una acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, se profirió sentencia adversa a este último y, con fundamento en esa decisión, se realizaron unos pagos. La decisión que accedió al amparo fue revocada en Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional, autoridad que no ordenó que los accionantes reintegraran las sumas recibidas.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 8 julio de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera Subsección Anegó las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del

CPACA2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del

CPACA2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. El auto que rechazó la demanda por caducidad y su apelación 1.3. Posición de la parte demandada; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 29 de diciembre de 20173, el Patrimonio Autónomo de Remanentes

1 La parte resolutiva del fallo dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante, a pagar por concepto de agencias en derecho en esta instancia, un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la demandada…”. 2 Para que este asunto fuera de conocimiento de un Tribunal Administrativo en primera instancia, era necesario que las pretensiones superaran los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (num. 6 artículo 152 CPACA, en su versión vigente a la fecha de presentación de la demanda). Al momento de la presentación de la demanda, ese monto equivalía a $368’858.500. La pretensión indemnizatoria por perjuicios materiales (sólo el daño emergente indexado a la fecha de la presentación de la demanda: $425’.509.094,98), superaba esa cuantía. En concordancia con lo anterior, el artículo 150 del CPACA, determina que el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los

concordancia con lo anterior, el artículo 150 del CPACA, determina que el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. 3 Folio 2 y 22 vto. del cuaderno 1..Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma decisión que niega ______________________________________________________________________________________________________________

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Telecom y Teleasociadas en Liquidación , en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial4 en la que solicitó:

“1. Que la Nación – Rama Judicial, sea declarada responsable por los daños sufridos por la parte demandante fruto de error judicial cometido dentro de la acción de tutela iniciada en el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería (Córdoba) y cuyo trámite consta en el expediente con radicación 2301400300120090134400, que fuera resuelta definitivamente mediante la sentencia SU-377 de 2014 y el Auto A-503 del 22 de octubre de 2015 de la Honorable Corte Constitucional”

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios materiales

-$319’925.394, como “dineros pagados [entre marzo, abril y mayo de 2010] en cumplimiento de las ordenes de tutela de instancia y ante la negativa de la Corte Constitucional para procurar su devolución” -se resalta-. -La actualización de esa suma desde la fecha de desembolso hasta que la Rama Judicial realice su pago (actualización que a la fecha de

de la Corte Constitucional para procurar su devolución” -se resalta-. -La actualización de esa suma desde la fecha de desembolso hasta que la Rama Judicial realice su pago (actualización que a la fecha de presentación de la demanda se estimó en “$425.509.094,98”). “Los intereses bancarios corrientes y de mora que generaban los anteriores dineros mientras estaban en poder de la demandante ” desde la fecha de desembolso hasta que la Rama Judicial realice su pago.

3. Como fundamentos de hecho5 relevantes que fundamentaron las

pretensiones, la parte actora afirmó:

4. 1) Se indicó que José Francisco Altuzarra Gallo y Otros, promovieron una acción de tutela en la que alegaron que no habían sido incluidos en el Plan de Pensión Anticipada, a pesar de que cumplían los requisitos ; solicitaron que se ordenara su inclusión en ese Plan y el pago de las mesadas adeudadas.

5. 2) Por Sentencia de 23 de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería negó el amparo solicitado por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad. Esa decisión fue impugnada.

6. 3) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, en Sentencia de 26 de enero de 2010, revocó el fallo de primera instancia y le ordenó al PAR incluir a algunos de los accionantes en el plan de pensión anticipada y cancelarles las mesadas desde la fecha de la desvinculación hasta el día en que les fuera r econocida la pensión definitiva. A los demás les negó el amparo porque no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de esa prestación6.

cancelarles las mesadas desde la fecha de la desvinculación hasta el día en que les fuera r econocida la pensión definitiva. A los demás les negó el amparo porque no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de esa prestación6.

4 Folio 2 del cuaderno 1. 5 En la forma en que quedaron tras la reforma de la demanda (fl. 188-189 y 200-206). 6 En esta parte se indica el nombre de cada accionante, y si existe prueba de pagos realizados a su favor por el PAR (y por cuántos meses) con ocasión de la acción de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería: Altuzarra Gallo Jo sé Francisco (3 meses); Arboleda Guarín Luis Fernando (no registra pagos); Arias Núñez Uriel (3 meses); Arias Pérez Jesús Adolfo (3 meses); Aristizabal Jaramillo Luis Fernando (se le negó el amparo y no registra pago); Avendaño Valenzuela Jorge Arecio (no registra pagos); Bernal Torres José Polidoro (se le negó el amparo y no registra pagos); Bogotá Huérfano Victor Manuel (3 meses); Cañón Daza Siervo Alonso (no registraRadicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

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7. 4) La Corte Constitucional seleccionó ese fallo para revisión (bajo la referencia T-2597351). Durante el trámite de la revisión , la Corte ordenó

(Auto 241 de 14 de julio de 2010 ) la suspensión de los efectos de todos los

referencia T-2597351). Durante el trámite de la revisión , la Corte ordenó (Auto 241 de 14 de julio de 2010 ) la suspensión de los efectos de todos los fallos que serían materia de análisis; el apoderado del PAR7 le solicitó a esa autoridad que, al momento de pronunciarse sobre dicha tutela, tuviera en cuenta fallos de esa misma corporación ( T-134A de 2010 y T135A de 2010 ), que se pronunciarion sobre casos “…con las mismas falencias…” al presente en los que, además de que se revocaron los amparos que habían sido concedidos por los jueces de instancia, la Corte Constitucional les ordenó a los tutelantes “la devolución de todos los valores que se hubieren erogado como consecuencia de los fallos referidos”.

8. 6) En Sentencia SU-377 de 12 de junio de 2014, la Corte Constitucional, a propósito del caso T-2597351 que hoy ocupa a la Sala, concluyó que había falta de legitimación en la causa , pues quien se presentó como abogada de los accionantes no había acreditado esa condición, ni allegó poderes generales o especiales para promover la acción en su representación, falencia que no fue subsanada.

9. 7) La ilegal orden de tutela del Juez del Circuito , que posteriormente fue revocada por la Corte Constitucional, tuvo que ser cumplida por el PAR en su momento, motivo por el cual pagó la suma de $319’925.394.

pagos); Casallas Moreno José Antonio (no registra pagos); Claviio Mantilla Raúl (3 meses); Córdoba Campo Calixto Antonio (3 meses); Correa Villadiego Roberto de Jesús (3 meses); Cortés Triana Marco Antonio (3 meses); Corzo

pagos); Casallas Moreno José Antonio (no registra pagos); Claviio Mantilla Raúl (3 meses); Córdoba Campo Calixto Antonio (3 meses); Correa Villadiego Roberto de Jesús (3 meses); Cortés Triana Marco Antonio (3 meses); Corzo Velandia Ulpiano (abril y mayo); Cuadrado Pérez Luz Amanda (3 meses); Espinosa Ocampo Luisa Fernanda (se le negó el amparo y no registra pagos); Espinosa Rubio Guillermo Alfonso (3 meses); Espitia Llorente Antonio Manuel (3 meses); Forero Medellín Alberto (se le negó el amparo y no registra pagos); Gómez González Blanca Cecilia (3 meses); González Hernández Javier (se le neg ó el amparo y no registra pagos); González Humberto (3 meses); Grimaldo Carrascal Geny Madred (se le negó el amparo y no registra pagos); Guacaneme Martínez Fernando (3 meses); Guarín Castillo Melba (3 meses); Guifo Ríos Edgar Enrique (no registra pagos); Gutiérrez Fajardo Rodolfo Rito (no registra pagos); Gutiérrez Peña Fernando (3 meses); Hernández Arenas Carlos Arturo (3 meses); Herrera Torres Maribel (3 meses); López Millán Carlos (3 meses); Matiz Cruz Julio César (3 meses); Mendoza Dueñas Aida Esperanza (3 meses); Montaño Castiblanco Pedro (se le negó el amparo y no registra pago); Mora Molina Yoni (3 meses); Moreno Castellanos José Gustavo (abril y mayo); Moreno Real Orlando (3 meses); Mosquera Hernández Enrique (3 meses); Motta Moreno Elsy (se le negó el amparo y no registra pagos); Muñoz Palacios Myrian Cecilia(se

meses); Moreno Castellanos José Gustavo (abril y mayo); Moreno Real Orlando (3 meses); Mosquera Hernández Enrique (3 meses); Motta Moreno Elsy (se le negó el amparo y no registra pagos); Muñoz Palacios Myrian Cecilia(se le negó el amparo y no registra pagos); Niño González Libardo (se le negó el amparo y no registra pagos): Ocampo Quintero María Rocío (se le negó el amparo y no registra pagos); Ortega Pitalua José Miguel (no registra pagos); Osorio Caycedo Ruby Liliana (3 meses) ; Osorio Londoño Lucy (se le negó el amparo y no registra pagos); Osorio Zuluaga Álvaro Hernán (se le negó el amparo y no registra pagos); Otálora Sierra Luz Edit (3 meses); Palencia Pedro Elías (3 meses); Palma Garzón Marlene (no registra pagos); Payán Garcés Rodrigo (mayo); Peña Garzón Gloria Marlen (se le negó el amparo y no registra pagos); Pineda Montejo Martha Janeth (3 meses); Posso Bedoya Álvaro Eugenio (3 meses); Quintero Pérez Alonso (3 meses); Reyes González Luis Severo (3 meses); Rincón Cadena Gloria Yubi (3 meses); Robles Carlos Alberto (no registra pagos); Rodríguez Bobadilla José Hebert (se le negó el amparo y no registra pago); Rodríguez López César (3 meses); Rojas Clav ijo Leonel Mauricio (se le negó el amparo y no registra pago); Rojas Galvis Luz Astrid (3 meses); Rojas Velandia Arnulfo Orlando (abril y mayo); Romero Acuña Graciela (3 meses); Sánchez Díaz Rafael Antonio (3 meses); Sánchez Martínez Luz Amparo (abril y mayo); Sánchez

registra pago); Rojas Galvis Luz Astrid (3 meses); Rojas Velandia Arnulfo Orlando (abril y mayo); Romero Acuña Graciela (3 meses); Sánchez Díaz Rafael Antonio (3 meses); Sánchez Martínez Luz Amparo (abril y mayo); Sánchez Vivas Alvaro Ignacio (abril y mayo); Torres Guarín Alvaro (3 meses); Valdez Orozco Jorge Luis (3 meses); Vargas Mesa Plutarco (mayo); Vergel Arévalo Gustavo (3 meses); Yaguez Bueno Omar René (3 meses). El listado de accionantes fue tomado del Anexo al Auto 241/10 de la Corte Constitucional, en el que se suspendió hasta tanto se dictara sentencia el cumplimiento de las sentencias impartidas por distintos jueces, entre ellas, la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería el 26 de enero de 2010. La prueba de los pagos se tomó de los comprobantes del Banco Agrario y del Banco de occidente que se aportaron con la demanda (fl. 134-135 [marzo]; 137-139 [abril]; 141-143 [mayo] del cuaderno 2). 7 El 30 de diciembre de 2005, el liquidador de Telecom en Liquidación y Teleasociadas en Liquidación (Fiduciaria la Previsora), celebró un contrato de fiducia mercantil con el Consorcio Remanentes Telecom (conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.) para la constitución del “Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR”7 (en adelante PAR).Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

Actor: PAR Telecom Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirma decisión que niega

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10. 8) El PAR solicitó a la Corte adi cionar la Sentencia SU -377, para que ordenara la devolución de los dineros pagados en cumplimiento de la sentencia revo cada. La solicitud fue negada por Auto A503 del 22 de octubre de 2015, con el argumento de que esa restitución procedía a través de otros instrumentos legales, como el enriquecimiento sin causa en la medida en que dicho pago, por efecto de la revocatoria de la decisión que lo había ordenado, carecía de justificación “…por lo que la r estitución de las cosas al estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico para ello”.

11. En los fundamentos de derecho, la parte actora manifestó que el error judicial en este caso se materializó en: 1. Haber concedido amparos de tutela a quienes no habían conferido un poder con ese fin; 2. Haber accedido a las pretensiones frente a personas que no cumplían los presupuestos para una pensión del Plan Anticipado; 3. Haber desconocido el principio de igualdad en relación con los derechos y medios de defensa con que cuentan los demandados en proceso ordinarios (artículo 333 del cgp8); y 4. Haber desconocido “…el principio de congruencia, en consonancia con el desconocimiento y falta de valoración del precedente jurisprudencial de la Corte” , al negarse a ordenar la devolución de los dineros pagados bajo el argumento de que ese aspecto no hacía parte de los extremos de la litis, no obstante que esa circunstancia sí había sido puesta

jurisprudencial de la Corte” , al negarse a ordenar la devolución de los dineros pagados bajo el argumento de que ese aspecto no hacía parte de los extremos de la litis, no obstante que esa circunstancia sí había sido puesta de presente9.

1.2. El Auto que rechazó la demanda por caducidad y su impugnación

12. Por Auto de 19 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad de la acción.

Consideró que el término debía contarse desde la fecha de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería de 26 de enero de 2010 (por ser la constitutiva del presunto error judicial) , y no desde la fecha de las Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional (2014), o desde el Auto que se pronunció sobre la solicitud de adición (2015).

13. El Consejo de Estado, por Auto de 22 de noviembre de 2018, revocó la anterior decisión. Consideró que “…el daño que invoca la parte actora se causó efectivamente con el auto [A503 de 22 de octubre de 20 15,

8 “El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida” -Resaltado del demandante-. 9 La parte actora precisó que , con esa negativa: 1. la Corte no procuró “…aproximar a las partes al punto más

agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida” -Resaltado del demandante-. 9 La parte actora precisó que , con esa negativa: 1. la Corte no procuró “…aproximar a las partes al punto más cercano al estado de cosas previas a la existencia del daño o el proceso” ; 2. Su decisión “…comporta una dimensión adicional de error judicial, ya que ella representa un claro defecto sustantivo por desconocimiento del precedente”, pues las decisiones anteriores sentaban una regla predicable del problema jurídico del nuevo caso nuevo, en la medida en que los hechos eran equiparables.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

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notificado el 3 de noviembre del mismo año] , ya que solo hasta el 3 de noviembre de 2015 el recurrente tuvo conocimiento y certeza sobre el daño que se le ocasionó”10.

1.3. Posición de la parte demandanda

14. La Rama Judicial alegó como excepciones la “Ausencia de causa petendi”, con respaldo en que el Auto A503 de 22 de octubre de 2015 estaba ajustado a derecho; “Culpa exclusiva de la víctima” porque el PAR debió activar los mecanismos sugeridos por la Corte para la recuperación del capital ; y el “Hecho de un tercero” , con respaldo en que fueron los accionantes los que propiciaron que se les entregaran dineros a los que no tenían derecho11.

1.4. Sentencia de primera instancia

del capital ; y el “Hecho de un tercero” , con respaldo en que fueron los accionantes los que propiciaron que se les entregaran dineros a los que no tenían derecho11.

1.4. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Entendió que el Consejo de Estado , al resolver el recurso de apelación contra el Auto que rechazó la demanda por caducidad, estableció que el daño se “configuró” con el Auto A503 de 2015, por medio del cual la Corte Con stitucional no accedió a adici onar la Sentencia de Unificación. Por lo anterior, centró el análisis del error judicial sólo en esta última providencia12. Concluyó que no era constitutiva de error judicial por

las siguientes razones:

16. 1. La parte demandante p retendía reabrir el debate frente a los mecanismos judiciales ordinarios con los que contaba para lograr el recobro de los dineros cancelados por el PAR Telecom. Precisó que la decisión que la Corte Constitucional tomó al respecto , no denot aba un actuar “…arbitrario, reprochable, caprichoso o abiertamente ilegal porque el auto A503 de 2015 expuso de manera coherente y suficiente que ante la pretensión de devoluci ón de lo pagado la decisi ón de revocatoria de las ordenes de tutela aparejaba consigo el decaimiento de la justificaci ón de esas erogaciones”.

17. 2. Afirmó que no era posible sostener que, “…al no haberse aplicado

10 Agregó esta Corporación: “Siendo así, la fecha límite en la que el demandante podía acudir a la jurisdicción

esas erogaciones”.

17. 2. Afirmó que no era posible sostener que, “…al no haberse aplicado

10 Agregó esta Corporación: “Siendo así, la fecha límite en la que el demandante podía acudir a la jurisdicción concluyó el 12 de enero de 2018, toda vez que el término fue suspendido con la solicit ud de conciliación extrajudicial radicada el 20 de octubre de 2017 y declarada fallida el 7 de diciembre del mismo año, y como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es claro que lo fue dentro del término señalado para ello, como consecuencia no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad” -se resalta-. 11 Folio 61-72 del cuaderno principal. 12 En sus términos: “…esta sala determinará si medió un error jurisdiccional con ocasión del proceso de tutela 200901344, revisado bajo el radicado T-2597351, por no haberse accedido en auto A503 de 2015 a la devolución de los dineros pagados en cumplimiento de un fallo previamente revocado…” -se resalta-.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

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en la providencia censurada, el tratamiento de los efectos propios de la casación a un escenario de un proceso constitucional, esta haya desconocido los principios de igualdad y congruencia; mucho menos que haya sido abiertamente ilegal”.

en la providencia censurada, el tratamiento de los efectos propios de la casación a un escenario de un proceso constitucional, esta haya desconocido los principios de igualdad y congruencia; mucho menos que haya sido abiertamente ilegal”.

18. 3. Aunque la Corte en oportunidades anteriores había dispuesto la orden de devolución de saldos pagados a favor de la parte actora, “…ello se hizo en un contexto donde las acciones de tutela fueron presentadas con un actuar temerario”.

1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

19. La parte demandante (en recurso de apelación interpuesto y

sustentado en julio de 2021), alegó que:

20. 1. Con la demanda de reparación directa no se buscó “…modificar lo decidido por la Corte Constitucional, sino reparar las consecuencias patrimoniales de sus decisiones, las cuales se critican por provocar un daño antijuridico”. Precisó que “…el auto A-503 de 2015 constituye un error judicial que fue identificado desde el libelo introductorio, cuya ocurrencia nunca fue desvirtuada por la parte demandada, siendo esta la causa eficiente de los perjuicios demostrados”.

21. 2. La Corte Constitucional no mencionó “…las razones por las que el precedente no resultaba aplicable, como lo trat ó de hacer el Aquo en su decisión, de la cual se debe recordar que no es una instancia adicional para justificar la decisi ón judicial criticada ”. En todo caso, precisó que “…la temeridad o probidad de los actores de tutela no constituye un par ámetro para ordenar la devoluci ón de dineros en una actuaci ón judicial, sino la

justificar la decisi ón judicial criticada ”. En todo caso, precisó que “…la temeridad o probidad de los actores de tutela no constituye un par ámetro para ordenar la devoluci ón de dineros en una actuaci ón judicial, sino la legalidad de la orden que provocó dicha entrega…”.

22. 3. Solicitó que se accediera a todas las pretensiones de la demanda, “…en virtud de que el error judicial primigenio que motiva la demanda es en realidad un atentado al principio de seguridad jurídica, pues se refiere al trámite de un a actuación judicial despu és de los plazos previstos para su inicio por el ordenamiento procesal en sede de tutela”.

23. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia apelada, pues el Auto A-503 de 2015 estaba ajustado a derecho.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales delimitación de la controversia y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3. Sobre la condena en costas.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

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2.1. Presupuestos procesales, delimitación de la controversia y decisión a adoptar

24. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados por error judicial; además, porque

encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados por error judicial; además, porque la acción se promovió de manera oportuna13.

25. En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la controversia se limitaba a establecer si el Auto A-503 de 22 de octubre de 2015 proferido por la Corte Constitucional era constitutivo de error judicial. En consecuencia, n o analizó la existencia de un error judicial en la Sentencia proferida Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, de 26 de enero de 2010 . La parte apelante no cuestionó esa decisión y por el contrario, se enfocó en señalar por qué el Auto A -503 de 22 de octubre de 2015 sí incurrió en error judicial 14. Por lo expuesto, la Sala se concentrará, entonces, en el estudio del aludido Auto y en los reparos señalados en el recurso de apelación.

26. En esta sentencia, la Sala confirmará la decisión apelada con fundamento en que: la parte actora no experimentó un daño antijurídico como consecuencia de que, en el Auto cuestionado , la Corte Constitucional se hubiera abstenido de impartir una orden de reintegro a favor del PAR sobre las sumas pagadas con ocasión de la sentencia de tutela de 26 de enero de 2010 (revocada por la Sentencia SU377/14), pues esa determinación no le impedía buscar esa restitución por otros medios. Se confirmará asimismo el fallo apelado en lo que a la imposición de condena en costas en primera instancia se refiere, pues tal aspecto no fue

esa determinación no le impedía buscar esa restitución por otros medios. Se confirmará asimismo el fallo apelado en lo que a la imposición de condena en costas en primera instancia se refiere, pues tal aspecto no fue cuestionado por el recurrente.

2.2. Análisis sustantivo

27. El daño experimentado por la parte actora con ocasión del Auto A503 de 22 de octubre de 2015 , no consistió -así debe entenderseen que,

13 Sobre el ejercicio oportuno de la acción, la Sala considera que no existe caducidad comoquiera que, mediante el Auto A 503 de 22 de octubre de 2015, notificado el 3 de noviembre del mismo año, se negó la solicitud de adición de la acción de tutela. E l término de caducidad fue suspendido con la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 20 de octubre de 2017 y declarada fallida el 7 de diciembre del mismo año (48 días). En consecuencia, la fecha límite en la que el demandante podía acudir a la jurisdicción concluyó el 25 de enero de

2018. Toda vez que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2017 no se configuró la caducidad. 14 El recurrente, como se indicó, se limitó a afirmar , de manera equivocada, que “el error judicial primigenio que motiva la demanda es en realidad un atentado al principio de seguridad jurídica, pues se refiere al trámite de una actuación judicial después de los plazos previstos para su inicio por el ordenamiento procesal en sede de tutela” -se resalta-. La Sala precisa que, en este caso, el fallo de tutela revocado por la Corte Constitucional (radicado Tactuación judicial después de los plazos previstos para su inicio por el ordenamiento procesal en sede de tutela” -se resalta-. La Sala precisa que, en este caso, el fallo de tutela revocado por la Corte Constitucional (radicado T2597351), no lo fue con fundamento en la aseveración que hizo el recurrente (al parecer, incumplimiento del presupuesto de la inmediatez) , sino porque no existía prueba de que quienes fungieron como accionantes hubieran conferido poder.Radicación: 25000-23-36-000-2017-02401-02 (67886)

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como consecuencia del mismo , hubiera tenido que hacer un desembolso de sumas de dinero15. El daño, más bien, consistió en la imposibilidad de que esas sumas se reintegraran al PAR, para que de ese modo quedara en un estado similar al que tenía antes de que se profiriera la sentencia de tutela posteriormente revocada.

28. Según se desprende de la demanda, la parte actora atribuyó esa afectación a que la Corte Constitucional no ordenó (a pesar de la solicitud previa al fallo que en ese sentido hizo el PAR, como de su solicitud de complementación a la Sentencia de Unificación SU 377/14), que los accionantes restituyeran los valores que habían recibido , omisión que, a juicio de la demandante, era constitutiva de error judicial.

29. A propósito de la solicitud de adición de la Sentencia de Unificación16, la Corte Constitucional, en el Auto cuestionado, afirmó:

juicio de la demandante, era constitutiva de error judicial.

29. A propósito de la solicitud de adición de la Sentencia de Unificación16, la Corte Constitucional, en el Auto cuestionado, afirmó:

“La Sala Plena no dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM, porque dicha entidad puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del enriquecim iento sin causa , en tanto la fuente de la obligac