CE - 250002336000201800080011SENTENCIA20230828170403

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023). Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Demandantes: COOPERATIVA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL CHOCÓ Y AFINES Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL Síntesis del caso: el señor Luis Carlos Murillo Valencia, en la condición de extrabajador y socio de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines, inició un proceso ejecutivo en contra de aquella; el 27 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago por la suma de $294.089.130 más intereses moratorios desde el momento en que se hizo exigible la obligación; el 24 de mayo de 2016, la autoridad judicial excluyó del mandamiento ejecutivo el valor de $602.035 por considerar que dicha obligación se derivó de una relación laboral y, en ese sentido, no era de su competencia; el 29 de julio de 2016, se ordenó seguir

adelante con la ejecución por la suma de $293.487.095 más intereses moratorios a partir del 31 de diciembre de 2014; el 8 de noviembre de 2016, se impartió la aprobación a la liquidación del crédito por la suma de $428.026.572. La parte demandante considera que se incurrió en un error jurisdiccional en la providencia del 29 de julio de 2016 y, por tanto, se le causó un daño antijurídico que debe ser reparado. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 118 a 126 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 10 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (fls. 111 a 116 cdno. apelación) que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA en el presente caso, en consecuencia, se NIEGAN las pretensiones de la demanda conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: La parte demandante deberá cancelar a título de agencias en derecho a favor de la parte demandada NACIÓN - RAMA JUDICIAL, la suma de ONCE MILLONES DE PESOS MCTE ($11.000.000) (…).” (fl. 116 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demandaExpediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de

(65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 2017 (fl. 37 cdno. 1), la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines, por intermedio de apoderado judicial promovió demanda de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Nación - Rama Judicial (fls. 1 a 37 cdno. 1) con las siguientes súplicas: “1. Que de conformidad con el art. 90 Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los artículo 65 y SS de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de Administración de Justicia, se DECLARE, patrimonial y administrativamente responsable, a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Regional Antioquia - Chocó, por todos los perjuicios morales y materiales en sus diferentes modalidades causados a la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines ‘COOMESA’ con NIT 800.213.755-9 y personería jurídica Nro. 2308 de agosto 25 de 1993, por el error jurisdiccional y/o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia causado a través de la sentencia Nro. 586 del 29 de julio de 2016 emanada del Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, dictada dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en contra de la cooperativa que represento, bajo el radicado Nro. 27001310300120150021200, en donde se les condenó a cancelar el capital de crédito, más los intereses de

mora y las costas y agencias en derecho, proceso donde se desconoció por completo el precedente jurisprudencial recogido por el H. Consejo de Estado en la sentencia 2006-01379-02 (56.950) y la sentencia STC 10699-2015/2015-00137 de agosto 12 de 2015 emanada de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, siendo magistrado ponente el Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, dentro del proceso con Rad. 19001-22-13-000-2015-00137-01, entre otros, donde se manifiesta que uno de los deberes del juez es revisar si los documentos presentados como título ejecutivo llenan o no los requisitos legales para ordenar seguir adelante con la ejecución, desconocimiento que conllevó a que se incurriera en un defecto fáctico al valorar contradictoriamente las pruebas allegadas al proceso ejecutivo. 2. Que se tenga como subsidiario al momento de dictar el respectivo fallo el fundamento del principio IURA NOVIT CURIA. 3. Que, como consecuencia de la declaración de responsabilidad estatal, se CONDENE a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial regional Antioquia - Chocó, a pagar todos los perjuicios morales y materiales causados al demandante, la cual discrimino desde el año 2016 a hoy año 2017, así: PERJUICIOS PATRIMONIALES LUCRO CESANTE $500.000.000 PERJUICIOS AL BUEN NOMBRE O GOOD WILL $200.000.000 PERJUICIOS MATERIALES DAÑO EMERGENTE $400.000.000 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES DAÑO MORAL cien salarios mínimos legales mensuales, a razón de $737.717 (valor para el año 2017) para un total de $73.771.700. Total adeudado a noviembre de 2017 +

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES DAÑO MORAL cien salarios mínimos legales mensuales, a razón de $737.717 (valor para el año 2017) para un total de $73.771.700. Total adeudado a noviembre de 2017 + $1.173.771.700 4. La condena respectiva será actualizada conforme con lo previsto en el artículo 187 del CPACA, es decir, el correspondiente ajuste de valor,Expediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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liquidado con la variación promedio mensual de índices de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, julio de 2016 hasta la ejecutoria de la sentencia. Además, se condene en costas de conformidad con el art. 188 del CPACA y se le dé cumplimiento a la sentencia y se reconozcan los intereses de conformidad con el artículo 192 ibidem.”. (fls. 2 a 3 cdno. 1 - mayúsculas fijas del texto original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El señor Luis Carlos Murillo Valencia, en la condición de extrabajador y socio de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines inició un proceso ejecutivo en contra de esta. 2) El 27 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó (Chocó) libró mandamiento de pago por valor de doscientos noventa y cuatro millones ochenta y nueve mil ciento treinta pesos ($294.089.130) más intereses moratorios. 3) El 24 de mayo de 2016, la autoridad judicial negó la nulidad del proceso por falta de jurisdicción planteada en su momento por la parte ejecutada, por otro lado, excluyó del mandamiento ejecutivo el valor de seiscientos dos mil treinta y cinco pesos ($602.035) por considerar que dicha obligación se derivó de una relación laboral y, en ese sentido, que no era de su competencia el cobro coactivo formulado con la demanda.

1. El 27 de junio de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó inadmitió el recurso de apelación formulado por la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines en contra de la anterior decisión porque, a su juicio, no fue debidamente sustentado. 5) El 29 de julio de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de doscientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil noventa y cinco pesos ($293.487.095) más intereses moratorios a partir del 31 de diciembre de 2014. 6) El 10 de agosto de 2016, la autoridad judicial no concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en contra de la anterior providencia, de modo que esta procedió a formular el recurso de queja el cual fue desestimado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.Expediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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1. El 8 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó aprobó la liquidación del crédito que, a su vez, fue objetada por la parte ejecutada, sin embargo, sus observaciones fueron denegadas. 8) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó incurrió en error judicial en la mencionada providencia del 29 de julio de 2016 porque i) los intereses moratorios no se originaron a partir del 31 de diciembre de 2014 sino desde el año 2006 y, en ese sentido, el título ejecutivo no cumplía con el requisito de la exigibilidad, además, varias de las obligaciones se encontraban prescritas1; ii) el artículo 440 del Código General del Proceso se interpretó de manera exegética lo cual condujo a que se desconociera el derecho sustancial y, iii) la autoridad judicial no tenía competencia para conocer del caso concreto porque las obligaciones solicitadas en el proceso ejecutivo se derivaron de una relación laboral (fls. 1 a 37 cdno. 1). 3. Contestación de la entidad demandada Por auto del 24 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A admitió la demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de Administración Judicial (fls. 55 a 56 cdno. 1). Mediante escrito radicado el 20 de noviembre de 2018, la Nación - Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes argumentos de réplica: 1) La decisión judicial atacada se ajustó al ordenamiento jurídico y, en ese sentido,

los requerimientos de la parte actora no están llamados a prosperar. 2) Debe declararse probada la excepción de culpa de la víctima porque la accionante, en el marco del proceso ejecutivo, renunció de manera tácita a pronunciarse sobre la demanda interpuesta por el señor Luis Carlos Murillo Valencia, de modo que no puede pretender revivir dicho estadio procesal alegando la existencia de un supuesto error jurisdiccional (fls. 70 a 78 cdno. 1). 1 Al respecto, la parte actora sostuvo lo siguiente: “Como se observa de las lecturas de la certificación que sirve de título ejecutivo y de esa pretensión, no se evidencia una fecha cierta que sirva de punto de partida para liquidar los intereses, que pretende el demandante se liquiden a su favor lo que vicia el título y lo hace inservible para adelantar un proceso de ejecución de conformidad con las reglas del art. 422 del C. G. del Proceso.” (fl. 15 cdno. 1).Expediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206)

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4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 10 de julio de 2019 declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, negó los requerimientos de la demanda; como argumentos de la decisión el a quo expuso lo siguiente: 1) El error judicial que se pretende imputar a la Nación - Rama Judicial no se configuró con la providencia del 29 de julio de 2016 -a través de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecuciónsino a partir de la decisión que libró mandamiento de pago, la cual no fue objeto del recurso de reposición por parte de la aquí demandante a pesar de que le fue notificada personalmente a través de su representante legal. 2) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó actuó de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso, normatividad que establece que, si el ejecutado no propone excepciones oportunamente la autoridad judicial ordenará, por medio de auto que no admite recurso, seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo. 3) No hay lugar a afirmar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó de manera arbitraria dispuso una fecha para el cobro de los intereses moratorios, puesto que i) utilizó la misma fecha consignada en la certificación que se tuvo en cuenta como título ejecutivo, además, la parte ejecutada no demostró que fuera otra diferente; ii) si la cooperativa no estaba conforme con la fecha que se señaló en el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución,

podía presentar una liquidación del crédito en la que especificara los intereses causados y, iii) si bien la parte ejecutada planteó la objeción a la liquidación del crédito allegada por el ejecutante, lo cierto es que se limitó a cuestionar la validez del título ejecutivo, circunstancia que propició su rechazo (fls. 111 a 116 cdno. apelación). 5. Recurso de apelación El 29 de julio de 2019, la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así: 1) El daño alegado en la demanda devino de la providencia proferida el 29 de julio de 2016 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó que ordenó seguirExpediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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adelante con la ejecución de la obligación en favor del ejecutante Luis Carlos Murillo Valencia, pues, la autoridad judicial “creó unas fechas imaginarias” para la liquidación de los intereses moratorios. 2) Aunque en contra del auto que libró mandamiento ejecutivo no se formularon excepciones a través del recurso de reposición, lo cierto es que ello se saneó cuando se presentó el incidente de nulidad que conllevó a que la autoridad judicial modificara el mandamiento de pago y, en esa medida, no hay lugar a declarar la culpa de la víctima. 3) Del documento denominado “certificado de ahorros y aportes de junio 01 de 2015”, que fue tenido en cuenta como título ejecutivo, se evidencia que la época en que se hicieron exigibles las obligaciones en favor del señor Luis Carlos Murillo Valencia data del año 2006 al año 2014 y, a pesar de ello, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó decidió de manera caprichosa fijar como término para cobrar los intereses moratorios a partir del 31 de diciembre de 2014. 4) La Corte Constitucional en sentencia C-650 del 2001 dispuso que, aunque el ejecutado no conteste la demanda puede presentar y objetar la liquidación del crédito. 5) El a quo desconoció que contra las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó sí se formularon los recursos ordinarios de ley, además, dicha autoridad judicial asumió una competencia que le correspondía a la jurisdicción laboral. 6) Las decisiones erradas adoptadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó conllevaron a que la cooperativa pagara al ejecutante una suma de dinero que superó los seiscientos millones de pesos ($600.000.000) (fls. 131 a 148 cdno. apelación). 6. Actuación surtida en segunda instancia Por auto del

de Quibdó conllevaron a que la cooperativa pagara al ejecutante una suma de dinero que superó los seiscientos millones de pesos ($600.000.000) (fls. 131 a 148 cdno. apelación). 6. Actuación surtida en segunda instancia Por auto del 25 de noviembre de 2019 (fl. 216 cdno. apelación) se admitió el recurso de apelación, el 27 de febrero de 2020 (fl. 281 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto. En dicha oportunidad procesal, la Nación - Rama Judicial insistió en los argumentosExpediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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de defensa expuestos en la contestación de la demanda (fls. 224 a 227 cdno. apelación), mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 410 cdno. apelación). II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas. 1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Nación - Rama Judicial es patrimonial y extracontractualmente responsable por la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó el 29 de julio de 2016 en el marco del proceso ejecutivo con radicación número 27001-31-03-001-2015-00212-00 promovido en su momento por el señor Luis Carlos Murillo Valencia, la que se acusa de haber incurrido en un error judicial con el que se causó un daño antijurídico a la cooperativa aquí demandante. La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será confirmada, debido a que no se acreditó la existencia de un error judicial en la providencia atacada. 2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado 2.1 Examen de los presupuestos del error judicial 1) En atención a que en el asunto sub examine la alegada responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado proviene de un supuesto error judicial, la

error judicial 1) En atención a que en el asunto sub examine la alegada responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado proviene de un supuesto error judicial, la 2 La providencia enjuiciada se profirió el 29 de julio de 2016 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó, aunque en el proceso no reposa la constancia de ejecutoria de dicha decisión, lo cierto es que puede determinarse con base en los artículos 295 y 302 del Código General del Proceso, de modo que se infiere que quedó en firme el 4 de agosto de 2016. El término para formular la demanda de reparación directa se suspendió del 23 de agosto de 2017 al 24 de octubre de 2017 (fl. 106 cdno. 2) mientras se surtió la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación y, en la medida la acción de reparación directa se formuló el 17 de noviembre de 2017 (fl. 37 cdno. 1), se advierte que fue radicada en tiempo de conformidad con el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA.Expediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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Sala procede a verificar si se cumple con los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para que prosperen las súplicas en estos casos. 2) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error son las siguientes: “ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.” Según las normas legales transcritas,

el legislador determinó los siguientes requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) que el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia contraria a la ley. 3) La Sala encuentra probados los cuatro primeros requisitos, por cuanto la decisión acusada de contener error jurisdiccional, esto es, la del 29 de julio de 2016 i) fue proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó en el marco de un proceso ejecutivo con radicación número 27001-31-03-001-2015-00212-00, promovido en su momento por el señor Luis Carlos Murillo Valencia en contra de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines; ii) el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó actuó como juez de la causa; iii) contra la decisiónExpediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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judicial no procedía recurso ordinario alguno3 y, iv) la providencia del 29 de julio de 2016 quedó en firme el 4 de agosto de 2016. 4) En lo que corresponde al sexto requisito, esto es, que se traté de una providencia contraria a la ley, la Sala observa que no se encuentra acreditado, como se explica a continuación. 2.2 Examen concreto del error jurisdiccional alegado 1) Superados los requisitos antes evaluados, se procede a examinar las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la autoridad jurisdiccional al momento de proferir la decisión cuya legalidad se reprocha con la demanda. Para tal fin, es preciso tener en cuenta que el error judicial se concreta en “una decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las pruebas -error de hechoo que provenga de aplicaciones normativas indebidas -error de derecho-”4, se trata de falencias en las que se incurre en providencias judiciales al punto de contraponerse al ordenamiento jurídico. Esta Sección de tiempo atrás lo ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión”5. 2) En el presente caso, respecto de la mencionada providencia proferida el 29 de julio de 2016 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó se alega, en síntesis, que incurrió en error judicial porque i) no había lugar a ordenar seguir adelante con la ejecución de una suma líquida de dinero porque el título ejecutivo no cumplía con el

requisito de la exigibilidad, pues, la autoridad judicial de manera arbitraria dispuso que los intereses moratorios se originaron a partir del 31 de diciembre de 2014 cuando en realidad estos se causaron desde el año 2006; ii) el artículo 440 del Código General del Proceso no debió interpretarse de manera exegética porque conllevó a que se profiriera una decisión contraria a derecho y, iii) la autoridad judicial no tenía competencia para conocer del caso concreto, porque el objeto de las pretensiones de la demanda ejecutiva era que se librara 3 En virtud del inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso, vigente para la época en que se profirió la providencia enjuiciada, si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, tal como ocurrió en el caso concreto, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. Se advierte que en el caso objeto de análisis la decisión acusada de error judicial es la que ordenó seguir adelante con la ejecución. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 38.229, MP Ramiro Pazos Guerrero. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, MP Ramiro

Saavedra Becerra.Expediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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mandamiento de pago por unas obligaciones derivadas de una relación de trabajo y, en ese sentido, el proceso debió ser avocado por la jurisdicción laboral y no por la civil. 3) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la controversia: a) El señor Luis Carlos Murillo Valencia en la condición de extrabajador y socio de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines inició un proceso ejecutivo en contra de dicha asociación. Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes: “PRIMERA: Por los hechos arriba indicados, solicito al señor juez, librar mandamiento en contra de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines COOMESA y a favor de mi poderdante, por las siguientes sumas: CONCEPTO DE VALOR ADEUDADO VALOR ADEUDADO Compensaciones $66.123.329 Vacaciones $602.035 Otras cuentas por pagar $194.648.613 Ahorros $20.525.374 Aportes $12.254.025 Cuentas por cobrar a socios $294.089.130 SEGUNDA: Solicito que se liquiden y cancelen los intereses comerciales y moratorios de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde que se hizo exigible la obligación y hasta que se efectúe el pago total de la obligación.”. (fls. 1 a 9 cdno. 2 - negrillas y mayúsculas fijas del texto original). b) El señor Luis Carlos Murillo Valencia presentó como constitutivos del título ejecutivo los siguientes certificados expedidos por el representante legal y revisor fiscal de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines (fls. 10 a 14 cdno. 2): - Certificado número 1 (fl. 10 cdno. 2): “Revisados los saldos registrados en la base de datos, con corte 31 de

revisor fiscal de la Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines (fls. 10 a 14 cdno. 2): - Certificado número 1 (fl. 10 cdno. 2): “Revisados los saldos registrados en la base de datos, con corte 31 de diciembre de 2014 al señor Luis Carlos Murillo Valencia identificado con cédula de ciudadanía 94.311.931 de Palmira-Valle, se le adeuda la suma de $294.089.131, por los siguientes conceptos: Compensaciones $66.123.329 Vacaciones $602.035 Otras cuentas por pagar $194.648.613 Ahorros $20.525.374Expediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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Aportes $12.254.025 Total cuentas por pagar $294.089.130” - Certificado expedido el 1º de junio de 2015 denominado “ahorros y aportes” (fl. 11 cdno. 2): “VALOR AHORROS: $20.525.374 VALOR APORTES: $12.254.026 TOTAL, CAPITAL: $32.779.400 Señor asociado su capital en COOMESA a diciembre 31 de 2014 asciende a la suma de treinta y dos millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos.”. Junto con dicha certificación se aportó un anexo relacionado con los ahorros y aportes del señor Luis Carlos Murillo en el que se plasmó lo siguiente (fl. 12 cdno. 2): “ANEXO CERTIFICADO DE AHORROS Y APORTES DR: LUIS CARLOS MURILLO AÑO AHORROS 5% APORTES 3% 2006 1.679.717 949.632 2007 2.401.640 1.440.985 2008 3.303.391 1.982.035 2009 1.964.014 1.178.408 2010 2.895.989 1.737.594 2011 1.981.681 1.189.009 2012 2.982.585 1.789.549 2013 1.452.525 871.457 2014 1.863.932 1.115.357 SALDO TOTAL 20.525.374 12.254.026” c) El 27 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago por la suma de doscientos noventa y cuatro millones ochenta y nueve mil ciento treinta pesos ($294.089.130), así como también por los intereses moratorios a partir de la exigibilidad de la obligación y hasta que se verificara su pago, así: “Como prueba de la obligación se aportaron certificaciones

la suma de doscientos noventa y cuatro millones ochenta y nueve mil ciento treinta pesos ($294.089.130), así como también por los intereses moratorios a partir de la exigibilidad de la obligación y hasta que se verificara su pago, así: “Como prueba de la obligación se aportaron certificaciones auténticas de los valores adeudados al señor Luis Carlos Murillo Valencia, por el representante legal de la Cooperativa Médicos Especialistas del Chocó y Afines (COOMESA), doctor Carlos Hernando Libreros Bertini; certificado de existencia y representación legal de COOMESA, copia del derecho de petición de fecha 6 de abril de 2015, copia de la tutela, copia del oficio remisorio dirigido al señor Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, donde el representante legal de la cooperativa, envía las certificaciones al despacho judicial de fecha 2 de junio de 2015. Revisando los documentos aportados como prueba de la obligación, se concluye que presta mérito ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una cantidad líquida de dinero, y por reunir las exigencias de los artículos 488 y 497 del Código deExpediente 25000-23-36-000-2018-00080-01 (65.206) Actor: Cooperativa de Médicos Especialistas del Chocó y Afines Reparación directa Apelación sentencia

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Procedimiento Civil, este juzgado accede a la ejecución solicitada.”. (fls