CE - 250002336000201800596011SENTENCIA20230926001719

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / el término empieza su cómputo desde el acaecimiento del daño o del conocimiento de este, lo último que ocurra - En el presente caso se demandó po r fuera del término legal establecido.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la caducidad del medio de reparación directa.

Se pretende la reparación de los daños causados por el secuestro y la muerte de una persona con ocasión del accionar de un grupo armado al margen de la ley, sin que se le hubiera brindado la seguridad necesaria para proteger su vida e integridad personal.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de marzo de 2019, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa

personal.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de marzo de 2019, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa presentada el 19 de junio de 20181 por Luz Alba Reyes de Villamil (cónyuge) y Paola Andrea y Viviana Vanadia Villamil Reyes (hijas) en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacionaly la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV)2.

2. Como fundamento fáctico de la demanda se narró que el 4 de mayo de 1990, integrantes de la guerrilla del ELN secuestraron al señor Heberto Jorge Villamil Montoya, quien se desempeñaba como geólogo de la compañía can adiense Greenstone Resources Ltda. en el municipio de Zaragoza, Antioquia, junto con otros nueve empleados de dicha empresa. Al día siguiente, el señor Villamil Montoya fue asesinado. Según la demanda, la víctima directa había solicitado de forma verbal

1 Folios 4-17 c. ppal. 2 Solicitaron una indemnización por concepto de lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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protección al Ejército Nacional, debido a la situación de riesgo en que se hallaba por su empleo.

Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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protección al Ejército Nacional, debido a la situación de riesgo en que se hallaba por su empleo.

3. En 2008 las demandantes solicitaron ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional que se les reconociera como víctimas del conflicto armado; sin embargo, en el año 2010 cuando pidieron información sobre el trámite, la entidad les dio a conocer que no se halló en la base de datos la información sobre el señor Villamil Montoya. Casi tres años después, en el año 2013, la señora Luz Alba Reyes de Villamil acudió a la Uni dad de Atención y Orientación de las Víctimas donde confirmó que su caso no estaba en la base de datos y luego de múltiples derechos de petición presentados ante la Unidad, en 2014 se incluyó el secuestro de la referida persona como hecho victimizante en contra del señor Villamil Montoya, pero no se inscribió su homicidio ni se registraron como víctimas a las aquí demandantes, razón por la cual en junio de 2015 nuevamente solicitaron la corrección de los hechos victimizantes, sin obtener ninguna respuesta. Apenas hasta diciembre de 2017, cuando ya se había radicado solicitud de conciliación extrajudicial, dicha Unidad resolvió su reconocimiento como víctimas y les otorgó una reparación administrativa.

4. Sostuvo que se configuró una falla del servicio, puesto que, por una parte, el Ejército Nacional tenía conocimiento de la presencia y actividades del grupo armado en el municipio de Zaragoza, que era considerado una “zona roja” del conflicto

4. Sostuvo que se configuró una falla del servicio, puesto que, por una parte, el Ejército Nacional tenía conocimiento de la presencia y actividades del grupo armado en el municipio de Zaragoza, que era considerado una “zona roja” del conflicto armado, a pesar de lo cual no adoptó ninguna medida para evitar el sec uestro de los trabajadores y posterior homicidio del señor Villamil Montoya. Por otra parte, la UARIV incumplió sus funciones y dilató el procedimiento de las accionantes de forma injustificada, lo que les causó un perjuicio a la dignidad, igualdad y debid o proceso; además, no realizó ninguna labor por esclarecer la verdad de lo ocurrido, ni les brindó reparación integral a las referidas víctimas del conflicto armado3.

5. Finalmente, agregó que no debía aplicarse el término de caducidad del medio de control establecido en la ley por tratarse de un asunto de lesa humanidad.

La defensa

6. La UARIV adujo que lo que se pretendía con la demanda era la condena de dicha entidad por los perjuicios directamente derivados del secuestro y homicidio, los cuales no eran imputables a esa entidad, por no ser causante, ni por acción u omisión de los mismos. Propuso las excepciones de: (i) caducidad, en tanto no se acreditó que el hecho victimizante por el que se demandó hubiera sido constitutivo de un crimen de lesa hum anidad; (ii) “ reparación integral (indemnización administrativa vs. reparación judicial (indemnización judicial”; (iii) “ausencia de responsabilidad de la Unidad para las Víctimas ”, y (iv) “ inexistencia probatoria de los perjuicios invocados”4.

administrativa vs. reparación judicial (indemnización judicial”; (iii) “ausencia de responsabilidad de la Unidad para las Víctimas ”, y (iv) “ inexistencia probatoria de los perjuicios invocados”4.

7. El Ejército Nacional no contestó la demanda5.

3 Folios 3-17 c. ppal. 4 Folios 54-63 c. ppal. 5 Folios 38-41, 52 y 112 c. ppal.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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8. Surtida la etapa probatoria 6 , en sus respectivas alegaciones, tanto la parte demandante 7 , como la UARIV 8 reiteraron los argumentos propuestos en la demanda y su contestación.

La sentencia de primera instancia

9. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la caducidad del medio de control, por considerar que no se acreditó que el daño que originó la presente acción constituyera un delito de lesa humanidad, en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma. En ese sentido advirtió que no se demostró que los hechos en los que fue asesinado el señor Heberto Jorge Vil lamil Montoya hubieran sido dirigidos en contra de la población civil, pues tampoco existía certeza sobre cuántas personas fallecieron producto del ataque, ni de si el mismo iba dirigido contra una multiplicidad de personas.

hubieran sido dirigidos en contra de la población civil, pues tampoco existía certeza sobre cuántas personas fallecieron producto del ataque, ni de si el mismo iba dirigido contra una multiplicidad de personas.

10. Agregó que no se probaron las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos narrados en la demanda, por manera que no era posible concluir que se trató de un ataque generalizado o sistemático, aunado a que no se demostró que efectivamente el señor Villamil Montoya hubiera solicitad o protección a las autoridades demandadas con ocasión de las supuestas amenazas del grupo ilegal, ni se acreditó que su secuestro y homicidio hubiesen sido cometidos por miembros de grupos armados ilegales.

11. Por consiguiente, como los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 1990, las demandantes tenían hasta el 6 de mayo de 1992 para incoar el presente medio de control, pero como lo hicieron el 19 de junio de 2018, se imponía concluir que se hizo cuando el término estaba ampliamente vencido. Finalmente, condenó en costas a la parte actora9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

12. La parte demandante adujo que el a quo erró al concluir que los hechos en los que resultó muerto el señor Villamil Montoya no se produjeron en el contexto de un

6 En audiencia inicial celebrada el 22 de enero d e 2019 se decretaron las siguientes pruebas: (i) Parte Actora: Las anexadas con la demanda debidamente incorporadas al expediente “ Se accede a las pruebas documentales aportadas con la demanda, las cuales serán valoradas en su momento, es decir, en la sentencia.

Las anexadas con la demanda debidamente incorporadas al expediente “ Se accede a las pruebas documentales aportadas con la demanda, las cuales serán valoradas en su momento, es decir, en la sentencia. Se advierte que la parte actora no solicitó la práctica de prueba alguna, razón por la cual no habrá pronunciamiento sobre el particular”; (ii) Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV): Las allegadas con la contestación de la demanda serán valoradas conforme a la ley (folios 112-118 c. ppal.). Al expediente se incorporaron las siguientes pruebas: 1. Copias de varios derechos de petición presentados por la señora Reyes de Villamil ante Acción Social y la UARIV con sus correspondientes respuestas. 2. Formulario de solicitud de reparación administrativa presentado por la señora Luz Alba Reyes de Villamil ante Acción Social.

3. Registro civil de matrimonio entre Heberto Jorge Villamil Montoya y Luz Alba Reyes García, Registro civil de defunción de Heberto Jorge Villamil Montoya y Registros civiles de nacimiento de las demandantes. 3. Notas de prensa de los diarios El Colombiano y El Mundo, en los que se relatan sucesos relacionados con la muerte del ingeniero Jorge Villamil. 4. Declaraciones juramentadas rendidas por los señores Myriam Consuelo García Torres, Luz Alba Reyes de Villamil y María del Carmen Villamil Hernández. 5. Expediente administrativo allegado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 7 Folios 119-141 c. ppal. 8 Folio 142 c. ppal. 9 Folios 144-153 c. del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819)

Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros

8 Folio 142 c. ppal. 9 Folios 144-153 c. del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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ataque en contra de la población civil, por cuanto no se había determinado cuántas personas fallecieron. A este respecto, adujo que para que un hecho sea considerado como un delito de lesa humanidad no es imperativo que se hubiese perpetrado en contra de varias personas, dado que un solo homicidio cometido en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con stituye un delito de esa naturaleza. En este sentido, insistió en que el señor Villamil Montoya era geólogo y no pertenecía a ninguna de las partes en conflicto, por manera que se acreditó su condición de civil ajeno a las hostilidades.

13. En cuanto concierne al criterio de sistematicidad -el cual según la apelante era el aplicable al caso concreto-, adujo que no era relevante el hecho de que la víctima hubiera solicitado o no protección a las autoridades, pues lo verdaderamente importante era determi nar si hubo planificación previa del ataque, punto que se acreditó en el presente caso debido a que el municipio de Zaragoza estaba catalogado como zona roja por la presencia y actividad del ELN y porque una semana antes del atentado a la mina en el que re sultó muerto el señor Villamil Montoya, se había cometido otro ataque contra un municipio cercano.

catalogado como zona roja por la presencia y actividad del ELN y porque una semana antes del atentado a la mina en el que re sultó muerto el señor Villamil Montoya, se había cometido otro ataque contra un municipio cercano.

14. Agregó que el juez de instancia valoró erróneamente las pruebas allegadas al proceso, pues partió de afirmar que se debía aplicar el principio de buena fe probatoria dispuesto en la Ley 1448 de 2011 respecto de víctimas del conflicto armado, en tanto para ellas resultaba sumamente difícil acceder a toda la información necesaria para probar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, razón por la cual, las autoridades judiciales debían presumir la veracidad de las afirmaciones de las víctimas. Además, señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta las particularidades del caso, en el que estaban involucradas estructuras militares organizadas y en un contexto de violencia y conflicto armado.

15. Asimismo, advirtió que como el Ejército Nacional no contestó la dema nda, debían presumirse como ciertos los hechos susceptibles de confesión y, por otra parte, la UARIV no discutió en su respuesta (i) la calidad de víctimas de las demandantes, (ii) que el señor Villamil hubiera muerto en un ataque violento perpetrado por el ELN, (iii) “que no se hubiera dado aviso a las autoridades”, ni (iv) los perjuicios morales y materiales causados; por manera que debían tenerse como ciertos esos hechos.

16. Finalmente, indicó que los recortes periodísticos aportados con la demanda debieron haber sido valorados en conjunto con los demás elementos de prueba para la determinación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en

ciertos esos hechos.

16. Finalmente, indicó que los recortes periodísticos aportados con la demanda debieron haber sido valorados en conjunto con los demás elementos de prueba para la determinación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en consecuencia, solicitó que se declarara que el homicidio del señor Villamil era constitutivo de un delito de lesa humanidad y se concedieran las pretensiones de la demanda10.

17. Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, la UARIV solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia11, mientras que la parte actora reiteró lo propuesto e n el recurso de apelación y argumentó que las características de

10 Folios 163-183 c. del Consejo de Estado. 11 Folios 200-201 c. 2.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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“ataque sistemático y generalizado” se acreditaron en el sub examine, dado que los hechos ocurrieron como justificación de lo que la guerrilla del ELN denominaba su “causa política”; además, insistió en que la valoración probatoria debía realizarse con base en los principios de buena fe, pro homine, prueba de contexto e in dubio pro víctima. Finalmente, allegó copia de peticiones elevadas a diversas autoridades sobre los hechos objeto de estudio y el contexto en que habrían ocurrido12.

con base en los principios de buena fe, pro homine, prueba de contexto e in dubio pro víctima. Finalmente, allegó copia de peticiones elevadas a diversas autoridades sobre los hechos objeto de estudio y el contexto en que habrían ocurrido12.

18. El Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio13.

III. CONSIDERACIONES

19. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

El objeto del recurso de apelación

20. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a analizar si existen motivos para inaplicar las normas que fijan un término de caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación directa. Verificado lo anterior y, si a ello hubiere lugar, la Sala determinará si están acreditados los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los referidos daños alegados en la demanda.

21. La Sala no estudiará la imputación realizada en el libelo inicial en contra de la UARIV con ocasión del trámite adelantado para la inclusión de las demandantes en el Registro Único de Víctimas, pues ese punto no fue decidido en la sentencia de primera instancia y tampoco fue objeto de apelación por la parte demandante14.

Sobre la oportunidad del medio de control de reparación directa

22. Para la época de ocurrencia de lo s hechos objeto de la litis, el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 15 establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u omisión al que se atribuye el daño, en este caso,

Decreto 01 de 1984 15 establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u omisión al que se atribuye el daño, en este caso, determinado por el secuestro y homicidio del señor Heberto Jorge Villamil Montoya hechos que tuvieron lugar, según la demanda, entre el 4 y 5 de mayo de 1990, por la supuesta omisión del Estado de brindar protección a sus asociados.

12 Folios 202-211 c. 2. 13 Folio 224 c. 2. 14 Asimismo, la Sala advierte que en la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera: “Establecer si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) son responsables administrativamente por la presunta omisión que generó la muerte violenta del señor Heberto Jorge Villamil Montoya a manos del grupo armado al margen de la ley (ELN) en hechos acaecidos el día 5 de mayo de 1990, y en el evento de que les asista responsabilidad, debe establecerse si hay lugar al reconocimiento de los valores pretendidos en la demanda”( Folio 115 c. ppal.). 15 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de

1998. El nuevo texto es el siguiente:> “(…) “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o

“(…) “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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23. En relación con el momento desde el cual debe computarse el término de caducidad del medio de control, esta Corporación ha identificado dos eventos: (i) desde el día siguiente a aquél en el que ha sucedido la conducta u omisión generadora del daño antijurídico, o (ii) a partir de cuando ésta es conocida por quien la ha padecido16.

24. En el sub lite, la parte actora aduce que las normas de caducidad establecidas por la ley procesal administrativa no resultan aplicables, habida cuenta de que se trató de un crimen de lesa humanidad.

25. A este respecto, resulta imperativo destacar que en materia de caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad y, en general, de cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, esta Sección unificó su jurisprudencia en el sentido de concluir que en este tipo de casos también resulta exigible el término de caducidad. En ese sentido, señaló que las normas que regulan

declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, esta Sección unificó su jurisprudencia en el sentido de concluir que en este tipo de casos también resulta exigible el término de caducidad. En ese sentido, señaló que las normas que regulan la regla de la caducidad son aplicables a todos los asuntos de reparación directa al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el CCA ni el CPACA establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada17.

26. Adicionalmente, en esa misma decisión se precisó que para la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa se debe probar el conocimiento de las situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como condición habilitante para exigir el plazo para demandar, motivo por el cual corresponde en cada caso analizar la posibilidad que tenían los demandantes de conocer el hecho dañoso desde que ocurr ió y si se encontraban en condiciones de inferir la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado18.

27. Debe precisarse que, en todo caso, el referido término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible en los eve ntos en los que se configuran circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho de acción, que impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la demanda. Esta tesis jurisprudencial ha sido ampliamente desarrollada en fallos recientes de esta Corporación y también ha sido respaldada por la Corte

Constitucional19.

la demanda. Esta tesis jurisprudencial ha sido ampliamente desarrollada en fallos recientes de esta Corporación y también ha sido respaldada por la Corte Constitucional19.

16 “Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio de cognoscibilidad, y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció ”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentenci a del 13 de febrero de

2015. Exp. 31.187. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente 61.033. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente 61.033. 19 Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que, de acuerdo con el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los eventos, incluso en los relacionados c on graves violaciones a derechos humanos, es relevante estudiar la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.

Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU -312 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819)

Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU -312 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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28. En cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, esta Corporación ha establecido 20 -así como la Corte Constitucional 21que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos y son de obligatorio seguimiento por los operadores jurídicos y las partes involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan modificaciones importantes en la comprensión de un determinado problema jurídico22. En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera ha precisado que salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho23.

29. Por consiguiente, se impone concluir para el presente asunto que, la aplicación de la sentencia de unificación proferida por esta Corporación el 29 de enero de 2020 en materia de caducidad del medio de control de reparación directa no desconoce las garantías procesales de las partes involucradas en el proceso, en tanto se trata del criterio vigente en este momento para la evaluación y estudio de la oportunidad

en materia de caducidad del medio de control de reparación directa no desconoce las garantías procesales de las partes involucradas en el proceso, en tanto se trata del criterio vigente en este momento para la evaluación y estudio de la oportunidad para demandar, el cual, además, ha sido reiterado en precedencia por esta misma Subsección en varias providencias desde el año 2013 24 hasta que fue objeto de unificación en 2020.

30. De otra parte, resalta la Sala que la parte actora no argumentó, ni mucho menos probó que se hubiera encontrado en alguna situación objetiva que les hubiera impedido acudir materialmente a la jur isdicción para demandar, hecho que precisamente por su relevancia debería haber sido puesto en consideración del juez contencioso administrativo desde que se incoó la demanda.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023, C.P: Marta Nubia Velázquez Rico. Exp; 53.439. Al respecto, se pueden con sultar también las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras. 21 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898. En fallos recientes proferidos por la Corte Constitucional, en los que por vía de tutela se ha estudiado la configuración de la causal de desconocimiento del precedente judicial por parte

Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898. En fallos recientes proferidos por la Corte Constitucional, en los que por vía de tutela se ha estudiado la configuración de la causal de desconocimiento del precedente judicial por parte de esta Corporación al dar aplicación a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (Exp. 61.033), el mentado Tribunal ha sostenido que, por regla general, los p recedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio seguimiento por los operadores jurídicos así como las partes involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios importantes en la comprensión de un determinado problema jurídico (véase: Corte Constitucional. Sentencia SU -167 del 18 de mayo de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera). 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023, C.P: Marta Nubia Velázquez Rico. Exp; 53.439. 23 “Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),

Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la vige nte al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado (…) los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto Consejo de Estado (…)”. Sala Plena de la Sección Tercer a. Sentencia del 25 de agosto de 2022. Exp. 66.535. C.P. Nicolás Yepes Corrales. 24 Véase por ejemplo: Auto del 28 de agosto de 2013. Radicado 66001-23-31-000-2011-00138-01. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Auto del 21 de noviembre de 2012, Exp. 41.377; Auto de l 10 de febrero de 2016, Radicado 05001-23-33-000-2015-00934-01. C.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.Radicación: 25000-23-36-000-2018-00596-01 (63.819) Actor: Luz Alba Reyes de Villamil y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Referencia: Medio de control de reparación directa

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31. Bajo los anteriores designios, resulta forzoso concluir que por las circunstancias fácticas y probatorias que registra el plenario, no hay lugar a considerar en el presente caso que el citado término de caducidad no está llamado a ser exigible,

fácticas y probatorias que registra el plenario, no hay lugar a considerar en el presente caso que el citado término de caducidad no está llamado a ser exigible, como tampoco sería posible admitir que dep