CE - 250002336000201900249021SENTENCIA20231127153831

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249)

Demandante: MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ RUIZ

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Acción: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL EN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Síntesis del caso: la demandante considera que se incurrió en error jurisdiccional en la providencia del 4 de abril de 2017 dictada por la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado en la cual se decidió el recurso extraordinario de revisión presentado en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección C de la Secci ón Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de controversias contractuales no. 2005 -01460-01. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 32 SAMAI) en contra de la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (índice 25 SAMAI) que dispuso:

SAMAI) en contra de la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (índice 25 SAMAI) que dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante y a favor de la entidad pública demandada, por concepto de agencias en derecho, las siguientes

sumas:

2.1. A favor de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, la suma de TRES

MILLONES DE PESOS ($3.000.000).

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta decisión: a) A las partes, a los correos electrónicos:

alvarobenito@yahoo.es, msarmiec@deaj.ramajudicial.gov.co, b) Al representante del Ministerio Público, a los siguientes correos electrónicos: dablanco@procuraduría.gov.co y d_blancoleguizamo@yahoo.es. Lo anterior, de conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaría de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentesExpediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

2 devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9 del Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2 devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9 del Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

QUINTO: En caso de no ser apelada la presente decisión, por Secretaría de la Sección Tercera COMUNICAR al H. Consejo de EstadoConsejero: EDISON ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E), de conformidad con la parte motiva de esta providencia.” (fl. 11 índice 25 SAMAI – negrillas, subrayado y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 28 de marzo de 2019 (fl. 37 vlto. cdno. ppal.), la señora María Carolina Rodríguez Ruiz , por intermedio de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Nación - Rama Judicial (fls. 1 a 37 cdno. 1) con las siguientes súplicas:

“Solicito que como consecuencia del trámite procesal que se imparta a la presente demanda, y luego del correspondiente proceso judicial, se profieran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que la demandada es responsable y por lo mismo debe indemnizar a la actora por t odos los perjuicios que le causaron los errores judiciales fácticos y normativos en que incurrió la Sala Especial de Decisión No. 22 del Consejo de Estado al dictar la inconstitucional, ilegal y arbitrariamente

la actora por t odos los perjuicios que le causaron los errores judiciales fácticos y normativos en que incurrió la Sala Especial de Decisión No. 22 del Consejo de Estado al dictar la inconstitucional, ilegal y arbitrariamente contraria a derecho sentencia que con fecha 4 de abril de 2017, resolvió el recurso extraordinario de revisión incoado por María Carolina Rodríguez Ruiz, dentro del trámite judicial que estaba radicado bajo el número 11001-03-15-000-2016-02425-00.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a pagar a la actora, todos los perjuicios materiales causados (daño emergente y lucro cesante), y los que en lo sucesivo se causen como consecuencia de la ilegal sentencia, así: Por perjuicios materiales causados, la suma de 685.713.055 que incluyen un daño emergente por valor de $473 .364.041 y la suma de $212'349.014 por lucro cesante, según las canti dades que aparecen razonablemente explicadas en el capítulo titulado ‘IX. CUANTÍA Y COMPETENCIA’ de esta demanda.

Que las anteriores sumas deberán ser canceladas debidamente actualizadas, y sobre el total, se liquidarán los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta permitida por la ley.Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

3 Que se condene a la parte demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en derec ho que se causen como consecuencia de la

Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

3 Que se condene a la parte demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en derec ho que se causen como consecuencia de la presente acción.” (fls. 1 a 2 cdno. 1 - mayúsculas fijas del texto original).

En el acápite de cuantía y competencia la demandante relacionó los siguientes valores reclamados por concepto de perjuicios materiales:

“De acuerdo con el inciso segundo del artículo 157 del CEPACA se estima la cuantía del presente proceso en la suma de $473364.041, valor de la pretensión mayor, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones razonadas:

La pretensión principal del proceso contractual adelantado por la señor a María Carolina Rodríguez se planteó a título de restablecimiento del derecho en la suma de $272'242.326 en el mes de julio de 2005, suma que habría sido la misma reclamada de prosperar el recurso extraordinario de revisión al que se refiere esta demanda. Pero c omo tal suma se reclama debidamente actualizada para que no pierda su valor intrínseco, alcanza en la fecha un total de $473'364,041, que es la cuantía principal reclamada a título de daño emergente por indemnización material dentro del presente proceso de reparación directa. Lo que de acuerdo con el artículo 155 literal 6 del CEPACA indica que su despacho es competente para conocer del presente proceso en primera instancia, y todo lo anterior en concordancia con los artículos 152 numeral 6 del CEPACA y 65, 66, 67 y 73 de la Ley 270 de 1996.

para conocer del presente proceso en primera instancia, y todo lo anterior en concordancia con los artículos 152 numeral 6 del CEPACA y 65, 66, 67 y 73 de la Ley 270 de 1996.

A título de lucro cesante se reclamó el pago de intereses legales del 6% anual, lo cual arroja a la fecha una suma a pagar por este concepto de $212'349.014

Para concretar los perjuicios y la condena partí no solo del principio que enseña que la indemnización debe ser total e integra a términos del artículo 16 de la ley 446 de 1998, sino también que, en el caso en concreto, los perjuicios materiales se traducen en los derechos que mi mandante pretendió proteger en el pr oceso ordinario contractual. En casos similares o parecidos al presente, así lo ha considerado el Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia 13539 de noviembre 25 de 2004, donde luego de encontrar estructurado el error judicial, puntualizó, respecto de la reparación del perjuicio que “se advierte que los perjuicios sobre los que hay lugar a pronunciarse en esta sentencia son los que el actor pretendía en la acción penal, puesto que son los que permiten tasar el daño causado por no haberse dictado una d ecisión de fondo en ese proceso (…).

Trasplantados estos criterios al caso en concreto, tenemos que sólo para efectos de determinar la cuantía, dentro del proceso contractual se estimó la pretensión principal en la suma de $272 .242.326, para lograr restablecer el equilibrio financiero del contrato 001 02 de 2002, suma esta que indexada o actualizada a 2018, alcanza un valor total de

la pretensión principal en la suma de $272 .242.326, para lograr restablecer el equilibrio financiero del contrato 001 02 de 2002, suma esta que indexada o actualizada a 2018, alcanza un valor total de $473364.041. El detalle de las liquidaciones, son como siguen:

• 386 procesos adicionales a razón de $705.291,oo cada uno, da un total de $272 242.2.326 (sic), equivalentes a un incremento en la labor realizada del 142,43% adicionales sobre lo inicialmente contratado.Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

4 • La anterior suma actualizada a la fecha alcanza un total de $473364.041.

• Los intereses del 6% anual sobre suma solicitada en la demanda ($272242.2.326 sic), entre julio de 2005 (fecha de la presentación de la demanda contractual) y julio de 2018, alcanzan un total de $212349.014.

• Y se solicita la condena en costas incluidas las agencias en derecho.”

(fls. 35 a 37 cdno. ppal. - mayúsculas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la señora María Carolina Rodríguez Ruiz expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 28 de enero de 2002 suscribió el contrato de prestación de servicios número 001 con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en cuyo objeto se obligó a representar judicialmente a la entidad en las acciones judiciales

1. El 28 de enero de 2002 suscribió el contrato de prestación de servicios número 001 con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en cuyo objeto se obligó a representar judicialmente a la entidad en las acciones judiciales que se iniciaran en su contra “hasta completar un máximo de doscientos setenta y un (271) procesos judiciales” (fl. 3 cdno. ppal.) , para el efecto fue facultada para subcontratar un abogado de tiempo completo con tarjeta profesional y experiencia en las materias correspondientes quien desarrollaría sus funciones directamente en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

1. El 16 de diciembre de 2003 presentó una solicitud de restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, sin embargo, mediante Resolución no. 1496 del 27 de julio de 2004 el Departamento Adminis trativo de la Presidencia de la República la negó y, en su lugar, liquidó de manera unilateral el contrato y se declaró a paz y salvo.

1. Presentó recurso de reposición en contra de la anterior resolución y, si bien la entidad la revocó debido a la falta de competencia de quien profirió el acto administrativo, no realizó nueva liquidación del contrato.

1. El 17 de junio de 2005 instauró demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la cual dio origen al proceso identificado con el número de radicación 25000-23-26-000-2005-01460-01, en cuyas pretensiones reclamó el

restablecimiento económico del contrato de prestación de servicios 001 02 de 2002Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

5 y el reconocimiento de los honorarios por los procesos judiciales que atendió “por encima del cupo rotativo pactado en el contrato (271), a razón de $705.291 cada uno, o de la suma que resulte probada en el proceso” (fl. 6 cdno. ppal.).

1. El proceso de controversias contractuales fue decidido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien en sentencia del 2 de abril de 2008 i) declaró “que en desarrollo del contrato de prestación de servicios 001 02 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la abogada María Carolina Rodríguez Ruiz, y por causa no imputable a esta última, se rompió el equilibrio económico del mismo en detrimento de la contratista” (fl. 8 cdno. ppal.) y, ii) liquidó judicialmente el contrato con un saldo a favor de la contratista por valor de “$347.250.433, al que deberá descontarse el correspondiente IVA” (fl. 8 cdno. ppal.). La ant erior providencia fue revocada en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien en sentencia de 29 de julio de 2015 liquidó judicialmente el contra to y neg ó las súplicas de la demanda.

1. Contra el fallo de segunda instancia interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual fue decidido por la Sala Especial no. 22 del Consejo de Estado en proveído

demanda.

1. Contra el fallo de segunda instancia interpuso recurso extraordinario de revisión, el cual fue decidido por la Sala Especial no. 22 del Consejo de Estado en proveído del 4 de abril de 2017 dentro del expediente identificado con el número 11001 -0315-000-2016-02425-00 en el cual no se accedió a las súplicas del recurso.

1. Se configuró un error judicial en la decisión del 4 de abril de 2017 por la cual se decidió el recurso extraordinario de revisión , pues, i) el Consejo de Estado no estudió ni se pronunció sobre los tres cargos de revisión formulados, por el contrario, resolvió un “cargo imaginario y nuevo” (fl. 11 cdno. ppal.) que nunca fue planteado por la recurrente y finalmente, se declaró infundado; ii) la sentencia de revisión no estudió ni comentó los siete (7) grupos de pruebas aducidas por la recurrente que demostraban el conocimiento de la entidad contratante frente a la subcontratación de María Claudia Soto Franco por parte de Carolina Rodríguez Ruíz con las cuales se ponía en evidencia la nulidad del fallo de segunda instancia en el proceso contractual por violación del debido proceso; iii) tampoco analizó el cargo relativo a la falta de competencia del fallador de segunda instancia para pronunciarse sobre aspectos que no fueron materia del recurso de apelación (desconocimiento de la subcontratación y la ausencia de relación entre el trámite de algunos procesos queExpediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

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6 llevaba la abogada María Claudia Soto Franco y el contrato 001 02 de 2002).

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 24 de mayo de 2019 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A admitió la demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de Administración Judicial (fl. 42 a 43 cdno. ppal.).

Mediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2019 (fls. 59 a 66 cdno. ppal.) , la Nación - Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes argumentos de réplica:

1. La intención de la demandante es revivir un proceso debidamente ejecutoriado para convertir el recurso extraordinario de revisión en una tercera instancia, lo cual resulta improcedente.

1. El recurso extraordinario de revisión solo tiene cabida en los precisos eventos que señala la ley , por ello el recurrente no puede mediante la interposición del mismo suplir las deficiencias de orden probatorio en que incurrió en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o remediar omisiones que perjudicaron la defensa de la parte vencida en el proceso.

1. Más allá de las discrepancias con los fundamentos de la decisión acusada en sede de reparación, no es evidente en este caso el defecto constitutivo invocado como error judicial.

4. Trámite relevante en primera instancia

En providencia de 24 de septiembre de 2020 el tribunal de primera instancia decretó las pruebas documentales aportadas con el escrito de demanda y de contestación

como error judicial.

4. Trámite relevante en primera instancia

En providencia de 24 de septiembre de 2020 el tribunal de primera instancia decretó las pruebas documentales aportadas con el escrito de demanda y de contestación y negó las pruebas solicitadas por la parte actora, decisión contra la cual se formuló recurso de apelación el cual se concedió en el efecto devolutivo en providencia del 4 de febrero de 2021 (índice 19 SAMAI).Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

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5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 19 de agosto de 2021 negó las pretensiones de la demanda porque la parte actora no logró demostrar la existencia de un error judicial (índice 25 SAMAI); como argumentos de la decisión el a quo expuso lo siguiente:

1. La señora María Carolina Rodríguez Ruiz pretende la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Rama Judicial por los perjuicios causados como consecuencia de la providencia del 4 de abril de 2017, mediante la cual la Sala Especial de Decisión no. 22 del Consejo de Estado resolvió el recurso extraordinario de revisión presentado por la aquí demandante en contra de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de controversias contractuales no.

2005-01460-01.

1. En estricto sentido, la parte actora en el proceso de la referencia invoca los mismos argumentos que fueron analizados en el recurso extraordinario de revisión1;

2005-01460-01.

1. En estricto sentido, la parte actora en el proceso de la referencia invoca los mismos argumentos que fueron analizados en el recurso extraordinario de revisión1; sin embargo, el proceso de reparación directa, fundado en un presunto error judicial, no puede convertirse en una tercera instancia para insistir en los fundamentos elevados dentro de un proceso ya concluido ni mucho menos se puede trasladar el mismo litigio que se planteó en el recurso extraordinario de revisión.

1. La decisión del recurso extraordinario de revisión no obedece a una actuación caprichosa o arbitraria, por el contrario, estuvo debidamente motivada porque se

1 El tribunal de primera instancia concluyó que en el recurso de revisión la parte actora invocó los siguientes cargos: i) no es de recibo que en la sentencia contractual de segunda instancia se afirme el desconocimiento por parte de la demandada de la relac ión entre María Claudia Soto Franco y la demandante; ii) el juez de segunda instancia excedió su competencia porque se pronunció sobre aspectos que desbordaban la apelación y , iii) se creó un hecho nuevo y falso, frente al cual la demandante no tuvo la opo rtunidad de defenderse. Por su parte, en sede de reparación directa sustenta el error judicial en que supuestamente incurrió el fallo que decidió el recurso extraordinario de revisión en los siguientes argumentos: i) pese a haberse hecho referencia a tres cargos, el Consejo de Estado los estudió como uno solo ; ii) no se revisaron las pruebas aportadas que daban cuenta de la relación entre la demandante y la señora María Claudia Soto Franco, circunstancia que evidenciaba la nulidad del fallo contractual ; iii) no se determinó la falta de competencia del juez de

cuenta de la relación entre la demandante y la señora María Claudia Soto Franco, circunstancia que evidenciaba la nulidad del fallo contractual ; iii) no se determinó la falta de competencia del juez de segunda instancia para pronunciarse sobre el desconocimiento de la relación entre la demandante y la señora María Claudia Soto Franco, cuando ese tema no fue alegado en la demanda ni en la contestación o recurso y, iv) tampoco se hizo referencia al hecho que en la sentencia contractual de segunda instancia se invocó un hecho nuevo y falso, según el cual, 455 procesos que llevaba la abogada María Claudia Soto Franco no guardaban relación con el contrato 001-02 de 2002, del que era contratista la aquí demandante, situación que no fue planteada por la entidad demandada y en consecuencia, no tuvo la oportunidad de defenderse.Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

8 consideró que i) si bien se propusieron varios cargos , correspondía realizar un análisis conjunto de los mismos toda vez que la causa era la misma, la cual se concretó en que la sentencia contractual de segunda instancia concluyó que 455 actuaciones fueron realizadas por la abogada María Claudia Soto, pero , que se desconocía la relación de estas actuaciones con el c ontrato 001 02 de 2002 en el cual la aquí demandante fung ió como contratista ; ii) aunque en la oferta de diciembre de 2001 se indicó que María Claudia Soto formaba parte del personal responsable de la ejecución del contrato, lo cierto es que en el texto definitivo del referido negocio se afirmó que provenía de una oferta distinta y ello justificaba la

diciembre de 2001 se indicó que María Claudia Soto formaba parte del personal responsable de la ejecución del contrato, lo cierto es que en el texto definitivo del referido negocio se afirmó que provenía de una oferta distinta y ello justificaba la decisión del juez del contrato y, iii) el recurso de apelación presentado por la entidad demandada habilitaba al juez del contrato “para analizar la situación en general y las pruebas obrantes en el expediente”, por ello no es de recibo que la parte actora pretenda limitar la competencia del juez de segunda instancia dentro del proceso de controversias contractuales.

1. En estos casos no es suficiente establecer la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que, es necesario revisar el contenido mismo de la decisión para verificar si en ella se incurrió o no en un error jurisdiccional.

6. Solicitud de nulidad procesal

1. Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2021 (índice 27 SAMAI) , el apoderado de la parte demandante solicitó la nulidad de la actuación procesal a partir de la sentencia de primera instancia con fundamento en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 133 del CGP aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 208 del CPACA, por estimar que en este caso se omitió la oportunidad para alegar de conclusión en primera instancia.

Para el solicitante el auto proferido el 24 de septiembre de 2020 , mediante el cual se dispuso correr traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión, no alcanzó ejecutoria porque contra el mismo se formuló recurso de apelación, en consecuencia, ante la falta de agotamiento de la etapa prevista por la ley para alegar

se dispuso correr traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión, no alcanzó ejecutoria porque contra el mismo se formuló recurso de apelación, en consecuencia, ante la falta de agotamiento de la etapa prevista por la ley para alegar de conclusión no era procedente proferir la sentencia de primera instancia.Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

9 2) Por auto del 7 de octubre de 2021 (índice 37 SAMAI), la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el incidente de nulidad propuesto por el apoderado de la parte actora (fl. 3 índice 37 SAMAI).

1. El 19 de octubre de 2021, el apoderado de la parte demandante instauró recurso de reposición contra el auto del 7 de octubre de 2021 (índice 42 SAMAI) y mediante providencia del 2 de diciembre de 2021 (índice 43 SAMAI) la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrat ivo de Cundinamarca resolvió no reponer el auto impugnado.

7. Recurso de apelación

El 6 de septiembre de 2021 , la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1. Al fallador extraordinario se atribuye error judicial por la falta de apreciación y valoración de las pruebas que reposaban tanto en el proceso de controversias contractuales número 2005-01460 como también en el expediente 2016-2423 que

1. Al fallador extraordinario se atribuye error judicial por la falta de apreciación y valoración de las pruebas que reposaban tanto en el proceso de controversias contractuales número 2005-01460 como también en el expediente 2016-2423 que documentó el trámite del recurso extraordinario de revisión.

1. En el recurso extraordinario de revisión se enfatizó que el juez del contrato en segunda instancia no valoró las pruebas existentes en el proceso de controversias contractuales que demostraban la relación de dependencia de María Claudia Soto Franco frente a María Carolina Rodríguez (contratista), por ello, fue desacertada la decisión del a quo que negó las pruebas solicitadas oportunamente por la parte actora soportado en el falso argumento de falta de conducencia y utilidad del expediente contractual 2005-1460 por haberse aportado con la demanda el recurso de revisión y la sentencia acusada de error judicial.

1. El a quo dictó sentencia sin que se hubiera decidido el recurso de apelación contra el auto del 24 de septiembre de 2020 que negó las pruebas solicitadas y dispuso dictar sentencia anticipada, lo cual trajo consigo la vulneració n de los derechos de defensa y del debido proceso de la parte demandante, pues, se omitió la etapa procesal prevista por la ley para que las partes presentaran alegatos de conclusión.Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

10 4) La sentencia debe revocarse por estar viciada de nulidad por mandato de l numeral 6 del artículo 133 del CGP, en su lugar , debe ordenarse la práctica de las

Reparación directa Apelación sentencia

10 4) La sentencia debe revocarse por estar viciada de nulidad por mandato de l numeral 6 del artículo 133 del CGP, en su lugar , debe ordenarse la práctica de las pruebas irregularmente denegadas.

1. Aunque es posible dictar sentencia de primer grado cuando el superior no ha resuelto la apelación de un auto concedido en el efecto devolutivo, lo cierto es que no es admisible proferir fallo de primera instancia sin las pruebas solicitadas por la parte demandante “cuando no está en firme el auto que negó su práctica, ni la providencia que dispuso dictar sentencia anticipada” (fl. 10 índice 32 SAMAI).

1. La determinación adoptada por el tribunal de primera instancia resulta contradictoria, pues, de un lado, negó el decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante y de otro, profirió sentencia anticipada en la cual negó las pretensiones de la demanda debido a la falta de demostración del error judicial alegado.

8. Actuación surtida en segunda instancia

1. En providencia del 7 de febrero de 2022 (índice 54 SAMAI) -antes de que fuera allegado el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de la referencia-, el magistrado ponente confirmó la decisión proferida el 24 de septiembre de 2020 que negó el decreto y la práctic a de las pruebas solicitadas por la parte demandante2 y ordenó correr traslado a las partes para que presenten sus alegaciones de conclusión, luego de considerar que si bien el demandante ejerció “su libertad probatoria para pedir la práctica de pruebas,

pruebas solicitadas por la parte demandante2 y ordenó correr traslado a las partes para que presenten sus alegaciones de conclusión, luego de considerar que si bien el demandante ejerció “su libertad probatoria para pedir la práctica de pruebas, omitió su deber de justificar el objeto de dichas pruebas y su relación con el presunto error judicial, haciendo que la solicitud inexacta y equívoca de “cientos o miles de folios” incumpla con la conducencia, pertinencia y utilidad para lograr el efecto jurídico perseguido, por ello le resultó procedente al tribunal de origen dar aplicación al numeral 1 del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 del 2020 y proceder a proferir

2 La parte demandante solicitó el decreto y práctica de las siguientes pruebas: “i) documental que se encuentre en poder de la parte demandada, ii) oficio al Presidente de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remita copia del expediente contractual No . 2005-1460 y iii) oficio al Presidente del H. Consejo de Estado para que remita copia del expediente 2016 -2425” (índice 54 SAMAI).Expediente 25000-23-36-000-2019-00249-02 (68.249) Actora: María Carolina Rodríguez Ruiz Reparación directa Apelación sentencia

11 sentencia por escrito por tratarse de un asun to donde no era necesario la práctica de pruebas.” (fl. 8 índice SAMAI).

1. Por auto del 2 de agosto de 2022 (índice 3 SAMAI ) se admitió el recurso de apelación y el 13 de septiembre de 2022 (índice 11 SAMAI) ingresó el expediente

1. Por auto del 2 de agosto de 2022 (índice 3 SAMAI ) se admitió el recurso de apelación y el 13 de septiembre de 2022 (índice 11 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, procede la Sal a a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Cuestión previa

1. La Sala pone de pr