CE - 250002337000201501685021sentencia20220218171009

Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

Demandante: Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A.

FALLO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

Demandante: SUPERCÁRNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCION ES

S.A.

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL

DE PLANEACIÓN

Tema:

Participación en p lusvalía. Notificación de los act os de determinación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de noviembre de 201 9, proferida por el Tribunal Administrativo de

determinación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de noviembre de 201 9, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B , que negó la s pretensiones de la demanda1.

ANTECEDENTES

El 10 de agosto de 2005, la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá expidió la Resolución 519, por medio de la cual liquidó el ef ecto plusvalía sobre las zona s que componen la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) nro. 46 (Castilla) de la ciudad de Bogotá2. La misma resolución fue notificada mediante edicto fijado en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 16 de agosto de 2005, y desfijado el 29 de agosto del mismo año, así como mediante su inserción en el diario La República, los días 14, 21 y 28 de agosto de 20053.

Mediante escritura pública suscrita el 22 de febrero de 2007, l a sociedad demandante celebró un contrato de compraventa con la sociedad Inversiones Carmona Ltda. (INCAR), mediante el cual adquirió la propiedad del inmueble situado en la Carrera 83 nro. 15 A1 Folio 333, c.p. 1. 2 Folios 110 a 115, c.p. 1. 3 Folios 116 a 125, c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

Demandante: Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A.

FALLO

2

3 Folios 116 a 125, c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

Demandante: Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A.

FALLO

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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02, identificado con matrícula inmobiliaria nro. 50C-1391231, y ubicado en la UPZ nro. 46 de Bogotá4.

El 17 de mayo de 2013, la Secretaría Distrital de Planeación inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la Resolución 519 del 10 de agosto de 2005 que liquidó el efecto plusvalía, según consta en el Certificado de Tradición y Libertad correspondiente al inmueble mencionado, de fecha 30 de octubre de 20145.

La entidad demanda nte solicitó la revocatoria direct a de la Resolución 519 del 10 de agosto de 2005, mediante escrito radicado el 18 de abril de 2006, por considerar que no había lugar al cobro del efecto plusvalía sobre el predio mencionado 6. La solicitud de revocatoria fue negada por la entidad demandada mediante la Resolución 726 del 8 de agosto de 2006, notificada el 14 de septiembre del mismo año 7.

DEMANDA

1. Pretensiones

revocatoria fue negada por la entidad demandada mediante la Resolución 726 del 8 de agosto de 2006, notificada el 14 de septiembre del mismo año 7.

DEMANDA

1. Pretensiones

Mediante apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo , la sociedad Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A., formuló las siguientes pretensiones 8:

“PRIMERA.- Que se declare que es nula la Resolución número 519 del 10 de agosto de 205 [sic], emanada de la Secretaria [sic] Distrital de Planeación, mediante la cual se liquida el efecto plusvalía para el predio con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1391231, cuya dirección es carrera 83 No. 15 A-02 de la ciudad de Bogotá.

SEGUNDA.- Que se ordene a SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN , restablecer plenamente los derechos de la sociedad demandante, procediendo a cancelar la anotación No. 9 efectuada en el certificado de tradición del inmueble con matrícula No. 50C-1391231, el día 17 de mayo del año 2013, por cuanto que tal acto no podía ser registrado por decaimiento y además porque jamás se notificó previamente a la sociedad Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A., sobre dicho efecto plusvalía.

TERCERA.- Que se ordene indemnizar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN los perjuicios causados con ocasión de la expedición del acto acusado, a título de daño emergente

Construcciones S.A., sobre dicho efecto plusvalía.

TERCERA.- Que se ordene indemnizar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN los perjuicios causados con ocasión de la expedición del acto acusado, a título de daño emergente y lucro cesante la suma de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE , que corresponde a los perjuicios sufridos por la sociedad que represento.

CUARTA: Que se condene en costas a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, al pago de costas conforme lo prevé el artículo 188 del Código de lo Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que la entidad demandada den [sic] cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 192 del Código Contencioso Administrativo.

4 Folio 20, c.p. 1. 5 Folio 20, c.p. 1. 6 Folios 128 a 136, c.p. 1. 7 Folios 166 a 175, c.p. 1. 8 Folios 3 y 4, c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

Demandante: Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A.

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SÉPTIMA: [sic] Que se condene a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN al pago de intereses moratorios conforme lo prevé el artículo 192 del Código de lo Contencioso

Administrativo.

OCTAVA: Que se ordene actualizar las anteriores condenas según la variación porcentual del índice de precios que exista cuando se produzca el fallo definitivo”.

2. Normas violadas

La parte demandante invocó como normas violadas los artículos 29 y 90 de la Constitución Política; y los artículos 91 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 81 de la Ley 388 de 1997, y 1613, 1614 y 1615 del Código Civil.

3. Concepto de violación

Notificación irregular de la Resolución 519 de 2005. Violación al debido proceso

Según la demandante, la resolución que liquidó la participación en el efecto plusvalía es nula, en tanto fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el año 2013, después de que la demandante había adquirido, desarrollado y construido el predio afectado. Si el efecto plusvalía es una decisión sujeta a registro, la entidad demandada incumplió su deber legal de hacerlo, pues dejó transcurrir casi ocho años para regis trar esta decisión en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble adquirido.

incumplió su deber legal de hacerlo, pues dejó transcurrir casi ocho años para regis trar esta decisión en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble adquirido.

El artículo 81 de la Ley 388 de 1997 ordena la inscripción del acto de liquidación de plusvalía en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios afectados, con fines de publicidad frente a terceros. Si la resolución mencionada se encontraba en firme, era deber de la entidad demandada hacerlo así una vez adquirió firmeza, en vez de esperar casi ocho años para llevarlo a cabo.

La falta de registro del acto de liquidación de plusvalía violó el derecho al debido proceso de la demandante, en la medida en que la Secretaría de Planeación Distrital debió convocarla para que pudiera ejercer su derecho de defensa frente al acto que liquidó el tributo mencionado.

Decaimiento del acto administrativo

El acto administrativo demandado perdió su fuerza ejecutoria por decaimiento, ya que transcurrieron más de cinco años desde el momento en que quedó en firme, y el momento en que se pretendió ejecutar mediante su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del predio adquirido por la demandante, según lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat ivo.

Perjuicios derivados de la inscripción del acto demandado

El hecho de la inscripción del acto demandado en el folio de matrícula inmobiliaria generó perjuicios ciertos y subsistentes en cabeza de la sociedad demandante, que comprenden tanto daño emergente como lucro cesante , en la medida en que le impide desarrollar el

perjuicios ciertos y subsistentes en cabeza de la sociedad demandante, que comprenden tanto daño emergente como lucro cesante , en la medida en que le impide desarrollar el inmueble mediante el desenglobe y posterior venta de los locales allí construidos, hasta tanto no se pague la participación en plusvalía fijada en el acto demandado .Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos 9:

La notificación de la resolución demandada se realizó conforme a la normativa aplicable, contenida en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 (esto es, mediante tres avisos publicados en periódicos de alta circulación, y la fijación de un edicto) . Esta forma de notificación es la procedente , en tanto corresponde a una norma especial, que debe prevalecer sobre el procedimiento general de notificación de los actos administrativos .

El texto de la resolución fue insertado en su totalidad en los avisos publicados en el diario La República. Además, obra en el expediente constancia de que la Resolución 519 de

prevalecer sobre el procedimiento general de notificación de los actos administrativos .

El texto de la resolución fue insertado en su totalidad en los avisos publicados en el diario La República. Además, obra en el expediente constancia de que la Resolución 519 de 2011 fue publicada mediante edicto, en cumplimiento del artículo 81 de la Ley 388 de 1997, por lo que la notificación se surtió conforme al procedimiento indicado en la ley.

Por otra parte, se advierte que el apoderado de la parte demandante tenía conocimiento de la liquidación de la participación en plusvalía establecida en la Resolución 519 de 2005, en la medida en que interpuso un recurso de reposición contra la Resolución SPD 0374 del 28 de marzo de 2006, que actualizó el monto de la participación en plusvalía sobre el inmueble de propiedad de la demandante fijado en el acto demandado, y porque presentó una acción de reparación directa contra el Distrito Capital, entidad que negó la expedición de una licencia de urbanismo y construcción en dicho predio, por el h echo de que no se había pagado la participación en plusvalía correspondiente.

No se presenta decaimiento del acto administrativo, ya que el acto que determina la participación en plusvalía se hace exigible en las circunstancias previstas en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, y no simplemente mediante el transcurso del tiempo. La pérdida de ejecutoria de que trata el artículo 91 CPACA no resulta aplicable en este caso, ya que se trata de una figura diferente al de la exigibilidad de la participación en plusvalía, reglada en la Ley 388 de 1997 y en las normas especiales nacionales y distritales que la desarrollan.

se trata de una figura diferente al de la exigibilidad de la participación en plusvalía, reglada en la Ley 388 de 1997 y en las normas especiales nacionales y distritales que la desarrollan.

Además, no se violó el derecho al debido proceso de la demandante, en tanto el trámite que dio lugar a la expedición del acto demandado se llev ó a cabo conforme a la ley aplicable, con el otorgamiento de las debidas garantías y plazos para que los particulares se pronunciaran sobre tales actos.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamar ca, Sección Cuarta, Subsección B , resolvió negar las pretensiones de la demanda 10.

A juicio del Tribunal, la notificación, comunicación o publicidad irregular del acto administrativo no afecta la legalidad del mismo sino su exigibilidad, por lo que la falta de publicidad del acto demandado podría dar lugar a la falta de efectos jurídicos del acto

9 Folios 77 a 98, c.p. 1. 10 Folios 320 a 333, c.p. 2.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

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frente a la demandant e, en el lapso anterior al momento en que tuvo conocimiento del acto demandado mediante conducta concluyente -la cual se dio al momento en que obtuvo el certificado de tradición y libertad en el que advirtió la inscripción de la resolución demandada, el día 30 de octubre de 2014 -, pero no a su nulidad.

Al entenderse notificada por conducta concluyente, la demandante debía interponer el recurso de reposición procedente, o acudir a la jurisdicción administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho alegando defectos que dieran lugar a la nulidad del acto, lo cual no ocurrió. No se violaron las garantías procesales de la demandante, en tanto no se pretermitieron las oportunidades legales para controvertir el acto demandado.

No hay lugar a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del acto demandado, en tanto esa figura debe alegarse como excepción ante la administración al momento en que el acto esté siendo ejecutado , y no mediante el ejercicio directo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El acto demandado no se ha ejecutado, ya que la inscripción en el registro inmobiliario tiene como finalidad dar publicidad a esa decisión, y no la de ejecutarla, pues su ejecución se refiere a los actos tendientes a la exigibilidad del pago de la plusvalía, lo cual depende de que se configuren los hechos que permiten adelantar su cobro.

no la de ejecutarla, pues su ejecución se refiere a los actos tendientes a la exigibilidad del pago de la plusvalía, lo cual depende de que se configuren los hechos que permiten adelantar su cobro.

El término de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos establecido en el artículo 91 CPACA no puede contarse desde la firmeza del acto en el caso de los actos que fijan la participación en plusvalía, ya que según el régimen especial de este tributo, la exigibilidad de la obligación se sus pende hasta que se concrete alguno de los hechos que habilitan a la administración para exigir su pago.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante impugnó la decisión del Tribunal 11, señalando que en la sentencia apelada se desconoció que la Resolución 519 de 2005 proferida por la Secretaría de Planeación Distrital, fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria del predio adquirido por la demandante ocho años después de emitida, sin que se le hubiese comunicado a la demandante con anterioridad.

Reiteró que se violó el derecho al debido proceso de la demandante, en tanto la liquidación del efecto plusvalía debió adelantarse mediante un proceso en el que fuera vinculada para que pudiera ejercer su derecho de defensa . No solo se desconoció el debido proceso por falta de publicidad del acto, sino que se presentó el decaimiento del acto administrativo, aspecto que no es excluyente de su nulidad , como se señala en la sentencia impugnada.

El acto impugnado sí fue objeto d e e jecución mediante su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, más de ocho años después de su ejecutoria. El Tribunal se

sentencia impugnada.

El acto impugnado sí fue objeto d e e jecución mediante su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, más de ocho años después de su ejecutoria. El Tribunal se equivoca al afirmar que no se presentó la pérdida de fuerza ejecutoria del acto, en tanto su inscripción se produjo cuando ya habían transcurrido más de cinco años de haber sido proferido.

11 Folios 343 a 352, c.p. 2.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El demandante insistió en los planteamientos del recurso de apelación y de la demanda12.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13.

Y, solicitó que se reconsidere la decisión sobre la configuración de la caducidad del medio de control en este caso, por cuanto no es posible tomar como fecha de notificación por conducta concluyente del act o demandado la fecha de expedición del certificado de tradición y libertad del inmueble sobre el cual recae el gravamen de plusvalía (30 de

de control en este caso, por cuanto no es posible tomar como fecha de notificación por conducta concluyente del act o demandado la fecha de expedición del certificado de tradición y libertad del inmueble sobre el cual recae el gravamen de plusvalía (30 de octubre de 2014), ya que la notificación de dicho acto fue realizado mediante la publicación de un edicto, la inserción de avisos en un periódico de alta circulación, y frente a terceros, mediante la inscripción del acto en el folio de matrícula inmobiliaria de la resolución demandada, según lo ordenado por el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.

MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada14, pues en su criterio, resulta inocuo el cargo alegado por el apelante respecto a la notificación del mismo, toda vez que la falta de notificación de un acto administrativo no implica su inexistencia o invalidez sino su ineficacia o inoponibilidad. Además, las razones que pueden conducir a la declaratoria de nulidad del acto son las referidas a la realidad jurídica al momento de su nacimiento del mismo, y no al trámite de notificación.

La Resolución SPD 519 de 2005 demandada fue notificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, lo cual es distinto a la falta de publicidad frente a terceros, que se obtiene mediante la inscripción de la resolución que liquida la plusvalí a en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble respectivo . No obstante, esta falta de publicidad no da lugar a la nulidad de la resolución mencionada, máxime cuando se respetó el debido proceso de la sociedad entonces propietaria del inmueble.

publicidad no da lugar a la nulidad de la resolución mencionada, máxime cuando se respetó el debido proceso de la sociedad entonces propietaria del inmueble.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos no constituye una causal de nulidad de los mismos, sino una excepción que se presenta frente a la ejecución del mismo por parte de la administración, por lo que no ataca la legalidad del acto, y no es procedente como cargo de nulidad frente a la Resolución 519 de 2005.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demanda nte, la Sala debe determinar (i) si la Resolución 519 del 10 de agosto de 2005, proferida por la Secretaría

12 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 16, folios 4 a 16. 13 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 17, folios 2 a 18. 14 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 18, folios 1 a 5.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

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Distrital de Planeación de Bogotá, fue notificada irregularmente, y (ii) en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, si por ello hay lug ar a declarar su nulidad.

La Sala advierte que no se ocupará de estudiar la configuración de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el presente caso, conforme lo solicitado por la parte demandada en sus alegatos finales, en la medida en que e se asunto ya fue resuelto de manera definitiva por el magistrado ponente mediante auto del 22 de noviembre de 201715.

Notificación de la Resolución SDP 519 del 10 de agosto de 2005

El procedimiento y la forma de notificación de los actos administrativos que liquidan el efecto plusvalía fue establecido en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, que dispuso en lo pertinente:

“Artículo 81. Liquidación del efecto de plusvalía. Con base en la determinación del efecto de plusvalía por metro cuadrado calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participación como se indica en el artículo precedente, el alcalde municipal o distrital liquidará, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes, el efecto plusvalía causado en relación con cada uno de los inmuebles objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de conformidad con lo autorizado por el concejo municipal o distrital.

A partir de la fecha en que la administración municipal disponga de la liquidación del monto de

cada uno de los inmuebles objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de conformidad con lo autorizado por el concejo municipal o distrital.

A partir de la fecha en que la administración municipal disponga de la liquidación del monto de la partic ipación correspondiente a todos y cada uno de los predios beneficiados con las acciones urbanísticas, contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para expedir el acto administrativo que la determina, y para notificarlo a los propietarios o poseedores , lo cual procederá mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el municipio o distrito, así como a través de edicto fijado en la sede de la alcaldía correspondiente. Contra estos actos de la administ ración procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro de los términos previstos para el efecto en el Código Contencioso Administrativo.

Para los fines de publicidad frente a terceros , una vez en firme el acto administrativo de liquidación del efecto plusvalía, se ordenará su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles. Para que puedan registrarse actos de transferencia del dominio sobre los mismos, será requisito esencial el certificado de la administración en el cual se haga constar que se ha pagado la participación en la plusvalía correspondiente”.

(Subraya la Sala)

Según consta en el expediente, e l acto admini strativo por el que se liquidó el efecto plusvalía correspondiente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) número 46 (Castilla) de Bogotá, en la que se encuentra el inmueble adquirido por la demandante, fue notificada

plusvalía correspondiente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) número 46 (Castilla) de Bogotá, en la que se encuentra el inmueble adquirido por la demandante, fue notificada mediante edicto fijado en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 16 de agosto de 2005, y desfijado el 29 de agosto del mismo año, así como mediante su inserción en el diario La República, los días 14, 21 y 28 de agosto de 2005, en cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del artículo 81 de la Ley 388 de 1 99716.

Esta última norma fue declarada exequible parcialmente por la Corte Constitucional 17, en el entendido de que antes de efectuar la notificación por aviso y edicto, la alcaldía

15 Folios 253 a 257, c. p. 2. 16 Folios 116 a 125, c.p. 1. 17 Sentencia C-035 del 29 de enero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Radicado: 25000-23-37-000-2015-01685-02 (25399)

Demandante: Supercárnicos Inversiones y Construcciones S.A.

FALLO

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municipal o distrital competente deberá agotar el trámite de notificación personal o por

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municipal o distrital competente deberá agotar el trámite de notificación personal o por correo, previsto en los artículos 565 y 566 del E .T.

Esta Sección ha precisado su jurisprudencia sobre la aplicación en el tiempo de la sentencia C-035 de 2014. En aquella providencia, la Sala indicó que, aunque en otros procesos fue aplicada la sentencia de constitucionalidad a casos ocurridos con anterioridad a su expedición, en realidad “… no puede otorgarse o reconocerse efectos retroactivos a dicha sentencia, por cuanto la Corte no dispuso nada sobre el particular, esto es, se aplica la regla general del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, en el sentido de que las sentencias de la Corte tienen efecto hacia futuro, a menos de que se fijen efectos distintos”. Con base en esto, la Sala también concluyó que, en casos como el de la referencia, “…son legales los procedimientos de notificación efectuados por la administración, antes de que la Corte declarara la exequibilidad condicionada del artículo 81”18.

Conforme lo anterior, la administración debía seguir el procedimiento de notificación del acto de liquidación de la plusvalía mediante avisos y por edicto, según lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 en particular para este tipo de actos, como efectivamente se llevó a cabo en esta ocasión, por lo que es necesario concluir que su notificación se realizó de acuerdo con lo establecido por la norma especial que la regula.

Por otra parte, consta que la administración registró este acto en el folio de matrícula

en esta ocasión, por lo que es necesario concluir que su notificación se realizó de acuerdo con lo establecido por la norma especial que la regula.

Por otra parte, consta que la administración registró este acto en el folio de matrícula inmobiliaria del predio que fue adquirido por la demandante el día 17 de mayo de 201319, siguiendo lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 81 de la Ley 388 de 1997 arriba transcrito. Como lo señala la propia norma citada, ese procedimiento tiene como propósito dar a conocer a terceros la existencia del gravam en fijado en el acto administrativo que es objeto de inscripción.

Con todo, aunque es claro que la inscripción del acto demandado en el registro inmobiliario se realizó varios años después de que el mismo quedó en firme, ello no da lugar a la nulidad del acto, en la medida en que la falta de publicidad de los actos administrativos afecta la eficacia de los mismos, mas no su validez. Así lo ha sostenido esta Sala20:

“La notificación por avisos publicados en diarios dominicales de amplia circulación en el Municipio se llevó a cabo entre el 7 y 22 de enero de 2012, y la notificación por edicto publicado en la Alcaldía se surtió el 25 de enero de 2012.

Conforme con lo expuesto, esa notificación no garantiza que las demandantes hubieran conocido efectivamente el acto de determinación y liquidación del tributo.

No obstante, en varias oportunidades la Sala ha precisad