CE - 250002337000201600048011SENTENCIASENTENCIA20230914220810

Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA.

Demandado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL

Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL UGPP

Temas Cobro coactivo. Reiteración jurisprudencial. Competencia para proferir liquidación oficial en la UGPP. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda. contra la sentencia del 13 de mayo de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta. Subsección A, que decidió: «PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

(…)»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

(…)»1. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social (en adelante UGPP) expidió la Liquidación Oficial Nro. RDO-316 del 10 de septiembre de 2013, en la que determinó ajustes por las conductas de inexactitud, mora y omisión a cargo de la demandante, por los períodos del 1 de octubre de 2008 al 30 de abril de 2012. La entidad acreedora expidió el Mandamiento de Pago Nro. RCC -1547 del 12 de agosto de 2014 en contra de la sociedad deudora, en la cual invocó como título ejecutivo la Resolución Nro. RDO-316 de 2013. Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda. formuló las excepciones de pago, prescripción de la acción de cobro, de incompetencia del funcionario que emitió el título ejecutivo y de falta de vinculación del litisconsorcio necesario. La UGPP expidió la Resolución Nro. RCC-2545 del 28 de enero de 2015 que declaró probado parcialmente el pago de la obligación, por lo que determinó el valor pendiente de cumplimiento y negó las demás excepciones propuestas. La sociedad actora interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por la entidad acreedora mediante la Resolución Nro. RCC-3566

1 SAMAI. Índice 11. PDF de la sentencia. Página 33.Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

1 SAMAI. Índice 11. PDF de la sentencia. Página 33.Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 del 16 de junio de 2015 que confirmó el acto recurrido, precis ando que el pago de la obligación continuaría por un valor de $239’278.734. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda. formuló las siguientes pretensiones: «Solicito que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

➢ ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE EL QUE RECAE LA NULIDAD

1. Resolución No. RCC-2545 del 28 de enero de 2015: “Por medio de la cual se resuelven las excepciones interpuestas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado contra de (sic) VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA., identificada con Nit. 900.010.711 -6 por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES

CUATROSCIENTOS (sic) SESENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS (sic) PESOS

M/CTE ($239.464.927).

2. Resolución No. RCC-3566 del 16 de junio de 2015: “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición contra la resolución que resuelven las excepciones dentro del

M/CTE ($239.464.927).

2. Resolución No. RCC-3566 del 16 de junio de 2015: “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición contra la resolución que resuelven las excepciones dentro del dentro (sic) del proceso administrativo de cobro coactivo, adelantado en contra de VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA., identificado con Nit. 900.010.711 -6. ➢ RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos administrativos, solicito que se restablezca el derecho del demandante en la siguiente forma:

1. Declarar que la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA., identificada con NIT. 900.010.711 -6, conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal, representada legalmente por el Doctor FRANKLIN HERNANDO QUIÑONES RODRÍGUEZ, mayor de edad, ident ificado con cédula de ciudadanía No. 12.905.833, no tiene deuda alguna por concepto de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los pagos (sic) de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos 01/10/2008 al 30/04/2012, según lo establecido por la Dirección y Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP) de conformidad con las Resoluciones RCC-2545 del 28 de enero de 2015 y RCC (sic) 4565 del 16 de junio de 2015.

2. En caso que el demandante realice pagos por orden de la UGPP por concepto de mora

RCC-2545 del 28 de enero de 2015 y RCC (sic) 4565 del 16 de junio de 2015.

2. En caso que el demandante realice pagos por orden de la UGPP por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los periodos de 01/10/2008 al 30/04/20122 (sic), que se ordene la devolución de las sumas pagadas, indexadas y con intereses corrientes, de acuerdo con su demostración.

3. Declarar la falta de competencia por parte de la Dirección y Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Dirección de Parafiscales para establecer deudas por concepto de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre enero (sic) de 2008 a diciembre (sic) de 2012, consagrada en la Ley 1607 de 2012, debido a que el Decreto 575 de 2013 artículo 21, que consagra la competencia de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales es posterior a las conductas realizadas por el demandante y objeto de los a ctos administrativos. ➢ Excepción de Inconstitucionalidad Solicito de manera especial que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política que reza “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”; se inaplique EL DECRETO 575 DEL 22 DE MARZO DE 2013, por ser contrario a la Constitución,

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”; se inaplique EL DECRETO 575 DEL 22 DE MARZO DE 2013, por ser contrario a la Constitución, conforme se sustenta en esta demanda, no siendo posible que con fundamento en esta normaRadicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 se proceda a proferir una Resolución que determina deuda por concepto de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social, por los periodos por los periodos (sic) 01/10/2008 al 30/04/2012, debido a que la naturaleza de la obligación se precisa en esas normas. ➢ Condena en costas Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»2. Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 13, 15, 29, 58 y 121 de la Constitución; 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 156 de la Ley 1151 de 2007; 9 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 del Código de Procedimiento Laboral; 730 del Estatuto Tributario; 69 y 72 del Código de Procedimiento

de 2007; 9 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 del Código de Procedimiento Laboral; 730 del Estatuto Tributario; 69 y 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y 19 y 21 del Decreto 575 de

2013. Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Falta de competencia Sostuvo que la subdirectora de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP era incompetente para proferir el requerimiento de información, el requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial.

Fundamentó esta afirmación en que, para el momento en que inició el trámite de fiscalización con el requerimiento de información, no estaba definido en la Ley 1151 de 2007 ni en el Decreto 5021 de 2009 (normas derogadas por la Ley 1607 de 2012) cuál era el funcionario competente para proferir los act os enunciados. De esta forma, a su juicio, se desconoció el artículo 121 de la Constitución, así como las Sentencias C-171 de 1994 de la Corte Constituci onal y del 14 de abril de 2005 del Consejo de Estado3. Indicó que el artículo 156 de la Ley 1151 de 207 creó a la UGPP y autorizó al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley en el plazo de 6 meses que determinen las funciones y el sistema de carrera. Luego, fue proferido el Decreto 5021 de 2009 que estableció la estructura de la entidad y las competencias de cada dependencia, pero no tiene rango de ley ni fue expedido en el plazo fijado por el legislador. En consecuencia, este decreto debe ser inaplicado

el Decreto 5021 de 2009 que estableció la estructura de la entidad y las competencias de cada dependencia, pero no tiene rango de ley ni fue expedido en el plazo fijado por el legislador. En consecuencia, este decreto debe ser inaplicado por ser contrario a la Carta Política. Destacó que las competencias de la Subdirección de Determinación de Obligaciones fueron fijadas por el Decreto 575 de 2013, que derogó el Decreto 5021 de 2009 luego de 4 años de su expedición, por lo que también incumplió el plazo de 6 meses previsto por el legislador. Precisó que no discute la competencia actual de la Subdirección de Determinación de Obligaciones porque fue establecida a partir del Decreto 575 de 2013, de tal modo que la petición de nulidad se funda en la incompetencia de los funcionarios para requerir información que afecta el derecho a la intimidad y que, en consecuencia, impide exigir el cumplimiento de una obligación contenida en un acto administrativo irregular.

2 SAMAI. Índice 2. PDF demanda. Páginas 1 a 2. 3 Esta sentencia la identificó así: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, proceso: 25000-23-26-000-1995-01250-01 (14583) del 14 de abril de 2005. CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez.Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

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2. Falta de motivación

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2. Falta de motivación Según la Sentencia SU-917 de 2010, la teoría del derecho administrativo exige la adecuada motivación de los actos administrativos para que el particular pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Puso de presente que la subdirectora de Determinación de Obligaciones profirió la Resolución Nro. RDO -316 de 2013, que contiene la liquidación oficial objeto de cobro coactivo, y señaló que los valores allí descritos tienen soporte en el CD anexo. Según la actora, dicho CD o SQL debe exponer los motivos que sustentan la mora, inexactitud u omisión con el fin de que el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, afirmó que al examinar su contenido se advierte que no fueron discriminados los intereses que se causaron por mora o inexactitud frente a cada uno de los trabajadores, de tal forma que la liquidación oficial es un acto administrativo incompleto y con falta de motivación. Aseguró que pretende la nulidad de los actos que negaron las excepciones porque no es procedente exigir el pago de una acreencia contenida en un acto que interpretó de forma errónea las normas del Sistema de la Protección Social y, por lo tanto, impone una obligación no debida y que viola el derecho al debido proceso.

3. Pago efectivo de la obligación Sostuvo que el acto de determinación de la obligación es nulo porque omitió los pagos efectuados, ya que la UGPP no solicitó al Ministerio de Salud y Protección

3. Pago efectivo de la obligación Sostuvo que el acto de determinación de la obligación es nulo porque omitió los pagos efectuados, ya que la UGPP no solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social todas las planillas integradas de liquidación de aportes . En su parecer, la entidad demandada invocó de forma indiscriminada la teoría de la carga de la prueba, de tal modo que no se realizó una liquidación con base en el principio de primacía de la realidad.

4. Violación del principio de preclusión Afirmó que el artículo 832 del Estatuto Tributario establece que el acto que decide sobre las excepciones debe proferirse dentro del mes siguiente a la presentación del escrito que las propuso.

En este caso, el escrito de excepciones fue presentado el 3 de septiembre de 2014. Luego, la UGPP expidió la Resolución Nro. RCC -1876 de 2014, que ordenó la práctica de pruebas en el término de 30 días, y la Resolución Nro. RCC-2289 del mismo año, que amplió la etapa probatoria por un plazo igual. Debido a lo anterior, para la demandante, el plazo para decidir las excepciones finalizó el 3 de enero de 2015, contabilizando desde la expedición de la resolución de ampliación de la etapa probatoria, o el día 15 del mismo mes y año, desde la terminación de la etapa probatoria. Empero, la Resolución Nro. RCC-2545 fue expedida el 28 de enero de 2015, por lo que violó el derecho al debido proceso y el principio de preclusión4. Oposición a la demanda La UGPP controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos5:

2015, por lo que violó el derecho al debido proceso y el principio de preclusión4. Oposición a la demanda La UGPP controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos5:

4 Sobre este principio citó apartes de una sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, pero no identificó la providencia. 5 SAMAI. Índice 2. PDF demandaRadicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Realizó consideraciones generales sobre el Sistema de la Protección Social y los antecedentes sobre la creación y funcionamiento de la entidad. Así mismo, expuso los hechos ocurridos dentro del trámite de determinación de la obligación y de cobro coactivo. Sostuvo que la entidad no vulneró los derechos de la actora y destacó que la demanda hace una transcripción extensa de normas sin analizar su contenido ni los motivos por los que considera que fueron vulneradas. Frente al cargo de falta de competencia , indicó que el objetivo de la actor a es controvertir la legalidad de la liquidación oficial, la cual no es objeto de discusión y se encuentra en firme porque no se ejercieron los recursos administrativos obligatorios en su contra. En todo caso, puso de presente que la competencia para proferir las liquidaciones oficiales fue atribuida a la UGPP por el Decreto Ley 169 de 2008. Precisó que, debido al reparto de competencias previst o en la Constitución y explicad o en la

En todo caso, puso de presente que la competencia para proferir las liquidaciones oficiales fue atribuida a la UGPP por el Decreto Ley 169 de 2008. Precisó que, debido al reparto de competencias previst o en la Constitución y explicad o en la Sentencia C-438 de 2011, no es necesario que la Ley 1151 de 2007 establezca con total precisión la estructura para que la entidad desarrolle sus competencias. Hizo referencia a la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013 , destacando que este último fue proferido en cumplimiento de las funciones otorgadas al presidente en la Constitución6. Indicó que, en el trámite de cobro coactivo, no se solicitaron documentos privados a la demandante. Sin embargo, destacó que, aun de haberlo hecho, no se vulneraron los derechos de la actora porque el artículo 15 de la Constitución prevé que el Estado podrá exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados para efectos tributarios. Sobre el cargo de falta de motivación, indicó que los intereses no forman parte del aporte y son una obligación de tracto sucesivo, pues seguirán causándose hasta que se realice el pago total del capital adeudado, lo que impedía determinar con precisión los intereses de mora al momento de la expedición de la liquidación oficial. De otro lado, señaló que la actora confunde los intereses de mora con la conducta de mora, teniendo en cuenta que esta última se refiere al incumplimiento de presentar oportunamente la autoliquidación con su pago correspondiente, tal como lo prevé el artículo 1 del Decreto 3033 de 2013. Así mismo, expuso que la liquidación oficial no incurrió en falta de motivación porque

presentar oportunamente la autoliquidación con su pago correspondiente, tal como lo prevé el artículo 1 del Decreto 3033 de 2013. Así mismo, expuso que la liquidación oficial no incurrió en falta de motivación porque en el SQL contenido en el CD se exponen los valores que sustentan la obligación discriminando cada trabajador, periodo, subsistema y conducta (mora o inexactitud). En cuanto al cargo de pago efectivo, manifestó que la entidad verificó todos los pagos efectuados al momento de expedir la liquidación oficial. Además, puso de presente que las resoluciones que decidieron excepciones también hicieron la verificación correspondiente, lo que dio lugar a declarar probada parcialmente la excepción y disminuir el valor de la obligación por la cual se adelanta el procedimiento de cobro coactivo. Finalmente, respecto a la violación del principio de preclusión , sostuvo que el plazo para decidir las excepciones fue prolongado por los actos que ordenaron la

6 Citó la sentencia C-447 de 1196Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 práctica de pruebas y su ampliación. Además, en gracia de discusión, el incumplimiento del término del artículo 832 del Estatuto Tributario da lugar a un silencio administrativo negativo, por lo que no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó

silencio administrativo negativo, por lo que no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:

1. Sobre la violación del principio de preclusión El a quo transcribió el artículo 832 del Estatuto Tributario y señaló que, según la sentencia del 2 de diciembre de 2010 del Consejo de Estado 7 , esta norma no establece la consecuencia del incumplimiento del plazo allí previsto, por lo que se trata de un término perentorio, pero no preclusivo. En consecuencia, aunque está probado que la Resolución RCC-2545 de 2015 fue expedida luego del vencimiento del período para hacerlo, no se vio afectada su validez o eficacia.

De otro lado, indicó que no fue violado el derecho al debido proceso de la demandante porque la resolución en comento fue debidamente notificada, tanto así que la sociedad actora pudo ejercer el recurso de reposición en su contra.

2. Sobre la falta de competencia Puso de presente que la sociedad actora alegó la incompetencia de la subdirectora de Determinación de Obligaciones para proferir el requerimiento de información, el requerimiento para declarar y/o corregir y de la liquidación oficial. Empero, debido a que el escrito de excepciones contra el mandamiento de pago alegó la excepción de competencia del funcionario que emitió el título ejecutivo , prevista en el artículo 831 del Estatuto Tributario , se analizará este cargo únicamente con relación a la liquidación oficial.

Transcribió el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 1 del Decreto Ley

831 del Estatuto Tributario , se analizará este cargo únicamente con relación a la liquidación oficial. Transcribió el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 1 del Decreto Ley 169 de 2008, con base en lo cual indicó que la UGPP está facultada para realizar investigaciones con el fin de establecer la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, por lo que puede solicitar a los aportantes la información pertinente y adelantar el cobro coactivo. Destacó que el artículo 20 del Decreto 5021 de 2009 estableció que la Subdirección de Determinación de Obligaciones es competente para proferir los requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de obligaciones. Si bien, esta norma fue derogada por el Decreto 575 de 2013, su contenido fue reiterado en el artículo 21 de dicho acto. Con base en lo anterior señaló que, para el momento de la expedición de la liquidación oficial (10 de septiembre de 2013), la subdirectora de Determinación de Obligaciones era la dependencia competente para hacerlo.

3. Sobre la falta de motivación Expuso que el demandante sustentó este cargo de nulidad en supuestas

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001 -23-31-0002005-02017-01 (17871). Sentencia del 2 de diciembre de 2010. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

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Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 deficiencias de la motivación de la liquidación oficial. Sin embargo, como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 12 de febrero de 2019 8, no es posible plantear, en el trámite de cobro coactivo, argumentos que debieron exponerse en el trámite de determinación de la obligación, tal como lo señala el artículo 829-1 del Estatuto Tributario.

4. Sobre el pago de la obligación Expuso que está probado que el mandamiento de pago indicó que la obligación ascendía a $254 .420.800. Sin embargo, al resolver sobre las excepciones propuestas por la deudora, la Resolución Nro. RCC -2545 de 2015 verificó el pago de $14’955.833 por concepto de capital y de $298.300 por intereses, por lo que declaró parcialmente probada la excepción y redujo el valor objeto de cobro a

$239.464.927. Adujo que, en escrito separado al de la reposición, la actora puso de presente pagos adicionales relacionados con 2 trabajadores. Por lo anterior, en la Resolución RCC3566 del 16 de junio de 2015, la UGPP verificó la información y encontró que el valor realmente pagado era de $15’042.026 por concepto de capital y de $145.500 por intereses, de tal modo que redujo el monto de la obligación a $239.278.734. Aseguró que, aunque en este acto administrativo existe una incongruencia entre los números radicados y los memoriales presentados por el demandante , este hecho

por intereses, de tal modo que redujo el monto de la obligación a $239.278.734. Aseguró que, aunque en este acto administrativo existe una incongruencia entre los números radicados y los memoriales presentados por el demandante , este hecho no supone una irregularidad que invalide los actos acusados porque, pese a ello, es posible identificar que se tratan de los mismos trabajadores. Destacó que la actora, el 19 de julio, presentó memorial en el que señalaba el pago de aportes por valor de $420.240, sin embargo, el a quo resaltó que su radicación es posterior a los actos acusados y que no prueba el pago del total de lo adeudado.

5. Sobre la condena en costas El Tribunal afirmó que no impondría condena en costas porque no se encuentran probadas.

Recurso de apelación Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda. presentó recurso de apelación con base en lo siguiente9:

1. Sobre la falta de competencia Señaló que el Tribunal cometió un error de valoración de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 porque no tuvo en cuenta que fueron expedidos luego de finalizado el plazo de 6 meses otorgado por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. En consecuencia, a juicio de la demandante, no procede la aplicación de estas normas porque fueron expedidas con extralimitación de las facultades reglamentarias del presidente de la República.

Insistió en que la Ley 1151 de 2007 entró en vigencia el 25 de julio del mismo año, por lo que el plazo para expedir los decretos finalizó el 24 de enero de 2008. Pese

presidente de la República. Insistió en que la Ley 1151 de 2007 entró en vigencia el 25 de julio del mismo año, por lo que el plazo para expedir los decretos finalizó el 24 de enero de 2008. Pese a lo anterior, el Decreto 5021 fue publicado en Diario Oficial el 2 9 de diciembre de

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 20001 -23-33-0002014-00168-01 (22635). Sentencia del 12 de febrero de 2019. 9 SAMAI. Índice 2. PDFRadicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 2009, más de un año de finalizado el plazo para hacerlo. Manifestó que, si bien es cierto que fue expedido el Decreto Ley 169 de 2008, también lo es que esta norma no contempló el régimen de competencias de los empleados y las dependencias de la UGPP de forma detallada, pues esto solo ocurrió con la expedición d el Decreto 5021 que, reiteró, fue publicado luego de finalizado el plazo otorgado por el legislador. Concluyó que, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, debe inaplicarse el Decreto 575 de 2013, que tiene su origen en el Decreto 5021 de 2009 y que trata de legitimarlo a pesar de haber incumplido el plazo fijado por el legislador para su expedición.

2. Falta de motivación del título ejecutivo

Decreto 575 de 2013, que tiene su origen en el Decreto 5021 de 2009 y que trata de legitimarlo a pesar de haber incumplido el plazo fijado por el legislador para su expedición.

2. Falta de motivación del título ejecutivo Manifestó que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 estableció que la liquidación oficial debe contener la adecuada, correcta y oportuna liquidación de aportes y, además, los intereses moratorios a la misma tasa vigente para efectos tributarios.

De acuerdo con lo anterior, señaló que los numerales 3 y 7 del artículo 831 del Estatuto Tributario establecen las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo y falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profiere , los cuales están probados en este caso porque la liquidación oficial y el SQL no determinaron los intereses moratorios, por lo que no contiene una obligación expresa, clara y exigible que pueda ser objeto de cobro. Entonces, conforme con lo expuesto, para la actora, el acto acusado carece de motivación y contenido.

3. Aplicación retroactiva de las normas de competencia Sostuvo que la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013 son normas posteriores a los periodos fiscalizados y, por este motivo, no pueden ser aplicados para determinar la competencia de la UGPP, en virtud del principio de irretroactividad.

Indicó que la aplicación retroactiva de estas normas viola el derecho al debido proceso, por lo que es otro motivo para que sean inaplicadas por inconstitucionalidad. Finalmente, sostuvo que esta postura fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y los Juzgados Cuarenta y Uno y Cuarenta y Cuatro

proceso, por lo que es otro motivo para que sean inaplicadas por inconstitucionalidad. Finalmente, sostuvo que esta postura fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y los Juzgados Cuarenta y Uno y Cuarenta y Cuatro Administrativos de Bogotá 10, quienes consideraron que se viola el principio de irretroactividad al aplicar la Ley 1607 de 2012 con relación al término de firmeza de la declaración y la procedencia de la imposición de sanciones por las infracciones previstas en dicha norma.

4. Devolución de aportes Solicitó que, en aplicación del artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, se ordene a la UGPP la devolución de los aportes pagados en el plazo máximo de 2 meses para dar cumplimiento al restablecimiento del derecho pretendido.

10 Identificó las providencias con la siguiente información: i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Proceso: 25000-23-27-000-2015-00266-00. Sentencia del 31 de agosto de 2018; ii) Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo de Bogotá. Proceso: 11001-33-37-044-2016-00292-00. Sentencia del 26 de octubre de 2018; y iii) Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo de Bogotá. Proceso: 11001 -33-37-041-2015-00234-00. Sentencia del 26 de octubre de 2018.Radicado: 25000-23-37-000-2016-00048-01 (26152)

Demandante: Vigilancia y Seguridad La Ley Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colom