CE - 250002337000201601853011SENTENCIA20230909065449

Radicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad Radicación: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Demandada: Departamento de Cundinamarca

Temas: Impuesto de registro. Base gravable. Contrato de fiducia mercantil.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 03 de junio de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta, Subsección A que resolvió (f. 211 vto. cp1):

Primero. Se declara probada la excepción de legalidad propuesta por la parte demandada, y, en consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437

(…).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante solicitó la nulidad de la Circular nro. 0000 13, del 27 de mayo de 2016, proferida por la Secretaría de Hacienda – Gobernación de Cundinamarca, que dictó instrucciones «sobre la liquidación del impuesto de registro en actos de constitución de fiducia con inmue bles y restitución de bienes inmuebles al fideicomitente », en los siguientes términos (ff. 126 a 148 cp1):

Circular nro. 000013, del 27 de mayo de 2016.

(…)

El artículo 94 del Decreto Ordenanza l 066 del 2014, en sus numerales 2 y 3, estableció como funciones de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca: (…)

A su vez, en la Resolución nro. 378, del 29 de abril de 2015 (Manual de func iones especifico de la Secretaría de Hacienda), suscrita por el Gobernador de Cundinamarca, se señala como función del Director Financiero de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria: (…)

Así las cosas, teniendo en cuenta las facultades relacionadas y la necesidad que ha manifestado la Subdirección de Impuesto de Registro de fijar una política clara en cuanto a la determinación oficial del Impuesto de Registro causado por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos de

Subdirección de Impuesto de Registro de fijar una política clara en cuanto a la determinación oficial del Impuesto de Registro causado por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos de constitución de fiducia y restitución de bienes al fideicomitente en las Oficinas de Registro deRadicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Instrumentos Públicos de la Jurisdicción Tributaria del Departamento de Cundinamarca, es que se emite la presente directriz.

En cuanto a los actos de constitución de contratos de fi ducia y encargo fiduciario, se debe tener en cuenta que el artículo 7 del Decreto 650 de 1996, que reglamentó parcialmente la Ley 223 de 1995, cita:

Artículo 7.°. Contratos de fiducia mercantil. En la inscripción de los contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario sobre muebles o inmuebles, el impuesto se liquidará sobre el valor total de la remuneración o comisión pactada.

Cuando la remuneración al fiduciario se pacte mediante pagos periódicos de plazo determinado o determinable, el impuesto se liquidará sobre el valor total de la remuneración que corresponda al tiempo de duración del contrato. Cuando el contrato sea de término indefinido y la remuneración se pacte en cuotas periódicas, el impuesto se liquidará sobre el valor de las cuotas que correspondan a veinte (20) años.

que corresponda al tiempo de duración del contrato. Cuando el contrato sea de término indefinido y la remuneración se pacte en cuotas periódicas, el impuesto se liquidará sobre el valor de las cuotas que correspondan a veinte (20) años.

Cuando la remuneración establecida en el contrato de fiducia mercantil consista en una participación porcentual en el rendimiento del bien entregado en fiducia y no sea posible establecer anticipadamente la cuantía de dicho rendimiento, el rendimiento se calculará, para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, aplicando al valor del bien el DTF a 31 de diciembre del año anterior, ajustado a la periodicidad pactada.

Cuando el objeto del contrato de fiducia sea el arrendamiento de inmuebles y la remuneración del fiduciario consista en un porcentaje del canon de arrendamiento, y el valor del canon no pueda establecerse anticipadamente, dicho canon será, para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, del uno por ciento (1%) mensual del valor del bien.

Para efectos de lo previsto en los incisos 3 y 4 del presente artículo, el valor de la remuneración del fiduciario por el tiempo de duración del contrato será certificado por el revisor fiscal de la entidad.

Si en desarrollo del contrato de fiducia mercantil los bienes objeto de la fiducia se transfieren a un tercero, aun en el caso de que sea heredero o legatario del fideicomitente, el impuesto se liquidará sobre el valor de los bienes que se transfieren o entregan. Cuando se trate de inmuebles, se respetará la base gravable mínima establecida en el inciso cuarto del artículo 229 de la Ley 223 de 1995.

Actualmente, la Administración Tributaria Departamental, a través de la Subdirección de Impu esto

inmuebles, se respetará la base gravable mínima establecida en el inciso cuarto del artículo 229 de la Ley 223 de 1995.

Actualmente, la Administración Tributaria Departamental, a través de la Subdirección de Impu esto de Registro, está determinando el impuesto de registro contenido en los instrumentos públicos sujetos a inscripción en las Oficinas de Registro, siguiendo la regla establecida en el artículo 7, sin tener en cuenta la enajenación que opera en ejecución de los contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario sobre los bienes inmuebles.

Al respecto, resalta este despacho, que la base gravable mínima establecida en el inciso final del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, no puede desconocerse, pues la aplicación de la regla especial del artículo en cuestión es predicable en los casos de la inscripción de los contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario, cuando la ley exige su registro en escenarios distintos a la inscripción de la transferencia de inmuebles consecuencia de la ejecución de los referidos contratos.

Lo anterior, coincide con la posición expuesta por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en auto del 13 de abril de 2015 1, con el cual se resolvió la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional en el proceso de nulidad de varios artículos del Decreto Reglamentario 650 de 1996; la Alta Corporación manifestó:

Comoquiera que el aparte acusado corresponde a la pala bra «inmuebles» incorporada en el inciso primero del artículo 7 del Decreto Reglamentario 650 de 1996, es necesario aclarar que dicho aparte se refiere al acto de inscripción del contrato de fiducia mercantil y encargo

inciso primero del artículo 7 del Decreto Reglamentario 650 de 1996, es necesario aclarar que dicho aparte se refiere al acto de inscripción del contrato de fiducia mercantil y encargo fiduciario, que resulta ser diferente al de inscripción o registro del acto, contrato o negocio jurídico que se refiera a bienes inmuebles.

1 Medio de control de nulidad contra el Decreto Reglamentario 650 de 1996. Radicado: 110010327 -000-2014-0005100 (21206). Asunto: decide medida cautelar de suspensión provisional. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Es decir, debe entenderse que el aparte acusado tiene que ver con el contrato de fiducia mercantil, que conforme con el numeral 3 del artículo 146 del Decreto 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -, requieren registro, en el caso de las fiducias o “contratos que consten en documento privado y que correspondan a bienes cuya transferencia esté sujeta a registro deberán inscribirse en el Regi stro Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes deba hacerse conforme a la ley” (se subraya).

Con posterioridad a esta norma, en el artículo 123 de la Ley 1116 de 2006, se dispuso que

acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes deba hacerse conforme a la ley” (se subraya).

Con posterioridad a esta norma, en el artículo 123 de la Ley 1116 de 2006, se dispuso que “[l]os contratos de fiducia mercantil que consten en documento privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley”.

Es decir, se reiteró la necesidad de darle publicidad al contrato de fiducia mercantil que conste en documento privado, mediante inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, dejando a salvo la suscripción o registro que, tratándose de bienes inmuebles, debe realizarse conforme con lo previsto en el estatuto de registro de instrumentos públicos.

Entonces, se trata de dos escenarios distintos: el previsto en el aparte acusado (inscripción del contrato de fiducia mercantil y encargo fiduciario) y el planteado por la parte demandante (la transferencia de dominio de bienes i nmuebles en ejecución del contrato de fiducia mercantil).

En estas condiciones no se debe suspender el aparte demandado, porque se debe interpretar que se está refiriendo al registro del acto de inscripción del contrato de fiducia mercantil y encargo fiduciario, cuando la ley exija su registro, más no al acto que está sujeto a registro por tratarse de la traslación o extinción de dominio u otro derecho principal o accesorio sobre los bienes inmuebles.

encargo fiduciario, cuando la ley exija su registro, más no al acto que está sujeto a registro por tratarse de la traslación o extinción de dominio u otro derecho principal o accesorio sobre los bienes inmuebles.

Refuerza lo anterior, lo señalado en el inciso final d el artículo 7 del Decreto Reglamentario 650 de 1996, que de manera específica se refiere al acto de transferencia del bien inmueble y precisa que en este caso se debe respetar la base gravable mínima señalada en el artículo 229 de la Ley 223 de 1995, según el cual “[c]uando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remato o de la adjudicación, según el caro. Subraya y negrilla fuera del texto”.

Es decir, que en todos los casos, sin excepción, la base gravable del Impuesto de Registro causado por la solicitud de inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos en la Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la Jurisdicción Tributaria de Cundinamarca, en los que opera la transferencia del derecho de dominio, aunque la citada enajenación se produzca en ejecución de un contrato de fiducia mercantil o encargo fiduciario, debe respetar la base gravable mínima establecida en el inciso final del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, esto es el valor del avalúo catastr al o auto avalúo.

Ahora bien, en cuanto a la calificación como un acto sin cuantía de la restitución de bienes al fideicomitente mencionado en el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996, se debe entender

avalúo.

Ahora bien, en cuanto a la calificación como un acto sin cuantía de la restitución de bienes al fideicomitente mencionado en el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996, se debe entender que lo contenido en dicho artículo no aplica para la restitución de bienes inmuebles, pues para la administración tributaria es irrelevante, quién ostentó previamente el derecho real de dominio.

Lo que la norma ha pretendido, con la imposición de la base gravable mínima, es gravar la transferencia del derecho real de dominio o cualquier acto de enajenación de la titularidad sobre los bienes inmuebles, situación que evidentemente se da cuanto se restituye un b ien inm ueble al fideicomitente.

Al igual que en los casos del artículo 7, existe pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección Cuarta, al resolver la medida cautelar mencionada previamente. En este punto, menciona:

Conforme con el literal h) del artículo 6 del Decreto Reglamentario 650 de 1996, se consideran como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente.Radicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Esta disposición se refiere a los bienes, de manera genérica (muebles e inmu ebles), que se restituyen al fideicomitente, que de manera previa los había enajenado para los fines civiles o comerciales que tuvo a bien.

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Esta disposición se refiere a los bienes, de manera genérica (muebles e inmu ebles), que se restituyen al fideicomitente, que de manera previa los había enajenado para los fines civiles o comerciales que tuvo a bien.

Pues bien, tratándose de bienes inmuebles, es oportuno mencionar que el artículo 2 del Decreto 1250 de 1970, vigent e para la fecha de expedición del decreto reglamentario demandado, decreto derogado por la Ley 1579 de 2012, norma actualmente vigente, dispone que está sujeto a registro la traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre dichos bienes.

Cabe advertir que el inciso final del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, dispuso respecto del impuesto de registro: “[c]uando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el autoevalúo, el valor del remate o de la adjudicación, según el caso”.

El artículo 187 de la Ley 1607 de 2012 mantuvo el contenido del texto transcrito. El cambio consistió en adicionar lo referente a los actos sin cuantía, para indicar que , tratándose de sociedades, algunos negocios podían calificarse como tales -fusiones, escisiones, transformaciones y consolidación de sucursales extranjeras, si no hay aumento de capital ni cesión de cuotas o partes de interés-.

De manera que no existe lug ar a duda en el sentido que el acto, contrato o negocio jurídico referido a bienes inmuebles, que deba someterse a registro según lo previsto en el estatuto de registro de instrumentos públicos, está sujeto a la regla prevista en el aparte final del

referido a bienes inmuebles, que deba someterse a registro según lo previsto en el estatuto de registro de instrumentos públicos, está sujeto a la regla prevista en el aparte final del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, es decir, que la base gravable para efecto del impuesto de registro tiene cuantía.

Si bien es cierto el literal h) del artículo 6 del Decreto Reglamentario 650 de 1996 no hace la distinción entre bienes muebles e inmuebles, n o es menos cierto que esta disposición, en lo atinente al impuesto de registro, se refiere a aquellos actos o negocios jurídicos que versen sobre bienes sujetos al registro, distintos de los inmuebles.

Tanto es así que en el artículo 4 del citado decreto reglamentario, el Gobierno se refirió de manera expresa a la base gravable respecto de inmuebles y, de manera textual expuso lo siguiente: «[p]ara efectos de los dispuesto en el inciso cuarto del artículo 229 de la ley 223 de 1995, se entiende que el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a través del mismo se enajena o transfiere el derecho de dominio. En los demás casos la base gravable estará constituida por el valor incorporado en el documento; de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del mismo artículo.

Por lo expuesto, se instruye a los funcionarios de la Subdirección de Impuesto de Registro, para que, en contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios sobre inmuebles o restitución de bienes inmuebles al fideicomitente, procedan a determinar el Impuesto de Registro verificando el valor del avalúo de los inmuebles objeto de transferencia, para establecer como base gravable el mayor valor

inmuebles al fideicomitente, procedan a determinar el Impuesto de Registro verificando el valor del avalúo de los inmuebles objeto de transferencia, para establecer como base gravable el mayor valor resultante entre este y el valor del acto que suministran los contratantes.

(…).

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 229 de la Ley 223 de 1995; 6.° y 7.° del Decreto 650 de 1996; 193, 194 y 195 de la Ordenanza 216 de 2014 (Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, ET local); y 90 del Decreto Ordenanzal 066 de 2015. El concepto de violación planteado en la demanda se sintetiza así (ff. 8 a 21 cp1):

Partió el demandante de precisar que el artículo 229 de la Ley 223 de 1995 reguló la base gravable del impuesto de registro, y que su decreto reglamentario 650 de 1996 regula la base gravable de los negocios fiduciarios, tanto al momento del aporte, como de la restitución, incluidos los casos en los cuales se aportan bienes inmuebles al patrimonio autónomo. Tras esto, señaló:Radicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 -La circular acusada fue expedida con infracción del artículo 7.° del Decreto 650 de 1996 y del artículo 194 de la Ordenanza nro. 21 6 de 2014 de Cundinamarca en los casos de

www.consejodeestado.gov.co 5 -La circular acusada fue expedida con infracción del artículo 7.° del Decreto 650 de 1996 y del artículo 194 de la Ordenanza nro. 21 6 de 2014 de Cundinamarca en los casos de aporte, normas en las que debía fundarse:

Sobre ese particular adujo que, aunque la circular reconoce que la base gravable en la inscripción del contrato de fiducia o encargo fiduciario se liquida conforme con el artículo 7.° del Decreto 650 de 1996, sobre el valor de la remuneración o comisión pactada, creó una «excepción» en los casos en que los contratos involucren bienes inmuebles, puesto que indicó que la base gravable del impuesto de registro no podía ser menor al avalúo catastral o autoavalúo.

En su criterio, el acto acusado desconoció la realidad económica de los negocios fiduciarios, porque cuando se hace un aporte a un patrimonio autónomo no se paga precio alguno, su « valor real (cuantía) es la remuneración que pagará el fideicomitente (aportante) a la fiduciaria », de ahí que, tratándose del impuesto de registro, la realidad económica del contrato no estaba expresada en el valor catastral de los inmuebles transferidos, al igual que ignoró la limitación de la propiedad fiduciaria al objeto señalado en el contrato, lo cual implicaba que la sociedad fiduciaria no pudiera «ejercer libremente la propiedad del bien fideicomitido».

Afirmó que tanto el Decreto 650 de 1996 como el ET local obedecen al principio de transparencia fiscal que opera en los patrimonios autónomos y que se consagra en el artículo 102 del ET, ignor ando así la circular que, el resultado del negocio fiduciario es

Afirmó que tanto el Decreto 650 de 1996 como el ET local obedecen al principio de transparencia fiscal que opera en los patrimonios autónomos y que se consagra en el artículo 102 del ET, ignor ando así la circular que, el resultado del negocio fiduciario es reportado por el beneficiario, y que « el activo del fideicomitente o beneficiario siempre reflejará los bienes fideicomitidos a través de los derechos fiduciarios, en virtud del principio de transparencia fiscal».

También aseguró que el acto demandado violaba la « jerarquía normativa» y aplicaba incorrectamente la ley 223 de 1995, al igual que desconocía la presunción de legalidad del Decreto 650 de 1996 y el ET local en virtud de la cual, estos actos obligaban, agregó que tales actos fueron desconocidos «sin fundamentar tal actuación en una providencia judicial».

-La circular demandada fue expedida con infracción del artículo 6 .° del Decreto 650 de 1996 y de los artículos 193 y 195 de la Ordenanza 216 de 2014 de Cundinamarca, que regulan los casos de restitución de los bienes fideicomitidos al fideicomitente, normas en las que debía fundarse:

A esos efectos señaló que las disposiciones mencionadas establecían que « los casos de restitución de los bienes fideicomitidos al fideicomitente » eran actos sin cuantía, no obstante para la Administración, esto no era predicable para los bienes inmuebles, pues resultaba «irrelevante quien ostentó previamente el derecho real de dominio», de manera que según la Circular, la restitución del inmueble fideicomitido tenía la naturaleza de un

obstante para la Administración, esto no era predicable para los bienes inmuebles, pues resultaba «irrelevante quien ostentó previamente el derecho real de dominio», de manera que según la Circular, la restitución del inmueble fideicomitido tenía la naturaleza de un acto con cuantía, por lo que la base gravable del impuesto de registro era el avalúo o autoavalúo catastral del inmueble, al cual debía aplicarse la tarifa, lo que, aseg uró «no correspondía a lo establecido en el Decreto 650 de 1996 y en la Ordenanza 216 de 2014».

Paralelamente, expresó que las normas violadas obedecían a la « razonabilidad económica» del negocio fiduciario, porque en la restitución al fideicomitente no s e pagaba valor alguno, de manera que la cuantía era la remuneración en favor de la sociedad fiduciaria, de ahí que la realidad del contrato no estuviera reflejada en el valor catastral de los inmuebles transferidos. Además, los preceptos vulnerados, entend ieronRadicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 que el ejercicio de la propiedad fiduciaria estaba limitado al objeto contractual, sin que la sociedad fiduciaria ejerciera libremente el derecho de dominio sobre el bien fideicomitido.

Reiteró lo señalado en el punto anterior en el sentido de que l a normativa obedecía al principio de transparencia fiscal, en virtud del cual, el beneficiario del patrimonio

Reiteró lo señalado en el punto anterior en el sentido de que l a normativa obedecía al principio de transparencia fiscal, en virtud del cual, el beneficiario del patrimonio autónomo debe reportar sus ganancias o pérdidas, y que el fideicomitente debe reflejar los bienes fideicomitidos a través de los derechos fiduciarios. Adicionó que la restitución del inmueble al fideicomitente tenía «un contenido económico neutro», en la medida que este reemplazaba en su « contabilidad» un derecho fiduciario. Asimismo, dejaba de «causarse» la correspondiente comisión, por lo que era una «transacción sin cuantía».

Al igual que en el punto anterior, acusó la circular de desconocer la «jerarquía normativa» del Decreto 650 de 1996 y el ET local, de aplicar incorrectamente la Ley 223 de 1995, puesto que el decreto reglamentario la desarro lla, específicamente en las tarifas, por lo que en la restitución debía acatarse tal decreto. Adujo también que el acto acusado ignoró la presunción de legalidad de las prenotadas normas y contradijo lo allí dispuesto «sin fundamentar tal actuación en una providencia judicial».

-La circular demandada, es nula porque la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca la expidió sin competencia,

Tras aludir al artículo 338 de la Constitución, y a las funciones de la Secretaría de Hacienda previstas en el Decreto Ordenanzal 066 de 20152, señaló que la Administración no estaba facultada para « fijar la base gravable o tarifa de los impuestos departamentales», de manera que había excedido su competencia al determinar una

Hacienda previstas en el Decreto Ordenanzal 066 de 20152, señaló que la Administración no estaba facultada para « fijar la base gravable o tarifa de los impuestos departamentales», de manera que había excedido su competencia al determinar una base gravable para de actos de constitución de fiducia con inmuebles y/o su restitución al fideicomitente, pues creó «reglas especiales» no previstas en la ley o reglamento. Para finalizar, dijo que la « política departamental» sobre el tributo no podía contravenir las normas superiores que lo regulan, porque desconocería « la potestad tributaria territorial», dado que la decisión modificó la base gravable y tarifa del impuesto sobre actos sin cuantía, cuando dicha atribución corresponde a la asamblea.

-La circular demandada es nula, por cuanto incurrió en falsa motivación por una “apreciación errada” del auto del 23 de abril de 2015 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso de radicado 21206:

Al respecto manifestó que, la providencia no era pertinente para fundamentar la legalidad del acto demandado porque « no era un auto definitivo ». Además, la postura de la corporación consistió en «negar la suspensión provisional del literal h) del artículo 6.° y el artículo 7.° del Decreto 650 de 1996», por lo que tales disposiciones conservaron vigencia y fuerza ejecutoria. Empero, la interpretación efectuada por el fisco « adoleció totalmente de hermenéutica, toda vez que (…) apreció de manera irreal la providencia judicial», pues asumió que la decisión suspendió la norma demandada.

Aseguró que el fundamento de la circular era contrario a lo señalado en el auto del

totalmente de hermenéutica, toda vez que (…) apreció de manera irreal la providencia judicial», pues asumió que la decisión suspendió la norma demandada.

Aseguró que el fundamento de la circular era contrario a lo señalado en el auto del Consejo de Estado, por lo que el fundamento era irreal, pues el auto estableció que el acto de inscripción referido por la norma demandada era « el de la fiducia y encargo mercantil como aquellos que requieren de registro, más no como actos que fundamentan la transferencia del dominio», y concluyó que los argumentos que sirvieron de sustento para negar la suspensión provisional de la disposición analizada por la Sala «no podían fundamentar la creación de una base gravable especial para los casos de negocios fiduciarios sobre inmuebles».

2 En el cual fueron enumeradas las funciones de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca.Radicado: 25000-23-37-000-2016-01853-01 (26488)

Demandante: Daniel Hernando Sarmiento Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 89 a 113 cp1). Propuso la excepción de legalidad de la circular acusada. Inicialmente, precisó que, según lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 y la jurisprudencia de la Sala3, «para que procediera el pago del impuesto de registro » era necesaria la concurrencia de dos

dispuesto en el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 y la jurisprudencia de la Sala3, «para que procediera el pago del impuesto de registro » era necesaria la concurrencia de dos hechos, a saber: (i) la existencia de actos, contratos o negocios jurídicos en los cuales fueran parte o beneficiarios los particulares, y (ii) que los actos deban registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o las cámaras de comercio por mandato legal. A su turno, puntualizó las condiciones para la «causación y pago» del tributo según los artículos 228 ibidem, 4.° de la Ley 1579 de 2012, 2.° del Decreto 650 de 1996 y 188 de la Ordenanza 216 de 2014.

Sobre la base gravable, los artículos 229 (inciso cuarto) de la Ley 223 de 1995, 4.° del Decreto 650 de 1996 y 191 de la Ordenanza 216 de 2014 establecieron las reglas de determinación de dicho elemento de la obligación tributaria según el acto objeto de registro. Respecto del contrato de fiducia mercantil, el artículo 194 ídem puntualizó que cuando los bienes objeto de fiducia fuesen transferidos a un tercero «el impuesto se liquidará sobre el valor de los bienes que se transfieren o entregan. En los casos de inmuebles, se respetará la base gravable mínima establecida en el presente estatuto », lo cual observó lo determinado en el artículo 7.° del Decreto 650 de 1996.

Por lo anterior, sostuvo que el acto demandado «no incurrió en aplicación indebida de tales disposiciones ni en la creación de nuevas bases gravables», sino que observó todas

lo cual observó lo determinado en el artículo 7.° del Decreto 650 de 1996.

Por lo anterior, sostuvo que el acto demandado «no incurrió en aplicación indebida de tales disposiciones ni en la creación de nuevas bases gravables», sino que observó todas las normas aplicables y efectuó un análisis normativo « en contexto y no de manera parcializada como (…) la parte actora », porque aquel únicamente tuvo en cuenta las disposiciones que «favorecían sus argumentos». Por ejemplo, el demandante «solo citó y transcribió la parte inicial» del artículo 7.° del Decreto 650 de 1996; no obstante, omitió que el inciso final ídem regulaba la transferencia de los bienes