CE - 250002337000201602131011SENTENCIASENTENCIA20230629175608

Radicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

Demandante: Ingenieros GF SAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908) Demandante INGENIEROS GF SAS

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social . Competencia de la UGPP. Firmeza de las declaraciones. Novedad de vacaciones, ingreso y retiro. Doble registro de bonificaciones. Devolución de aportes. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la s partes1 contra la sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo siguiente2: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 553 del 08 de julio de 2015 y su confirmatoria (sic), la Resolución No. RDC 427 del 05 de agosto de 2016,

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 553 del 08 de julio de 2015 y su confirmatoria (sic), la Resolución No. RDC 427 del 05 de agosto de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que la UGPP deberá revisar y eliminar los mayores valores determinados al liquidar el IBC de los días disfrutados de vacaciones, tomando la base determinada por la misma entidad en la Resolución No. RDC 427 del 05 de agosto de 2016.

TERCERO: Se niegan las demás pretensiones.

CUARTO: No se condena en costas.

QUINTO: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia, previas las anotaciones de rigor.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. 955 del 15 de diciembre de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió a la demandante Liquidación Oficial Nro. RDO 553 del 8 de julio de 2015, por las conductas de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos de enero a diciembre de 201 1 y enero a diciembre de 2013 en la suma de $ 237.560.800 e impuso sanción por inexactitud por $97.746.720.

Contra la anterior decisión la interesada interpuso el recurso de reconsideración ,

diciembre de 2013 en la suma de $ 237.560.800 e impuso sanción por inexactitud por $97.746.720. Contra la anterior decisión la interesada interpuso el recurso de reconsideración ,

1 La parte demandada presentó apelación adhesiva, la cual fue admitida por el despacho sustanciador en auto del 5 de diciembre de 2022 (índice 40 Samai) 2 Fls.223 a 242Radicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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resuelto en la Resolución Nro. RDC 427 del 5 de agosto de 2016 , que reliquidó el monto de los ajustes en la suma de $196.349.071 y la sanción en $74.595.523. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones (fls.3 a 5): “PRETENSIONES PRINCIPALES: Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos.

1. Resolución No. RDO 553 del 08 de julio de 2015: “Por medio de la cual se profiere liquidación oficial a la sociedad INGENIEROS GF S.A.S., identificada con NIT.

nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos.

1. Resolución No. RDO 553 del 08 de julio de 2015: “Por medio de la cual se profiere liquidación oficial a la sociedad INGENIEROS GF S.A.S., identificada con NIT. 800.063.815-8, por no pago e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos de 01/01/2011 al 31 /12/ 2011 (sic), “determinando la liqui dación por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($237.560.800) y se sanciona por inexactitud por valor de NOVENTA Y SIETE

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

M/CTE ($97.746.720).

2. Resolución No. RDC 427 del 05 de agosto de 2016: “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 553 del 8 de julio de 2015, a través de la cual se profirió la liquidación oficial a I NGENIEROS GF S.A.S., con NIT 800.063.815, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social de los períodos 01/01/2011 al 31/12/2011 y se sanciona por inexactitud por los períodos 01/01/2013 al 31/12/2013”, determin ando la liquidación por valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($196.349.071) y una sanción por SETENTA Y

valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($196.349.071) y una sanción por SETENTA Y

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTRÉS

PESOS M/CTE ($74.595.523).

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que en caso de no conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y realice la reliquidación de presunta deuda fijada por la UGPP, declarando la nulidad parcial de

los mismos:

1. Resolución No. RDO 553 del 08 de julio de 2015: “Por medio de la cual se profiere liquidación oficial a la sociedad INGENIEROS GF S.A.S., identificada con NIT.

800.063.815-8 (…)

2. Resolución No. RDC 427 del 05 de agosto de 2016: “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 553 del 8 de julio de 2015, a través de la cual se profirió la liquidación oficial a INGENIEROS GF S.A.S., con NIT 800.063.815, (…) RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial del acto administrativo, solicito que se restablezca el derecho de la empresa demandante en la siguiente forma:

• Por concepto de daño emergente:

1. Que se realice la devolución de los pequeños pagos realizados por la empresa

que se restablezca el derecho de la empresa demandante en la siguiente forma:

• Por concepto de daño emergente:

1. Que se realice la devolución de los pequeños pagos realizados por la empresa INGENIEROS GF S.A.S., por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos 01/01/2011 alRadicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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31/12/2011 y 01/01/2013 al 31/12/2103 y se sanciona por los períodos 01/01/2013 al 31/12/2013, sumas que deberán ser indexadas junto con los respectivos intereses, de acuerdo con la demostración de valores inexistentes por parte de la UGPP.

2. Que se reconozca el pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso administrativo objeto de los actos administrativos atacados, por un valor de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

3. Que se reconozca los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo durante el periodo que duró la investigación administrativa, toda vez que mi poderdante apoyó la defensa jurídica con el personal humano durante un año, por el valor de doce (12) salarios mínimos legales vigentes. • CONDENA EN COSTAS Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

defensa jurídica con el personal humano durante un año, por el valor de doce (12) salarios mínimos legales vigentes. • CONDENA EN COSTAS Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6, 13, 15, 29, 58 y 121 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 730 del Estatuto Tributario; 69 y 72 de la Ley 1437 de 2011; 19 y 21 del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007. En el concepto de nulidad de manera general presentó objeciones al requerimiento, señalando q ue la UGPP pretendió incluir conceptos que no tenía n naturaleza salarial, de igual forma en el proceso de fiscalización se desconocieron las normas que regulan los aportes a la seguridad social, destacando que se advirtieron errores por parte de la entidad en cuanto a las vacaciones, días laborados, bonificaciones, auxilios, entre otros, lo que daba lugar a la nulidad de los actos demandados Los cargos de nulidad se resumen a continuación:

1. Creación de tercera norma para el desarrollo del proceso de fiscalización Sostuvo que la UGPP, de manera improvisada, expidió la liquidación oficial combinando los procedimientos previstos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de

1. Creación de tercera norma para el desarrollo del proceso de fiscalización Sostuvo que la UGPP, de manera improvisada, expidió la liquidación oficial combinando los procedimientos previstos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, lo que dio lugar a la figura denominada “Tercera Norma y/o Lex Tertia”, situación que genera la nulidad de la actuación debido a que impide que los sujetos de las investigaciones conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos a la defensa, contradicción y debido proceso.

Lo anterior podía evidenciarse, dado que la competencia de los funcionarios y los actos administrativos se había adelantado con fundamento en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013, sin embargo, en la liquidación oficial se señaló lo siguiente: “EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES (…). En uso de sus facultades legales en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, en concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en estas disposiciones, las normas contempladas en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario Nacional (…)”, es decir, que la entidad conjugó dos procedimientos contenidos en dos normas diferentes para expedir el acto de determinación. Así, tanto el procedimiento como la competencia de los funcionarios se realizaron bajo la inobservancia del principio de integralidad de la norma.

2. La liquidación oficial fue emitida de forma incompleta

normas diferentes para expedir el acto de determinación. Así, tanto el procedimiento como la competencia de los funcionarios se realizaron bajo la inobservancia del principio de integralidad de la norma.

2. La liquidación oficial fue emitida de forma incompleta Expuso que la liquidación oficial carecía de los elementos exigidos para suRadicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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motivación, toda vez que no liquidó los intereses moratorios a que dieron lugar los ajustes en los términos del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, lo cual a su vez vulneró el derecho al debido proceso y defensa de la sociedad al no conocer el monto total de la obligación determinada a su cargo.

3. Irretroactividad de la norma. Vulneración al debido proceso Adujo que la demandada profirió la liquidación con fundamento en normas posteriores a los hechos fiscalizados, lo que daba lugar a la nulidad de esos actos.

Para probar lo manifestado transcribió la parte inicial del acto de determinación en donde se mencionó que su expedición obedece a las facultades legales establecidas en varias normas, incluidas la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013.

4. Falta de competencia de los funcionarios de la UGPP para expedir los actos demandados Sostuvo que, si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 autorizó la fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, no señaló de manera precisa los

actos demandados Sostuvo que, si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 autorizó la fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, no señaló de manera precisa los funcionarios que debían actuar en cada una de las etapas del proceso. Además, no indicó la ma nera en que la entidad podía solicitar a los aportantes la información para la determinación de las obligaciones, ni el funcionario que tenía esa facultad, tampoco reguló la sanción por no entrega completa de información de períodos previos a la creación de la Ley 1607 de 2012, que entró en vigencia en 2013. En el desarrollo de los procesos de fiscalización los aportantes se ven obligados a presentar documentos privados que están protegidos por mandato constitucional, por tanto, solo el legislador, y no el reglamento, es quien puede establecer las competencias y procedimientos para el control de las contribuciones. Explicó que el Gobierno, en desarrollo de sus facultades extraordinarias, expidió el Decreto 169 de 2008, pero no asignó funciones o competencias en cabeza de algún funcionario, por el contrario esto solo se dio con el Decreto 5021 de 2009, el cual no tenía fuerza de ley al haber sido expedido con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución y por fuera del término que le otorg ó el Congreso al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria, por ende, tampoco debía tenerse en cuenta en este proceso. Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de los obligados, dado que permitía solicitar información y documentos privados. De

Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de los obligados, dado que permitía solicitar información y documentos privados. De manera que este decreto, que sirvió de fundamento de los actos demandados, no podía ser aplicado por ser contrario a la Constitución.

5. La UGPP asumió competencias propias de los jueces laborales Señaló que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la competencia para determinar derechos laborales u obligaciones al sistema de seguridad social radican exclusivamente en el juez laboral, sobre todo tratándose de conceptos que la UGPP estableció como salariales, “siendo más precisos en el sub -examine en p ersonas que tienen cuentas de cobro con retenciones en la fuente y pagos de impuestos (crearon relaciones laborales inexistentes)”, así como en los casos en los que de manera unilateral mutó los conceptos de salario de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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Así mismo, revisadas las funciones del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, no se encontró a lguna que señalara que los funcionarios de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones laborales, como ocurrió en la liquidación oficial, al considerar que podía modificar a su libre albedrío los extremos laborales y establecer como factor

Determinación de Obligaciones Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones laborales, como ocurrió en la liquidación oficial, al considerar que podía modificar a su libre albedrío los extremos laborales y establecer como factor salarial valores que no hacen parte del IBC para los aportes, tales como las novedades, aportes voluntarios, entre otros, todo ello sin competencia alguna.

6. Falta de competencia de la UGPP para sancionar Afirmó que la Resolución Nro. 118 de 2013 , expedida por la UGPP y que sirvió de fundamento de la liquidación oficial, no fue publicada, ni siquiera en la página web de la entidad, por tanto, no podía ser aplicada por ser contraria a la Constitución al no cumplir con el requisito de publicidad, además porque tampoco fue proferida por el Congreso como único órgano encargado de otorgar competencias sancionatorias a las entidades administrativas.

7. Desconocimiento de la novedad de vacaciones Afirmó que la UGPP determinó los ajustes sin tener en cuenta el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, de conformidad con el cual las cotizaciones durant e las vacaciones se causan en su totalidad y el pago de los aportes se efectúa sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador inició el disfrute de éstas. Al efecto mencionó que en el cd anexo de l a demanda relacionaba los casos objeto de reproche.

8. Presunción de días. Desconocimiento de novedades de ingreso, retiro y suspensión temporal del contrato (SLN) Indicó que los actos demandados eran nulos por desconocer las novedades que

8. Presunción de días. Desconocimiento de novedades de ingreso, retiro y suspensión temporal del contrato (SLN) Indicó que los actos demandados eran nulos por desconocer las novedades que consagra el artículo 3 del Decreto 1406 de 1999, generando un incremento de días cotizados y un ma yor IBC, comoquiera que en varios casos no se materializó la relación laboral en los períodos fiscalizados en los términos que prevé el artículo 17 de la Ley 100 de 1993. Mencionó que en el archivo anexo enlistaba los trabajadores objeto de reproche.

9. Los pagos por conceptos de auxilios, bonificaciones, entre otros, no son constitutivos de salario Señaló que , por mandato del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo , algunos conceptos no tienen carácter salarial, adicionalmente, las partes de la relación laboral cuentan con la liberta d de pactar dicha connotación f rente a determinadas erogaciones por no ser retributivas del trabajo de los empleados. En ese sentido, los pagos acordados como no salariales no podían estar sujetos al límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, toda vez que esa no fue la voluntad del legislador.

Expuso que los aportes voluntarios a pensión efectuados en virtud del plan de empresarial de pensiones institucional de la empresa no tenían connotación salarial por mandato del artículo 169 del Decreto 663 de 1993, además q ue se trataba de un aporte condicionado, ejecutado en términos suspensivos y no incrementaba el patrimonio del empleado3.

por mandato del artículo 169 del Decreto 663 de 1993, además q ue se trataba de un aporte condicionado, ejecutado en términos suspensivos y no incrementaba el patrimonio del empleado3.

3 Citó la sentencia del Consejo de Estado, del 13 de junio de 2011, exp.18024.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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Adujo que los auxilios extralegales (auxilios funerarios, regalos a trabajadores, regalos a los hijos y auxilio de gafas), tampoco eran pagos salariales, toda vez que se trataba de acuerdos a los que se llegó mediante pacto colectivo y buscaban la asistencia de calamidades o situaciones específicas que no remuneraban los servicios prestados por el trabajador. Igual suerte corría la bonificación por mera liberalidad, la prima extralegal de fin de año y los gastos de representación, en la medida que por su objeto eran ajenos a lo laboral. Mencionó que la habitualidad no es un elemento determinante y que en el documento anexo a la demanda enlistaba los trabajadores objeto de reproche.

10. La UGPP toma doble el valor del concepto “OTRAS BONIFICACIONES” Explicó que revisado el archivo Excel anexo a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, advirtió la existencia de 11 registros que tenían un doble valor por este concepto, de manera que, lo correcto era que se tomara el valor real que

Explicó que revisado el archivo Excel anexo a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, advirtió la existencia de 11 registros que tenían un doble valor por este concepto, de manera que, lo correcto era que se tomara el valor real que aparecía en los registros contables, pues no era dable que la demandada los tomara dos veces. Afirmó que en el archivo anexo a la demanda enlistaba los trabajadores frente a los cuales se presentó dicha situación. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente (fls.155 a 192): Frente al primer cargo, expuso que no improvisó en la expedición de los actos demandados, para ello aludió a los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 que creó la entidad, 180 de la Ley 1607 de 2012 que estableció el procedimiento de determinación oficial para las contribuciones y 198 ibidem, q ue derogó los numerales 1 al 5 del inciso 4º y el inciso 5 º del artículo 156 de la Ley 1151 citado. Recalcó que el legislador no estableció régimen de transición o condicionamiento para la entrada en vigencia del artículo 180 de la Ley 1607, por el contrar io, determinó que regiría a partir de su promulgación. Afirmó que en el proceso de fiscalización adelantado en contra de la actora no se combinaron o crea ron de normas al respecto, pues si bien en los actos se hizo alusión a la normativa que sirvió de fundamento para su expedición, ello no implicaba la consecuencia señalada por la demandante, más aún cuando era indispensable referirse a la norma creadora de la UGPP.

alusión a la normativa que sirvió de fundamento para su expedición, ello no implicaba la consecuencia señalada por la demandante, más aún cuando era indispensable referirse a la norma creadora de la UGPP. Precisó que las leyes procesales eran de aplicación inmediata, por lo que las nuevas disposiciones instrumentales debían aplicarse a los procesos en trámite tan pronto entraran en vigencia, sin perjuicio de aquellos que ya se hubieren cumplido con la ley antigua (artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012). Sobre el segundo cargo, indicó que los intereses moratorios no forman parte del aporte, sino que se causa n una vez cumplido el respectivo período s in que el empleador hubiere efectuado el pago oportuno de los aportes, de manera que dichos intereses se liquidan únicamente en la fecha en que se produzca el pago efectivo de la obligación 4. En ese orden, no era cierto que los actos carecieran de

4 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de agosto de 2008, exp.14051, C.P. Héctor

J. Romero Díaz.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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motivación, toda vez que en ellos se explicó de manera clara las razones que dieron lugar a la liquidación de los apor tes, así mismo, en sede administrativa a la actora le fueron resueltas todas sus inconformidades5.

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motivación, toda vez que en ellos se explicó de manera clara las razones que dieron lugar a la liquidación de los apor tes, así mismo, en sede administrativa a la actora le fueron resueltas todas sus inconformidades5. Respecto al tercer cargo, sostuvo que, de conformidad con la Ley 1151 de 2007; el Decreto Ley 169 de 2008 y el Decreto 5021 de 2009; la UGPP tenía la competencia para adelantar los procesos de fiscalización y pago de las contribuciones parafiscales, de manera que los actos enjuiciados fueron pr oferidos en virtud de dichas normas y por los funcionarios competentes para ello. Agregó que en las resoluciones se hizo alusión a la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 5021 de 2013 porque para la fecha en que se adelantó la fiscalización ya estaban vigentes y podían ser aplicadas para los períodos investigados, además, el artículo 178 de la Ley 1607 citado estableció que la UGPP podía iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las contribuciones dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante incurriera en la conducta fiscalizada, por tanto, no se presentó vulneración alguna al derecho al debido proceso por aplicación retroactiva de las normas. Frente al cuarto cargo, reseñó que, de acuerdo con las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012; el Decreto Ley 169 de 2008 y el Decreto 575 de 2013 (antes Decreto 5021 de 2009), la entidad tenía asignadas las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, por lo que podía adelantar las

de 2009), la entidad tenía asignadas las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, por lo que podía adelantar las investigaciones que estimara pertinentes para establecer la existencia de hechos que generaran obligaciones en materia de contribuciones parafiscales y expedir las liquidaciones oficiales. De igual manera, era la Subdirección de Determinación de Obligaciones la competente para proferir los requerimientos, las liquidaciones oficiales y los demás actos de determinación de las obligaciones, y a la Dir ección de Parafiscales le correspondía resolver los recursos de reconsideración según los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en ejercicio de su competencia constitucional. Agregó que no vulneró el derecho a la intimidad de la actora, dado que el artículo 15 de la Constitución permite la exhibición de documentos para efectos tributarios, lo cual se reforzó con el Decreto Ley 169 de 2008 , de manera que la actuación obedeció al cumplimiento de un deber legal y no al capricho de la administración. Sobre el quinto cargo, indicó que la entidad no asumió facultades propias de los jueces laborales, pues aparte de contar con competencias legales para la determinación de los ajustes, en el proceso de fiscalización no hubo lugar a determinar qué factores eran o no salariales, por el contrario, se respetó de manera absoluta toda la información aportada por la demandante, tales como los reportes contables y de nómina. Frente al sexto cargo, precisó que de conformidad con las normas que regulan la materia, la UG PP tenía la competencia para adelantar el proceso de fiscalización cuando los aportantes incurrieran en conductas de mora e inexactitud en las

Frente al sexto cargo, precisó que de conformidad con las normas que regulan la materia, la UG PP tenía la competencia para adelantar el proceso de fiscalización cuando los aportantes incurrieran en conductas de mora e inexactitud en las

5 Sobre la motivación de los actos citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 10 de mayo de 2012, exp.17766, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sobre la publicidad, la sentencia de la misma sección del 29 de mayo de 2003, exp.13317, C.P. Ligia López Díaz y de la validez y eficacia del actor, l a providencia del 28 de agosto de 2014, exp.28656.Radicado: 25000-23-37-000-2016-02131-01 (25908)

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autoliquidaciones de los aportes, así como la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. Ahora, la Resolución Nro. 118 de 2013, lo que hizo fue distribuir las competencias establecidas en la Ley 1607 de 2012 en las diferentes dependencias. Afirmó que la citada resolución no era ineficaz por el hecho de omitirse su publicación, puesto que sus condiciones y características no requerían de esa formalidad por tratarse de un acto que asigna competencias al interior de la UGPP, y nada dispone sobre obligaciones ni deberes a los administrados. Respecto al séptimo cargo , adujo que , de conformidad con el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 , el IBC para los subsistemas en salud y pensión cuando se

y nada dispone sobre obligaciones ni deberes a los administrados. Respecto al séptimo cargo , adujo que , de conformidad con el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 , el IBC para los subsistemas en salud y pensión cuando se presente la novedad de vacaciones será el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en que el trabajador inició el disfrute de sus vacaciones. Así mismo, destacó que el artículo 17 de la Ley 21 de 1982 regula el tema para los aportes parafiscales y que no se debe aportar para ARL al no existir labor que implique aseguramiento. En el proceso de fiscalización tomó la información reportada en la nómina de la actora y los auxiliares contables, de lo cual se podía advertir una coincidencia total entre los valores reportados por la sociedad y los tomados en los actos. A manera de ejemplo relacionó el caso de varios trabaj adores y ejemplificó la liquidación de los aportes, concluyendo que la dinámica desarrollada por la entidad fue la correcta para determinar el IBC en los casos que presentaron novedad de vacaciones, toda vez que se ciñó al procedimiento establecido en la norma que regula la materia. Frente al octavo cargo, relacionado con las novedades de ingreso , retiro y SLN, luego de ejemplificar la liquidación de aportes de varios trabajadores, sostuvo que la in