CE - 250002337000201700134011SENTENCIASENTENCIA20230811164507

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Título
CE - 250002337000201700134011SENTENCIASENTENCIA20230811164507
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Parafiscales – UGPP

Temas: Aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social. Ingreso base de cotización – IBC. Pagos no constitutivos de salario. Oportunidad probatoria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 22 de octubre de 2021, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que declaró la nulidad parcial de los actos acusados en los siguientes términos:

sentencia del 22 de octubre de 2021, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que declaró la nulidad parcial de los actos acusados en los siguientes términos:

“PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad parcial de la - (sic) Liquidación Oficial No. RDO 672 del 11 de agosto de 2015 y la Resolución No. RDC 518 del 1º de septiembre de 2016, proferidas por la U.A.E. UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la UGPP que efectúe una n ueva liquidación, respecto a los trabajadores que hayan presentado novedades de reporte equivocado del personal de vacaciones, incapacidades como auxilios salariales, ausencias, licencias, sanciones y suspensiones, así como reporte equivocado de partidas positivas como negativas y no reportadas según ajuste de nómina por incapacidades, accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad y vacaciones, para los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, teniendo en cuenta para ello la contabilidad de la empresa junto a sus soportes y las conclusiones del dictamen pericial, para lo que deberá recalcular la liquidación hecha en cuanto a la sanción por inexactitud, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas.

[…]”1

ANTECEDENTES

Mediante Resolución nro. RDO 672 del 11 de agosto de 2015, la UGPP profirió

providencia.

TERCERO. Sin condena en costas.

[…]”1

ANTECEDENTES

Mediante Resolución nro. RDO 672 del 11 de agosto de 2015, la UGPP profirió liquidación oficial, en la que determinó a cargo de la sociedad demandante el pago de $408.848.400 por los periodos de enero a diciembre de los años 2011 y 2013 2, por mora e inexactitud en los pagos correspondientes al Sistema de la Protección Social 3, junto con la correspondiente sanción por inexactitud por valor de $103.027.860. Esta liquidación fue objeto de recurso de reconsideración 4, el cual fue resuelto a través de la Resolución nro. RDC 518 del 1.º de septiembre de 2016, que modificó la liquidación

1 Índice 2 SAMAI. Subrayas propias del texto original. 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

oficial, fijó los aportes en la suma de $204.020.301 y el monto de la sanción por inexactitud en $57.457.4535.

DEMANDA

Pretensiones

oficial, fijó los aportes en la suma de $204.020.301 y el monto de la sanción por inexactitud en $57.457.4535.

DEMANDA

Pretensiones

Nalsani S.A.S. en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló mediante apoderada las siguientes pretensiones 6:

“[…] solicito la anulación de la actuación administrativa compuesta por:

A. La Liquidación Oficial No. RDO 672 de 11 de agosto de 2015, por medio de la cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensi onal y Contribuciones Parafiscales (UGPP) modificó las liquidaciones privadas correspondientes a los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos de enero a diciembre de 2011 y enero a diciembre de 2013.

B. La Resolución No. RDC 518 de 1 d e septiembre de 2016, por medio de la cual la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto de liquidación anteriormente identificado.

[…]”

En el capítulo de pretensiones la sociedad demandante no expresó el posible restablecimiento del derecho con ocasión de la nulidad de las mencionadas resoluciones; no obstante, en el numeral décimo de la de manda incluyó lo siguiente:

“Suplico al Honorable Tribunal Administrativo que, previos los trámites jurisdiccionales y la revisión de las pruebas que reposan en el expediente, la

resoluciones; no obstante, en el numeral décimo de la de manda incluyó lo siguiente:

“Suplico al Honorable Tribunal Administrativo que, previos los trámites jurisdiccionales y la revisión de las pruebas que reposan en el expediente, la verificación de los hechos narrados, el análisis de los fundamentos de Derec ho expuestos y de las normas que se señalan quebrantadas, de los documentos y pruebas que se anexan a esta demanda, de las pruebas solicitadas y de las que reposan en los antecedentes administrativos, anule la totalidad de la actuación administrativa deman dada y restablezca en su derecho a mi representada, declarando en firme las liquidaciones privadas al Sistema de la Protección Social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y enero a diciembre de 2013. Además, se reconozca que mi representada no está obligada a pagar sanción por Inexactitud.”

Normas violadas

La demandante indicó como normas violadas los artículos 9, 17 y 21 de la Ley 21 de 1982; 71 del Decreto 806 de 1998; 206 y 207 de la Ley 100 de 1993; 40 del Decreto 1406 de 1999; 30 de la Ley 1393 de 2010; 168 y 169 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 169 de la Ley 1607 de 2012.

Concepto de la violación

Los cargos y el concepto de la violación se sintetizan así:

En relación con los ajustes por mora , manifestó que incurrió en errores al enviar a la UGPP un valor mayor al que realmente pagó por vacaciones a los trabajadores, así

Los cargos y el concepto de la violación se sintetizan así:

En relación con los ajustes por mora , manifestó que incurrió en errores al enviar a la UGPP un valor mayor al que realmente pagó por vacaciones a los trabajadores, así como respecto de las incapacidades, pues estas se informaron en la columna de “auxilios salariales”, cuando corresponden a auxilios por incapacidad por enfermedad general y “primer día de accidente de trabajo” . P or ello, las sumas pagadas a los

5 Ibidem. 6 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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trabajadores sobre los que registró esta novedad no hacen parte del IBC, dado que el trabajador no percibe salario durante la incapacidad.

Igualmente, reconoce la demandante haber incurrido en un error por omisión en el reporte de las novedades “5068 licencia no remunerada, 5064 sanción y 5066 dominical por ausencia” , así, de haber sido informadas a la UGPP, esta las habría tenido en cuenta al momento de efectuar la liquidación lo que ocasionaría la disminución del IBC de los aportes al Sistema de la Protección Social.

dominical por ausencia” , así, de haber sido informadas a la UGPP, esta las habría tenido en cuenta al momento de efectuar la liquidación lo que ocasionaría la disminución del IBC de los aportes al Sistema de la Protección Social.

Manifestó que para algunos trabajadores reportó de manera equivocada la novedad de vacaciones, dado que los empleados laboraron de manera ordinaria durante el período discutido. Y en otros casos, se registró un valor superior al que realmente fue pagado a los trabajadores por vacaciones.

Afirmó que, declaró un ingreso base de cotización mayor al real debido a que en la respuesta al requerimiento informó partidas que aumentaban el valor del IBC cuando realmente lo disminu ían, como los ajustes por auxilio por incapacidad, licencia de maternidad, licencia de paternidad y accidente de trabajo.

Por otra parte, señaló que la UGPP interpretó de forma errada el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, al ap licar el porcentaje máximo de pagos susceptibles de ser convenidos como no salariales (40%) a la totalidad de pagos recibidos por el trabajador y no únicamente los retributivos del periodo.

Respecto de los gastos propios de la sociedad por concepto de viaje por alojamiento y manutención, obsequios para terceros como gastos de publicidad, indicó que no integran la base para liquidar los aportes al Sistema de la Seguridad Social, por no retribuir el servicio. A l igual que los aportes a los fondos de pensión de jubilación e invalidez, al estar amparados en un plan institucional de pensiones voluntarias en el fondo Protección S.A.

Finalmente, expuso que la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados

e invalidez, al estar amparados en un plan institucional de pensiones voluntarias en el fondo Protección S.A.

Finalmente, expuso que la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados es improcedente , puesto que realizó correctame nte los aportes al Sistema de Seguridad Social. Sostuvo que las diferencias se originaron por el desconocimiento de los hechos por parte de la UGPP, y por datos errados en la información proporcionada con la respuesta al requerimiento.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda 7 en los siguientes términos:

Manifestó que en el proceso de determinación se le otorgó a la sociedad demandante las garantías y oportunidades procesales para que aportara las pruebas que estimara pertinentes con el fin de determinar de manera correcta los aportes al Sistema de la Protección Social. Por lo anterior, no es posible que con documentos nuevos se pretendiera explicar la existencia de un error en la información reportada por la contribuyente dentro del proceso de fiscalización.

En relación con los conceptos de viajes por alojamiento y manutención, obsequios para terceros como gastos de publicidad y aportes voluntarios a pensiones indicó que se constató que estos eran no salariales de acuerdo con las pruebas aportadas con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, por lo que se incluyeron dentro del límite del 40% que contempla el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

7 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

4

2010.

7 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Por último, acerca del cargo de vacaciones, afirmó que la pretensión de la sociedad demandante es inducir en error a la judicatura, por cua nto con el recurso de reconsideración solo se aportó el comprobante de nómina del señor Fernando Barrios Villalobos, y al analizar ese caso particular, se encontró que para liquidar los aportes al Sistema de la Seguridad Social se tomó el último salario base de cotización reportado con anterioridad al disfrute de las vacaciones, como lo prevé el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta, Subsección A, en sentencia de 22 de octubre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en las razones que se resumen a continuación8:

La UGPP, en ejercicio de su facultad de fiscalización, recaudó material probatorio de la demandante, que consta en CD del 15 de abril de 2015 de los anexos de la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir.

La UGPP, en ejercicio de su facultad de fiscalización, recaudó material probatorio de la demandante, que consta en CD del 15 de abril de 2015 de los anexos de la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir.

Para examinar lo relativo a los errores en la información entregada por la demandante con la respues ta al requerimiento para declarar y/o corregir, el Tribunal examinó el peritaje solicitado por la demandante, conforme con los artículos 772, 773, 774 y 776 del Estatuto Tributario y concluyó que hubo errores en la información remitida ; diferencias que alteraron el cálculo del IBC liquidado oficialmente para los periodos discutidos, por lo que ordenó a la UGPP practicar una nueva liquidación de los aportes al Sistema de la Seguridad Social respecto de los trabajadores que hubiesen presentado las novedade s de “ reporte equivocado del personal de vacaciones, incapacidades como auxilios salariales, ausencias, licencias, sanciones y suspensiones, así como reporte equivocado de partidas positivas como negativas y no reportadas según ajuste de nómina por incapacidades, accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad y vacaciones” , para lo cual, la UGPP debía tener en cuenta la contabilidad de Nalsani S.A.S. y las conclusiones del dictamen pericial.

En relación con el carácter de pagos no constitutivos de salario denominados gastos de viaje por alojamiento, manutención, los obsequios para terceros y aportes voluntarios, la demandante no indicó, ni acreditó sobre cuáles trabajadores, periodos y conceptos la UGPP erró al determinar los aportes al Sistema de la Protección Social

voluntarios, la demandante no indicó, ni acreditó sobre cuáles trabajadores, periodos y conceptos la UGPP erró al determinar los aportes al Sistema de la Protección Social en la liquidación oficial, así como tampoco probó la naturaleza no salarial de los mismos.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante solicitó que se declare la nulidad total de los actos demandados y ciñó su recurso de apelación a lo que le fue desfavorable con los siguientes argumentos9:

La demandante y la UGPP estaban de acuerdo en que los gastos de viaje por alojamiento y manutenci ón, los obsequios para terceros reconocidos como gastos de publicidad, beneficios de financiación, premios y becas y aportes a los fondos institucionales son pagos no constitutivos de salario: la discrepancia radicaba en si estos conceptos debían ser inclu idos dentro del total de retribuciones a favor del

8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

trabajador para efectos del cálculo del límite del 40% contemplado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

trabajador para efectos del cálculo del límite del 40% contemplado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, el debate planteado consistía en una diferencia en la interpretación del derecho aplicable, relativa a la inclusión de los rubros mencionados en el límite legal del 40%, y no en una insuficiencia probatoria, como equivocadamente lo concluyó el a quo. Se trataba de un punto de derecho que no requería prueba.

Por su parte, la demandada se opuso a la sentencia de primera instancia bajo los siguientes argumentos10:

Advirtió que el a quo cercenó a la Unidad la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción , al valorar las pruebas allegadas con la demanda sobre la existencia de las inconsistencias en la información allegada en la sede administrativa por la demandante.

Luego de hacer un recuento normativo frente a la forma de liquidar los aportes al Sistema de la Protección Social, en relación con las vacaciones , incapacidades, licencias y suspensiones del contrato de trabajo, afirmó frente a la novedad de vacaciones que en los actos demandados la UGPP dio correcta aplicación al artículo 70 del Decreto 806 de 1998 al determinarse como IBC el último salario base reportado en el mes inmediatamente anterior a su disfrute según la nómina allegada al proceso de fiscalización ; sin embargo, las diferencias encontradas en el dictamen corresponden a pagos que modifican el IBC pero estos no fueron informados en la actuación administrativa.

Respecto de las incapacidades, sostuvo que los ajustes se determinaron según la información de los libros auxiliares y en los soportes allegados dentro del proceso de determinación para resaltar que los mencionados auxilios se constituían como pagos

Respecto de las incapacidades, sostuvo que los ajustes se determinaron según la información de los libros auxiliares y en los soportes allegados dentro del proceso de determinación para resaltar que los mencionados auxilios se constituían como pagos salariales que no fueron informados en la nómina, pero que hacen parte de la base del IBC para liquidar los aportes. Tomó como ejemplo el caso de 3 trabajadores.

Para determinar el IBC de los aportes al Sistema de la Protección Social, en los casos que se registraron novedades de licencias y suspensiones del contrato de trabajo, “calculó las suspensiones/LNR teniendo en cuenta lo establecido en el art. 71 Dec 806/98 […] evidenciando que la unidad no omitió información alguna por el contrario tuvo en cuenta las novedades informadas en la nómina para el cálculo correcto del IBC.” con base en la información de nómina y los libros auxiliares allegados al proceso de fiscalización. Para tal efecto, mencionó el caso de 3 trabajadores.

Frente al cargo de reporte equivocado por parte de la demandante de partidas positivas del IBC cuando eran realmente negativas, indicó que la UGPP realizó correctamente el cálculo del IBC teniendo en cuenta la información de nómina allegada al proceso de fiscalización. Así, el ajuste se generó al comparar el aporte liquidado a la tarifa del subsistema con los pagos real izados en la PILA que para este caso se realizaron por menor valor, teniendo como resultado el ajuste de inexactitud. Y si bien se evidenciaron diferencias con los libros auxiliares y desprendibles de nómina que fueron allegados con la demanda, estas no fu eron aportadas en el proceso de fiscalización, por lo que erró el Tribunal al considerarlos como prueba en sede judicial.

se evidenciaron diferencias con los libros auxiliares y desprendibles de nómina que fueron allegados con la demanda, estas no fu eron aportadas en el proceso de fiscalización, por lo que erró el Tribunal al considerarlos como prueba en sede judicial. Tomó como muestra el caso de 3 empleados.

Adicionalmente, la sociedad demandante no especificó frente a qué trabajadores y subsistemas se presentaron los supuestos errores en el proceso de fiscalización, y respecto de los que consideraba que debían efectuarse las correcciones en la liquidación oficial, transgrediéndose el principio de justicia rogada, dado que la carga

10 Ibidem.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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de la p rueba recae en la contribuyente, de manera que debió allegar los correspondientes soportes.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Dado que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado para alegar, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 .

alegar, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 .

El Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en el numeral 6 ibidem. Igualmente, las partes no se pronunciaron respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte contraria según lo prevé el numeral 4 de la misma norma.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problemas jurídicos

En los términos de los recursos de apelación, la Sala determinará lo siguiente : i) si deben valorarse las pruebas allegadas o solicitadas con ocasión de la demanda y practicadas por el a quo ; ii) si los auxilios pagados por la demandante correspondientes a gastos de viaje por alojamiento, manutención, los obsequios para terceros y pagos voluntarios a pensiones deben incluirse en el cálculo del límite del 40% de la remuneración a favor de cada trabajador de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 ; y iii) si por los errores en la información reportada a la UGPP, se determinaron mayores valores en los aportes al Sistema de la Protección Social.

Oportunidad probatoria en vía judicial

El ente de fiscalización en su recurso de apelación afirmó que le fueron vulnerados sus derechos de defensa y contradicción pues la demandante le sorprendió con nuevas pruebas en sede judicial frente a los ajustes de inexactitud por las vacaciones, incapacidades, ausencias, licencias, sanciones y suspensiones .

Esta Sala considera que son admisibles las pruebas aportadas en el proceso judicial,

pruebas en sede judicial frente a los ajustes de inexactitud por las vacaciones, incapacidades, ausencias, licencias, sanciones y suspensiones .

Esta Sala considera que son admisibles las pruebas aportadas en el proceso judicial, aún si no fueran presentadas y discutidas en sede administrativa 11, con fundamento en que en el trámite del proceso judicial pueden mejorarse los argumentos presentados en el trámite administrativo mediante pruebas adicionales o mejores, honrando el principio de libertad probatoria y el consecuente derecho que le asiste a las partes de acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en las oportunidades indicadas para ello en el trámite del debate judicial.

En providencia del 29 de agosto de 2019, la Sección consideró lo siguiente 12:

“[…] la jurisprudencia de esta Sección ha sido clara en manifestar que a pesar de las previsiones contenidas en el artículo 744 del ET, esto no impide que el contribuyente, con ocasión de la demanda y demás oportunidades procesales antes descritas, allegue nuevas pruebas o mejore l as aportadas en la vía administrativa, dado que el proceso ante la

11 Sentencia del 6 de agosto de 2015, Exp. 20130, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Criterio reiterado, entre otras, en las sentencias del 14 de junio de 2018, Exp. 21061, del 4 de octubre de 2018, Exp. 19778, del 25 de julio de 2019, Exp. 21683 y del 17 de febrero de 2022, Exp. 24604, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 24 de

de 2019, Exp. 21683 y del 17 de febrero de 2022, Exp. 24604, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 24 de febrero de 2022, Exp. 25328, C.P. Milton Chaves García y del 19 de mayo de 2022, Exp. 25124, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 12 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 4 abril de 2019 y 6 de agosto de 2015, exps. 22331 y 20130. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 13 de octubre de 2016, exp. 22165, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 21 de octubre de 2021, Exp. 25285, CP. Milton Chaves García.Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FALLO

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

jurisdicción contenciosa otorga a las partes libertad probatoria, pues la ley les concede el derecho a demostrar los hechos que constituyen sus afirmaciones.

En virtud del principio de l ibertad probatoria y de la carga de la prueba, en el proceso judicial, el contribuyente puede presentar nuevas pruebas en la vía judicial para hacer valer

derecho a demostrar los hechos que constituyen sus afirmaciones.

En virtud del principio de l ibertad probatoria y de la carga de la prueba, en el proceso judicial, el contribuyente puede presentar nuevas pruebas en la vía judicial para hacer valer su derecho, sin que exista impedimento para ello. Entender lo contrario, no solo desconocería el obje to de la jurisdicción sino la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instrumento del que gozan los administrados para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos”.

Con fundamento en lo anterior, la interposición de la demanda es uno de los momentos procesales para aportar y solicitar pruebas diferentes a las entregadas en la vía administrativa, por lo que el juez de primera instancia estaba facultado para apreciar las pruebas aportadas al expediente. E l cargo de apelación no prospera.

Gastos de viaje por alojamiento, manutención, los obsequios para terceros y pagos voluntarios a pensiones. Pagos no constitutivos de salario. Límite del 40% del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010

El a quo determinó que los pagos por los gastos de viaje por alojamiento y manutención, los obsequios para terceros reconocidos como gastos de publicidad, beneficios de financiación, premios y becas y aportes a los fondos institucionales y pagos voluntarios a pensiones, no son constitutivos de salario y ninguna de las partes discute su naturaleza, por lo que el objeto de este debate se centra en determinar si, a pesar de no ser remuneratorios, estos pagos deben hacer parte del IBC en el porcentaje que excede el 40% contemplado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 .

a pesar de no ser remuneratorios, estos pagos deben hacer parte del IBC en el porcentaje que excede el 40% contemplado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 .

En la sentencia SU 2021CE-SUJ-4-004 del 9 de diciembre de 2021, se unificó la jurisprudencia en torno a precisar qué factores son constitutivos de salario según los términos del Código Sustantivo del Trabajo y los que no lo son, de suerte que no hacen parte del IBC para liquidar los aportes al Sistema de la Protección Social. Al efecto, se consideró que “la naturaleza salarial de un pago no depende del acuerdo entre las partes, sino de si, por su esencia, constituye o no retribución del servicio prestado”.

La regla de unificación 1 de la sentencia SU 2021CE-SUJ-4-004 estableció que “ el IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los térm inos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador”.

En la regla número 2 de la sentencia de unificación, se estableció que “[e]n virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social» y se enfatizó que la consecuencia del referido acuerdo es que «para efectos de los aportes paraf iscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte que un pago no constituye salario, significa que no hará

de Seguridad Social» y se enfatizó que la consecuencia del referido acuerdo es que «para efectos de los aportes paraf iscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte que un pago no constituye salario, significa que no hará parte del ingreso base de cotización ” (negrita original).

Dicho de otra forma, se permite que factores que son salario y que regu larmente integrarían la base gravable, puedan excluirse de la misma, sin que cambie su naturaleza.

Lo referente al acuerdo en el que se decide excluir de la base gravable un pago salarial debe interpretarse en sintonía con el límite de pagos no salariales previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, según el cual, «para los efectos relacionados con los artículos 18 [subsistema de pensión] y 204 [subsistema de salud] de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración» .Radicado: 25000-23-37-000-2017-00134-01 (26461)

Demandante: Nalsani S.A.S.

FAL

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