CE - 250002337000201701418011SENTENCIASENTENCIA20230717104006

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: ECCI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: Escuela Colombiana de Carreras Industriales, ECCI

Demandada: SENA

Temas: Fondo de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) Aportes 2010 a 2014. Sujeción Pasiva. Responsabilidad solidaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte deman dante contra la sentencia del 18 de marzo de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió (índice 2 de Samai):

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución nro. 2164, del 28 de marzo de 2017, a través de la cual el (…) SENA determinó la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC a cargo de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales , ECCI,

de la cual el (…) SENA determinó la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC a cargo de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales , ECCI, por los años 2010 a 2014; y de la Resolución nro. 3272, del 26 del mayo de 2017, que confirmó el primer acto administrativo.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho , declarar que (…) ECCI está obligada a pagar por concepto de contribución FIC de los años 2010 a 2014, la suma equivalente a $106.099.856 (incluidos los intereses moratorios hasta la fecha de la liquidación oficial), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Tercero. En lo demás, negar las pretensiones de la demanda.

Cuarto. Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.

(…).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Resolución nro . 2164, del 28 de marzo de 2017, el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA) determinó a cargo de la demandante, el tributo destinado al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (en adelante FIC) por los per íodos 2010 a 201 4, en cuantía de $115.529.847, junto con los intereses moratorios causados. Tras recurrirse esta decisión mediante el recurso de reposición, la misma fue confirmada con la Resolución nro. 3272, del 26 de mayo de 2017 (índice 2 de Samai).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

reposición, la misma fue confirmada con la Resolución nro. 3272, del 26 de mayo de 2017 (índice 2 de Samai).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoRadicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: ECCI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (índice 2 de Samai):

A. Pretensiones declarativas

Primera. Que se declare nula la Resolución nro. 2164 de 2017, notificada el 7 de abril de 2017, en la que se determinó una deuda por valor de (…) $115.529.847, más los intereses de mora correspondientes.

Segunda: Que se declare nula la Resolución nro. 3272, notificada el 13 de junio de 2017, en la que se decidió confirmar en su totalidad la Resolución nro. 2164 y se puso fin al proceso administrativo de fiscalización.

B. Pretensiones de condena a título de restablecimiento del derecho

Primera. Que se conden e al (…) SENA a reintegrar a mi representada la suma (…) $158.534.460, suma que fue cancelada por mi representada el 11 de julio de 2017.

Segunda: Que se condene al (…) SENA a indexar la suma de dinero que sea ordenada devolver entre

suma que fue cancelada por mi representada el 11 de julio de 2017.

Segunda: Que se condene al (…) SENA a indexar la suma de dinero que sea ordenada devolver entre el 11 de julio de 2017 y hasta el momento en que la demanda realice el pago.

Tercera: Que se condene al (…) SENA al pago de los intereses moratorios sobre la suma ordenada a devolver e indexada, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el inciso 3 del artículo 192 del CPACA.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 13, 29 y 150 de la Constitución; 32 de la Ley 789 de 2002; 6.° del Decreto Ley 2375 de 1974; 7.° y 8.° del Decreto 083 de 1976; 3.° del Decreto 1047 de 1983, y 1.° del Decreto 2585 de 2003, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):

Se vulnera el derecho a la igualdad y al debido proceso, en la medida en que la demandada la calificó como sujeto pasivo del tributo debatido sin atender que este, recae exclusivamente en los empleadores del sector constructivo cuando contratan del personal de la construcción sin importar que sean contratistas de un tercero, lo cual no corresponde a su caso, por cuanto su actividad económica es la educación superior pues tiene la calidad de universidad. A esos efectos, señaló que las contribuciones parafiscales son gravámenes que afectan a un determinado sector en beneficio del propio sector lo cual no puede predicarse en su caso, de manera que tal como lo señaló Camacol, la obligación

calidad de universidad. A esos efectos, señaló que las contribuciones parafiscales son gravámenes que afectan a un determinado sector en beneficio del propio sector lo cual no puede predicarse en su caso, de manera que tal como lo señaló Camacol, la obligación de contribuir se deriva de la circunstancia de tener trabajadores de la construcción, por lo que no se enmarca en la sujeción pasiva de la contribución, y al pretenderse esto, se viola el debido proceso, ni mucho menos habría responsabilidad solidaria como contratante de la obra, pues esta solo se encuentra previsto respecto de salarios y prestaciones (artículo 34 del Código Sustantivo del Traba jo), y así lo ha concluido la jurisprudencia de esta Sección1 respecto de obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales como el debatido, pero de ninguna manera incluye las contribuciones parafiscales, hecho que, en su concepto, acepta la propia demandada.

Aduce que la actuación vulnera el principio de legalidad, pues el artículo 6 .º del Decreto 2375 de 1974 señala expresamente quienes son los sujetos obligados al pago de la contribución FIC, la cual es atribuible a los que se dediquen al sector de la construcción, de manera que carece de fundamento exigirle su pago, por el solo hecho de haber contratado a un tercero para que por su cuenta y riesgo levantara una edificación necesaria para el cumplimiento del objeto social de la universidad, simplemente por ser la dueña del inmueble, lo que confunde la demandada con la propiedad de la obra.

1 Sentencias del 15 de noviembre de 1991 (exp. 3122, CP: Jaime Abella Zárate) y del 19 de abril de 2012, (exp. 17585, CP: Willi am Giraldo Giraldo).Radicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: ECCI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 En línea con lo anterior, señaló que el artículo 6.° del Decreto 2375 de 1974, creó el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), que administraría el Sena, el cual estaba destinado al pago de las contribuciones salariales de los aprendices que recib ieran formación profesional en los oficios de la industria de la construcción, y en ese orden, los empleadores de es e sector, fueron exonerados de contratar aprendi ces, pues e l aporte parafiscal se realiza a través de la contribución económica al dicho fondo (un salario mínimo mensual por cada 40 trabajadores). Agregó que para dar claridad respecto de quienes pueden con siderarse como empleador del sector de la construcción, se profirió el Decreto 083 de 1976 definiendo en su artículo 7.º2 quienes son las personas dedicadas a la industria de la construcción, y a su turno, el artículo 4.º Del Decreto 2585 de 2003 definió empleadores dedicados a la construcción.

En tal contexto, anotó que i) no ha levantado ni erigido estructuras por su cuenta y riesgo, que la entidad demandada revisó ligeramente los contratos que señalan que son a todo

En tal contexto, anotó que i) no ha levantado ni erigido estructuras por su cuenta y riesgo, que la entidad demandada revisó ligeramente los contratos que señalan que son a todo costo; ii) que los contratos no implicaron construcción, sino actividades de mantenimiento y mejoras locativas; iii) la obligación de la contribución es del contratista, la normativa no grava al beneficiario de las obras. En esa misma línea, aclaró que ninguno de los contratos de obra qu e celebró durante los años 2010 a 2014 se ejecutaron bajo la modalidad de administración delegada, único evento en el cual el beneficiario de la obra sería sujet o pasivo del tributo en discusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° del Decreto 083 de 19763, situación que refuerza la tesis de que no está obligado al gravamen bajo estudio.

Por todo lo anterior, insistió en que se violaron los preceptos constitucionales indicados, la ley y las disposiciones reglamentarias (decretos 083 de 1976, 1047 de 1983 y 2585 de 2003), estas últimas porque aun si lo fuese (lo que no acepta) entonces no se le podrí a exigir al mismo tiempo la cuota de aprendices como ocurrió, toda vez que durante los periodos en disputa cumplió con tal obligación, lo que inclusive le fue fiscalizado . Al respecto, expuso que la demandada le expidió actos administrativos en los que le hizo exigible tal obligación y mediante la Resolución 1414, del 09 de marzo de 2017, la consideró parcialmente incumplida, de suerte que , a su entender, exigirle una doble prestación (i.e. cumplir con la cuota de aprendices y el pago al FIC) comportaría una doble

consideró parcialmente incumplida, de suerte que , a su entender, exigirle una doble prestación (i.e. cumplir con la cuota de aprendices y el pago al FIC) comportaría una doble sanción por los mismos hechos, máxime cuando el tributo destinado al FIC se da a cambio de contratar aprendices.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2 de Samai), para lo cual estimó improcedentes los cargos de violación de las garantías constitucionales y las normas legales invocadas, porque, según afirmó, los actos demandados observaron los principios de legalidad y debido proceso, y se fundaron en las normas procedentes . En ampliación de esto, señaló que son concurrentes las obligaciones de cuota de aprendices, que se satisface según el número de empleados, y del pago de la contribución destinada al FIC que surge por la actividad desarrollada de manera permanente u ocasional.

Sobre esto último, destacó que el artículo 7.° del Decreto 2375 de 1974 determinó que eran personas dedicadas a la construcción, entre otras, las naturales o jurídicas que de

2 Artículo 7. Entiéndese por personas dedicadas a la industria de la construcción para los efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación,

riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras. 3Artículo 8. Decreto 083 de 1976: «Serán responsables, ante el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del pago de los aportes de que trata este Artículo, el propietario de la obra en las construcciones por el sistema de administración delegada y los contratistas o constructores principales de la misma en los contratos a precio alzado o a precios unitarios fijos».Radicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: ECCI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 forma ocasional o permanente ejecuten algunas de las obras relacionadas en el norma citada o construcciones civiles, calidad que en su concepto no se pierde por el hecho de que se construya a través de terceros, como ocurrió en el sub lite, en el que la demandante subcontrató la realización de actividades de obra que eran de su propiedad , lo que determinó su sujeción pasiva a la contribución debatida y, en ese sentido, debió cumplir con la contribución, de la que pudo haberse eximido , si hubiera acreditado que los contratistas realizaron los pagos al FIC, lo cual no ocurrió , y por ello no puede sacar provecho de su propia culpa por no probar esto, al hilo de ello, arguyó que, la demandada, en diligencia de fiscalización (acta de visita del 22 de febrero de 2017) , procuró verificar

provecho de su propia culpa por no probar esto, al hilo de ello, arguyó que, la demandada, en diligencia de fiscalización (acta de visita del 22 de febrero de 2017) , procuró verificar los pagos al FIC a cargo de la actora o sus subcontratistas, lo cual no se logró por cuanto no se encontró soportes del pago del FIC por parte de la universidad o los contratistas.

Sentencia apelada

El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (índice 2 de Samai ). Luego de efectuar el recuento del marco normativo de la contribución FIC, y señar que la actora era una institución de educación superior (universidad), en cuyo objeto social no estaban contempladas las actividades de construcción de bienes propios o ajenos, advirtió que durante los años 2010 a 2014 la demandante suscribió contratos de obra y de prestación de servicios con terceros dedicados a la construcción y mejoramiento de instalaciones eléctricas y obras, señalando como allegados 11 contratos que identifica con su objeto y contratista , algunos de los cuales entiende enmarcados en obras civiles y reparación de inmuebles.

Seguidamente manifestó que, con base en la investigación de la demandada, la actora no entregó la totalidad de los contratos de obra pactados durante las vigencias estudiadas, por lo que la entidad efectuó el estudio conforme con los registros contables allegados por la analista de la actora, por lo que no hay certeza de las modalidades de los contratos (refiere todo costo, precio fijo o mano de obra), ni de la solidaridad de las prestaciones sociales y pago de parafiscales en aqu ellos contratos, ni tampoco de quien asumió las

(refiere todo costo, precio fijo o mano de obra), ni de la solidaridad de las prestaciones sociales y pago de parafiscales en aqu ellos contratos, ni tampoco de quien asumió las obligaciones respecto del pago de la contribución cuestionada.

A partir de lo anterior señaló que conforme a lo afirma do por la actora, el pago de la contribución FIC debió ser asumido por los contratistas principales o dueños de las labores, como lo prevé el artículo 8.° del Decreto 083 de 1976 ; sin embargo, cuando no se acreditara que el contratista hubiera pagado y no se h ubiera pactado en los contratos la obligación de éstos de asumir la contribución, la misma estaría a cargo de la contratante, aunque no hubiera ejecutado directamente la construcción, sino a través de terceros. Dijo que esto último no l a exoneraba de tal obligación, a menos que dem ostrara que el contratista pagó el aporte por los trabajadores subcontratados que laboraron en la construcción, lo que no ocurrió en el caso concreto.

Bajo tales premisas, verificó las cláusulas de los contratos aportados, dos para el año 2013 y tres para el año 2014, concluyendo que los sujetos responsables en el pago de la contribución eran los contratistas, en virtud de lo previsto en el artículo 8º del Decreto 083 de 1976, en tanto ejecutaron la obra con plena autonomía, fungiendo como empleadores, y además por ser contratos a todo costo con precios unitarios fijos, que comprendían todos los costos directos e indirectos, y reliquidó la contribución.

En relación con los años 2010, 2011 y 2012 señaló que si bien la actora aducía que los

los costos directos e indirectos, y reliquidó la contribución.

En relación con los años 2010, 2011 y 2012 señaló que si bien la actora aducía que los responsables de la contribución eran los contratistas, no había allegado prueba de los contratos donde se hubiere pactado que el riesgo de la obra seria asumido por losRadicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 contratistas y que, a su vez, estos estaba n obligados al pago y contratación del personal que trabajaría en las labores contratadas, obrando como verdaderos empleadores.

Por último, negó la devolución solicitada, por cuanto el debate no comprendía ninguna decisión administrativa respecto de la de volución del pago efectuado y el cálculo de los intereses moratorios liquidados por la entidad demandada y determinados por el tribunal, se efectuaron hasta la fecha de expedición del acto de determinación oficial, mas no hasta la fecha efectiva del pago, advirtiendo que la sociedad actora, con fundamento en la sentencia ejecutoriada, podr ía acudir ante la Administración para tramitar la solicitud de devolución que reclama.

Recurso de apelación

El extremo activo apeló la decisión del a quo (índice 2 de Samai). Puntualmente, censuró la conclusión del tribunal en la que determinó que era sujeto pasivo de la contribución FIC por el hecho de haber contratado la ejecución y adecuaci ón de algunos inmuebles requeridos para desarrollar su actividad educativa . En ese sentido, insistió en que los

la conclusión del tribunal en la que determinó que era sujeto pasivo de la contribución FIC por el hecho de haber contratado la ejecución y adecuaci ón de algunos inmuebles requeridos para desarrollar su actividad educativa . En ese sentido, insistió en que los únicos sujetos obligados al pago del tributo son las empresas del sector de la construcción. Señaló que resulta desatinado y sin fundamento que, se haya determinado solidaridad en el pago de la contribución FIC.

Argumentó que con la creación del FIC , con la Ley 2375 de 1974 , se exoneró a los empleadores del sector de la construcción , de la obligación de contratar aprendices, a cambio del aporte destinado al Fondo Nacional de Formación Profesional (FIC); y que para claridad, el artículo 7° del Decreto 083 de 1976 determinó quien podía considerarse como un empleador que pertenece al sector de la construcción. Con posterioridad, la Ley 789 de 2002, siguiendo los mismos parámetros, indicó que estaban obligados a contratar aprendices las empresas que realicen cualquier tipo de actividad económica, diferente de la construcción, lo cual fue reglamentado por el Decreto 2585 de 2003, para precisar que son empleadores dedicados a la actividad de la construcción, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero erigen o levantan estructuras inmuebles. De manera que erró el tribunal, al desconocer que no ostentaba la calidad de empleador de la actividad de construcción por el simple hecho de haber contratado a un tercero para realizar de manera independiente la construcción de algunos inmuebles , lo cual efectuó por no contar con el expertiz y para diversificar el riesgo; además, su actividad económica descrita en su objeto social no le habría permitido realizarlas, siendo

tercero para realizar de manera independiente la construcción de algunos inmuebles , lo cual efectuó por no contar con el expertiz y para diversificar el riesgo; además, su actividad económica descrita en su objeto social no le habría permitido realizarlas, siendo connatural que , quien hace las obras asuma todas las obligaciones, sin que pueda predicarse solidaridad.

Adujo que se cometía un gran error, al considerar que la universidad estaba obligada al pago del FIC por no haber demostrado que el contratista, que desarrolló las obras, la pagó, o como lo consider ó el a quo, que por el simple hecho de levantar o erigir edificaciones estaba obligada a cancelar el aporte, puesto que el hecho generador del FIC, es pertenecer a la industria de la construcción, por lo que no es correcto que el operador judicial entienda que quien esporádicamente construye, o realiza obras civiles para cumplir con su objeto social, es el obligado directo del pago del aporte, comoquiera que la ejecución de obras por parte de un tercero a cuenta y riesgo propio, no implica el surgimiento de la obligación a cargo del contratante que no pertenece a ese sector económico.

Seguidamente, sintetizó sus conclusiones en que: i) está demostrado que no ha levantado o erigido estructuras inmuebles por su cuenta y riesgo, a lo sumo corresponden a mantenimiento y mejoras locativas; ii) las obligaciones respecto de los empleados de la construcción no son del contratante, sino del contratista, esta es la implicación de que unRadicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: ECCI

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Demandante: ECCI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 contrato se ejecute “a todo costo”; iii) ninguno de los contratos celebrados durante los años 2010 a 2014 se ejecutaron bajo la modalidad de administración delegada, único evento en el cual el beneficiario de la obra sería sujeto pasivo del tributo en discusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° del Decreto 083 de 1976, lo que sustentó en las sentencias del 14 de noviembre de 1991, exp. 3122, CP: Jaime Abella Zárate, y del 24 de febrero de 1994, exp. 5129, CP: Consuelo Sarria Olcos ; iv) no le asiste responsabilidad directa ni solidaria en el pago de los aportes parafiscales FIC, pues el artículo 1568 del Código Civil, establece que este tipo de obligaciones solo surge ex lege, o por declaración expresa de las partes, lo que no sucede en el caso concreto; v) no existe fuente legal, que obligue a la actora , a responder por una obligación que única y exclusivamente compete al contratista de la industria de la construcción; sin embargo, el tribunal no hizo el más mínimo esfuerzo argumentativo sobre el particular. Si se asumiera, en gracia de discusión como fuente de la solidaridad el artículo 34 del CST, debe tenerse en cuenta que esto solo aplica respecto del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, no se hace mención alguna al pago de aportes parafiscales, entre ellos, el FIC.

Finalmente, señaló que cumplió con la contribución parafiscal, a través de la contratación

aplica respecto del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, no se hace mención alguna al pago de aportes parafiscales, entre ellos, el FIC.

Finalmente, señaló que cumplió con la contribución parafiscal, a través de la contratación de aprendices, de manera que no podía exigírsele al mismo tiempo e l pago de la contribución FIC, porque esto implicaría imponerle una doble carga parafiscal, lo cual no cuenta con sustento jurídico. En la misma línea, señaló que no entendía cómo el tribunal en consonancia con la demandada haya dejado de lado que el SENA verificó que mi representada no pertenece al ramo de la construcción, y que además cumplió con la contratación de aprendices, por lo que inclusive ha tenido procesos de fiscalización por cuota de aprendices frente a los mismos periodos que dieron lugar al pago de la contribución parafiscal FIC.

No planteó reparos contra la decisión que negó la devolución pretendida, aunque sí la puso de presente cuando solicitó revocar la sentencia y restablecer su derecho.

Pronunciamientos finales

La actora presentó escrito refiriéndose a su propio recurso (índice 9 de Samai), el cual no será considerado, por cuanto esta etapa está reservada para que la contraparte se pronuncie sobre el recurso interpuesto (ordinal 4º artículo 247 CPACA).

Por su parte, la demandada presentó su escrito extemporáneamente (índice 13 de Samai) y el ministerio público guardó silencio (índice 14 de Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos formulados por

y el ministerio público guardó silencio (índice 14 de Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos formulados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Así, corresponde establecer si la actora era responsable de los aportes al FIC por los contratos de obras civiles y de adecuación de la infraestructura de algunos de sus inmuebles, que suscribió entre el 2010 y el 2014 en calidad de contratante, por no haber demostrado el pago de la contribución por parte de los contratistas.

2Aduce el apelante que las obligaciones respecto de los empleados de la construcción no son del contratante, sino del contratista y que n inguno de los contratos celebr ados durante los años 2010 a 2014 se ejecutaron bajo la modalidad de administración delegada, único evento en el cual el beneficiario de la obra sería sujeto pasivo del tributo enRadicado: 25000-23-37-000-2017-01418-01 (26153)

Demandante: ECCI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 discusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° del Decreto 083 de 1976 . En línea con esto, señala que no le asiste responsabilidad directa ni solidaria en el pago de los aportes parafiscales FIC, pues el artículo 1568 del Código Civil, establece que este tipo de obligaciones solo surge ex lege, o por declaración expresa de la s partes, lo que no

aportes parafiscales FIC, pues el artículo 1568 del Código Civil, establece que este tipo de obligaciones solo surge ex lege, o por declaración expresa de la s partes, lo que no sucede en el caso concreto, en tanto no existe fuente legal que obligue al contratante a responder por una obligación que única y exclusivamente compete al contratista de la industria de la construcción , cuyo incumplimiento no daría lug ar a exigirle el pago del tributo.

Igualmente cuestionó que no podía conminársele al pago de la contribución parafiscal, y a la cuota de aprendices, porque esto implicaría imponerle una doble carga impositiva, sin sustento jurídico alguno.

En el otro extremo, su contraparte tanto en los actos acusados como en la contestación aseguró que la actora estaba obligada al pago de la contribución FIC, toda vez que, contrató con terceros la realización de actividades de construcción sobre bienes inmuebles de su propiedad, así que era la propietaria de las obras y por tanto, responsable del pago del tributo, pues no acreditó que los contratistas hubieren satisfecho la aludida obligación tributaria a fin de eximirla de esto. Igualmente, señaló que las obligaciones de cuotas de aprendices y la relativa al aporte con destino al FIC, podían coexistir, pues la primera atendía el número de trabajadores, mientras que la segunda, se derivada del desarrollo de la actividad de construcción.

Por su parte, el a quo consideró que, como lo señaló la actora, el pago de la contribución FIC debió ser asumido por los contratistas principales o dueños de las labores, como lo prevé el artículo 8.° del Decreto 083 de 1976; sin embargo, cuando no se acredite que el

FIC debió ser asumido por los contratistas principales o dueños de las labores, como lo prevé el artículo 8.° del Decreto 083 de 1976; sin embargo, cuando no se acredite que el contratista la pagó, y no se haya pactado en los contratos la obligación para éstos de asumir la contribución, la misma estaría a cargo de la contratante, aunque no la hubiera ejecutado directamente, sino a través de terceros. Dijo que esto último no l a exoneraba de tal obligación, a menos que dem ostrara que el contratista pagó el aporte por los trabajadores subcontratados que laboraron en la construcción, lo que no ocurrió en el caso concreto. Bajo esta premisa, verificó las cláusulas de los contratos aportados, por los años 2013 y, 2014, concluyendo que los responsables de la contribución eran los contratistas, en virtud de lo previsto en el artículo 8º del Decreto 083 de 1976, porque ejecutaron la obra con plena autonomía, fungiendo como empleadores, y además porque eran contratos a todo costo con precios unitarios fijos, que comprendían todos los costos directos e indirectos, y reliquidó la contribución.

En relación con los años 2010, 2011 y 2012 mantuvo la obligación a cargo de la actora, por no haber allegado prueba de los contratos donde se hubiere pactado que el riesgo de la obra ser ía asumido por los contratistas y que estos estaban obligados al pago y contratación del personal, obrando como verdaderos empleadores.

3Contextualizada la situación debatida, se advierte que esta judicatura ha fijado un criterio de decisión en relación con los elementos que determinan la sujeción pasiva de la

contratación del personal, obrando como verdaderos empleadores.

3Contextualizada la situación debatida, se advierte que esta judicatura ha fijado un criterio de decisión en relación con los elementos que determinan la sujeción pasiva de la contribución al FIC, y con la responsabilidad solidaria del tributo, en las sentencias del 03 de julio de 2020, (exp. 23532, CP: Milton Chaves García), del 11 y 18 de marzo de 2021, (exps. 25299 y 24600, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 22 de julio de 2021, (exp. 25301, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y del 01 de junio de 2023 (exp. 25858, CP: Wilson Ramos Girón), precedentes que se reiterarán en lo pertinente, para definir el asunto sometido a análisis.

4Partirá la Sal