CE - 250002337000201701626011SENTENCIA20220311155302

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

Demandante: FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

Demandante: FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE CHÍA

Temas: Impuesto predial 201 6. Base gravable . Predio urbanizado no edificado. Límite del impuesto predial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió:

«PRIMERO. Se NIEGAN las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin costas.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes a los correos electrónicos suministrados:

[…]

«PRIMERO. Se NIEGAN las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin costas.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes a los correos electrónicos suministrados:

[…]

CUARTO: SE INFORMA a las partes que los recursos, solicitudes de aclaración o complementación frente a la presente providenci a deberán remitirse en el término respectivo mediante memorial digital, con copia a todos los corr eos indicados en el ordinal anterior y al dispuesto por esta Sección para la rec epción de memoriales digitales […], de manera conjunta.

QUINTO: En firme est a providencia, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen y del remanente de gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. Déjense las constancias y anotaciones de rigor»1.

ANTECEDENTES

El 27 de junio de 2013, Fiduciaria Colpatria S.A, actuando como vocera del Patrimonio Autónomo FC - Hospital Universitario Clínica San Rafael y con fundamento en los artículos 141 y siguientes de la Resolución nro. 070 de 2011 del

1 Fl. 299 c.p. 1. CD páginas 17 y 18 de la sentencia.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

Demandante: FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

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Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante, IGAC), le solicitó a esa entidad la aprobación de la autoestimación del avalúo catastral del predio ubicado en A Pradilla D 13 3A E 347K 3E del municipio de Chía, teniendo en cuenta la valorización natural que este ha obtenido, estimando el nuevo avalúo en la suma de $74.370.418.2752.

El 29 de noviembre de 2013, el IGAC expidió la Resolución nro . 25-175-0665-2013, aceptando la solicitud de autoestimación del citado predio por valor de $74.312.179.000. Esa autoestimación se incorporó al ca tastro el 31 de diciembre de 2013, con vigencia fiscal 01-01-20143.

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Chía expidió la Factura nro. 2016346016 por la suma de $ 1.186.393.932, que corresponde a la liquidación del impuesto predial del año gravable 2 016, del predio ubicado en la A Pradilla D 13 3A E 347K 3E de ese municipio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el avaluó ascendía a $76.541.544.000, que tenía un área construida de 12.207 metros y que la tarifa aplicable era del 15.50 por mil 4. En esa fa ctura se incluyó la suma de $ 54.239.256 por concepto de CorpoRegional, lo que arroja un total de $1.240.633.188.

aplicable era del 15.50 por mil 4. En esa fa ctura se incluyó la suma de $ 54.239.256 por concepto de CorpoRegional, lo que arroja un total de $1.240.633.188.

El 10 de a gosto de 201 6, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra la anterior factura5.

Mediante la Resolución nro. 1896 del 7 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chía resolvi ó el recurso de reconsideración en el sentido de no reconsiderar la liquidación del impuesto predial unificado y complementarios de la factura nro. 20163460166.

DEMANDA

FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA.- Se declar e la nulidad de l acto de liquidación del impuesto predial del año gravable 2016, contenido en la factura No. 201 6346016 o cualquier acto que la reemplace, correspondiente a la liquidación del impuesto predial año gravable 201 6 sobre el predio ubicado en la A. Pradilla D 13 3A E 347K del municipio de Chía – Cundinamarca, identificado con la cédula catastral No. 00 -00-0007-2569-000, por medio de la cual se liquidó y cobró la suma total de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.240’633.188,oo) a pagar sin descuentos

suma total de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.240’633.188,oo) a pagar sin descuentos para el día 31 de Julio de 2016.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1 896 de 07 de Junio de 201 7, proferida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chía, por me dio de la cual se decide el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación contenida en la misma factura y se confirma la liquidación del impuesto predial unificado vigencia 2016, según la misma factura.

2 Fls. 68 a 111 c.p. 1. 3 Fls. 112 a 116 c.p. 1. 4 Fl. 18 c.p. 5 Fls. 27 a 34 c.p.1. 6 Fls. 20 a 26 vto. c.p.1.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

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TERCERA.- Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar el mismo impuesto predial, aplicando el “tope” a que hace referencia el inciso primero del art. 6º de la ley 44 de 1990, declarándose en consecuencia que la actora tan solo debe pagar la suma de SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS

referencia el inciso primero del art. 6º de la ley 44 de 1990, declarándose en consecuencia que la actora tan solo debe pagar la suma de SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M CTE ($608’683.776,oo) suma que equivale al doble del monto del impuesto que le correspondía pagar para el año 2015.

CUARTA.- Que en el event o en que la sociedad se vea precisada a cancelar el monto establecido en la factura, se condene a la parte demandada a restituir al actor, el valor pagado en exceso, junto son los intereses previstos en el art . 863 del Estatuto Tributario Nacional, liquidados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha en que se verifique la devolución»7.

La demandante invocó como normas violadas las siguientes:

• Artículos 13, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución Política • Artículo 6 de la Ley 44 de 1990 • Artículo 5 de la Ley 14 de 1983 • Artículo 4 del Decreto 2388 de 1991 • Artículo 175 del Decreto 1333 de 1986 • Artículo 25 del Acuerdo 52 de 2013 del Concejo Municipal de Chía • Artículos 97 y 141 [parágrafo] de la Resolución nro. 070 de 2011 del IGAC

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Señaló que la Secretaría de Hacienda de Chía al expedir la factura de cobro del impuesto predial por el año gravable 201 6, no tuvo en cuenta el límite previsto en el

Señaló que la Secretaría de Hacienda de Chía al expedir la factura de cobro del impuesto predial por el año gravable 201 6, no tuvo en cuenta el límite previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, conforme con el cual, el tributo, por dicha vigencia, no podía exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior.

Manifestó que el predio fue objeto de un incremento en su avalúo catastral o base gravable, el cual pasó de $4.519.938.000.oo para el año gravable 2013 a $74.312.179.000.oo para los años gravables 2014 y 2015, y para el año gravable 2016 a $76.541.544.000.oo.

Advirtió que la a dministración municipal desconoció el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, al señalar que una cosa es la facultad que tiene el propietario del inmueble de estimar el avalúo catastral y otra la obligación del municipio de formar y actualizar los catastros por periodos de cada cinco (5) años, para concluir que el derecho al tope o doble de lo liquidado en el año inmediatamente anterior sol o aplica cuando el catastro es el que actualiza el avalúo o base gravable dentro del proceso de formación y actualización catastral. Interpretación que viola además l os derechos de equidad e igualdad.

Afirmó que la excepción a la citada limitante, relacionada con los predios urbanizables no urbanizados, o urbanizados, o para los lotes no construidos no edificados, no aplica al caso concreto, porque la autoestimación del avalúo catastral

Afirmó que la excepción a la citada limitante, relacionada con los predios urbanizables no urbanizados, o urbanizados, o para los lotes no construidos no edificados, no aplica al caso concreto, porque la autoestimación del avalúo catastral solicitada en junio de 2013 no se debió a ninguna mutación o cambio en el inmueble, como tampoco se originó por el registro de nueva construcción. Esta obedeció al

7 Fl. 2 c.p.1.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

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ejercicio del derecho de actualizar el valor catastral del predio, debido a que se presentó un ajuste al alza, por cambios normales en la valorización de la zona.

Puso de presente que mediante la Resolución nro. 25-175-0665 del 29 de noviembre de 2013 del IGAC, se fijó el nuevo avalúo para el predio en la suma de $74.312.179.000.oo con vigencia fiscal para el año 2014, en la que se actualiza el registro y avalúo catastral, consecuencia directa de las condiciones locales del mercado inmobiliario, como lo prevén los artículos 175 del Decreto 1333 de 1986 y 5 de la Ley 14 de 1983.

Por lo expuesto concluyó que la inter pretación del municipio es equivocada al considerar que el límite o tope al impuesto predial solo puede ser aplicado cuando la

de la Ley 14 de 1983.

Por lo expuesto concluyó que la inter pretación del municipio es equivocada al considerar que el límite o tope al impuesto predial solo puede ser aplicado cuando la autoridad catastral de oficio actualice sus archivos, registros y avalúos catastrales que hacen parte de la conservación catastral.

OPOSICIÓN

El municipio de Chía se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente8:

Expuso que en este caso aplica la excepción al límite del impuesto predial, prevista en el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 44 de 19 90 y en el artículo 25 del Acuerdo 52 de 2013, toda vez que para la vigencia 2016 el predio estaba clasificado como urbanizado no edificado, conforme con lo establecido en l os artículos 21 y 22 del Acuerdo Municipal 52 de 2013.

Advirtió que, en el año 2013 se efectuó la autoestimación del predio, la que no hace parte del proceso de formación y actualizació n catastral adelantada por el IG AC, en cuanto a su deber legal de cada cinco (5) años.

Sostuvo que el impuesto predial unificado por la vigencia 2016, del predio de la demandante, se liquidó de acuerdo al avalúo catastral obtenido mediante la autoestimación adelantada de manera libre y voluntaria por esta, con una tarifa del 15.5 por mil consagrada en el Acuerdo 087 de 2015.

Indicó que la base gravabl e tomada por el municipio se ajustó a la normativa tributaria, atendiendo la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación.

Manifestó que no se violaron los principios de equidad e igualdad, porque con la

Indicó que la base gravabl e tomada por el municipio se ajustó a la normativa tributaria, atendiendo la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación.

Manifestó que no se violaron los principios de equidad e igualdad, porque con la expedición de los actos demandados el ente territorial aplicó las normas establecidas para el cobro del impuesto predial , respetando la Constitución Política, las leyes y los decretos.

Afirmó que si de lo que se trata es de aumentar voluntaria y conscientemente la base imponible del impuesto predial, no es razonable que se pretenda el pago de un menor impuesto, acudiendo al artículo 6 de la Ley 44 de 1990.

8 Fls. 142 a 152 c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

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Finalmente, dijo que la demandante no ha pagado el valor de la factura objeto de demanda, por lo tanto , no es viable solicitarle al mun icipio de Chía el reintegro o la restitución de valor alguno.

AUDIENCIA INICIAL

El 2 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 9. En dicha diligencia se precisó que no se advirtieron irregularidades procesales, nulidades, excepciones o medidas cautelares que debieran ser declaradas.

180 de la Ley 1437 de 2011 9. En dicha diligencia se precisó que no se advirtieron irregularidades procesales, nulidades, excepciones o medidas cautelares que debieran ser declaradas.

La fijación del litigio se concretó en los siguientes problemas jurídicos : «1. ¿La Secretaría de Hacienda de Chía desconoció las normas que regulan el impue sto predial al liquidar y expedir la factura de cobro del impuesto predial para la vigencia del año gravable 2016 y omitir la aplicación del tope previsto en la ley y si con ello se desconoció el límite al impuesto predial, como resultante del nuevo avalúo , el cual no podía exceder del doble del monto que le correspondía pagar por el mismo concepto para el año inmediatamente anterior? 2. ¿Los actos administrativos demandados vulneran el artículo 97 y el parágrafo de la Resolución 70 de 2011, por medio de la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral? 3. ¿Los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación? y 4. ¿La entidad demandada desconoció los artículos 13, 95 y 363 Constitucionales?

En esa misma diligencia se ordenó tener como pruebas las aportadas con la demanda y el escrito de contestación a la misma , junto con los antecedentes administrativos. Finalmente, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”,

al Ministerio Público para que emitiera concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, mediante la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en lo siguiente:10

Luego de reseñar el marco normativo del impuesto predial, consideró que el artículo 6 de la Ley 44 de 1990 no tiene aplicación en el periodo gravable 2016, toda vez que la demandante pretende extender los efectos de la autoe stimación realizada en el año 2013 de manera consecutiva para los siguientes periodos, lo que no atiende la lógica hermenéutica.

Aclaró que el tope para la liquidación del impuesto predial solo es aplicable de manera oblig atoria para el sujeto activo del tributo cuando el predio del que se pretenda establecer la obligación haya sido objeto de un nuevo avalúo catastral emanado del IGAC que afecte el periodo objeto de discusión, pero como se evidenció, en este caso se profirió para el «2015» sin que surtiera efectos para el 2016, luego no existe un parámetro oficial nuevo que denote la variación del avalúo.

9 Fls. 240 a 252 c.p.1. 10 Fl 299 c.p. CD páginas 1 a 18.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

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Reiteró lo expuesto por la Subsección respecto a la autoestimación catastral (sentencia del 21 de marzo de 2019, Exp. 201 6-1917-00 M.P. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda).

Aseguró que el IGAC le informó a la contribuyente que su autoavalúo se constituiría hacia adelante, de manera que el avalúo oficial sería objeto de incremento ordinario anual, que se realiza pa ra todos los predios en el país. Lu ego, la sociedad conocía que a posteriori se iba a ver afectada su obligación fiscal, teniendo en cuenta que el avalúo que obtuvo aprobación sería la base gravable para la determinación del impuesto predial.

Sostuvo que , si e l propio contribuyente en forma libre confiesa su capacidad contributiva, al solicitar un incremento de la autoestimación, la li mitante no puede aplicarse pues de ser así se avalaría un desfase que afecta el principio de proporcionalidad tributaria. Por lo expuesto, concluyó que los cargos de anulación no tienen vocación de prosperidad.

Finalmente, no condenó en costas a la parte vencida por cuanto no está demostrada sumariamente su causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demanda nte inconforme con l a decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente11:

Expuso que el tribunal desconoce y viola el dere cho a la igualdad, porque la

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demanda nte inconforme con l a decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente11:

Expuso que el tribunal desconoce y viola el dere cho a la igualdad, porque la autoestimación aprobada por el IGAC hace parte del proceso de actualización catastral definido en la Ley 14 de 1983, independientemente que se hubiere realizado de oficio o por solicitud del contribuyente.

Advirtió que el a quo debió interpretar el artículo 6 de la Ley 44 de 1990 en los términos del artículo 27 del Código Civil, y no cr ear una excepción a la aplicación general de la misma, al considerar que la limitación o tope no aplica para los predios que se incorporen por primera vez, ni para terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, como tampoco para terrenos que figuraban como no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción realizada. Destacó que en dicha norma no hay excepción alguna que indique que la limitante no procede para las actualizaciones provenientes de la autoestimación del propietario.

Afirmó que ninguna excepción aplica al presente caso, da do que la solicitud de autoavalúo se dio por los cambios normales de valorización de la zona y no es dable al juez crear nuevas excepciones.

Destacó que se desconoció el parágrafo 1 del art ículo 25 del Acuerdo 52 de 2013, el cual prevé que el tope o descuento se aplicará hasta el periodo gravable en el cual el impuesto sea igual al monto que se obtendrá con la liquidación ordinaria.

cual prevé que el tope o descuento se aplicará hasta el periodo gravable en el cual el impuesto sea igual al monto que se obtendrá con la liquidación ordinaria.

11 Fls. 302 a 305 c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

Demandante: FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

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Comoquiera que en el presente caso la actualización se real izó para el año gravable 2014, dicho tope se liquida por tres años consecutivos, es decir, 2014, 2015 y 2016.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante 12 reiteró los argumentos de la apelación. Agregó que el Consejo de Estado en procesos entre las mis mas partes y por concepto del impuesto predial de los años gravables 2014 y 2015 respecto del mismo predio , declaró la nulidad de las facturas demandada s y a t ítulo de restablecimiento del derecho ordenó al municipio reliquidar el impuesto predial para los citados periodos, en cuantía equivalente al doble del tributo determinado en el año anterior, por lo que solicitó que se aplique el precedente jurisprudencial.

El municipio demandado13 insistió en lo expuesto en la contestación a la demanda. Además, sostuvo que no se vulneró el límite de cuantificación del tributo previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, porque el impuesto determinado por la

El municipio demandado13 insistió en lo expuesto en la contestación a la demanda. Además, sostuvo que no se vulneró el límite de cuantificación del tributo previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, porque el impuesto determinado por la Administración en la liquidación oficial del año inmediatamente anterior (2015) ascendió a $1.240.633.188, sin que sea posible extender los efectos de la liquidación del impuesto predial del año 2013 al periodo 2016.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Le corresponde a la Sala decidir sob re la legalidad de la Factura nro. 2016346016, expedida por la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Chía, por medio de la cual se liquidó el impuesto predial del año 201 6, correspondiente al inmueble ubicado en la A. Pradilla D 13 3 A E 3 47 K 3E, y de la Resolución nro. 1896 del 7 de junio de 2017, por la que la citada entidad decidió el recurso de reconsideración.

En los términos del recurso de apelación se debe establecer si en el caso concreto aplica la limitación del impuesto predial consagrada en los artículos 6 de la Ley 44 de 1990 y 25 del Acuerdo 52 de 2013.

Base gravable del impuesto predial en el municipio de Chía, Cundinamarca. Límite del impuesto predial. Reiteración14

El artículo 3 de la Ley 44 de 1990 15 dispone que la base gravable del impuesto predial un ificado será el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca la

Límite del impuesto predial. Reiteración14

El artículo 3 de la Ley 44 de 1990 15 dispone que la base gravable del impuesto predial un ificado será el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado.

12 Índice 18 de Samai. 13 Índice 19 de Samai. 14 Sentencia del 5 de noviembre de 2020, Exp. 23014, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en la sentencia del 25 de febrero 2021, Exp. 23261, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. En ambas, d emandante: Servitrust GNB Sudameris S.A. y demandado: municipio de Chía, impuesto predial 2014 y 2015, respectivamente. 15 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

Demandante: FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

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La Resolución nro. 070 de 201116 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reglamentó técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación y la conservación catastral, normativa dentro de la cual se definió el avalúo catastral como la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y

reglamentó técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación y la conservación catastral, normativa dentro de la cual se definió el avalúo catastral como la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario17.

Sobre la vigencia de los avalúos catastrales, los artículos 8 de la Ley 14 de 1983 18, 178 del Decreto 1333 de 1986 19 y 19 de la Resolución nro. 2555 de 1988 del IGAC20, señalan que los establecidos de conformidad con los procesos de formación, actualización o conservación catastral, entrarán en vigencia «el 1 de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados».

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha señalado que «[…] todo cambio o mutación que sufra el predio en el periodo fiscal, aplica para la declaración del año subsiguiente». «Que los efectos fiscales de los avalúos catastrales apliquen a partir del 1 de enero del año siguiente al que fueron ejecutados, no es un asunto aislado, porque esta previsión guarda coherencia con el momento de caus ación del impuesto predial unificado , […]. Por esto es importante que la administración verifique el avalúo catastral vigente para el primero de enero de cada año fiscal»21 [Subrayas fuera de texto].

Y que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5º de la Ley 14 de 1983 y 175 del Decreto 1333 de 1986, la formación o actualización catastral se debe realizar en el curso de periodos de 5 años. Sin embargo, «entre una actualización catastral y otra, habrá lugar a conservaciones catastrales con las que se manti ene al día los documentos

Decreto 1333 de 1986, la formación o actualización catastral se debe realizar en el curso de periodos de 5 años. Sin embargo, «entre una actualización catastral y otra, habrá lugar a conservaciones catastrales con las que se manti ene al día los documentos catastrales, acorde con los cambios que se advierten en un bien inmueble en dicho intervalo»22.

Como lo precisó la Sala y se reitera en esta oportunidad 23, uno de los procedimientos que puede activar la renovación de la información que se incluye en la ficha catastral de un inmueble es el relativo a la autoestimación de los avalúos catastrales, conforme a los artículos 141 24 y siguientes de la Resolución 070 de

16 Modificada por la Resolución 1055 de 2012. 17 Artículo 8°. Avalúo Catastral . El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catast ral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos. 18 Artículo 8º.- Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7 entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados. 19 Artículo 178 Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 174, 175,176 y 177 de este Decreto entrarán en vigencia el 1o. de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados.

19 Artículo 178 Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 174, 175,176 y 177 de este Decreto entrarán en vigencia el 1o. de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados. 20 Artículo 43. Vigencia Fiscal. Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 14 de 1983, entrarán en vigencia el 1° de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados. Las autoridades catastrales ordenarán por resolución la vigencia de los avalúos resultantes de los procesos de formación y de actualización de la formación y de los cambios individuales debidamente ajustados que sobrevengan en la conservación catastral. (…) 21 Sentencia del 10 de abril de 2019, Exp. 22637, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez , reiterada en sentencia del 19 de septiembre de 2019, Exp. 21831, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 22 ibídem. 23 Sentencia del 25 de febrero de 2021, Exp. 23261, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 24 Artículo 141. Autoestimación del avalúo catastral. Es el derecho que tiene el propietario o poseedor de predios o mejoras, de presentar antes del 30 de junio de cada año ante la correspondiente autoridad catastral, la autoestimación del avalúo catastral. En los municipios donde no hubiere oficina de catastro, su presentación se hará ante el Tesorero Municipal. Dicha autoestimación no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente y se incorporará al catastro con fecha 31 de diciembre del

catastral. En los municipios donde no hubiere oficina de catastro, su presentación se hará ante el Tesorero Municipal. Dicha autoestimación no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente y se incorporará al catastro con fecha 31 de diciembre del año en el cual se haya efectuado, si la autoridad catastral la encuentra justificada por mutac iones físicas, valorización, o cambios de uso. Parágrafo. La autoestimación definida en el presente capítulo se refiere a las disposiciones contenidas en la Ley 14 de 1983 y difiere de la declaración de autoestimación de que trata la legislación sobre el impuesto predial unificado.Radicado: 25000-23-37-000-2017-01626-01 [25818]

Demandante: FIDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2011, en concordancia con el artículo 183 del Decreto Ley 1333 de 1986 25 (que codifica la Ley 14 de 1983).

A solicitud de parte el propietario o poseedor podrá autoestimar el avalúo de su predio o de las mejoras, antes del 30 de junio de cada anualidad, sin que tal estimación pueda ser inferior al avalúo vigente, de tal suerte que este tipo de procedimiento esencialmente es para incrementar el avalúo formado por la respectiva autoridad catastral y no para disminuirlo.

Con miras a que la autoridad catastral acepte esa autoestimación del avalúo, el solicitante deberá soportar tal cuantificación en pruebas que corroboren e l valor real

respectiva autoridad catastral y no para disminuirlo.

Con miras a que la autoridad catastral acepte esa autoestimación del avalúo, el solicitante deberá soportar tal cuantificación en pruebas que corroboren e l valor real del inmueble, así como la sustentación de los cambios físicos, de valorización o de cambios de uso que haya sufrido y que se proyecte como un aumen to en el avalúo [art. 144 Resolución 070 de 2011].

Cumplido el trámite y tras la revisión pertinente, la autoridad podrá aceptar esa autoestimación, la