CE - 250002337000201800256011SENTENCIASENTENCIA20230803183858

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

Demandante ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN Temas: Impuesto a la renta. Año 2013. Principio de correspondencia. Derecho a solicitar y contradecir pruebas. Sanción por inexactitud. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió: «PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: NOTÍFIQUESE a las partes a los correos electrónicos suministrados: (…)».

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, Alpina) suscribió el Contrato de

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, Alpina) suscribió el Contrato de Estabilidad Jurídica E-J001 del 24 de enero de 2006, en el que estabilizó, entre otras normas, el artículo 158-3 del Estatuto Tributario sobre la deducción de inversiones en activos fijos reales productivos. El 22 de abril de 20 14, Alpina presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013, liquidando un saldo a favor de $ 17.895.014.000. El 15 de mayo de 2014, la sociedad solicitó la devolución del saldo a favor , petición que fue concedida por la DIAN a través de la Resolución de Devolución y/o Compensación 6282-0370 del 11 de junio de 2014. El 28 de abril de 2016, Alpina presentó declaración de corrección del impuesto a la renta del año gravable 2013 1, en la que registró una deducción por inversión en activos fijos reales productivos por valor de $5.375. 524.000, una sanción de corrección de $10.106.000 y un total saldo a favor de $17.783.852.000. Previo requerimiento especial del 10 de mayo de 201 62 y su correspondiente respuesta presentada el 5 de agosto de 2016, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 31 2412017000004 del 30 de enero de 2017 3, mediante la cual rechazó la totalidad de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos.

1 Fls. 13 y 1172 de los antecedentes administrativos. 2 Fls. 118 a 141 del cuaderno principal.

rechazó la totalidad de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos.

1 Fls. 13 y 1172 de los antecedentes administrativos. 2 Fls. 118 a 141 del cuaderno principal. 3 Fls. 43 a 86 del cuaderno principal.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Esta modificación, derivó en un aumento del impuesto sobre la renta a cargo de $1.343.882.000 (de $15.722.087.000 a $17.065.969.000) , la imposición de una sanción por inexactitud de $2.150.210.400 y en la disminución del total saldo a favor en $3.494.092.000, fijándose en $14.289.760.000. El 15 de marzo de 2017, la sociedad actora presentó recurso de reconsideración en contra del acto de determinación oficial4, el cual fue resuelto por la DIAN mediante la Resolución Nro. 000593 del 24 de enero de 2018 5, en el sentido de mantener el rechazo de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos y modificar el valor de la sanción por inexactitud a $1.343.881.5006, en aplicación del principio de favorabilidad, lo cual resultó e n la determinación de un total saldo a favor de $15.096.088.000. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto

de favorabilidad, lo cual resultó e n la determinación de un total saldo a favor de $15.096.088.000. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: «1. PRIMERA: Que se declare la NULIDAD TOTAL de la Liquidación Oficial de Revisión No.312412017000004 de enero 30 de 2017, por la cual la entidad demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2013, presentada por ALPINA.

2. SEGUNDA. Que se declare la NULIDAD TOTAL de la Resolución No.000593 de enero 24 de 2018, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por ALPINA.

3. TERCERA. Como consecuencia de las nulidades anteriores se RESTABLEZCA EL

DERECHO de ALPINA, en los siguientes términos: a. Se CONFIRME la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2013 presentada por ALPINA con formulario No.1104606192945 y autoadhesivo No.91000353513164, contenida en la corrección presentada el 28 de abril de 2016, en la cual se registra un saldo a favor de $17.783.852.000 (Prueba 06). b. Se DECLARE que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto sobre la renta a cargo de ALPINA por el año gravable 2013, ni a sanción por inexactitud, y que por lo tanto mi poderdante no debe pagar suma alguna por estos conceptos,

b. Se DECLARE que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto sobre la renta a cargo de ALPINA por el año gravable 2013, ni a sanción por inexactitud, y que por lo tanto mi poderdante no debe pagar suma alguna por estos conceptos, como tampoco por intereses moratorios». (Énfasis del texto original). Invocó como normas violadas los a rtículos 29, 31 , 83 y 95 (numeral 9) de la Constitución Política; 647, 711, 712 (literal g.) y 742 del Estatuto Tributario y 3 (numerales 1 y 7), 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Los cargos de nulidad expuestos por la parte demandante en el concepto de violación de la demanda se resumen así8:

4 Fls. 189 a 232 del cuaderno principal. 5 Fls. 85 a 110 del cuaderno principal. 6 Sumado a la sanción autoliquidada por el contribuyente de $10.106.000, el renglón de sanción quedó en $1.353.988.000 7 Fl. 4 del cuaderno principal. 8 Fls.12 a 23 del cuaderno principal.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

1. Violación de los derechos de defensa y contradicción, de confianza legítima y del principio de justicia tributaria, así como falta de aplicación

www.consejodeestado.gov.co 3

1. Violación de los derechos de defensa y contradicción, de confianza legítima y del principio de justicia tributaria, así como falta de aplicación del artículo 742 del Estatuto Tributario.

Sostuvo que, desde la etapa de fiscalización, así como en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión, la DIAN centró su cuestionamiento en una motivación carente de legalidad, esto es , que la deducción especial prevista en el artículo 158 -3 del Estatuto Tribut ario era aplicable únicamente al monto de la inversión pactada en las cláusulas segunda y tercera del Contrato de Estab ilidad Jurídica Nro. EJ-001 de 2006, en lugar de extenderse a la totalidad de la actividad económica de Alpina. Así la s cosas, dijo que, con fundamento en los hechos y pruebas que se encontraban en el expediente, según lo exige el artículo 742 del Estatuto Tributario, demostró que la deducción especial sí cubría la totalidad de su actividad económica, de manera que la motivación incluida en los actos acusados no se ajustaba a derecho. Indicó que la misma DIAN, en la resolución del recurso de reconsideración, acogió lo argumentado en la respuesta al requerimiento especial respecto a que la garantía de estabilidad se extendía a toda la actividad económica de la actora. De manera que la demandada debió haber revocado la liquidación oficial por estar viciada de nulidad por falsa motivación. Resaltó que, en todo caso, la Administración Tributaria trató de subsanar la ilegalidad de la liquidación oficial incorporando como «prueba» el Oficio Nro. DPCviciada de nulidad por falsa motivación. Resaltó que, en todo caso, la Administración Tributaria trató de subsanar la ilegalidad de la liquidación oficial incorporando como «prueba» el Oficio Nro. DPC1326 del 19 de octubre de 2017 de la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Señaló que no pudo pronunciarse respecto de esa prueba, por lo que se le vulneró su derecho al debido proceso, en especial las garantías a la defensa y contradicción. Esto, por cuanto el oficio mencionado se incorporó al expediente después de haber presentado el recurso de reconsideración, de ahí que se haya visto sorprendida con una decisión soportada en un hecho y en una prueba nueva que no conoció ni pudo controvertir, situación que también vulnera el principio de confianza legítima. Esgrimió que la actuación de la DIAN transgrede el artículo 742 del Estatuto Tributario, puesto que implicaría que la determinación de los tributos y la imposición de las sanciones no se realicen con fun damento en las pruebas obrantes en el expediente al momento de proferir el acto de determinación oficial. Enfatizó en la diferencia de juicio de valor que presenta la DIAN, toda vez que cuando la actora pidió que se tuviera en cuenta el Concepto Nro. 21786 del 16 de agosto de 2016 , la Administración decidió no valorarlo comoquiera que se había introducido al expediente fuera de la oportunidad para responder el requerimiento especial. Sin embargo, en la resolución del recurso, la DIAN sí le dio valor jurídico al Oficio Nro. DPC-1326 citado, prueba que, reiteró, fue incorporada al expediente

introducido al expediente fuera de la oportunidad para responder el requerimiento especial. Sin embargo, en la resolución del recurso, la DIAN sí le dio valor jurídico al Oficio Nro. DPC-1326 citado, prueba que, reiteró, fue incorporada al expediente luego de haber presentado el recurso de reconsideración.

2. Violación del debido proceso, del literal g) del artículo 712 del Estatuto Tributario y de los artículos 3 (numerales 1 y 7), 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011, por interpretación errónea y falsa motivación Después de citar apartes de la liquidación oficial y de la resolución del recurso, aseguró que, con ese último acto, la DIAN buscó subsan ar la nulidad de la liquidación oficial, pues si bien le dio la razón a Alpina con relación «a las glosasRadicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 formuladas a lo largo de la vía gubernativa, cambia la motivación en ella contenida con base en un hecho nuevo, el Oficio No.DPC-1326 (…)», que no pudo controvertir. Citó los artículos 42 y 80 del CPACA y, con fundamento en ellos, aseguró que «la DIAN no sólo incorporó un hecho nuevo que no estuvo disponible en el expediente, sino que tampoco le permitió a ALPINA como interesada expresar sus opiniones sobre este nuevo hecho, violando así la garantía constitucional al debido proceso» (énfasis del texto original).

DIAN no sólo incorporó un hecho nuevo que no estuvo disponible en el expediente, sino que tampoco le permitió a ALPINA como interesada expresar sus opiniones sobre este nuevo hecho, violando así la garantía constitucional al debido proceso» (énfasis del texto original). Precisó que admitir que se subsane la ilegalidad de la liquidación oficial, «significaría exonerar de responsabilidad a la Administración por su omisión en la determinación de la correcta motivación de la Liquidación Oficial de Revisión y del Requerimiento Especial». Agregó que esto crearía un «precedente nefasto», ya que significaría que el contribuyente nunca podría tener certeza acerca del e jercicio cabal de su derecho a la defensa en la vía administrativa, pues habría incertidumbre sobre los fundamentos que la Administración podría incorporar después de haber presentado el recurso de reconsideración.

3. Violación del principio de la non reformatio in pejus, del debido proceso, de los artículos 711, 712 literal g) del Estatuto Tributario y 3 (numerales 1 y 7), 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011, por interpretación errónea Alegó que la demandada vulneró el principio de correspondencia previsto en el artículo 711 del Estatuto Tributario, el cual se extiende a la resolución del recurso , según se estableció en la sentencia del 28 de noviembre de 2013 (Exp. 19527, C.P.

Martha Teresa Briceño de Valencia) del Consejo de Estado . Esto, porque «en la Resolución se invoca una motivación o argumento diferente, nuevo, frente a aquel que sse (sic) dio (sic) del debate en sede administrativa (…)». Sostuvo que, al incorporar un nuevo hecho soportado en una prueba que Alpina no

Resolución se invoca una motivación o argumento diferente, nuevo, frente a aquel que sse (sic) dio (sic) del debate en sede administrativa (…)». Sostuvo que, al incorporar un nuevo hecho soportado en una prueba que Alpina no pudo controvertir, también lesiona el principio de la non reformatio in pejus , pues la Administración únicamente podía pronunciarse sobre lo desfavorable para la actora, esto es, «(si la deducción especial del artículo 158 -3 del Estatuto Tributario únicamente era aplicable a unas inversiones determinadas o a la totalidad de su actividad económica) y no hacer más gravosa su situación, al cerrar la vía administrativa con un hecho y prueba sobre los cuales mi representada no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción». Agregó que esta circunstancia también constituye una violación de la lealtad procesal y crea una situación desigual , en tanto que , el contribuyente siempre tendría incertidumbre sobre los fundamentos de hecho que la DIAN incorporaría en cualquier etapa procesal sin garantizar el debido proceso.

4. Violación del artículo 647 del Estatuto Tributario, por interpretación errónea, por ausencia de hecho sancionable.

Se opuso a la procedencia de la sanción por inexactitud , al haber ausencia del hecho sancionable, porque l a deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos no es un dato equivocado, sino correcto, completo y real, puesto que esta deducción procede para toda la actividad económica de Alpina, según lo reconoció la DIAN en la resolución del recurso y, en todo caso, porque surge de la aplicación del contrato de estabilidad jurídica suscrito entre la Nación y la demandante.

que esta deducción procede para toda la actividad económica de Alpina, según lo reconoció la DIAN en la resolución del recurso y, en todo caso, porque surge de la aplicación del contrato de estabilidad jurídica suscrito entre la Nación y la demandante.

5. Transgresión del inciso sexto del artículo 647 del Estatuto Tributario, por falta de aplicación Planteó que existe una diferencia de criterios respecto del derecho apl icable, en cuanto a la interpretación del alcance de la deducción especial prevista en el artículoRadicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 158-3 del Estatuto Tributario , pues para la DIAN inicialmente únicamente era aplicable a unas inversiones determinadas y para ALPINA e ra aplicable a la totalidad de su actividad económica, argumento que fue confirmado por la DIAN en su doctrina y en la resolución del recurso. Recalcó que como el derecho a incluir la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos versa sobre un hecho cierto, su procedencia o no, constituye una diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable. Agregó que, el hecho de que la DIAN reconociera en la resolución del recurso que dicha deducción cubría toda la actividad económica de la contribuyente, confirma el vicio de nulidad de la liquidación oficial, sin que se le permita a la DIAN mantener la sanción. Oposición de la demanda La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora9, enfatizando que en

liquidación oficial, sin que se le permita a la DIAN mantener la sanción. Oposición de la demanda La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora9, enfatizando que en la resolución del recurso se indicó que el motivo para desconocer la deducción prevista en el artículo 158 -3 del Estatuto Tributario fue que esa norma tenía una vigencia limitada y, por ende, su aplicación, en el marco del contrato de estabilidad jurídica, se extendía sólo hasta el momento en que dicha disposición estuviera vigente. Así las cosas, puntualizó que como la mencionada disposición permitía la deducción allí consagrada hasta el 2007 y que, en todo caso, con la expedición de la Ley 1430 de 2010 se eliminó la posibilidad de tomar tal deducción a partir del año 2011, «lo cierto es que, para el año en discusión, 2013, la deducción bajo estudio era improcedente». Manifestó que en la demanda la actora no cuestionó l o anterior, pues «no existe una sola línea en el escrito introductorio del presente litigio que indique que la norma en mención (158-3 E.T.), a pesar de ser de vigencia limitada sí era aplicable en el año gravable 2013 cuando ya había perdido vigencia» . Resaltó que no se discute que el artículo estabilizado tuvo una vigencia transitoria para los años 2004 a 2007. Precisó que, conforme con los Documentos CONPES 3366 del 1 de agosto de 2005 y 3406 del 19 de diciembre de 2005, las normas con vigencia limitada amparadas en los contratos de estabilidad jurídica sólo gozarán de protección por ese término, cuando dichas disposiciones reconozcan un beneficio o una exoneración. P lanteó

en los contratos de estabilidad jurídica sólo gozarán de protección por ese término, cuando dichas disposiciones reconozcan un beneficio o una exoneración. P lanteó que estos documentos son de público conocimiento, de manera que, antes de la suscripción del Contrato EJ -001 de 2006, la sociedad demandante sabía que, si incorporaba en el contrato de estabilidad jurídica una norma cuya eficacia estaba limitada en el tiempo, los beneficios que de ella se desprendían sólo podrían ser aprovechados durante la vigencia de esa disposición . Por esa razón, adujo que resulta sorprendente que , en sede judicial , la actora pretenda sostener que este argumento fue sorpresivo y nuevo. Expresó que, si se observa el Oficio Nro. DPC-1326 de 2017, se llega a la conclusión de que el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio Industria y Turismo no hizo nada distinto a expresar lo que ya se había indicado en los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005. De ahí que no exista vulneración de los derechos al debido proceso, contradicción, defensa y «legítima defensa». Anotó que la sociedad demandante confunde mejores argumentos con nuevos hechos. Esto, porque con la resolución del recurso la DIAN no planteó un nuevo hecho, pues este siempre fue el mismo: la improcedencia de la deducción por

9 Fls. 261 a 277 del cuaderno principal.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 inversión en activos fijos reales productivos. Que lo que ocurrió fue que planteó un mejor argumento, consistente en que dicha deducción no era procedente porque se encontraba incorporada en una norma estabilizada de vigencia limitada, que, para el año 2013, ya había expirado. Por consiguiente, después de citar la sentencia del 28 de septiembre de 2016, Exp. 20362, del Consejo de Estado afirmó que no se configura la presunta incongruencia alegada por la actora, puesto que lo que hizo la DIAN, al decidir el recurso de reconsideración, fue usar mejores argumentos que no fueron cuestionados por la actora. Bajo los anteriores argumentos y precedentes judiciales, esgrimió que no fue cierto que se hayan vulnerado los derechos de la demandante al debido proceso, defensa y contradicción, ni los principios de confianza legítima y a la non reformatio in pejus. Aseveró que el Oficio Nro. DPC -1326 de 2017, der ivado de un requerimiento efectuado a la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, no constituyó un nuevo hecho, puesto que «se trata de una nueva prueba incorporada en los términos permitidos del numeral 5° del artículo 744 del Estatuto Tributario pues, se insiste, los hechos hacen referencia a las glosas que hacen parte de la declaración». Destacó que dicha prueba le dio sustento a la actuación de la DIAN. Y,

Estatuto Tributario pues, se insiste, los hechos hacen referencia a las glosas que hacen parte de la declaración». Destacó que dicha prueba le dio sustento a la actuación de la DIAN. Y, en todo caso, que con dicha prueba o sin ella, la conclusión en este proceso hubiese sido la misma, esto es, la improcedencia de la deducción cuestionada. En cuanto a que no se tuvo en cuenta el Concepto Nro. 21786 del 16 de agosto de 2016 al proferir la liquidación oficial de revisión, recalcó que sí se tuvo en cuenta al punto que fue relacionado en la resolución del recurso. Pero que lo que ocurr ió es que tal concepto no es aplicable al caso concreto, en tanto que la discusión aquí planteada es si es procedente o no la deducción desconocida al estar incorporada en una norma estabilizada, pero con vigencia limitada, vigencia que había expirado para el año 2013. Defendió la imposición de la sanción por in exactitud, pues Alpina incluyó en su declaración de renta una deducción improcedente , sin que existiera una diferencia de criterios respecto del derecho aplicable. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B , denegó las pretensiones de la demanda , sin condenar en costas , con fundamento en los siguientes planteamientos10. Después de realizar un recuento del acervo probatorio y del régimen jurídico aplicable, sostuvo que no se configuró la violación del principio de correspondencia, pues la glosa planteada en el acto preparatorio referente al rechazo de la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos por valor de $5.375.254.000, se

pues la glosa planteada en el acto preparatorio referente al rechazo de la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos por valor de $5.375.254.000, se mantuvo en la liquidación oficial, tanto en los fundamentos como e n el monto del rechazo de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos. A efectos de lo anterior, e xplicó que la motivación de estos dos actos se concretó en que, para el año 2013, la sociedad actora no contaba con tal «prerrogativa fiscal», en la medida en que el contrato de estabilidad jurídica tenía un tiempo de duración preestablecido para la realización de las inversiones y, además, porque el artículo 158-3 del Estatuto Tributario (en la versión vigente en el año 2006) tenía unas

10 Índice 30 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 limitaciones respecto a su aplicación en el tiempo, al momento en que fue estabilizada. Señaló que la actora pretendió ampliar los alcances del principio de correspondencia para comparar la motivación expuesta en el requerimiento especial y en la liquidación oficial con la de la resolución del recurso de reconsideración, «pese a que el artículo 711 del ET liga el deber de coherencia entre el acto previo y el definitivo y, no así, con el que agota la discusión en sede administrativa al decidir el recurso de reconsideración».

«pese a que el artículo 711 del ET liga el deber de coherencia entre el acto previo y el definitivo y, no así, con el que agota la discusión en sede administrativa al decidir el recurso de reconsideración». Por esa razón, manifestó que la discusión planteada por la actora debía ser analizada dentro del marco del derecho de defensa y contradicción. Anotó que el argumento de la actora para señalar que hay violación al debido proceso, se centra en la incorporación del Oficio Nro. DPC-1326 de 2017, que sirvió de argumento adicional para confirmar la liquidación oficial de revisión, sin que Alpina pudiera controvertir el mismo. Así las cosas, d espués de indicar que, según los precedentes judiciales, no toda irregularidad en el trámite de un procedimiento administrativo conlleva la concreción del vicio de anulación por vulneración del derecho al debido proceso, señaló que no compartía la posición de la demandante respecto a que no podía integrar se la respuesta dada por la Secretaría del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , por el simple hecho de que el documento se incorporó luego de haberse presentado el recurso de reconsideración, es decir, sin que se le hubiese concedido a la actora la oportunidad de controvertir su contenido. Lo anterior, porque ese documento partió de una solicitud efectuada por la DIAN encaminada a «obtener razones ciertas para decidir de manera más amplia los planteamientos expuestos por ALPINA en el curso del recurso de reconsideración». Agregó que la consulta efectuada por la DIAN le podía dar la razón al contribuyente o servir de sustento a la DIAN, por lo que con su inclusión no se ha bía afectado la

expuestos por ALPINA en el curso del recurso de reconsideración». Agregó que la consulta efectuada por la DIAN le podía dar la razón al contribuyente o servir de sustento a la DIAN, por lo que con su inclusión no se ha bía afectado la perspectiva sustancial del derecho al debido proceso . Destacó que la actora no puede desconocer que la respuesta dada por el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo «confirmó que la protección de su inversión con ocasión de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica avalaba toda s u actividad económica y no solamente el monto inicial de la inversión (…) luego, la prueba que ahora reprocha conllevó a reafirmar un supuesto fáctico y jurídico planteado por ALPINA, por lo cual no puede aceptarse, de manera alguna, que la consulta y su respuesta pueda consolidar una prueba ilegal o inconstitucional». Resaltó que, de aceptarse la posición de la sociedad actora, se desconocerían las amplias facultades que la Administración posee «para ejercer su rol institucional de cara al beneficio del interés general del Estado de obtener los recursos que le corresponden». Lo anterior, porque la DIAN no elevó la consulta concretamente frente a la situación de Alpina, sino en términos generales. Planteó que tampoco se configuró la violación del debido proceso porque la actora pudo haber ejercido su derecho de defensa en contra del contenido del mencionado oficio del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con ocasión de la demanda que originó este proceso. Sin embargo, manifestó que «el escrito inicial de la actora no incluyó ninguna razón tendiente a desacreditar la

oficio del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con ocasión de la demanda que originó este proceso. Sin embargo, manifestó que «el escrito inicial de la actora no incluyó ninguna razón tendiente a desacreditar la valoración que la DIAN le dio a la respuesta referida, ni tampoco al oficio propiamente dicho ». Es decir, «no desplegó argumentación ni cargo alguno con su demanda, respecto a lo sustancial, esto es: la vigencia del artículo 158-3 del ET al tiempo de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica del que fue beneficiaria, motivo por el cual está en el deber de soportar las resultas de su incuria (…)».Radicado: 25000-23-37-000-2018-00256-01 (26528)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Encontró que, contrario a lo señalado por la actora, lo expuesto en el Oficio concretó un elemento de juicio adi cional, pero no fue propiamente la que soportó la motivación de la DIAN, por lo que su valoración por la Administración al resolver el recurso no resultó ajena a los planteamientos realizados a lo largo de las etapas previas del procedimiento de determinación oficial. Respecto al cargo por violación de la confianza legítima, determinó que el Contrato de Estabilidad Jurídica EJ-001 no fue desconocido por la DIAN, puesto que la norma estabilizada fue el artículo 158-3 ibidem, vigente para el año 2006, lo que implicaba que la deducción allí prevista no fuera aplicable para el año gravable 2013, pues tal

estabilizada fue el artículo 158-3 ibidem, vigente para el año 2006, lo que implicaba que la deducción allí prevista no fuera aplicable para el año gravable 2013, pues tal beneficio finalizaba en el año 2007, de ahí que no haya existido violación a la confianza legítima. Consideró que la sanción por inexactitud debía mantenerse porque la demandante incluyó una deducción improcedente en su declaración de renta, con la intención de liquidar un menor impuesto a cargo, sin que pueda admitirse que existe una diferencia de criterios. Al respecto, dijo que bastaba con la revisión de las pruebas y el marco normativo aplicable al contrato de estabilidad ju