CE - 250002337000201800346011SENTENCIASENTENCIA20230928210025

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

Demandante: QBE Seguros S.A. (hoy Zurich Colombia Seguros S.A.)

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562) Demandante QBE SEGUROS S.A. (HOY ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.) Demandado INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS Tema Cobro coactivo. Condena en sentencia judicial. Obligación expresa, clara y exigible. Excepción de prescripción. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad QBE SEGUROS S.A hoy ZURICH COLOMBIA DE (sic) SEGUROS S.A, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

(…)”.

en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

(…)”. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 1 de octubre de 2003, QBE Seguros S.A. (hoy Zurich Colombia Seguros S.A.) expidió la Póliza de Responsabilidad Extracontractual Nro. 120100000169 en favor del Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS). El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la sentencia de segunda instancia del 12 de julio de 2010 dentro del proceso de reparación directa 200505079. En ella, reformó la condena impuesta por el Juzgado Único Administrativo de Cartago al INVIAS, consistente en el pago de perjuicios morales, fisiológicos y por daño estético causados a diversas personas. Además, la providencia del juez colegiado revocó el fallo de primera instancia que había encontrado probada la excepción de prescripción a favor de QBE Seguros S.A. y, en su lugar, declaró que la entidad condenada tiene derecho a obtener el reembolso de lo pagado con ocasión de la sentencia, en virtud de la póliza referida. El INVIAS ordenó el cumplimiento y pago de la sentencia mediante las Resoluciones Nro. 3856 del 17 de julio de 2012 y Nro. 930 del 5 de marzo de 2013. Para obtener el pago por parte de la aseguradora, la entidad expidió el Mandamiento de Pago Auto Nro. 19 del 13 de marzo de 2017. La aseguradora formuló las excepciones de prescripción de la obligación y falta de

Para obtener el pago por parte de la aseguradora, la entidad expidió el Mandamiento de Pago Auto Nro. 19 del 13 de marzo de 2017. La aseguradora formuló las excepciones de prescripción de la obligación y falta de

1 Samai, índice 2, carpeta del CD 3 del folio 230 del cuaderno 1, página 26.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

Demandante: QBE Seguros S.A. (hoy Zurich Colombia Seguros S.A.)

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co título ejecutivo. Sin embargo, la entidad demandada las negó mediante el Auto Nro. 072 de 22 de junio de 2017. La demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue negado por el demandado mediante el Auto Nro. 108 del 25 de agosto de 2017. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), QBE Seguros S.A. (hoy Zurich Colombia Seguros S.A.) formuló las siguientes pretensiones2: “1. Dejar sin efectos jurídicos, de hecho y de derecho y, por tanto, DECLARAR LA NULIDAD del Auto No. 072 de 22 de junio de 2017 “AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES” firmada por la coordinadora del grupo de jurisdicción coactiva del INVIAS, mediante el cual se resolvió “Declarar no probadas las excepciones propuestas y formuladas por el

firmada por la coordinadora del grupo de jurisdicción coactiva del INVIAS, mediante el cual se resolvió “Declarar no probadas las excepciones propuestas y formuladas por el doctor RAFAEL ALBERTO ARIZA VESGA, en su calidad de apoderado de QBE SEGUROS S.A., en contra del Mandamiento de Pago librado mediante Auto No. 019 del 13 de marzo de 2017, de conformidad con las consideraciones realizadas en la parte motiva de la presente providencia” y, en consecuencia, se ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago contra QBE SEGUROS S.A.

2. Dejar sin efectos jurídicos, de hecho y de derecho y, por tanto DECLARAR LA NULIDAD del Auto No. 108 de 25 de agosto de 2017 “AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN”, firmado por la Coordinadora del grupo de jurisdicción coactiva (sic) del INVIAS, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por QBE SEGUROS SA en contra del Auto 072 de 22 de junio de 2017, y en el cual se decidió no reponer el auto No. 019 de 13 de marzo de 2017 que libró mandamiento de pago en contra de QBE SEGUROS S.A. y seguir adelante con la ejecución.

3. Como consecuencia de lo anterior, se DECLARE que los medios exceptivos propuestos por QBE SEGUROS S.A. tienen vocación de prosperidad y dan lugar a la terminación TOTAL E INMEDIATA del proceso de cobro coactivo iniciado contra mi mandante mediante auto No. 019 de 13 de marzo de 2017 emitido por la Coordinadora del Grupo

de Jurisdicción Coactiva del INVIAS.

4. Ordenar que el INVIAS debe proceder a la devolución INMEDIATA a favor de QBE

mediante auto No. 019 de 13 de marzo de 2017 emitido por la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Coactiva del INVIAS.

4. Ordenar que el INVIAS debe proceder a la devolución INMEDIATA a favor de QBE SEGUROS S.A. a título de restablecimiento del derecho, de la totalidad de las sumas que se hubieren tenido que pagar en cumplimiento de las citadas providencias o actos administrativos y el proceso coactivo, junto con sus intereses moratorios calculados hasta la fecha de pago efectivo.

SUBSIDIARIA A LA No. 4: Ordenar que el INVIAS debe proceder a la devolución en forma INMEDIATA a favor de QBE SEGUROS S.A. a título de restablecimiento del derecho, de la totalidad de las sumas que se hubieren tenido que pagar en cumplimiento de las citadas providencias o actos administrativos y el proceso coactivo, debidamente indexadas hasta la fecha de su pago efectivo.

5. Que, en caso de oposición a la presente demanda, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS asuma el pago de las costas procesales, que incluyen las agencias en derecho.” Invocó como normas violadas los artículos 1568, 2535 y 2536 del Código Civil; 1127 del Código de Comercio; 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 173, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo; 323 y 331 del Código de Procedimiento Civil; y 817 del Estatuto Tributario. Los

cargos de nulidad se resumen así:

2 Samai, índice 2, PDF de la demanda, páginas 5 a 6.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

cargos de nulidad se resumen así:

2 Samai, índice 2, PDF de la demanda, páginas 5 a 6.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

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1. Falsa motivación de los actos demandados.

Transcribió el artículo 817 del Estatuto Tributario y los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, con base en los cuales señaló que el término de prescripción es de cinco años. Afirmó que el INVIAS desconoce que la obligación cuyo cobro pretende tiene origen en la sentencia de 12 de julio de 2010, notificada por edicto desfijado el 11 de agosto de 2011, pues la entidad considera que el término de prescripción inició con las resoluciones internas que ordenaron el cumplimiento y pago de la sentencia. Aclaró que el INVIAS excedió el término de 30 días del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo para emitir las resoluciones en cumplimiento de la sentencia, lo cual no es imputable u oponible a la actora. Relató que la sentencia que dio fin al proceso de reparación directa quedó ejecutoriada tres días después de su notificación, es decir el 17 de agosto de 2011, por lo que el término de prescripción feneció el 17 de agosto de 2016. Agregó que la entidad demandada inició el cobro coactivo el 13 de marzo de 2017, esto es 6 meses y 25 días después de que operó esta figura.

por lo que el término de prescripción feneció el 17 de agosto de 2016. Agregó que la entidad demandada inició el cobro coactivo el 13 de marzo de 2017, esto es 6 meses y 25 días después de que operó esta figura. Anotó que, aun si el término de cinco años se contara desde el 23 de agosto de 2011, fecha en que los actos acusados consideran que ocurrió la ejecutoria de la sentencia, la obligación estaría igualmente prescrita, y que el INVIAS tenía hasta el 28 de septiembre de 2011 para emitir la resolución de cumplimiento de la sentencia, plazo que incumplió. Dijo que, conforme con la Sentencia C-188 de 1999, el pago de las sentencias se hace exigible desde su ejecutoria. Adujo que los actos acusados cometen un error al manifestar que había una subrogación entre deudores solidarios, pues la sentencia no declaró la existencia de este tipo de responsabilidad entre el INVIAS y la compañía aseguradora.

2. Inexistencia de solidaridad.

Reiteró que los actos acusados señalan que el cobro es procedente por cuanto se dio una subrogación entre deudores solidarios. Empero, destacó que en ellos no se menciona el motivo en que sustentan su dicho, desconociendo que el artículo 1568 del Código Civil establece que la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los eventos en que no la establece la ley. Explicó que, en este caso, no media acuerdo de voluntades ni disposición legal que prevea una obligación solidaria entre el INVIAS y QBE Seguros S.A. Además, la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa no decretó la existencia de una responsabilidad solidaria.

prevea una obligación solidaria entre el INVIAS y QBE Seguros S.A. Además, la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa no decretó la existencia de una responsabilidad solidaria. Indicó que el fallo referido impuso la obligación de reembolso en virtud de la póliza de seguro, por lo que insistió en que el término de prescripción se debe contabilizar desde la ejecutoria de esa decisión judicial. Manifestó que, de considerarse que existe una obligación solidaria, el INVIAS tendría una acción imprescriptible frente a la aseguradora, lo que a su juicio carece de lógica jurídica.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

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3. Falsa motivación por ausencia de pronunciamiento sobre algunos cargos del recurso de reconsideración.

Argumentó que el INVIAS no se pronunció sobre el argumento del recurso de reconsideración consistente en que desconoció que la obligación de reembolso nació en la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa, que el retardo en la expedición de las resoluciones de cumplimiento no son imputables a la aseguradora, que el retraso en el pago de la condena no causa la indeterminación de la exigibilidad de la obligación y que el término de prescripción se contabiliza desde la ejecutoria del fallo. Por lo anterior, afirmó que se hace aún más evidente la falsa motivación e ilegalidad.

4. Falta de título ejecutivo.

indeterminación de la exigibilidad de la obligación y que el término de prescripción se contabiliza desde la ejecutoria del fallo. Por lo anterior, afirmó que se hace aún más evidente la falsa motivación e ilegalidad.

4. Falta de título ejecutivo.

Aseguró que la Póliza de Seguro Nro. 120100000169 únicamente cubre daños patrimoniales puros, de tal modo que los daños morales, los perjuicios fisiológicosdaño a la vida en relación y los perjuicios estéticos por los cuales fue condenada el INVÍAS están excluidos, dado su carácter de extrapatrimoniales. Resaltó que el INVIAS debió desestimar la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible a cargo de la aseguradora, pues pretende el reembolso de lo pagado por categorías de daños excluidas, en aplicación de los principios de buena fe y pacta sunt servanda.

5. Inexistencia de la obligación Advirtió que el demandado desconoce que el artículo 1127 del Código Comercio reconoce que el seguro de responsabilidad solo cubre perjuicios patrimoniales, por lo que no procede su afectación para el reembolso del pago por daños extrapatrimoniales.

Oposición a la demanda El INVIAS controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: Relató que la sentencia del 12 de julio de 2010 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró que el INVIAS tenía derecho a obtener de QBE Seguros S.A. el reembolso de lo pagado en virtud de la condena impuesta, hasta el monto del valor asegurado. Comentó que, a partir del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, las

reembolso de lo pagado en virtud de la condena impuesta, hasta el monto del valor asegurado. Comentó que, a partir del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, las condenas en contra de las entidades públicas devengan intereses moratorios, sobre lo cual transcribió los artículos 1080 y 1653 del Código de Comercio. Se refirió a la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas y al procedimiento a partir de la Ley 1066 de 2006, los artículos 826 y 828 del Estatuto Tributario y las sentencias T-837 de 2011 y C-919 de 2002 de la Corte Constitucional.

Concluyó que: i) el fallo antes referido estableció una obligación clara en contra de la aseguradora, ii) el retardo de la condena por el INVIAS se debió a trámites administrativos internos que derivan de la existencia de turnos de pago, regulados en el Decreto 359 de 1995, iii) se generaron intereses moratorios a cargo de la entidad, los cuales fueron pagados, iv) la póliza y la sentencia no excluyeron el pago de los intereses; y v) la aseguradora no canceló la obligación dentro del mesRadicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siguiente a su requerimiento, en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio. Propuso las excepciones de i) “existencia de obligación ejecutada a través del

www.consejodeestado.gov.co siguiente a su requerimiento, en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio. Propuso las excepciones de i) “existencia de obligación ejecutada a través del procedimiento de cobro coactivo”, ii) “de existencia de un título ejecutivo complejo”, y iii) “de la legalidad del procedimiento de cobro coactivo”. Estas fueron interpretadas por el Tribunal como excepciones de fondo, por lo que señaló que deben ser decididas en el fallo, según consta en el acta de la audiencia inicial. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones: Realizó un recuento de los hechos probados y señaló que resolvería los cargos de la demanda de forma conjunta. Manifestó que los actos acusados no son de carácter tributario y que la demandada no tiene un procedimiento especial para adelantar el cobro coactivo de la obligación, por lo que en este caso son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en lo no previsto, las normas del Estatuto Tributario. Aclaró que el término de prescripción que rige para el asunto bajo examen es el previsto en los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, no el del artículo 817 del Estatuto Tributario, debido a que se discute una obligación que tuvo su origen en una sentencia de reparación directa y el derecho al reembolso del INVÍAS, lo cual no tiene naturaleza fiscal. Aseguró que no se discute que la obligación de reembolso a cargo de la demandante está contenida en una sentencia del proceso de reparación directa, la

no tiene naturaleza fiscal. Aseguró que no se discute que la obligación de reembolso a cargo de la demandante está contenida en una sentencia del proceso de reparación directa, la cual cobró ejecutoria el 17 de agosto de 2011. Empero, destacó que dicha prestación está sometida a una condición: el pago de la condena. Por lo anterior, concluyó que el término de prescripción inició con el pago efectivo de la condena, pues solo allí se hace exigible la obligación, conforme con los artículos 1530 y 1542 del Código Civil. Anotó que la Resolución Nro. 3856 de 2012 ordenó el cumplimiento de la sentencia de reparación directa, la cual fue adicionada con la Resolución Nro. 930 de 2013, actos que quedaron en firme el 31 de julio de 2012 y el 18 de abril de 2013, respectivamente. Además, puso de presente que los pagos se efectuaron el 4 de septiembre de 2012 y el 17 de abril de 2013, conforme con la certificación emitida por la Tesorería de la demandada. Explicó que las obligaciones expresas, claras y exigibles contenidas en sentencias ejecutoriadas o en actos administrativos con origen en la actividad contractual pueden ser objeto de cobro coactivo, según lo prevé el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011. Para este caso, afirmó que existe un título ejecutivo complejo conformado por: i) la sentencia de reparación directa, que concede el reembolso al INVÍAS, ii) la póliza de seguro, que limita la obligación al monto asegurado, y iii) el pago efectivo, que

sentencia de reparación directa, que concede el reembolso al INVÍAS, ii) la póliza de seguro, que limita la obligación al monto asegurado, y iii) el pago efectivo, que constituía una condición.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De esta forma, insistió en que el término de prescripción solo podía iniciar con los pagos efectuados el 4 de septiembre de 2012 y el 17 de abril de 2013. Así, concluyó que no se configuró este fenómeno para la fecha de expedición y notificación del mandamiento de pago el 13 de marzo y el 4 de mayo de 2017, respectivamente. Agregó que lo anterior no implica permitir la imprescriptibilidad de la acción, reiterando que la obligación de reembolso estaba sometida a una condición. Precisó que la demandante fue vinculada al proceso de reparación directa como llamada en garantía, por lo que el artículo 64 del Código General del Proceso le otorgaba las mismas facultades y derechos de las partes. Por lo anterior, explicó que la discusión sobre la cobertura de la póliza de seguro, las relaciones jurídicas definitivas y las demás condiciones del contrato con la demandada, debieron ser planteadas en ese proceso, de tal modo que es improcedente su debate en el asunto de la referencia. En todo caso, adujo que ya fue zanjado este punto por el juez de la reparación directa, que decidió de manera clara que el INVIAS tenía

planteadas en ese proceso, de tal modo que es improcedente su debate en el asunto de la referencia. En todo caso, adujo que ya fue zanjado este punto por el juez de la reparación directa, que decidió de manera clara que el INVIAS tenía derecho a solicitar de la aseguradora el reembolso de lo pagado con ocasión de la condena impuesta. No condenó en costas al no encontrarlas acreditadas en el expediente. Recurso de apelación QBE Seguros S.A. presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con base en lo siguiente:

1. El fallo no tuvo en cuenta la inexistencia o falta de título ejecutivo Señaló que, conforme con la jurisprudencia de esta Sección3, el título debe contener una obligación expresa, clara y exigible, condiciones que a su juicio no se cumplen en este caso.

Manifestó que la parte considerativa del mandamiento de pago indicó que el título ejecutivo está conformado por las sentencias del proceso de reparación directa, las resoluciones de cumplimiento del fallo, la póliza de seguro y la certificación del pago. Empero, en su parte resolutiva, únicamente hace referencia a las providencias judiciales y los actos de ejecución referidos. Expuso que las sentencias del proceso de reparación directa no impusieron la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo de la actora, desatendiendo los requisitos del título ejecutivo previstos en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Anotó que, como consecuencia de lo anterior, el INVIAS debió expedir un acto administrativo que liquidara la obligación frente a la compañía aseguradora, teniendo en cuenta que el fallo limitó el reembolso al monto de la póliza y, solo

Anotó que, como consecuencia de lo anterior, el INVIAS debió expedir un acto administrativo que liquidara la obligación frente a la compañía aseguradora, teniendo en cuenta que el fallo limitó el reembolso al monto de la póliza y, solo cuando estuviera en firme, librar el mandamiento de pago. Adujo que, aunque el INVÍAS invocó las resoluciones de cumplimiento y la certificación de pago como título ejecutivo, se debe tener presente que son documentos internos de la demandada que no contienen un derecho líquido frente

3 Citó las siguientes sentencias: del 11 de mayo de 2017, exp. 20337, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 22 de abril de 2021, exp. 24550, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a QBE Seguros S.A., quien ni siquiera fue notificada o vinculada a dicho trámite. Acotó que, comoquiera que no se expidió acto que liquidara la obligación de la aseguradora, no existe título ejecutoriado en los términos del artículo 829 del Estatuto Tributario ni un acto que explicara los parámetros utilizados para determinar el monto de la deuda y de los intereses adeudados ni se otorgó la oportunidad para ejercer los recursos de reposición y apelación, de tal modo que una interpretación en contrario desconoce el derecho de defensa de la actora.

determinar el monto de la deuda y de los intereses adeudados ni se otorgó la oportunidad para ejercer los recursos de reposición y apelación, de tal modo que una interpretación en contrario desconoce el derecho de defensa de la actora. Insistió en que los daños morales objeto de la condena se encuentran excluidos de cobertura de la póliza, razón por la que el INVIAS debió desestimar la existencia de una obligación a cargo de la demandante, en aplicación de los principios de buena fe y pacta sunt servanda.

2. Error sobre el alcance de la obligación contenida en la sentencia y el cómputo de la prescripción.

Explicó, con base en la doctrina chilena4, que la liquidez de la obligación no tiene relación con su exigibilidad, de tal modo que basta que sea posible determinar la suma de dinero para que empiece a correr el término de prescripción. Para este caso, sostuvo que la única condición de la que depende la obligación del asegurador es la ocurrencia del siniestro, por lo que toda la jurisprudencia y la doctrina 5 , así como el artículo 1081 del Código de Comercio, identifican ese momento como el inicio del término de prescripción de la acción para el asegurado o beneficiario, pues su derecho ya nació y no está sometido a condición o plazo. Enfatizó en que, en este caso, la sentencia de reparación directa declaró que se produjo la condición de la cual pende la obligación de QBE Seguros S.A. (el siniestro) y, en armonía con ello, otorgó al INVIAS (asegurado) el derecho de obtener el reembolso de la condena. De esta manera, solo hacía falta para esa

siniestro) y, en armonía con ello, otorgó al INVIAS (asegurado) el derecho de obtener el reembolso de la condena. De esta manera, solo hacía falta para esa entidad determinar el quantum de lo pagado lo cual no quiere decir que desde la sentencia no hubiera surgido para ella tal derecho y existiera una obligación exigible. Con base en lo anterior, reiteró que la acción de cobro prescribió para este caso. Indicó que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para solicitar la ejecución de una sentencia es de cinco años a partir de la exigibilidad de la obligación que contiene. Y que, según la Sentencia T-111 de 2018 de la Corte Constitucional y el fallo de tutela del 20 de febrero de 2020 de la Sección Segunda del Consejo de Estado 6 , las providencias judiciales pueden servir de títulos ejecutivos por sí mismas, una vez sean ejecutoriadas. En concordancia, señaló que el artículo 2535 del Código Civil prevé que el término de prescripción extintiva se cuenta desde que la obligación se hizo exigible. Así las cosas, reiteró que la sentencia de reparación directa que reconoció la ocurrencia del siniestro es exigible a partir del día siguiente a su ejecutoria (17 de

4 Realizó la siguiente cita: “Pizarro Wilson, Carlos, “La noción y función de la exigibilidad para la fijación del punto de partida de la prescripción extintiva de las obligaciones”, Revista chilena de derecho vol.47 no.2 Santiago ago. 2020

punto de partida de la prescripción extintiva de las obligaciones”, Revista chilena de derecho vol.47 no.2 Santiago ago. 2020 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372020000200543, Fuente: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071834372020000200543&lang=pt” Cfr. Samai, índice 2, carpeta del expediente de primera instancia, PDF de la apelación, página 7. 5 El actor no identifica alguna providencia o autor en este punto. 6 Exp. 11001-03-15-000-2019-04424-01(AC), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00346-01 (26562)

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co agosto de 2011), sin que existiera alguna condición pendiente. Además, afirmó que la conclusión del a quo es absurda, pues admite la existencia de dos obligaciones condicionales: la derivada del contrato de seguro y la originada en la sentencia de reparación directa. Manifestó su inconformidad con la tesis de la primera instancia, pues considera que permite la contabilización del término de prescripción de la obligación al antojo de la demandada. Concluyó que el término de prescripción venció el 17 de agosto de 2016, por lo que la obligación estaba prescrita al momento en que inició el cobro coactivo, esto es el 13 de marzo de 2017. Concepto del Ministerio Público

Concluyó que el término de prescripción venció el 17 de agosto de 2016, por lo que la obligación estaba prescrita al momento en que inició el cobro coactivo, esto es el 13 de marzo de 2017. Concepto del Ministerio Público El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Estimó que en este caso es aplicable el término de prescripción de los artículos 2535 y 2536 del Código Civil y que la exigibilidad de la obligación estaba sujeta al pago efectivo de la condena, pues no podría exigirse el reembolso de una suma que no se ha cancelado. Anotó que la sentencia de reparación directa sí impuso una suma líquida de dinero en contra de QBE Seguros S.A. y prestó mérito ejecutivo. A partir de lo anterior, descartó la prescripción alegada por la actora y consideró que la discusión sobre la cobertura de la póliza debió resolverse en el proceso de reparación directa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Delimitación del problema jurídico En el recurso de apelación, la actora plantea argumentos no propuestos en la demanda, en particular, los relacionados con que i) la sentencia de reparación directa no le impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero, de tal modo que el INVÍAS debió expedir y notificar un acto administrativo previo que fijara de forma motivada el monto de la obligación y los intereses a su cargo, pero como esto no ocurrió, se violó su derecho de defensa porque le impidió ejercer recursos en su contra, lo que también supone que no existe un título en firme, según el artículo 829

forma motivada el monto de la obligación y los intereses a su cargo, pero como esto no ocurrió, se violó su derecho de defensa porque le impidió ejercer recursos en su contra, lo que también supone que no existe un título en firme, según el artículo 829 del Estatuto Tributario; ii) la insuficiencia de las resoluciones que ordenaron el cumplimiento de la sentencia de reparación directa y de la certificación de pago efectivo para fungir como parte del título ejecutivo complejo cuyo cobro se pretende, además de la omisión de su notificación a la actora; y iii) la falta de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva del mandamiento de pago con relación a la conformación del título ejecutivo. Estos nuevos cargos no pueden ser estudiados en virtud del principio de justicia rogada, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos que sustentan su pretensión de nulidad en la demanda7 y le impide proponer nuevos cargos durante el trámite judicial8. Así mismo, el principio referido prohíbe al juez

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de

2021. Exp. 23923. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de julio de 2019, exp. 21636, CP: Milton Chaves García.Rad