CE - 250002337000201800531011SENTENCIA20230629163123

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

Demandante: José Otoniel Correa Franco

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

Demandante: JOSÉ OTONIEL CORREA FRANCO

Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Temas: Contribuciones a salud y pensión año 2014. Alcance del recurso de apelación. Rentista de capital. Debido proceso. Sanción por omisión

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la sentencia del 29 de octubre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, sin imponer condena en costas2.

ANTECEDENTES

El 16 de noviembre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la

pretensiones de la demanda, sin imponer condena en costas2.

ANTECEDENTES

El 16 de noviembre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-201601421, en contra de José Otoniel Correa Franco , por omisión en la afiliación y/o vinculación al sistema de seguridad social integral por los per íodos de enero a diciembre de 2014, e impuso sanción por omisión3.

El 28 de abril de 2017, la citada subdirección profirió la Liquidación Oficial nro. RDO2017-00532, por la conducta, períodos y sistemas objeto del requerimiento para declarar y/o corregir, incluida la sanción por omisión4.

El 27 de junio de 2017, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial5, el cual fue decidido por la Dirección de Parafiscales de la UGPP

1 Fls. 130 a 137 c.p. 1. 2 Fls. 111 a 123 c.p. 1. 3 Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_CDFOLIO7_REQUERIMIENTOPARAD (.PDF) NroActua 2». 4 Índice 2 ibidem. Archivo: «ED_CDFOLIO7_LIQUIDACIONOFICIAL (.PDF) NroActua 2».

5 Índice 2 ibidem. Archivo: «ED_CDFOLIO7_RECURSODERECONSIDE (.PDF) NroActua 2».Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

Demandante: José Otoniel Correa Franco

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mediante la Resolución nro. RDC -2018-00313 del 25 de abril de 2018, en el sentido de modificar los ajustes y la sanción por no declarar6.

DEMANDA

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), formuló las siguientes pretensiones7:

«PRIMERA: QUE SE DECLARE la Nulidad del acto administrativo, contenido en la Liquidación oficial No. RDO -2017-00532 del 28/04/2017, expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

(UGPP), media nte el cual se imponen los siguientes cobros y sanciones pecuniarias a JOSÉ

OTONIEL CORREA FRANCO:

a) Parte resolutiva, artículo primero: Por omisión en afiliación y/o vinculación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en los subsistemas de salud y pensión, por los periodos de enero a diciembre de 2014, por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($56.364.000); y con ello la nulidad de todos los actos

de enero a diciembre de 2014, por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($56.364.000); y con ello la nulidad de todos los actos expedidos por la administración previos, de tr ámite y/o preparatorios, así como los posteriores derivados de éste, restableciendo el derecho que le asiste a mi poderdante , es decir el no pago de los valores impuestos mediante liquidación y sanción.

b) Parte resolutiva, artículo segundo: Imponer sanción por omisión a JOSÉ OTONIEL CORREA FRANCO, por la suma de CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($112.728.000); y con ello la nulidad de todos los actos expedidos por la administración previos, de trámite y/o preparatorios, así como los posteriores derivados de éste, restableciendo el derecho que le asiste a mi poderdante, es decir el no pago de los valores impuestos mediante liquidación y sanción.

SEGUNDO: En consecuencia de las anteriores declaraciones se archive el expediente del procedimiento de fiscalización adela ntado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES (UGPP), en contra del demandante, el señor JOSÉ

OTONIEL CORREA FRANCO.

TERCERO: Conforme a lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., que se condene a la demandada, a pagar las costas a favor del demandante».

Invocó como disposiciones violadas las siguientes8:

• Artículos 1613 y 1614 del Código Civil

demandada, a pagar las costas a favor del demandante».

Invocó como disposiciones violadas las siguientes8:

• Artículos 1613 y 1614 del Código Civil • Artículos 138, 152, 156, 157, 159, 161, 162, 164, 166, 187, 192, 195 y 199 de l CPACA • Artículos 67 y 69 de la Ley 270 de 1996 • Artículo 16 de la Ley 446 de 1998 • Ley 1607 de 2012 • Decretos 3033 de 2013 y 2353 de 2015

Como concepto de la violación expuso9:

6 Índice 2 ibidem. Archivo: «ED_CDFOLIO7_RESUELVERECURSODE(.pdf) NroActua 2». 7 Fl. 4 c.p. 1. 8 Fl. 10 c.p. 1. 9 Fls. 2 a 7 c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

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El actor está afiliado a salud desde el 8 de noviembre de 2002, y a pensiones desde el 3 de septiembre de 2004; sin embargo, la entidad desconoció las pruebas allegadas y determinó la conducta de omisión en la afiliación y pago de aportes.

La UGPP no se pronunció sobre las inconformidades propuestas en el recurso de reconsideración, en el sentido de que la ley exige la afiliación al sistema de seguridad

y determinó la conducta de omisión en la afiliación y pago de aportes.

La UGPP no se pronunció sobre las inconformidades propuestas en el recurso de reconsideración, en el sentido de que la ley exige la afiliación al sistema de seguridad social integral por una sola vez, que en el caso concreto se cumplió y fue anterior a los períodos fiscalizados.

Si bien el Decreto 3033 de 2013 define la omisión en la vinculación, esta solamente se predica en los casos en los que surja la obligación de reportar la novedad de ingreso, y en los actos demandados no se indica cuándo se debe cumplir con dicho deber ni tampoco si el demandante se encuentra en esos supuestos.

Las sumas determinadas en la liquidación oficial no pueden ser cobradas por la UGPP, en la medida en que el demandante no incumplió las obligaciones para con el sistema y, en consecuencia, tampoco procede la sanción por omisión.

OPOSICIÓN

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente10:

La entidad no desconoció la afiliación del demandante al sistema, que es por una sola vez; la discusión subyace respe cto de la omisión en la vinculación, que corresponde al deber de reportar las novedades de ingreso, retiro, suspensión y la calidad del cotizante, según el caso.

En el presente asunto, si bien existió la afiliación con anterior idad al año fiscalizado , para el periodo 2014 el actor ostentaba la calidad de rentista de capital, obligándose a reportar la novedad a sus administradoras para que, según sus ingresos, pagara las cotizaciones al sistema.

para el periodo 2014 el actor ostentaba la calidad de rentista de capital, obligándose a reportar la novedad a sus administradoras para que, según sus ingresos, pagara las cotizaciones al sistema.

El procedimiento administrativo se adelantó según las leyes aplicables , y los actos proferidos se fund amentaron en las pruebas recaudadas que dieron cuenta de la conducta de omisión en la que incurrió el señor José Otoniel Correa Franco.

AUDIENCIA INICIAL

El 19 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 11. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades procesales, nulidades, excepciones o medidas cautelares que debieran ser resueltas. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos administrativos demandados, se tuvieron como pruebas las aportadas al expediente y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

10 Fls. 42 a 57 c.p. 1. 11 Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_CDFOLIO9_CP_1119094639872(. WMV) NroActua 2».Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

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SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “ B”, en la

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SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “ B”, en la sentencia apelada negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas, con fundamento en lo siguiente12:

Una de las características del subsistema de pensiones es la obligatoriedad en la afiliación que comprende , entre otros, a l os trabajadores independientes . Igual situación se predica con el subsistema de salud , pues de contar con capacidad de pago deberán incorporarse mediante el régimen contributivo.

Los rentista s de capital están incluidos dentro de la categoría de trabajadores independientes prevista en la Ley 100 de 1993, y de conformidad con la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia C -578 de 2009. Por lo t anto, les asiste la obligación de afiliarse y contribuir al sistema, dada su condición de personas económicamente activas, y en virtud de los principios de universalidad y solidaridad de la seguridad social.

El cumplimiento de los deberes con el sistema no solo comprende el acto de afiliación, sino que se requiere el pago oportuno de las contribuciones . El demandante tiene afiliación activa al subsistema de salud desde el 31 de enero de 2017, y si bien en pensiones consta una afiliación desde el 4 de septiembre de 2004, para el periodo fiscalizado estaba inactiva.

Así, en el caso concreto el actor incurrió en omisión en la afiliación para salud y en la vinculación respecto de pensiones, comoquiera que no allegó elementos probatorios que acreditaran los pagos de las cotizaciones.

Así, en el caso concreto el actor incurrió en omisión en la afiliación para salud y en la vinculación respecto de pensiones, comoquiera que no allegó elementos probatorios que acreditaran los pagos de las cotizaciones.

La Administración tomó la información reportada en la declaración del impuesto sobre la renta del periodo fiscalizado para determinar el IBC y, como el aportante no desvirtuó la base fijada por la entidad ni probó las expensas deducibles de su actividad económica, los actos demandados gozan de legalidad.

La sanción por omisión es procedente toda vez que el ac tor incurrió en la conducta infractora.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante13 apeló la sentencia de primera instancia según los siguientes argumentos:

Declaración de renta como medio para establecer el IBC

El pago de las cotizaciones es mensual, según los ingresos percibidos en cada uno de esos períodos. El rentista n o devenga lo mismo durante cada mensualidad, incluso,

12 Fls. 111 a 123 c.p. 1. 13 Fls. 130 a 137 c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

Demandante: José Otoniel Correa Franco

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puede que tampoco reciba suma alguna. De manera que, no es válido que la Administración liquida los aportes dividiendo en doce (12) meses los valores declarados en renta de un año.

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puede que tampoco reciba suma alguna. De manera que, no es válido que la Administración liquida los aportes dividiendo en doce (12) meses los valores declarados en renta de un año.

El denuncio privado no tiene validez para probar el IBC porque los aportes no hacen parte de la base para la retención en la fuente por rentas de trabajo y son considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, lo que significa que una modificación en las contribuciones pagadas variaría el impuesto sobre la renta a cargo; ello implica que, de asumir el valor liquidado por la UGPP , el aportante tiene derecho a «pedir una reliquidación del impuesto de renta»14.

Inaplicabilidad del cobro por omisión en la vinculación

Se aportaron las pruebas en las que consta que el demandante está afiliado a salud desde el 8 de noviembre de 2002, y a pensiones desde el 3 de septiembre de 2004 y, por lo tanto, no se configuró la omisión en la vinculación.

En las consideraciones del Decreto 3033 de 2013 se manifiesta la necesidad de reglamentar aspectos relacionados con la imposición de la sanción por omisión, estableciendo normas que son dirigidas exclusivamente a relaciones laborales ; es decir, como la sanción se determina dependiendo del número de empleados, no es aplicable al caso del rentista de capital, porque no es empleador ni trabajador dependiente.

En ese sentido, la UGPP no puede pedirle al actor que reporte la novedad de ingreso, porque el rentista no suscribe contratos laborales que originen dicha obligación.

Aplicación de normas por parte de la UGPP

En ese sentido, la UGPP no puede pedirle al actor que reporte la novedad de ingreso, porque el rentista no suscribe contratos laborales que originen dicha obligación.

Aplicación de normas por parte de la UGPP

La entidad pretende el cobro de contribuciones a pensiones, pero le priva al aportante de garantías y derechos, habida cuenta de que el reconocimiento de la pensión de invalidez o la indemnización por incapacidad permanente exigen la pérdida de capacidad laboral , pero el actor no es empleado y no recibe salario ni honorarios ; entonces, pese a que paga aportes, si sufre un accidente que le impida desarrollar sus labores y deja de percibir ingresos, no podría acceder a esas prestaciones.

En el subsistema de salud el cobro de aportes está limitado a dos (2) meses porque después de ese periodo se suspende la afiliación, la prestación de servicios en salud y el reconocimiento de incapacidades , de ahí que no puede haber contraprestación por parte del afiliado y, en conse cuencia, no resulta lógico que la UGPP liquide las contribuciones por todo el año.

Vulneración al debido proceso

El procedimiento dispuesto para el cobro de aportes no está contenido en los actos enjuiciados, lo cual vulnera el debido proceso, según el artículo 2 del Decreto 3033 de 2013.

14 Fl. 134 c.p. 1.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

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TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación de la parte demandante se admitió mediante auto del 28 de febrero de 202215 y no hubo pronunciamiento sobre el particular.

Con proveído del 24 de marzo de 202216, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada reiteró lo manifestado en la contestación de la demanda17.

La parte demandante insistió en los argumentos del recurso de apelación. Se refirió que en la liquidación debió aplicarse el porcentaje de costos presuntos fijado mediante la Resolución 209 del 12 de febrero de 2020 , y como ello no se demostró , los actos demandados adolecen de nulidad18.

El Ministerio Público emitió concepto en los siguientes términos19:

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 resulta obligatoria la afiliación y pago de aportes al sistema por parte de los trabajadores independientes y rentistas de capital. En cuanto al subsistema de salud, la conducta endilgada es la omisión en la afiliación mientras que, en pensiones, corresponde a la omisión en la vinculación.

La UGPP tomó los valores declarados por el aportante para determinar las obligaciones a su cargo, circunstancia que no fue desvirtuada por el demandante,

mientras que, en pensiones, corresponde a la omisión en la vinculación.

La UGPP tomó los valores declarados por el aportante para determinar las obligaciones a su cargo, circunstancia que no fue desvirtuada por el demandante, quien tampoco aportó información sobre costos y gastos procedentes para determinar la base de cotización, correspondiéndole la carga de la prueba.

La sanción por omisión es procedente, toda vez que el actor no pagó los aportes al sistema y en los actos enjuiciados la entidad aplicó el principio de favorabilidad en materia sancionatoria.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra el demandante, por omisión en la afiliación y/o vinculación al sistema de seguridad social integral por los períodos de enero a diciembre de 201 4, e impuso sanción por no declarar, y de la resolución que decidió el recurso de reconsideración en el sentido de reducir los ajustes y la sanción.

Cuestión previa. Alcance del recurso de apelación

15 Índice 4 de SAMAI. 16 Índice 12 de SAMAI. 17 Índice 18 de SAMAI. 18 Índice 19 de SAMAI. 19 Índice 20 de SAMAI.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

Demandante: José Otoniel Correa Franco

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En el recurso de apelación, la parte demandante cuestionó que la declaración de renta no es el medio idóneo para establecer la base de cotización porque, a su juicio, sobre los aportes al sistema no se practica retención en la fuente y se trata de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que, de modif icarse por la entidad, le otorgan el derecho al aportante de «pedir una reliquidación del impuesto de renta, reliquidación que a su vez implicaría la modificación del IBC que tomó la UGPP para cobrar aportes a seguridad social. Por lo anterior, la declaración de renta es una prueba insuficiente del ingreso base de cotización, pues para el caso particular de cobro de aportes a seguridad social carece de la certeza del valor a cobrar, no es un val or cierto, expreso, inmodificable, permanente o determinado»20.

En el mismo cargo, también alegó que no es válido el procedimiento de la UGPP de dividir el ingreso anual en 12 meses para determinar el IBC.

Si bien en la sentencia apelada se estudió la facultad de la UGPP de fundamentar la base gravable según la información registrada en la declaración del impuesto sobre la renta, no se pierde de vista que los argumentos relacionados con l a idoneidad probatoria de la liquidación privada y la determinación del IBC a partir del prorrateo de los ingresos anuales no fueron planteados en la demanda , lo que significa que la entidad no tuvo la oportunidad de debatirlos.

probatoria de la liquidación privada y la determinación del IBC a partir del prorrateo de los ingresos anuales no fueron planteados en la demanda , lo que significa que la entidad no tuvo la oportunidad de debatirlos.

De otra parte, en los alegatos de conclusión en segunda instancia, el actor solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados por falta de aplicación del esquema de presunción de costos de la Resolución 209 del 12 de febrero de 202021, aspecto que tampoco fue planteado en la demanda y, por lo tanto, la entidad no lo controvirtió y el tribunal no lo analizó.

Es así como la Sala se abstendrá de examinar tales alegaciones en tanto que, si bien el artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, estos deben ser consonantes con lo planteado en la demanda, pues de lo contrario se vulneraría el derec ho de defensa y contradicción de la contraparte y se desatendería el objeto del recurso de apelación, que no es otro que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el supe rior revoque o reforme la decisión tomada por el a quo (art. 320 CGP)22.

En los términos de l recurso de apelación de la parte demandante, la Sala deberá establecer: (i) si los rentistas de capital están obligados a afiliarse y cotizar a los subsistemas de salud y pensión, y si se configuró la conducta de omisión, (ii) si los actos demandados vul neraron el debido proceso y (iii) si procede la sanción por no declarar.

subsistemas de salud y pensión, y si se configuró la conducta de omisión, (ii) si los actos demandados vul neraron el debido proceso y (iii) si procede la sanción por no declarar.

1. Rentista de capital como sujeto pasivo de las contribuciones a los subsistemas de salud y pensión

20 Fl. 134 c.p. 1. 21 Expedida por la UGPP, «por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, conforme a su actividad económica». 22 Cfr. sentencias del 19 de mayo de 2022, exp. 24088, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 8 de septiembre de 2022, exp. 24680, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 8 de septiembre de 2022, exp. 25958, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

Demandante: José Otoniel Correa Franco

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El artículo 48 de la Constitución Política estableció la seguridad social como un «servicio público de carácter obligatorio» que se presta « bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y so lidaridad». Además, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional.

Con la Ley 100 de 1993 se creó el sistema de seguridad social integral con el objeto

control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y so lidaridad». Además, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional.

Con la Ley 100 de 1993 se creó el sistema de seguridad social integral con el objeto de «garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten».

Los objetivos del sistema son: «1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios […], 3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarr ollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral» (art. 6 de la Ley 100 de 1993).

Dentro de los principios con sujeción a los cuales se presta el servicio público esencial de la seguridad social, se destaca la «solidaridad» como la práctica de la mutua ayuda entre las pers onas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hac ia el más débil (art. 2 de la Ley 100 de 1993).

Como lo ha considerado la Corte Constitucional 23 «el principio de solidaridad exige al Estado y a toda la sociedad “la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo

de 1993).

Como lo ha considerado la Corte Constitucional 23 «el principio de solidaridad exige al Estado y a toda la sociedad “la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”» , por ende, el «Estado debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de mayor debilidad o vulnerabilidad, y exigir mayores contribuciones y esfuerzos a quienes están en mejor situación».

Cabe resaltar, que «la solidaridad no se encuentra sólo en cabeza del Estado sino que también los particulares tienen una carga al respecto. Además, según la filosofía del sistema, los aportes no tienen que verse necesariamente reflejados en las prestaciones, pues estos aportes tienen finalidades que sobrepasan el interés individual del afiliado y apuntan a la protección del sistema considerado como un conjunto dirigido a proteger a toda la población»24.

Otro de los principios orientadores del sistema es la «universalidad», el cual propende por la protección para todas las personas sin discriminación alguna en todas las etapas de la vida, en virtud del cual , todos los colombianos participan en el servicio esencial de salud, algunos como afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros de forma temporal como participantes vinculados25 (art. 157 de la Ley 100 de 1993).

Esta Corporación ha señalado que la anterior diferenciación «constituye una expresión del principio de solidaridad y obedece a la capacidad de pago para cubrir el monto de las cotizaciones. De esta manera, los ingresos determinan que al régimen contributivo

23 Sentencia C-258 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

del principio de solidaridad y obedece a la capacidad de pago para cubrir el monto de las cotizaciones. De esta manera, los ingresos determinan que al régimen contributivo

23 Sentencia C-258 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 24 Corte Constitucional, sentencia C-760 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. 25 La figura de los participantes vinculados desapareció con el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011. Sobre el particular, ver sentencia T-611 de 2014 de la Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00531-01 [26364]

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pertenezcan las personas vinculada s a través de contrato de trabajo, servidores públicos, pensionados y trabajadores independientes. Mientras que al régimen subsidiado se afilia la población más pobre y vulnerable del país»26.

Ahora, la obligatoriedad en la afiliación es una de las caract erísticas que rige al sistema de seguridad social, que encuentra sustento, tratándose del subsistema de salud, en el literal b) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, según el cual, «[t]odos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema Ge neral de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales».

Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales».

En lo que se refiere a los tipos de participantes, el artículo 157 ibidem dispone que «todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud», y lo harán como afiliados al régimen contributivo o subsidiado. Para lo que interesa al presente asunto, los afiliados al régimen contributivo en salud son «las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago […]» [se destaca].

En igual sentido, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 27 prevé que son afiliados al mencionado régimen, entre otros, «los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador […]».

De otra parte, respecto de la obligatoriedad en la afiliación al subsistema de pensión, los literales a)28 y d) del artículo 13 ejusdem29, señalan como características de este, que «la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes» y que «la afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley», respectivamente.

El artículo 15 ibidem30, establece que la afiliación será en forma obligatoria para «[t]odas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades

El artículo 15 ibidem30, establece que la afiliación será en forma obligatoria para «[t]odas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes […]» [se resalta].

Nótese que las disposiciones de la Ley 100 de 1993 no hacen referencia expresa a los rentistas de capital como sujetos obligados a afiliarse a salud y pensión, no obstante, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C -578 de 2009 31 «[…] una compren