CE - 250002337000201800701011SENTENCIASENTENCIA20230907221607

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

Demandante: Carlos Eduardo Barrantes Arévalo

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

Demandante CARLOS EDUARDO BARRANTES ARÉVALO

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL

Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social . IBC. Rendimientos Fiducuenta. Mensualización de ingresos. Sanción por omisión. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 28 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo siguiente1: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: Notifíquese por correo electrónico la presente providencia a: (...) CUARTO: Se INFORMA a las partes que las solicitudes de aclaración o complementación

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: Notifíquese por correo electrónico la presente providencia a: (...) CUARTO: Se INFORMA a las partes que las solicitudes de aclaración o complementación frente a la presente providencia deberán remitirse en el término respectivo mediante memorial digital, (…) QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen (…) Se deja constancia de que la presente providencia fue firmada electrónicamente por las magistradas, a través del aplicativo oficial denominado SAMAI (…).” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RCD 2016-01104 del 27 de octubre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió a l demandante Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-00895 del 26 de mayo de 2017, por la conducta de omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos de enero a diciembre de 201 4 e impuso sanción por omisión (fls.44 a 61).

Contra la anterior decisión la interesada interpuso el recurso de reconsideración que fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 2018-00440 del 31 de mayo de 2018, que ordenó reliquidar el monto de los aportes y la sanción por omisión (fls.75 a 97).

1 CD folio 175Radicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

ordenó reliquidar el monto de los aportes y la sanción por omisión (fls.75 a 97).

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Demandante: Carlos Eduardo Barrantes Arévalo

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ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones (fls.2 a 3): “4.1. Decretar la nulidad de las (sic) Resolución Liquidación Oficial que impuso sanción por omisión en la afiliación, y/o vinculación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en los Subsistemas de Salud y Pensión y que posteriormente fue ratificada por la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración, conformadas por los siguientes actos, expedidos dentro del Expediente No. 20161520058000675: 4.1.1. Resolución No. RDO-2017-00895 del 26 de mayo de 2017 por medio de la cual se profirió Liquidación Oficial. 4.1.2. Resolución No. RDC -2018-00440 por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución No. RDO -201700895. 4.2. A título de restablecimiento del derecho se solicita confirmar la no obligatoriedad de

de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución No. RDO -201700895. 4.2. A título de restablecimiento del derecho se solicita confirmar la no obligatoriedad de Carlos Eduardo Barrantes Arévalo como aportante al Sistema de Seguridad Social integral en la calidad de rentista de capital, dado que esta categoría de renta pasiva no está incluida como sujeta al pago de aportes a Seguridad Social, según se demuestra en esta demanda, 4.3. Inaplicar el artículo 26 del Decreto 806 de 1998, por violar abiertamente la constitución y la ley en el presente caso, al incluir a los rentistas de capital como obligados a aportar al Subsistema de Seguridad Social en salud, conforme al artículo 4 de la Carta Política, siendo causal constitutiva de la excepción de ilegalidad. 4.4. De manera subsidiaria, a título de restablecimiento del derecho, determinar que las rentas declaradas por el señor Carlos Eduardo Barrantes en su denuncio rentístic o a título de rendimientos financieros no pueden ni deben ser tomadas por la UGPP como base de aportes a la Seguridad Social y mucho menos mensualizarse, como quiera que se trata de ingresos que no han sido efectivamente percibidos, por las razones anotadas en la demanda. 4.5. Solicitar los antecedentes administrativos a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP. 4.6. Abstenerse de fijar caución tratándose de un proceso sancionatorio.” A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 95 numeral 9, 150 numeral 12, 338 y 363 de la Constitución Política; 15 y 157 de la Ley

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 95 numeral 9, 150 numeral 12, 338 y 363 de la Constitución Política; 15 y 157 de la Ley 100 de 1993; 33 de la Ley 1438 de 2011; 135 de la Ley 1753 de 2015 y 102 del Estatuto Tributario. El concepto de violación se resume de la siguiente manera:

1. Inexistencia de la sujeción pasiva a los subsistemas de salud y pensión Salud: El demandante afirmó que su actividad económica es de rentista de capital, la cual no fue incluida en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 (por remisión del artículo 203 ibidem) que señala los obligados a afiliarse al sistema mediante el régimen contributivo. En esa medida no estaba obligado a efectuar los aportes.

Peso a esto, la Administración afirmó en la liquidación oficial que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 , que se refiere a la presunción de capacidad de pago e ingresos de las personas naturales declarantes del impuesto de renta , estaba obligada a pagar aportes , lo cual era errado, toda vez que seRadicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

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trataba de una presunción d e hecho y no de derecho que hacía mención a la capacidad de pago como hecho generador , no a los sujetos pasivos , como equivocadamente lo entendía la UGPP.

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trataba de una presunción d e hecho y no de derecho que hacía mención a la capacidad de pago como hecho generador , no a los sujetos pasivos , como equivocadamente lo entendía la UGPP. Indicó que la entidad al equipar a los trabajadores independientes y a los rentistas de capital como obligados a cotizar al sistema, no observó que se trata de conceptos distintos, pues los primeros prestan sus servicios personales o desarrollan una actividad de tipo personal por la cual reciben una contraprestación (renta activa), mientras que los rentistas son personas naturales que obtienen sus ingresos como resultado de la explotación económica de sus bienes o activos (rentas pasivas). Es a partir de es a confusión conceptual que la demandada consideraba que los rentistas debían cotizar cuando percibieran ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Destacó que i) el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 no derogó el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, por el contrario, lo complementó al precisar cuándo un trabajador independiente tiene capacidad de pago, y ii) ni siquiera el Decreto 806 de 1998 asimiló al trabajador independiente y los rentistas de capital. De manera que la interpretación correcta del mencionado artículo 33 consistía en que era obligado a realizar aportes el trabajador independiente que tuviera capacidad de pago, so pena de desconocer mandatos constitucionales. Solicitó que, mediante la excepción de ilegalidad, se inaplicara al caso particular el Decreto 806 de 1998 , norma que sirvió de fundamento de los actos , comoquiera que pretende establecer al rentista de capital como sujeto pasivo sin estar contemplado en la ley.

Decreto 806 de 1998 , norma que sirvió de fundamento de los actos , comoquiera que pretende establecer al rentista de capital como sujeto pasivo sin estar contemplado en la ley.

Pensión: Afirmó que el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 (que modificó el artículo 15 de la Ley 100 de 1993) al señalar los obligados a cotizar a este subsistema tampoco incluyó a los rentistas de capital , de manera que, era errado que la UGPP considerara que la categoría de trabajador independiente cobija al rentista de capital.

Señaló que era e quivocado considerar que por el solo hecho de reporta r e n su declaración del impuesto sobre la renta ingresos por $ 323.026.000, estuviera obligado afiliarse a pensión , pues lo que debe atender la entidad es la naturaleza de los ingresos y verificar la calidad del sujeto, que para el caso concreto por tratarse de un rentista de capital no debía cotizar, lo contrario implica desconocer el principio de legalidad que rige el sistema tributario Explicó que el hecho de trasladar dinero a un patrimonio autónomo descarta la realización de cualquier actividad de comercio, comoquiera que el que la ejecuta es la fiduciaria y no el rentista de capital.

2. Reserva legal en la creación de sujetos pasivos Afirmó que no existe una norma que defina con exactitud el concepto de rentistas de capital, por tanto, si esto no era claro menos podía serlo el régimen sancionatorio aplicable. Señaló que la sujeción pasiva y la base gravable son aspectos que deben provenir de la ley.

Adujo que, según criterios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los

aplicable. Señaló que la sujeción pasiva y la base gravable son aspectos que deben provenir de la ley. Adujo que, según criterios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los elementos del tributo deben estar claramente determinados en la ley, pues con elloRadicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

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se busca la protección de fines democráticos y otros principios como la seguridad jurídica de los ciudadanos. En ese contexto, no podía la UGPP pretender, mediante una interpretación extensiva, incluir a los rentistas de capital como sujeto pasivo de los aportes a salud y pensión2.

3. Rentistas de capital y pago de cotizaciones a seguridad social en salud y pensión Adujo que, si bien los rentistas de capital inicialmente hicieron parte del texto del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 , como obligados a cotizar al igual que los independientes, lo cierto fue que, como consecuencia de los debates surtidos en el Congreso de la República, esta categoría fue excluida y se desvirtuó la necesidad de asignarles tales cargas y asimilarlos como independientes.

4. Las rentas de los patrimonios autónomos Explicó que como rentista de capital percib e rendimientos financieros producto de su calidad de fideicomitente/beneficiario de un patrimonio autónomo , que no se encuentra obligado a llevar contabilidad, por lo que para efectos del impuesto del impuesto sobre la renta reconoce los ingresos, costos y gastos al momento de su realización.

encuentra obligado a llevar contabilidad, por lo que para efectos del impuesto del impuesto sobre la renta reconoce los ingresos, costos y gastos al momento de su realización. En esa medida , la única razón por la cual incluyó en su denuncio rentístico los rendimientos del patrimonio autónomo, pese a no recibirlos efectivamente, fue por la correcta aplicación del artículo 102 del Estatuto Tributario . Aseveró que e n la declaración privada también se registraron los ingresos de sus hijas menores de edad, producto de su participación en el mismo patrimonio (artículo 24 del Decreto 187 de 1975). Explicó que la certificación de Bancolombia aportada con la demanda es clara en señalar que durante el año 2014 le efectuó la restitución de aportes, lo cual era diferente al pago de rendimientos financieros, puesto que se trataba de una devolución de capital, la cual no estaba indicada como base gravable de la contribución parafiscal, toda vez que lo que se encontraba gravado eran los ingresos efectivamente percibidos. Por esta razón, además de los fundamentos sobre la ausencia de la obligación para los rentistas de capital, era deber de la UGPP identificar el tipo de ingreso generado, lo cual no aconteció en el presente caso , puesto que la única prueba de la demandada consistió en la declaración de renta, pese a que las bases fiscales entre una y otra obligación no son asimilables. Afirmó que la UGPP sin fundamento legal mensualizó todos los ingresos de su declaración del impuesto sobre la renta, y sobre el valor de cada período presumió la omisión, sin contar con pruebas de este aspecto.

5. Sanción por omisión y sanción por no declarar

declaración del impuesto sobre la renta, y sobre el valor de cada período presumió la omisión, sin contar con pruebas de este aspecto.

5. Sanción por omisión y sanción por no declarar Indicó que del reporte de ingresos de la DIAN transcrito en la demanda se evidenciaba que la mayoría de los ingresos obtenidos por el patrimonio autónomo se originan en los dividendos y rendimientos por cartera colectiva, los cuales se pagan una sola vez y, por ende, era erróneo mensualizarlos con el fin de determinar

2 Sobre el asunto citó las sentencias de la Corte Constitucional C-155 de 2003 y C-891 de 2012; y del Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 24 de mayo de 2018, exp.21096, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

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el incumplimiento de la obligación parafiscal mes a mes. Señaló que la UGPP en los actos acusados procedió a imponerle una sanción como independiente, pese a que no tenía dicha calidad, y que tampoco estaba obligado a cotizar por tratarse de un rentista de capital. Así mismo, la Administración no señaló cuál fue el hecho infractor y erróneamente dijo que no cumplió con la obligación de afiliarse y/o vincularse al sistema, lo cual no era cierto, comoquiera que en el año 2011 una empresa en la que trabajó lo afilió al sistema de seguridad social y, en

cuál fue el hecho infractor y erróneamente dijo que no cumplió con la obligación de afiliarse y/o vincularse al sistema, lo cual no era cierto, comoquiera que en el año 2011 una empresa en la que trabajó lo afilió al sistema de seguridad social y, en consecuencia, existía “tanto para Salud como para Pensiones” , es decir, que el hecho infractor no se tipificó en el presente caso, desconociendo el carácter restrictivo de la sanción. Así las cosas, no omitió la afiliación y/o vinculación (ya que nunca vence), ni omitió el pago porque no estaba obligado a hacerlo como independiente ni como rentista. y en todo caso no era viable imponer dos sanciones por un mismo hecho (“la sanción moratoria y una supuesta sanción por omisión de afiliación” ). Agregó que desconocía el procedimiento con el cual la UGPP determinó el monto de los aportes debido a “falta de cd y la liquidación no lo expresa. Reenvía al Requerimi ento, pero las bases no son las mismas, como quiera que se redujo el tope de los aportes al límite legal” Adujo que finalmente no se impuso sanción por no afiliarse o vincularse y no pagar, dado que en la liquidación oficial se aplicó la Ley 1819 de 2016, que tiene un hecho infractor diferente, como es la omisión en la “liquidación” de los aportes, lo cual no fue previsto desde el inicio del proceso. Mencionó la sanción por no declarar y alegó como vulnerado el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la modificación hecha por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 consagró la sanción por la omisión en la presentación y pago de las

Constitución Política, por cuanto la modificación hecha por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 consagró la sanción por la omisión en la presentación y pago de las autoliquidaciones, conducta que no fue tipificada desde el requerimiento para declarar y/o corregir, sumado a que no se expidió previamente el pliego de cargos. En el hipotético caso de proceder la sanción por no declarar , el monto sería de $82.005.000 y no de $112.728.000 como lo determinó la entidad en los actos , puesto que ese era el resultado luego de aplicar el 10% a la base, según el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente (fls.144 a 155): Frente a los cargos de nulidad uno a tres relacionados con la reserva legal en la determinación de sujetos pasivos, y la inexistencia de la obligación de aportar a salud y pensión a cargo de los rentistas de capital sostuvo que de conformidad con los artículos 15 del Decreto 3063 de 1989, 16 del Decreto 1406 de 1999, 15 y 157 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes están obligados a afiliarse y a cotizar a los subsistemas de salud y pensión3 siempre y cuando tengan capacidad de pago, la cual se presume con la declaración, entre otros, del impuesto a la renta según lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011. Explicó que la Corte Constitucional 4 al estudiar la noción de trabajador independiente aclaró que comprendía a los rentistas de capital, entre otros, criterio

Explicó que la Corte Constitucional 4 al estudiar la noción de trabajador independiente aclaró que comprendía a los rentistas de capital, entre otros, criterio

3 Al respecto citó la sentencia C-1089 de 2003 de la Corte Constitucional. 4 Sentencia C-578 de 2009.Radicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

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que debía ser atendido en la interpretación del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (modificado por la Ley 797 de 2003). De igual manera la base gravable estaba conformada por los ingresos efectivamente percibidos declarados ante la administración según lo dispuesto en los artículos 30 del Decreto 1406 de 1999; 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 , 1° parágrafo del Decreto 510 de 2003 . En ese sentido, la UGPP válidamente tomó la información contenida en la declaración de renta del actor por el año 2014 y procedió a calcular los aportes correspondientes en su calidad de rentista de capital con capacidad de pago. Sostuvo que era improcedente la excepción de inconstitucionalidad alegada en la demanda, toda vez que no existía conflicto alguno entre la legislación vigente en materia de seguridad social y la Constitución. En cuanto al cargo relacionado con las rentas de los patrimonios autónomos adujo que durante el proceso de fiscalización únicamente se demostró el saldo por concepto de rendimientos recibidos del patrimonio autónomo del que era parte el

En cuanto al cargo relacionado con las rentas de los patrimonios autónomos adujo que durante el proceso de fiscalización únicamente se demostró el saldo por concepto de rendimientos recibidos del patrimonio autónomo del que era parte el actor y el monto de la retención de renta que sobre el mismo efectuó la entidad bancaria en el año 2014. Así, no se encontró acreditado la participación o proporción que el investigado manifestó le correspondía a él y a sus hijas en el fideicomiso, y menos el usufructo legal de los padres de familia hacia los menores hijos cuya aplicación reclamó en virtud del artículo 24 de la Ley (sic) 187 de 1975. Adicionalmente, en la certificación de los valores retenidos se consignó como contribuyente únicamente al actor, sin realizar mención alguna a otro partícipe o miembro del fideicomiso, lo que hubiera permitido considerar la pluralidad de los integrantes. Expuso que entre los ingresos reportados en la declaración de renta ($323.026.000) y la certificación de los rendimientos ($321.089.201) existió una diferencia de $1.082.798. Así mismo, al tenor de los soportes expedidos por la entidad bancaria se pudo con statar que los ingresos provenientes del patrimonio autónomo fueron percibidos durante el año 2014, sin que fuera posible establecer el mes y/o período durante el cual fueron cancelados, razón por la cual no se desvirtuó la mensualización que al respecto h izo la UGPP, igual suerte corría la diferencia mencionada que no fue soportada por el investigado. Respecto a la sanción por omisión y por no declarar explicó que “si bien el aportante

mensualización que al respecto h izo la UGPP, igual suerte corría la diferencia mencionada que no fue soportada por el investigado. Respecto a la sanción por omisión y por no declarar explicó que “si bien el aportante se encontraba afiliado, la conducta omisiva se dio por vinculación más no por afiliación como lo hace creer el apoderado, por cuanto no cumplió con la obligación de vinculación al Sistema de Seguridad Social como trabajador independie nte”, de manera que los ajustes y la sanción estaban ajustadas a las normas que regulan la materia, sanción que es impuesta cuando se omite la afiliación y/o vinculación y no se pagan los aportes estando obligado a ello. Sostuvo que se liquidó la sanción en atención al principio de favorabilidad, toda vez que en virtud de la Ley 1607 de 2012 ésta arrojaba un valor de $240.110.640 y con la Ley 1819 de 2016 el monto fue de $112.728.000. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda por lo que pasa a exponerse5:

5 Cd folio 175Radicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

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1. De la obligación de aportar a cargo de los rentistas de capital Explicó que, de conformidad con los artículos 11, 13, 15, 17, 18 y 19 de la Ley 100

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1. De la obligación de aportar a cargo de los rentistas de capital Explicó que, de conformidad con los artículos 11, 13, 15, 17, 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, deben afiliarse de manera obligatoria al sistema de pensiones: i) las personas vinculadas mediante contrato de trabajo; ii) las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y iii) los trabajadores independientes, dentro de los cuales se encuentran aquellos que obtienen ingresos con contratos diferentes a prestación de servicios, como rentistas de capital.

En lo que respecta a la base de cotización de los trabajadores independientes señaló que correspondería al ingreso efectivamente percibido en los términos del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, para lo cual podría efectuar las deducciones necesarias en las condiciones previstas en el artículo 107 del Estatuto Tributario, y en ningún caso podría ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superar el tope de los 25 salarios. Sostuvo que con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 el legislador distinguió entre los contratistas de prestación de servicios y los demás trabajadores independientes, para efectos de la cotización al Sistema de Seguridad Social, toda vez que, los primeros tendrán como base de cotización el 40% del valor. A su vez, la Ley 100 de 1993 (artículos 157 y 204) dispuso que los independientes con capacidad de pago están en la obligación de afiliarse al subsistema de salud (régimen contributivo) y que la base de cotización sería regulada por el Gobierno.

A su vez, la Ley 100 de 1993 (artículos 157 y 204) dispuso que los independientes con capacidad de pago están en la obligación de afiliarse al subsistema de salud (régimen contributivo) y que la base de cotización sería regulada por el Gobierno. Siguiendo esa línea, los artículos 26 y 66 del Decreto 806 de 1998 y 4 del Decreto 1070 de 1995, reforzaron que los rentistas de capital estarían obligados a cotizar a salud y que la base de ello correspondería a los ingresos calculados por la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia Nacional de Salud y, en todo caso, según el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999, cuando los ingresos reales del trabajador independiente fueren superiores a los que resultaran de aplicar las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dichos trabajadores debían hacerse con base en los ingresos realmente percibidos. Expresó que, según el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, se presumía con capacidad de pago las personas naturales declarantes del impuesto de renta, IVA e ICA y, en consecuencia, estaban obligados a realizar aportes al régimen contributivo. Además, de con formidad con los artículos 686, 742, 743 y 746 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión expresa de la Ley 1151 de 2007, los hechos consignados en las declaraciones tributarias se consideran ciertos, por lo que era admisible la verificación de ingres os con las respectivas autoridades para efectos de liquidar los aportes a seguridad social (artículo 15 de la Ley 100 de 1993). En cuanto a la afirmación del demandante según el cual en materia de aportes no

que era admisible la verificación de ingres os con las respectivas autoridades para efectos de liquidar los aportes a seguridad social (artículo 15 de la Ley 100 de 1993). En cuanto a la afirmación del demandante según el cual en materia de aportes no pueden equipararse los rentistas de capital con los trabajadores independientes, aclaró que según los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, todos los habitantes del territorio están obligados afiliarse al sistema en salud, lo cual era un derecho irrenunciable. Adicional a esto, los Decretos 806 de 1998 y 1406 de 1999, incluyeron a los rentistas de capital como personas obligadas a realizar aportes al sistema por tener capacidad de pago. Afirmó que el calificativo de trabajador independiente era usado para la persona natural que realiza una actividad económica o presta sus servicios de maneraRadicado: 25000-23-37-000-2018-00701-01 (26481)

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personal, con completa independencia y autonomía, dentro del cual se incluía, entre otros, a los rentistas de capital, criterio que se acompasaba con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 2009 y por el Consejo de Estado6. De conformidad con lo expuesto concluyó que el cargo relacionado con el desconocimiento de normas superiores no estaba llamado a prosperar, comoquiera que quedó demostrado la existencia de normas que determinaban como sujetos pasivos a los rentistas de capital . Ello porque no estaba ligada su obligación al desarrollo de actividades de prestación de servicios como se afirmó en la demanda,

que quedó demostrado la existencia de normas que determinaban como sujetos pasivos a los rentistas de capital . Ello porque no estaba ligada su obligación al desarrollo de actividades de prestación de servicios como se afirmó en la demanda, sino que lo relevante era la percepción de recursos, sea vía dividendos, arrendamientos, participaciones, venta de acciones u otros, es decir, la capacidad de pago, aspecto que en últimas no estuvo en discusión en el proceso.

2. Falta de motivación por presunción de ingresos Adujo que, en atención a lo expuesto en el cargo anterior, las reglas para la definición del ingreso base de cotización previstas en el artículo 25 del Decreto 1406 de 1997 y la presunción de capacidad de pago del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 le eran plenamente aplicables al actor, con lo cual era válido que la UGPP tomara la información obtenida con el cruce de los datos declarados en renta por el año 2014.

Sumado a que los hechos reflejados en los denuncios privados gozaban de presunción de legalidad y admitían prueba en contrario, de manera que el aportante podía demostrar con pruebas la realidad de sus ingresos, costos y gastos en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario. No prosperó el cargo.

3. Valoración probatoria para determinar el IBC Afirmó que revisados los elementos con los cuales el actor pretendió demostrar el hecho de la percepción de rendimientos financieros a su nombre y en el de sus hijas, encontró como soportes un derecho de petición ante Bancolombia y la respuesta brindada por esa entidad. No obstante, de los mismos solo fue posible advertir que el demandante percibió un ingreso por rendimientos en la suma de

hijas, encontró como soportes un derecho de petición ante Bancolombia y la respuesta brindada por esa entidad. No obstante, de los mismos solo fue posible advertir que el demandante percibió un ingreso por rendimientos en la suma de $321.089.201, tal como quedó consignado en la declaración de renta del año 2014, sin aportar la información requerida para controvertir la mensualización del valor total efectuada por la UGPP. Destacó que en esa información se reportó la participación de los rendimientos realizados en