CE - 250002337000201900616011SENTENCIA20230926153346

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

Demandada: DIAN

Temas: Renta. 2014. Omisión de activos . Valoración probatoria. Adición de ingresos. Rechazo de aminoraciones. Prueba de retenciones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó pretensiones sin condenar en costas (índice 2)1:

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412018000047, del 04 de abril de 2018 (ff. 1052 a 1073 caa), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el actor para el año gravable 2014. Concretamente, incrementó el

1052 a 1073 caa), la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el actor para el año gravable 2014. Concretamente, incrementó el patrimonio bruto para añadir activos fijos , adicionó ingresos operacionales, rechazó gastos de administración y otras deducciones, determinó una renta gravable por omisión de los activos fijos, desconoció una porción de las retenciones en la fuente , y sancionó por inexactitud. Esa decisión fue confirmada con la Resolución nro. 992232019000022, del 12 de abril 2019 (ff. 1114 a 1128 vto. caa).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), el actor formuló las siguientes pretensiones (f. 2):

Primera: Que se declare la nulidad de Liquidación Oficial nro. 322412018000047, del 04 de abril de 2018, proferida por la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuesto de Bogotá, que modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014, estableciendo un mayor valor a pagar por $163.176.000.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 992232019000022, del 12 de abril de 2019, proferida por la subdirectora de gestión de recursos jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, que resolvió el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial nro.

2019, proferida por la subdirectora de gestión de recursos jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, que resolvió el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial nro. 322412018000047, del 04 de abril de 2018, confirmándola.

1 Todas las menciones de «índices» aluden al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.Radicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

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Tercera: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare la firmeza de la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014 … presentada por el demandante, para con ello establecer la inexistencia de un mayor valor a pagar a la demandada.

Cuarta: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 2.°, 6.°, 29, 123 y 363 de la Constitución; y 107, 239-1, 387, 683, 742 y 743 del ET (Estatuto Tributario), bajo el siguiente concepto de violación (ff. 6 a 26):

Sostuvo que su contraparte incurrió en falsa motivación, porque fundó la liquidación de la renta gravable dispuesta en el artículo 239 -1 del ET en la supuesta omisión de dos bienes raíces que fueron declarados en debida forma. Explicó que el otro 50% del primer

la renta gravable dispuesta en el artículo 239 -1 del ET en la supuesta omisión de dos bienes raíces que fueron declarados en debida forma. Explicó que el otro 50% del primer bien fue declarado por su cónyuge , ya que formaba parte de la sociedad conyugal y participó en su adquisición en esa proporción . Sobre el segundo, aseguró que declaró ese predio solo que al responder un requerimiento de información indicó que su valor era superior. Explicó que con miras a enmendar su error aportó el certificado del registro inmobiliario y los recibos del impuesto predial unificado que daban cuenta de su valor patrimonial real, pero que esas pruebas fueron descartadas por su contraparte al considerar que versaban respecto de un bien que no era objeto de la litis.

Por otra parte, planteó que los cruces de información con terceros carecían de idoneidad probatoria para desvirtuar la presunción de veracidad de su autoliquidación del impuesto. En concreto, sostuvo que no procedía la adición de ingresos que se sustentó en l os mayores valores que declaró en el ICA (impuesto de industria y comercio ), pues se trataba de tributos con bases gravables distintas y, en esa medida, las divergencias entre las liquidaciones privadas de uno y otro solo eran indicio de inexactitud, que tendría que comprobar la autoridad tributaria mediante otros medios probatorios.

Se opuso al rechazo del gasto por el pago de una indemnización laboral por despido injustificado, argumentando que la doctrina oficial aceptaba su relación causal con la actividad productiva, y que las demás exigencias en las que se sustentó su rechazo eran improcedentes, ya que tratándose de un pago laboral no debía estar soport ado en una

injustificado, argumentando que la doctrina oficial aceptaba su relación causal con la actividad productiva, y que las demás exigencias en las que se sustentó su rechazo eran improcedentes, ya que tratándose de un pago laboral no debía estar soport ado en una factura ni el beneficiario inscrito en el RUT (Registro Único Tributario). Defendió la deducibilidad de los gastos por honorarios y arrendamientos, porque se causaron en el periodo gravable con la suscripción de los contratos y estaban debidamente soportados –con comprobantes de egresos , recibos de caja menor, facturas y documentos equivalentes–. Por otro lado, sostuvo que, conforme a la letra b. del artículo 387 del ET, era deducible el pago por una póliza de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, ya que estaba soportada con el certificado emitido por la empresa aseguradora. Asimismo, planteó que eran procedentes los gastos por mejoras locativas a los locales comerciales toda vez que cumplían con los requisitos previstos en el artículo 107 del ET y estaban soportados en documentos equivalentes. Al respecto, d iscutió que la deducibilidad de esas expensas dependiera de la verificación de la inscripción de los proveedores en el RUT, pues ese era un deber formal a cargo de los terceros. Defendió la deducibilidad de las expensas por útiles, papelería, casino, restaurantes, impuesto al consumo y parqueaderos porque cumplían los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, no fueron desvirtuados por la demandada , y en lo que respecta a los dos últimos agregó que era conforme a la costumbre que el documento soporte no identificara el adquirente de los servicios.

proporcionalidad, no fueron desvirtuados por la demandada , y en lo que respecta a los dos últimos agregó que era conforme a la costumbre que el documento soporte no identificara el adquirente de los servicios.

Argumentó que era improcedente que la demandada rechazara las retenciones en la fuente declaradas, basándose en la información en medios magnéticos que reportaronRadicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 los agentes retenedores, pues esos datos eran indicios que, para sustentar una glosa a su autoliquidación del impuesto, debían acompañarse con otras pruebas.

Por último, se opuso a la sanción por inexactitud aduciendo que no cometió la conducta infractora señalada en el artículo 647 del ET y que, en cualquier caso, de haberlo hecho, correspondía exculparlo por tener un criterio diferente sobre la normativa aplicable.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones del actor (índice 2), para lo cual sostuvo que procedía la renta gravable dispuesta en el artículo 239 -1 del ET, ya que el actor omitió declarar su participación total en la propiedad de un bien inmueble . Alegó que el contribuyente no probó la sociedad conyugal en razón de la cual afirmó que su cónyuge declaró esa parte del bien y que, en cualquier caso, ello no subsanaría la omisión, pues como propietario tenía la obligación declararlo. Planteó que el demandante no desvirtuó

declaró esa parte del bien y que, en cualquier caso, ello no subsanaría la omisión, pues como propietario tenía la obligación declararlo. Planteó que el demandante no desvirtuó la adición de los ingresos que se sustentó en las declaraciones del ICA. Precisó que esas autoliquidaciones tributarias era n una prueba idónea de los réditos que obtuvo el actor en el periodo revisado, pues correspondían a los ingresos que percibió en el desarrollo de sus actividades lucrativas, los cuales eran constitutivos de renta . Por otr a parte , defendió el rechazo del gasto por indemnización laboral, porque no tenía relación de causalidad con la actividad productiva del demandante, tampoco se acreditó con la factura de venta o documento equivalente , ni se probó la inscripción en el RUT del beneficiario del pago. Argumentó que tampoco eran deducibles los pagos por honorarios, ya que el actor omitió aportar la prueba de los aportes al SPS (Sistema de Protección Social) a cargo de los contratistas y las facturas o documentos equivalente s que los soportaban. Defendió el rechazo de las demás erogaciones de la litis toda vez que el demandante no probó el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del ET ni las soportó en las facturas o documentos equivalentes correspondientes. Sostuvo que procedía desconocer la s retenciones en la fuente que no fueron reportadas por los agentes retenedores. Agregó que era improcedente la petición que hizo el actor en la respuesta al requerimiento especial consistente en que se imputara la retención en la fuente que practicó una sociedad aseguradora, porque no se acreditó ni fue reportada en la información en medios magnéticos de esa compañía. Finalmente, sostuvo que el actor

respuesta al requerimiento especial consistente en que se imputara la retención en la fuente que practicó una sociedad aseguradora, porque no se acreditó ni fue reportada en la información en medios magnéticos de esa compañía. Finalmente, sostuvo que el actor incurrió en la infracción por inexactitud en la liquidación privada del impuesto sobre la renta.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones del actor sin condenarlo en costas (índice 2). Juzgó que procedía la renta gravable especial reglada en el artículo 239 -1 del ET, ya que, para el periodo de la litis, el demandante era propietario del 100% de un inmueble respecto del cual solo declaró el 50% de la propiedad. Por ende, se configuró una omisión de la parte que no incluyó en el patrimonio, al margen de su declaración por la cónyuge, pues no probó que fuera la propietaria de esa cuota del bien. También constató la omisión de cuatro predios detectados por la demandada , precisando que frente a esa decisión el actor no presentó cargos de nulidad, salvo el planteamiento referido a que erró en la cuantificación del valor de uno de los inmuebles, alegato que descartó al verificar que en la liquidación oficial se determinó el valor del activo omitido conforme a lo aceptado por el actor en la respuesta al acto previo . Aclaró que las pruebas a las que h izo referencia en la demanda eran de un inmueble que no fue cuestionado con los actos demandados.

Avaló la adición de los ingresos con el mayor valor que declaró el demandante en el ICA,

en la demanda eran de un inmueble que no fue cuestionado con los actos demandados.

Avaló la adición de los ingresos con el mayor valor que declaró el demandante en el ICA, puesto que esas liquidaciones privadas eran una prueba idónea de la cuantía de losRadicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 réditos que obtuvo en el periodo debatido. A claró que esa glosa no fue desvirtuada por el contribuyente quien limitó su alegato a la falta de idoneidad del medio de prueba en el que se basó la autoridad tributaria.

También admitió el rechazo de las erogaciones discutidas. Frente a la indemnización por despido injustificado de un empleado consideró que la liquidación del contrato de trabajo y el comprobante de egreso daban cuenta de su pago, pero eran insuficientes para soportar su aminoración de la base, ya que , como comerciante obligado a llevar contabilidad, el actor debía respaldar la expensa con facturas o documento s equivalentes, conforme lo exigen los artículos 617, 618 y 771-2 del ET, en la medida en que no se trataba de un pago con connotación laboral sino indemnizatoria. En cuanto al pago mensual de honorarios por la prestación de servicios personales, estimó que no procedía su deducibilidad, porque no se comprobó el pago de los aportes al SPS. Avaló el rechazo del gasto por arrendamientos, tras considerar que los recibos de caja carecían

procedía su deducibilidad, porque no se comprobó el pago de los aportes al SPS. Avaló el rechazo del gasto por arrendamientos, tras considerar que los recibos de caja carecían de idoneidad probatoria para su aminoración de la base, pues se requería prueba de su contabilización y los soportes. Asimismo, juzgó que el certificado de la aseguradora no era la prueba idónea del gasto por la póliza de seguro. Frente a las erogaciones para mejoras locativas a los locales comerciales , consideró procedente el rechazo, toda vez que los documentos que los soportaban no identificaban el NIT (Número de Identificación Tributaria) del proveedor , el servicio prestado y el IVA (impuesto sobre las ventas ) causado. Además, uno de los proveedores no estaba inscrito en el RUT, siendo un deber del contribuyente verificar que cumpliera con ese requisito, previo al respectivo pago. Negó la deducibilidad de las expensas por útiles , papelería, impuesto al consumo y parqueaderos toda vez que no estaban probadas en el expedient e; y de los gastos en restaurantes y casinos, porque no se probó la relación de causalidad con la actividad lucrativa, además, las factur as que obraban en el expediente eran ilegibles. Aclaró que no pronunciaba sobre el rechazo de la aminoración de los pagos efectuados a dos personas naturales, ya que el demandante no planteó reparos frente al sustento de esa decisión de la Administración.

Consideró procedente el rechazo de la porción de las retenciones en la fuente que no se soportó con el certificado del agente retenedor siendo la prueba idónea. Por último, avaló

decisión de la Administración.

Consideró procedente el rechazo de la porción de las retenciones en la fuente que no se soportó con el certificado del agente retenedor siendo la prueba idónea. Por último, avaló la sanción por inexactitud, pues el actor incurrió en la conducta infractora al omitir activos e ingresos y declarar aminoraciones y retenciones en la fuente que no estaban debidamente soportadas.

Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2). Insistió en que la determinación de la renta gravable del artículo 239 -1 del ET fue falsamente motivada, porque se sustentó en la supuesta omisión de una parte de un inmueble estando probad o que integraba el patrimonio declarado por su cónyuge, quien era la titular real de esa parte del bien toda vez que formaba parte la sociedad conyugal vigente entre los dos. En cuanto al segundo predio identificado en la demanda, afirmó que lo declaró en el porcentaje de su participación, que era inferior al determinado en los actos acusados. Reiteró que era improcedente la adición de ingresos con sustento únicamente en las declaraciones de ICA. Insistió en la deducibilidad de la indemnización por despido injustificado de un trabajador, toda vez que al tratarse de un pago que se originó de una relación laboral tenía relación de causalidad con su actividad lucrativa –como era reconocido por la doctrina oficial – afirmó que era necesario y proporcional, en la medida en que buscó precaver un litigio y se estimó en los términos de las normas laborales. Censuró que el tribunal exigiera una factura como prueba de esa expensa, pues se trató de un pago

precaver un litigio y se estimó en los términos de las normas laborales. Censuró que el tribunal exigiera una factura como prueba de esa expensa, pues se trató de un pago diferente a la remuneración de bienes o ser vicios. Reiteró que probó el pago deRadicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 honorarios y su causación con la suscripción de los contratos de prestación de servicios. Además, reprochó que el a quo considerara que eran pagos laborales cuya deducibilidad estaba sujeta a pago de los aportes al SPS, toda vez que desconoció que tenía con los terceros una relación comercial que no generaban vínculo laboral. Por otra parte, adujo que los gastos por arrendamiento se causaron con la suscripción de los contratos, y que esos eran prueba suficiente de esas erogaciones que cumplían con los requisitos del artículo 107 del ET. Asimismo, alegó que el certificado de la compañía aseguradora probaba la erogación por una póliza de seguro de salud, la cual era deducible conforme a la letra b. del artículo 387 ibidem; y que los contratos de prestación de servicios y los documentos equivalentes que aportó probaban las expensas por mejoras locativas a sus locales comerciales. Afirmó que esos gastos tenían relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con su actividad productiva, y que no debía comprobar la inscripción en el RUT de los proveedores, pues ese era un deber formal de esos terceros. Sostuvo que

locales comerciales. Afirmó que esos gastos tenían relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con su actividad productiva, y que no debía comprobar la inscripción en el RUT de los proveedores, pues ese era un deber formal de esos terceros. Sostuvo que los pagos por útiles, papelería, parqueaderos, casinos y restaurantes cumplían los requisitos del artículo 107 del ET. Puntualizó que incurrió en los últimos para atender negociaciones con los clientes y aliados, y que eran razonables porque representaban a penas el 0,38% del total de los gastos del periodo.

Reprochó que el tribunal avalara el rechazo de las retenciones en la fuente señalando que no constaba en el expediente el certificado emitido por el agente retenedor, siendo que la demandada había susten tado esa decisión en la información en medios magnéticos de terceros. Insistió en que eran proce dentes las retenciones en la cuantía declarada porque no había prueba directa para su rechazo. Agregó que el certificado de una aseguradora era prueba suficiente de la retención en la fuente practicada. Por último, se opuso a la sanción por inexactitud imp uesta, para lo cual alegó que no incurrió en la conducta infractora y que, en cualquier caso, estaría incurso en un error sobre la comprensión del derecho aplicable.

Pronunciamientos sobre el recurso

La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por el actor, en calidad de apelante únic o, contra la sentencia de primera

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por el actor, en calidad de apelante únic o, contra la sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones, sin condenarlo en costas. Por lo tanto, se deberá establecer si los actos acusados fueron falsamente motivados al basar el incremento del patrimonio bruto y la liquidación de la renta gravable del artículo 239 -1 del ET en la omisión de un porcentaje de un bien inmueble que era declarado por la cónyuge del contribuyente. En seguida, se definirá si las declaraciones del ICA presentadas por el obligado carecen de idoneidad probatoria para sustentar la adición de los ingresos operacionales; si procede deducir de la base gravable l as erogaciones discutidas; y si procede el rechazo de las retenciones en la fuente declaradas con base en la información en medios magnéticos reportada por los agentes retenedores. De ser el caso, se decidirá sobre la juridicidad de la sanción por inexactitud impuesta.

Es de precisar, que en el trámite de esta instancia la Sala tiene vedado analizar el cargo de apelación encaminado a afirmar que uno de los inmuebles considerados omitidos fue declarado en el porcentaje de su participación, que era menor del que indicó la demandada en los actos acusados, en la medida en que (como lo señaló el tribunal) en la vía administrativa, el demandante admitió la omisión de ese activo. En la respuesta alRadicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

la vía administrativa, el demandante admitió la omisión de ese activo. En la respuesta alRadicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 requerimiento especial , indicó «respecto del inmueble con número de matrícula 07278544, mi participación es del 16,67%, tal y como se evidencia en el certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos. Visto lo anterior, es claro que no soy propietario de la tercera parte, como lo afirma la entidad, sino del 16,67%, lo cual equivale a $280.890. Por ello, me opongo a que proceda la adición efectuada por la entidad por $561.667 » (f. 965 caa) . Por lo anterior, en la liquidación oficial revisada la autoridad tributaria decidió aceptar «el argumento expuesto por el contribuyente y dejar el valor omitido del mismo en la suma de $280.900» (f. 1060 vto. caa). Con la demanda el actor planteó que el avalúo del bien era diferente del que informó al responder un requerimiento de información (f. 9), pero el tribunal juzgó que ese cuestionamiento se refería a un inmueble que no fue glosó en los actos acusados (índice 2), decisión que no fue cuestionada en el recurso de apelación, pues el recurrente se limitó a indicar que había declarado el predio en el porcentaje de su propiedad, el cual corresponde a la misma cuota que se determinó en la liquidación oficial basándose en la

limitó a indicar que había declarado el predio en el porcentaje de su propiedad, el cual corresponde a la misma cuota que se determinó en la liquidación oficial basándose en la respuesta al requerimiento e special. Entonces, l as alegaciones sobre la correcta declaración del bien son incongruentes con los hechos aceptado en el procedimiento de revisión y con el cargo de nulidad que descartó el tribunal, de manera que no puede ser abordada, ya que afectarían los derechos de contradicción y defensa de la contraparte y se violaría la prescripción del artículo 281 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) en el sentido de que la sentencia tiene que ser consonante con lo aducido en la demanda.

2El apelante único alega que la demandada incurrió en falsa motivación porque fundó el incremento en el patrimonio y la liquidación de la renta gravable del artículo 239-1 del ET en la supuesta omisión de un porcentaje de la propiedad de un inmueble, que era declarado por su cónyuge porque correspondía a un activo de la sociedad conyugal que había sido adquirido con los recursos de los dos. Al respecto, la demandada afirma que el actor no probó la sociedad conyugal, en razón de la cual su cónyuge declaró una cuota del bien, y que, en cualquier caso, ello no justificó la omisión porque los activos deb ían declararse por los propietarios, de manera que si el demandante tenía la propiedad del 100% del inmueble era improcedente que declarara solo el 50% del mismo. En esos términos, le corresponde a la Sala definir si los actos acusados fueron falsamente motivados al basar el incremento del patrimonio bruto y la liquidación de la renta gravable

términos, le corresponde a la Sala definir si los actos acusados fueron falsamente motivados al basar el incremento del patrimonio bruto y la liquidación de la renta gravable del artículo 239 -1 ibidem en la omisión de un porcentaje de un bien inmue ble que era declarado por la cónyuge del contribuyente.

2.1El artículo 261 del ET prevé que el patrimonio bruto « está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable». Por su parte, el artículo 263 ibidem define la posesión para efectos tributarios como « el aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio del contribuyente », y establece una presunción iuris tantum según la cual el propietario o usufructuario de un bien tiene su posesión pues se presume que «lo aprovecha económicamente en su propio beneficio ». Al respecto, ha precisado la jurisprudencia de esta Sección que para aplicar esa presunción « le corresponde a la Administración acreditar el hecho del cual parte la presunción, e.g. la titularidad del derecho de dominio de un bien. Para ello, los artículos 2.° y 46 de la Ley 1579 de 2012 determinan que la prueba idónea es el documento de inscripción del título traslaticio de dominio en la oficina de registro de instrumentos públicos », pero como se trata de una presunción que admite prueba en contrario, « el obligado podría aportar los medios probatorios que le permitan desvirtuar el hecho del que parte la presunción o el hec ho

dominio en la oficina de registro de instrumentos públicos », pero como se trata de una presunción que admite prueba en contrario, « el obligado podría aportar los medios probatorios que le permitan desvirtuar el hecho del que parte la presunción o el hec ho presumido» (sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25933, CP: Wilson Ramos Girón).Radicado: 25000-23-37-000-2019-00616-01 (27165)

Demandante: Élver Julio Pastrán Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En torno a la sujeción de los cónyuges al impuesto sobre la renta, nuestro ordenamiento prevé un modelo de tributación individual, conforme al cual cada uno de ellos se somete al impuesto con total independencia del otro . Así, en lugar de establecer un modelo de tributación conjunta en el que l os bienes y rentas obtenidas por los c ónyuges sean gravadas acumuladamente, el sistema tributario optó p or su imposición individual . Al efecto, prevé el artículo 8.° del ET que «los cónyuges, individualmente considerados, son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas ». Esa regla es consonante con el régimen patrimonial de la sociedad conyugal reglado en la Ley 28 de

1932. Dispone el artículo 1.° que «durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por

la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera», pero a su disolución «se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación ». Sobre el particular, advirtió la Sala de Casación Civil de Corte Suprema de Justicia que se trata de la «combinación de los regímenes de separación y de comunidad restringida », puesto que « durante el matrimonio, los cónyuges están separados de bienes: cada uno conserva la propiedad de todos los suyos, sean propios o ga nanciales, y los administra con entera independencia... Disuelto el régimen, s e forma una comunidad, pero para el solo efecto de liquidarla y dividir entre ambos l os gananciales que hayan adquirido » (sentencia del 20 de octubre de 1937, GJ tomo. XLV, p. 636, MP: Arturo Tapias Pilonieta2).

A partir de las anteriores reglas , se ha establecido que, a efectos del impuesto sobre la renta, cuando los cónyuges son propietarios en común y proindiviso de un bien, cada uno tendrá que declarar, como parte de su patrimonio, la cuota que le corresponde, pero si la propiedad es exclusiva de uno de ellos tiene que añadirlo a su patrimonio por la totalidad (sentencia del 06 de mayo de 2021, exp. 22775, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

2.2En el sub examine, el demandante declaró como parte de su patrimonio el 50% de

(sentencia del 06 de mayo de 2021, exp. 22775, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

2.2En el sub examine, el demandante declaró como parte de su patrimonio el 50% de un inmueble (ff. 4, 201 y 202 caa), alegando que la otra cuota del mismo había sido declarada por su cónyuge, considerando que el bien formaba parte de la sociedad conyugal que estaba vigente entre los dos . En el expediente no obran pruebas que den cuenta de esas afirmaciones. En cambio, consta el registro inmob