CE - 250002341000201400593021SENTENCIA20230915175947

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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00593 02

Demandante: Cristian Javier Gutiérrez Martínez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 25000 23 41 000 2014 00593 02

Actor: Cristian Javier Gutiérrez Martínez

Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento de

Santander, Corporación Autónoma Regional de Santander , Municipio de Barrancabermeja y Grupo RSTI S.A.S. E.S.P.

Tesis: No vulnera los derechos al debido proceso y de defensa el que el juez no hubiere practicado una prueba pericial que decretó, ante la negativa de las entidades oficiales a las que encargó la realización , si no fue impugnado el auto que corrió traslado para alegaciones.

Es cierto que las pruebas obrantes en el proceso demuestran que la construcción y operación del proyecto de relleno sanitario en el predio Anchicayá, área de protección ambiental denominada DRMI Humedal San Silvestre, en el Municipio de Barrancabermeja, amenazan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y la salubridad pública.

ambiental denominada DRMI Humedal San Silvestre, en el Municipio de Barrancabermeja, amenazan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y la salubridad pública. La orden de la sentencia de primera instancia que resolvió una acción popular no carece de claridad y precisión, si dispuso para la Corporación Autónoma Regional la obligación de realizar las acciones necesarias con el fin de impedir la implementación del proyecto de relleno sanitario. Debe el juez popular integrar siempre el Comité de Verificación , indicando que lo presidirá el Magistrado Ponente del proceso adelantado en primera instancia.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Corporación Autónoma Regional de Santander (en adelante CAS) y el Grupo RSTI S.A.S. E.S.P. (en adelante RSTI), en contra de la sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.2

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I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Cristian Javier Gutiérrez Martínez presentó acción popular 1 en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio), el Departamento de Santander, la CAS y el Municipio de Barrancabermeja (hoy Distrito

1.1. Cristian Javier Gutiérrez Martínez presentó acción popular 1 en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio), el Departamento de Santander, la CAS y el Municipio de Barrancabermeja (hoy Distrito de Barrancabermeja) , con la finalidad de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano , la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas , y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.

1.2. Formuló las siguientes pretensiones2:

“1. DECLARE la responsabilidad de los demandados respecto de la amenaza que se levanta sobre los habitantes del municipio de Barrancabermeja en cuanto a sus recursos hídricos.

2. AMPARE a los habitantes del Municipio de Barrancabermeja, titulares de los Derechos Colectivos reconocidos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 numerales

A, B, C y G.

3. ORDENE a las demandadas medidas necesarias para hacer cesar amenaza y vulneración de derechos colectivos del ambiente sano de la comunidad de Barrancabermeja reconocidos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 numerales

(sic) A, B, C, y G que son afectad os con la aplicación de la Resolución 855 de septiembre de 2013 de la Corporación Autónoma de Santander.

4. Que se conforme un comité de verificación para que junto con la Procuraduría

(sic) A, B, C, y G que son afectad os con la aplicación de la Resolución 855 de septiembre de 2013 de la Corporación Autónoma de Santander.

4. Que se conforme un comité de verificación para que junto con la Procuraduría General de la Nación se verifique el cumplimiento de las normas técnicas y jurídicas para la creación de un relleno sanitario que no afecte el medio ambiente de Barrancabermeja.”.

1.3. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:

Mencionó que por medio de la Resolución núm. 855 del 27 de septiembre de 2013, la CAS otorgó licencia para la construcción de un relleno sanitario regional.

1 Expediente digitalizado, índice número 20 de Samai. 2 Ibidem.3

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Expresó que esa decisión dejó al Municipio de Barrancabermeja expuesto a una debacle ecológica y ambiental, pues el basurero se ubicaría, aproximadamente, a 20 kilómetros del casco urbano, en el sector conocido como “Anchicayá”. Alegó que tal determinación afectó un área que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de influencia de la Ciénaga de San Silvestre y que el Plan de Ordenamiento Territorial no tiene contemplada la posibilidad de un relleno sanitario en dicho sector.

Áreas Protegidas, de influencia de la Ciénaga de San Silvestre y que el Plan de Ordenamiento Territorial no tiene contemplada la posibilidad de un relleno sanitario en dicho sector.

Aseguró que el 30 de septiembre de 2013, presentó una petición al Ministerio para lograr que cesara la amenaza de derechos colectivos , de la cual nunca recibió respuesta.

Expuso que el 7 de noviembre de 2013, solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para la apertura de la investigación disciplinaria a que hubiese lugar.

En consecuencia, dicho órgano emitió un informe técnico y jurídico sobre el “Licenciamiento ambiental sitios de disposición final municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander”, en el que desaprobó la creación del relleno sanitario en el lugar señalado y concluyó que la licencia se otorgó sin el lleno de los requisitos , motivo por el cual debía ser revocada.

Sostuvo que , pese al recurso de reposición interpuesto por el Municipio de Barrancabermeja, en contra de la Resolución núm. 855 de 27 de septiembre de 2013, los contratistas encargados de la construcción del relleno sanitario manifestaron que la ejecución del mismo era irreversible. Y que en igual sentido se pronunció la CAS en la audiencia pública realizada el 7 de febrero de 2014.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda median te auto del 6 de mayo de 20143, y ordenó notificar a los representantes legales de l Ministerio, de la Autoridad Nacional de

3 Ibidem.4

Cundinamarca admitió la demanda median te auto del 6 de mayo de 20143, y ordenó notificar a los representantes legales de l Ministerio, de la Autoridad Nacional de

3 Ibidem.4

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Licencias Ambientales (en adelante ANLA), del Departamento de Santander, de la CAS, del Municipio de Barrancabermeja y al Agente del Ministerio Público delegado para el proceso de la referencia.

Con auto del 16 de julio de 20144, vinculó a las sociedades del grupo RSTI (Ingeniería de Obras y Servicios ISOA S.A.S., Servicivil Ltda. y Diseños y Construcciones DISCONT Ltda.) titulares de la licencia ambiental concedida con la Resolución núm. 855 del 27 de septiembre de 2013.

2.2. Las accionadas contestaron la demanda, esgrimiendo los siguientes argumentos:

2.2.1. El Departamento de Santander5 propuso la excepci ón que denominó “ilegitimidad de la acción por pasiva”. Para ello argumentó que no es responsable por la vulneración y afectación de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

Precisó que la autoridad ambiental es la encargada de administrar, dentro del área de su competencia, el medio ambiente, los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio.

Precisó que la autoridad ambiental es la encargada de administrar, dentro del área de su competencia, el medio ambiente, los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio.

Manifestó que dicha competencia comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos de líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas, en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o p oner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

2.2.2. El Ministerio6 señaló que, como ente rector de la política pública, en el marco de sus competencias, no tiene injerencia en materia de reservas forestales del orden regional.

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.5

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Informó que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, estableció, entre otras funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la de ejercer como máxima autoridad ambiental y administrar los recursos naturales renovables en el área de su competencia.

Explicó que a los municipios les compete velar por la efectiva prestación del servicio público de recolección de basuras y el manejo de los residuos sólidos domésticos,

ambiental y administrar los recursos naturales renovables en el área de su competencia.

Explicó que a los municipios les compete velar por la efectiva prestación del servicio público de recolección de basuras y el manejo de los residuos sólidos domésticos, directamente o a través de terceros. Por tanto, corresponde principalmente a los entes territoriales la construcción de rellenos sanitarios, en tanto deben velar por la efectiva y adecuada prestación del servicio público de recolección de basuras y del manejo de los residuos.

Luego, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, falta de litisconsortes necesarios y ausencia de responsabilidad del Ministerio.

2.2.3. La CAS7 propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, con fundamento en que la Resolución núm. 855 de 27 de septiembre de 2013 se ajustó a la legalidad y respetó los requisitos, conceptos técnicos, estudios especializados y demás exigencias. En ese sentido, alegó que no era responsable por la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

Añadió que la parte actora no presentó prueba alguna de sus afirmaciones.

2.2.4. La ANLA8 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y trazó las excepciones de: (i) “ausencia de vulneración de derechos colectivos”; (ii) “actuación conforme a la Ley” y (iii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

2.2.5. El Municipio de Barrancabermeja9 señaló que no es competente para otorgar

conforme a la Ley” y (iii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

2.2.5. El Municipio de Barrancabermeja9 señaló que no es competente para otorgar permisos, autorizaciones y licencias ambientales para la construcción del relleno sanitario.

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem.6

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Indicó que interpuso recurso de reposición contra la Resolución mediante la cual la CAS otorgó licencia ambiental para la construcción del basurero en cuestión.

Aseguró que la posible vulneración de derechos colectivos a que apunta la parte actora se materializa con la licencia ambiental otorgada por la CAS, y, por lo tanto, es la entidad llamada a responder en cumplimiento de sus funciones y competencias.

Por último, p lanteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de responsabilidad e inexistencia de afectación de los derechos colectivos.

2.2.6. Servicivil Ltda.10 explicó que RSTI solicit ó a la CAS la sustracción del predio Anchicayá, paraje El Zarzal, Municipio de Barrancabermeja, del Distrito Regional de Manejo Integrado (en adelante DRMI) del Humedal San Silvestre, con el fin de ejecutar la construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos.

Informó que después de realizar los procedimientos administrativos, las visitas

Manejo Integrado (en adelante DRMI) del Humedal San Silvestre, con el fin de ejecutar la construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos.

Informó que después de realizar los procedimientos administrativos, las visitas técnicas y las evaluaciones respectivas, el Consejo Directivo de la CAS profirió el Acuerdo 226 de 2011, por medio del cual se aprobó la sustracción de un área de 108 hectáreas del DRMI del Humedal San Silvestre, para la construcción y operación de un relleno sanitario. Por recomendación de la Procuraduría de Asuntos Ambientales las coordenadas del área sustraída fueron corregidas por la CAS mediante el Acuerdo 260 de 2011.

Precisó que, u na vez emitido el anterior acto, lo propio era proceder a su licenciamiento, en consideración a lo preceptuado por el artículo 19 del Decreto 2372 de 2010, por lo cual la CAS expidió la Resolución núm. 855 de 27 de septiembre de 2013.

Finalmente, planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de vulneración de derechos colectivos.

2.2.7. Ingeniería de Obras y Servicios ISOA S.A.S. y Diseños y Construcciones DISCONT Ltda., guardaron silencio.

10 Ibidem.7

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó la sentencia del 20 de mayo de 202111, cuya parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Departamento de Santander. En consecuencia, quedan desvinculados de la presente acción.

SEGUNDO.- NEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de Barrancabermeja, Santander (hoy Distrito de Barrancabermeja, Santander), la Corporación Autónoma Regional de Santander y la sociedad Servicivil Ltda.

TERCERO.- DECLARAR la amenaza de violación de los derechos e intereses colectivos previstos en los literales a) (goce de un ambiente sano), c) (existencia del equilibrio ecológico) y h) (salubridad pública) y NEGAR la declaratoria de amenaza o violación del previsto en el literal b) (moralidad administrativa), del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, en relación con la Corporación Autónoma Regional de Santander y las sociedades Diseños y Construcciones DISCONT Ltda., Servicivil Ltda., Ingeniero de Obras y Servicios, ISOA S.A.S, y Grupo RSTI E.S.P.

En consecuencia, se ORDENA a la Corporación Autónoma Regional de Santander

Ltda., Servicivil Ltda., Ingeniero de Obras y Servicios, ISOA S.A.S, y Grupo RSTI E.S.P.

En consecuencia, se ORDENA a la Corporación Autónoma Regional de Santander y las sociedades Diseños y Construcciones DISCONT Ltda., Servicivil Ltda., Ingeniero de Obras y Servicios, ISOA S.A.S, y Grupo RSTI E.S.P. poner término a cualquier acción tendiente a implementar el proyecto de relleno sanitario licenciado bajo la Resolución No.855 de 27 de septiembre de 2013, confirmada por la Resolución No. 670 de 1 de agosto de 2014, ambas expedidas por la primera de las mencionadas.

CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda, en particular las relacionadas con la solicitud de que se declare que el Municipio de Barrancabermeja, Santander (hoy Distrito de Barrancabermeja, Santander) haya incurrido en vulneración o amenaza de los derechos e i ntereses colectivos invocados en la demanda.

QUINTO.- En firme esta providencia, por Secretaría, envíese copia de la misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y archívese el expediente, previas las constancias y anotaciones del caso.”.

3.2. Declaró probada la excepci ón de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Departamento de Santander, la ANLA y el Ministerio, al advertir que no

11 Ibidem.8

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11 Ibidem.8

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tenían relación con el debate planteado, esto es, la vulneración o amenaza de derechos e intereses colectivos como consecuencia de la expedición de la Resolución núm. 855 de 2013. En ese orden se relevó de estudiar las demás excepciones planteadas por esas entidades demandadas.

En cambio, encontró que la CAS y Servicivil Ltda. sí estaban legitimadas en la causa por pasiva, comoquiera que se trataban de la autoridad que expidió el acto mencionado y una de las sociedades a las que se le otorgó la licencia ambiental para la construcción del relleno sanitario, respectivamente.

En relación con el Municipio de Barrancabermeja consideró que la vinculación al medio de control se justificaba porque dentro de sus funciones se encuentra la de expedir el Plan de Ordenamiento Territorial, que establece un determinado uso del suelo para el predio del lugar en relación con el cual se expidió, por par te de la CAS, la licencia ambiental de que se trata.

3.3. Al estudiar el caso concreto concluyó, por una parte, que el Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja definió unos usos del suelo, que debían ser atendidos y respetados por las autoridades, entre ellas, las que tienen a su cargo la administración de los recursos naturales ubicados en su comprensión territorial. Y por

Territorial de Barrancabermeja definió unos usos del suelo, que debían ser atendidos y respetados por las autoridades, entre ellas, las que tienen a su cargo la administración de los recursos naturales ubicados en su comprensión territorial. Y por la otra, que si bien a la CAS le co rrespondía tomar decisiones en cuanto a la delimitación de las áreas de protección ambiental y que en desarrollo de dicha competencia tomó la deter minación12 de sustraer el predio Anchicayá del área de protección ambiental denominada DRMI Humedal San Silvestre, para conferir, meses después, la licencia ambiental al proyecto de relleno sanitario ; lo cierto e ra que esa exclusión no modificaba el uso del suelo, pues, por disposición constituciona l la definición del mismo se encontraba a cargo del municipio respectivo.

Teniendo en cuenta esa conclusión, afirmó que el licenciamiento ambiental del proyecto de relleno sanitario, debía respetar lo definido por la Oficina de Planeación del Municipio de Barrancabermeja, en el Concepto13 # 252-13 de 12 de junio de 2012,

12 Acuerdo 226 de 2013, del Consejo Directivo. 13 “Que el predio denominado ANCHICAYÁ (…) localizado dentro del área rural del Municipio de Barrancabermeja, correspondiente al corregimiento LA FORTUNA a la altura de las siguientes coordenadas: (...)9

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que señaló que el predio Anchicayá no correspond e para la construcción de un basurero, ya que la zona tenía un propósito Agropecuario.

Más adelante, de la lectura del artículo 19 del Decreto 2372 de 2010, reglamentario de la Ley 99 de 1993, advirtió que la prevalencia de las disposiciones de las corporaciones autónomas regionales sobre las de los planes de ordenamiento territorial de los municipios aplicaba para la expedición de normas en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Enfatizó en que la pretensión de la norma era la de asegurar una mayor protección de las áreas del SINAP y no disminuir sus umbrales de salvaguarda.

Dijo que el Despacho sustanciador no desconoció el derecho al debido proceso de la CAS, al no practicar la prueba pericial que decretó con auto del 16 de agosto de 2016, con el fin de establecer si la construcción del relleno sanitario podía generar alguna afectación ambiental a la Ciénaga de San Silvestre, tal y como lo expusieron los demandados en los escrito de alegaciones, pues intentó en tres (3) oportunidades, de manera fallida, la práctica de la prueba mencionada, pero las entidades a quienes la solicitó se negaron a la práctica de la misma. En tales condiciones, como estaba vencido el término probatorio, dispuso el cierre de la etapa probatoria, decisión que no fue cuestionada oportunamente por ninguna de las partes.

solicitó se negaron a la práctica de la misma. En tales condiciones, como estaba vencido el término probatorio, dispuso el cierre de la etapa probatoria, decisión que no fue cuestionada oportunamente por ninguna de las partes.

Enseguida, se refirió a la sentencia T -227 de 2017 , traída a colación por los demandados en las alegaciones finales, y afirmó que la Corte Constitucional no avaló la construcción del relleno sanitario aludido en esa decisión judicial; lo que en realidad dispuso fue una serie de medidas de protección ambiental y de salud pública, debido a que el basurero Patio Bonito ya se encontraba en funcionamiento y, además, señaló que de ser necesario debía revocarse la licencia ambiental concedida.

Que conforme al Mapa (No.18) de Zonificación ambiental de suelo rural y suburbano del Plan de Ordenamiento Territorial POT, adoptado mediante el Acuerdo 018 de 2002, el predio se encuentra ubicado dentro de la categoría de uso de ÁREAS AGROPECUARIAS. Con base en lo anterior se puede conceptuar que la actividad AGROPECUARIA, que se pretende desarrollar en este predio, es de USO COMPATIBLE con el sector donde se localiza el consultado predio y se deberá tener en cuenta lo siguiente: Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector productor, para promover la formación de bosques productores protectores. Por encontrarse el predio en zona rural aledaño a susceptibilidad del recurso hídrico, se deberá conservar y proteger las áreas periféricas de los nacimientos de fuentes de agua que corresponden a una extensión de por lo menos 100 metros a la redonda; como también, en una extensión no inferior de

conservar y proteger las áreas periféricas de los nacimientos de fuentes de agua que corresponden a una extensión de por lo menos 100 metros a la redonda; como también, en una extensión no inferior de 30 metros de ancho, en cauces de ríos o quebradas.”.10

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Explicó que la crisis ambiental evidenciada en la referida sentencia de tutela, era una advertencia en relación con la construcción del relleno sanitario que ocupa la atención del proceso actual, pues trataba de otra sustracción de terreno que autorizó la CAS en el DRMI Humedal de San Silvestre, por razón del Acuerdo 262 de 8 de julio de 2014.

Por último , descartó el argumento expuesto por el grupo RSTI en los alegatos de conclusión, relacionado con el hecho de que en la misma zona se desarrollen otras actividades empresariales generadores de impacto ambiental, esto, luego de señalar que no existía prueba de tales actividades.

En consecuencia , declaró la amenaza de violación de los derechos e intereses colectivos previstos en los literales a) (goce de un ambiente sano), c) (existencia del equilibrio ecológico) y h) (salubridad pública) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, ante la construcción de un relleno sanitario en un uso del suelo incompatible con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Barrancabermeja. Y negó la solicitud de

la construcción de un relleno sanitario en un uso del suelo incompatible con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Barrancabermeja. Y negó la solicitud de declaratoria de amenaza o violación del derecho e interés colectivo previsto en el literal b) (moralidad administrativa) al no advertir “prueba en el expediente sobre la existencia de un ánimo subjetivo de favorecimiento” personal o para terceros, con desconocimiento de los fines y principios de interés público que animan a la Administración. Precisó que las órdenes recaerían sobre la CAS y RSTI. Y que si bien la entidad territorial fungió como parte demandada en el proceso popular, no la declararía responsable en la medida en que manifestó y acreditó su oposición al desarrollo del proyecto licenciado.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. La CAS14 presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia en el que de forma concreta argumentó que : (i) se le vulneró el derecho al debido proceso con la omisión en que incurrió el Tribunal, al no practicar el dictamen pericial que decretó con auto de 16 de agosto de 2016 y (ii) el numeral tercero de la parte resolutiva no precisó la orden sobre la entidad, pues, a su juicio, no es claro qué debe realizar para “poner término a cualquier acción tendiente a implementar el proyecto de relleno sanitario licenciado”.

14 Expediente digitalizado, índice número 20 de Samai.11

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4.2. RSTI15 presentó recurso de apelación bajo los siguientes argumentos:

4.2.1 Invocó la nulidad del fallo por la violación de la garantía del derecho de defensa y el debido proceso, en su componente probatorio, bajo el entendido de que el Tribunal no practicó la prueba pericial decretada en el proveído de 16 de agosto de 2016 , por causas no atribuibles a la parte demandada. Así:

“Nulidad por violación de la garantía del derecho de defensa y el debido proceso en su (componente probatorio) [sic] al no practicar un medio de prueba (prueba pericial) por causas no atribuibles a los demandados, pese a encontrarse decretado por el a quo.”16

4.2.2. Adicionalmente, indicó que el a quo no presentó soporte probatorio que le permitiera de manera válida concluir que la construcción y operación de un relleno sanitario en la zona en cuestión representaba una amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados por la parte actora.

4.2.3. Señaló que el Tribunal dejó de valorar el POT del ente territorial, pues, de realizar esa tarea, hubiese llegado a una consideración diferente, en razón a que, a su juicio, el mismo permite en las Áreas Agropecuarias, según artículo 198, el uso condicionado

esa tarea, hubiese llegado a una consideración diferente, en razón a que, a su juicio, el mismo permite en las Áreas Agropecuarias, según artículo 198, el uso condicionado del suelo para el desarrollo de infraestructura de servicios.

Explicó que el a quo se equivocó al valorar el Concepto de Uso del Suelo # 252-13 de la Oficina de Planeación del Municipio de Barrancabermeja, comoquiera que en ese documento no se afirm ó que en el predio Anchicayá estuviese prohibida la construcción y operación de un relleno sanitario, y si bien se sostuvo que el uso es compatible con las actividades agropecuarias, no expresó que se encontrara limitada para el uso infraestructura de servicios.

Finalmente, dijo:

“Dejo así planteados los reparos contra el numeral tercero de la sentencia proferida el día veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), sobre los cuales versará,

15 Ibidem. 16 Ibidem.12

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en su momento, la sustentación del recurso ordinario de apelación que haré ante el Honorable Consejo de Estado.”17

No obstante, no presentó ninguna intervención posterior.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA18

Mediante auto del 15 de diciembre de 2021, el Consejero de Estado Martín Bermúdez,

No obstante, no presentó ninguna intervención posterior.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA18

Mediante auto del 15 de diciembre de 2021, el Consejero de Estado Martín Bermúdez, de la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación, admitió los recursos de apelación, y con proveído del 26 de mayo de 2022, remitió el proceso de la referencia a la Sección Primera del Consejo de Estado.

Por medio de auto del 27