CE - 250002341000201502040011SENTENCIAFALLO20230209145339

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Título
CE - 250002341000201502040011SENTENCIAFALLO20230209145339
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-41-000-2015-02040-01

Demandante: MAURA SANTA CRUZ

Demandados: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y FONDO

NACIONAL DE VIVIENDA

Temas: Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Maura Santa Cruz contra de la sentencia del 26 de octubre de 2015, proferida en primera instancia por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2015 ante la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la señora Maura Santa Cruz, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Departamento para la

1. Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2015 ante la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la señora Maura Santa Cruz, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Departamento para la Prosperidad Social (en adelante DPS) y Fondo Nacional de Vivienda ( en adelante, FONVIVIENDA), con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y de vivienda digna.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión a la omisión de respuesta clara y de fondo a la solicitud instaurada por ella ante cada una de las entidades accionadas . Ref iere que las respuestas son incongruentes entre sí.

1.2. Pretensión constitucionalDemandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

1Con todo respeto solicito se sirva ordenar al DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS y a FONVIVIENDA que por favor me den una solución de vivienda pronto por la situación antes descrita. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. Refiere la señora Maura Santa Cruz que con ocasión a los hechos de

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. Refiere la señora Maura Santa Cruz que con ocasión a los hechos de desplazamiento forzado de los que fue víctima en el año 1994 , aunados a los delitos contra la libertad e integridad sexual, tiene la condición de víctima del conflicto armado, por lo demás, incluida en el registro único de víctimas (RUV).

6. Menciona que es madre de tres hijos ; Rafael Antonio Suarez Santa, quien a la edad de 5 años fue secuestrado unos meses por la guerri lla y para su retorno dicha organización criminal ejerció amenazas hasta lograr su desplazamiento; Sharon Dayana Jiménez Santa, menor con discapacidad mental y física y, Dilan Esneider Muñoz Santa . Señala que adicionalmente tiene bajo su cargo a su nieto Samuel Alejandro Suárez Cortes y a su madre, persona de la tercera edad con cáncer.

7. Alude que el 14 de septiembre de 2015 , acudió vía derecho de petición con radicado N.º 201520100908531 ante el DPS.

8. En oficio N.° 20156210526712 de septiembre de 2015, el director de Ingreso Social del DPS dio respuesta informativa a la petición, señalando:

Se informa que usted fue debidamente identificada como potencial beneficiaria para el proyecto de vivienda “villa progreso” en el municipio de Prado-Tolima. Debe aclararse que, esta identificación no equivale a la asignación del subsidio, pues deberá superar las siguientes etapas del proceso (…) Teniendo en cuenta los órdenes de priorización del proyecto, explicados anteriormente

Debe aclararse que, esta identificación no equivale a la asignación del subsidio, pues deberá superar las siguientes etapas del proceso (…) Teniendo en cuenta los órdenes de priorización del proyecto, explicados anteriormente y verificadas las bases de datos remitidas por las entidades arriba descritas , se encuentra que usted, señora Maura Santa Cruz identificada con cédula de ciudadanía N°52343771:

  • Se encuentra registrada en el RUV. reportado Prado-Tolima y Bogotá D.C. • Se encuentre registrada en la base de datos de la Red Unidos. Reportando en

Bogotá D.C. • No se encuentra registrada en la base de datos con subsidio asignado sin aplicar o en estado calificado según información remitida por FONVIVIENDA. • No se encuentra registrada en el censo de damnificados por desastre natural.

De acuerdo a lo anterior por encontrarse dentro de los órdenes y criterios establecidos en la normatividad, usted fue identificado como po tencial beneficio del SFVE, sin embargo Fonvivienda entidad que tiene a su cargo y competencia el proceso deDemandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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3 convocatoria y postulación, en los términos de los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015, NO ha reportado la postulación qu e usted debía adelantar. Por lo tanto, es necesario que usted se comunique con la caja de compensación familiar

del Decreto 1077 de 2015, NO ha reportado la postulación qu e usted debía adelantar. Por lo tanto, es necesario que usted se comunique con la caja de compensación familiar o directamente con Fonvivienda esto, con el fin de obtener información acerca de la convocatoria para el proyecto. (sic a toda la cita)

9. Señala la accionante, que ante dicha respuesta instauró derecho de petición ante Fonvivienda con radicado N.º 2015EE0093467, solicitando información sobre el subsidio familiar de vivienda para población desplazada.

10. Mediante oficio F-OAP-021-MEM-V04 del 28 de septiembre de 2015 , FONVIVIENDA dio respuesta a la solicitud, señalando:

Dando respuesta a su comunicación radicada con el número citado en el asunto, donde solicita “tener la viabilidad de tener mi casita” me permito comunicarle que respecto del programa social de Subsidios Familiares de vivienda, que coordina el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, se consultó el número de cédula de ciudadanía 52343771 del (la) señor(a) MAURA SANTA CRUZ en el sistema de información (…) y se obtuvo como resultado que no existen postulaciones del hogar en las convocatorias de la bolsa especial de subsidio familiar de Vivienda para población desplazada, efectuadas en los años 2004 o 2007 por el Fondo Nacional de Vivienda.

No obstante lo anterior, a continuación me permito informarle sobre el programa de vivienda gratuita que este Ministerio y el Departame nto Administrativo para la Prosperidad Social dirigen, en el cual el hogar puede participar. (…) Acorde con lo anterior, el Departamento para la Prosperidad Social. DPS clasificará,

vivienda gratuita que este Ministerio y el Departame nto Administrativo para la Prosperidad Social dirigen, en el cual el hogar puede participar. (…) Acorde con lo anterior, el Departamento para la Prosperidad Social. DPS clasificará, evaluará de manera consolidada los grupos poblaciones, y enviará el list ado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto de vivienda, registrando el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población.

El Fondo Nacional de Vivienda dará apertura de la convocatoria para postulación de dichos hogares. Posteriormente los verifica y devuelve el listado de los que cumplen requisitos al Departamento para la Prosperidad Social, entidad que selecciona los beneficiarios de acuerdo a los criterios de priorización que se mencionar on anteriormente, y en caso que los hogares excedan el número de viviendas disponibles por proyecto, se realizará sorteo, conforme a los mecanismos que defina el Departamento para la Prosperidad Social, para surtir dicho procedimiento (…). (Sic a toda la cita)

1.4. Fundamentos de la solicitud

11. A juicio de la parte actora las entidades accionadas transgredieron su derecho fundamental de petición por cuanto no le dieron respuestas claras a su s solicitudes, pues por un lado el DPS le indicó que debía dirigirse a Fonvivienda, entidad que a su vez le indicó que no existen postulaciones de su hogar.Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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12. En consecuencia, consideró la tutelante que al no haberse efectuado una repuesta en los términos de ley , las entidades están evadie ndo su responsabilidad y violando a la par su derecho a la vivienda digna.

1.5. Trámite de la acción

13. Mediante auto del 16 de octubre de 2015, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionado s al director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y al Director del Fondo Nacional de vivienda (FONVIVIENDA) o a quienes hicieran sus veces. Lo anterior, en la medida a que de dichas entidades se predica la trasgresión de las garantías constitucionales de la parte actora.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Departamento para la Prosperidad Social -DPS14. Por medio de memorial del 20 de octubre de 2015, dicha entidad señaló que en ningún momento ha vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno de la accionante. Seguidamente, hizo referencia a la transformación institucional conforme a la nueva de ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) para señalar que las pretens iones de ayuda humanitaria son funciones que luego de dicho fenómeno no quedaron en cabeza del DPS, sino de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctima s, entidad competente para pronunciarse sobre las

de ayuda humanitaria son funciones que luego de dicho fenómeno no quedaron en cabeza del DPS, sino de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctima s, entidad competente para pronunciarse sobre las pretensiones de la accionante.

15. Pone de presente que, por encontrarse dentro de los órdenes y criterios establecidos en la normatividad, la actora fue identificada como potencial beneficiaria del subsidio familiar de vivienda . Sin embargo, Fonvivienda entidad que tiene a su cargo y competencia el proceso de convocatoria y postulación, en los términos de los artículos 2.1.2.1.2.6, y siguientes del De creto 1077 de 2015, no ha reportado la postulación que debía adelantar. Por lo tanto, reiteró la necesidad de que la accionante se comunicara con la caja de compensación familiar o directamente con Fonvivienda para obtener información sobre la convocatoria para el proyecto.

16. Finalmente, señal ó que en cuanto a la solicitud de inclusión como potencial

beneficiaria en Bogotá D.C., parágrafo 2 del art ículo 8 del Decreto 1921 de 2012, modificado por el Decreto 2164 de 2013 artículo 5, modificado por el Decreto 2726 de 2014 en su artículo1, manifiesta: «los hogares deberán residir en el municipio en que se ejecute el proyecto en el cual se desarrollarán las viviendas a ser transferidas a título de SFVE, de acuerdo con los registros en las bases de datos». Razón por la cual, para Bogotá D.C., no cumple los requisitos de priorización.Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

para Bogotá D.C., no cumple los requisitos de priorización.Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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1.6.2. Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA17. La apoderada judicial de dicha entidad manifestó su oposición a la solicitud de amparo. E n consecuencia, consideró que se debía declarar la improcedencia por carencia actual de objeto.

18. En primer lugar, afirmó que la respuesta fue atendida mediante oficio radicado

2015EE0093467, debidamente enviada a la dirección de la accionante, tal y como consta en la guía Nº. RN447108292CO emitida por la empresa de Mensajería 472.

19. De igual manera, indica que una vez consultadas las bases de datos, la accionante no figura en ninguna de las convocatorias para personas en situa ción de desplazamiento en los años 2004 y 200 7, y tampoco se había postulado en la convocatoria efectuada mediante Resolución N.°1024 de 2011, derogada por la Resolución N.°0691 de 2012.

20. Refiere que la entidad ya no abriría convocatorias por el sistema tradicional, sino que para acceder al subsidio, los interesados debían cumplir los requisitos y seguir los procedimientos que establece la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias.

21. Finalmente, recalca que no corresponde a dicha autoridad la selección de

que para acceder al subsidio, los interesados debían cumplir los requisitos y seguir los procedimientos que establece la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias.

21. Finalmente, recalca que no corresponde a dicha autoridad la selección de hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas gratis, sino que esta selección será realizada por el D PS de porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo a los criterios de priorización que se determinen en el decreto reglamentario. Precisó que FONVIVIENDA solo dará apertura a convocatoria para la postulación de dichos hogares enlistados por el DPS , quien además seleccionará a los beneficiarios de acuerdo a criterios de priorización.

22. Manifiesta que, en el caso concreto la accionante no ha sido habilitada por el DPS como potencial beneficiaria del subsidio familiar 100% de vivienda en especial, motivo por el cual debía estar atenta a la selección que para el efecto realizar á tal entidad.

1.7. Fallo impugnado

23. Mediante sentencia del 26 de octubre de 2015, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo de tutela solicitado respecto al derecho fundamental de petición.

24. Consideró que la demandante elevó solicitades ante FONVIVIENDA y el DPS solicitando información sobre el estado actual de su postulación al subsidio familiar de vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y que las mismas, fueron debidamente contestadas por las accionadas.Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro

vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y que las mismas, fueron debidamente contestadas por las accionadas.Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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25. Lo anterior, comoquiera que las respuestas fueron presentadas dentro de los términos de ley, en su contenido est án taxativamente explicad as las et apas, los requisitos y los procesos para acceder a los subsidios de vivienda.

26. Indicó que en las contestaciones se hizo referencia al estado actual de la demandante para acceder al subsidio de vivienda y se le señaló que debía adelantar la etapa de postulación, motivo por el cual el DPS la invitó a realizar dicha fase ante la caja de compensación.

27. Consideró que, a diferencia de lo señalado por la accionante, no existe ninguna contradicción entre las respuestas proporcionadas por las entidades accionadas, pues el hecho de que el DPS comunicara a la accionante que se encuentra registrada en la base de datos como potencial beneficiara, y que a su vez FONVIVIENDA indicara que no aparece dentro de las postulaciones para dicho proyecto, en realidad refiere a etapas distintas del proceso de asignación de subsidios.

28. Con relación al derecho de vivienda digna, el a quo se adujo que la accionada no aportó ninguna prueba que permitiera acreditar la vulneración de ese derecho fundamental, razón por la cual negó el amparo deprecado respecto a dicha garantía

28. Con relación al derecho de vivienda digna, el a quo se adujo que la accionada no aportó ninguna prueba que permitiera acreditar la vulneración de ese derecho fundamental, razón por la cual negó el amparo deprecado respecto a dicha garantía constitucional.

1.8. Impugnación

29. La parte actora impugnó el fallo de tutela mediante documento radicado ante la Corte Suprema de Justica el 19 de noviembre de 201 5, remitido con posterioridad al Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante oficio N.º OSSC No.205211 del 26 de noviembre de 2015, y recepcionado el 18 de diciembre de dicho año.

30. En el escrito aduce que se aparta de la decisión, toda vez que el DPS expone que está identificada como potencial beneficiaria para el proyecto “VILLA PROGRESO EN PRADO TOLIMA ” por lo que debe dirigirse a FONVIVIENDA, entidad que a su turno le refiere que no existen postulaciones del hogar, por lo cual, considera que las respuestas son contradictorias y que la parte demandada evadió su responsabilidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. Esta sala es competente para resolver la impugnación presentada por la señora Maura Santa Cruz contra la sentencia proferida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena

establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena

1 Cfr. Índice SAMAI 2. Archivo: ED_OFICIOINFORMESEC(.pdf) NroA ctua 2Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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7 de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

32. Previo a hacer las consideraciones sobre el caso en concreto, resulta menester poner de presente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ,Sección Primera, Subsección B mediante providencia del 28 de ma rzo de 2016, resolvió conceder la impugnación presentada por la señora Maura Santa Cruz contra la sentencia de primera instancia del 26 de octubre de 2015 . Sin embargo, solo hasta el 30 de enero de 2023 remitió el proceso a esta Corporación2.

33. Revisando el informe secretarial de la S ección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca3, se evidencia que la remisión efectuada de manera

tardía a esta Corporación obedece a lo siguiente:

34. Mediante petición efectuada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el día 24 de marzo de 2023, se le solicitó a dicho Tribunal la copia íntegra del expediente de

tardía a esta Corporación obedece a lo siguiente:

34. Mediante petición efectuada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el día 24 de marzo de 2023, se le solicitó a dicho Tribunal la copia íntegra del expediente de la referencia. Ateniendo a tal requerimiento, se advirtió que el expediente fue archivado el 20 de noviembre de 2020 en la CAJA 43023-FHIM-MABP y al solicitar su desarchivo se observó que la acción de tutela nunca fue remitida al Consejo de Estado para resolver la impugnación presentada por la parte accionante.

35. En ese orden de ideas, y en aras de dar trámite a la impugnación presentada por la parte accionante, la Secretaría de dicho Tribunal procedió de manera inmediata a remitir el expediente para su correspondiente trámite.

36. De los anteriores hechos, resulta preciso manifestar que para de garantizar los derechos fundamentales que le asisten a la accionante, se avocará conocimiento de las presentes diligencias, haciendo un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de amparo deprecado por la señora Santa Cruz.

37. Lo anterior no es óbice para efectuar un llamado de atención a la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder, no solo por resultar contrario a los principios constitucionales de economía, celeridad y eficiencia que rigen la acción de tutela sino también al trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991.

38. En ese orden de ideas, se exhortará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a revisar que todas las actuaciones judiciales hayan llegado hasta su culminación para

también al trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991.

38. En ese orden de ideas, se exhortará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a revisar que todas las actuaciones judiciales hayan llegado hasta su culminación para proceder a su correspondiente archivo -máxime tratándose de asuntos constitucionales-.

2Cfr. Índice SAMAI 2. Archivo: ED_1ESCRITOCORREOELE(.pdf) Nro Actua 2 3Cfr. Índice SAMAI 2. Archivo: ED_EXPEDIENTEDIGITALA(.pdf) Nr oActua 2Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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8 2.3. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la providencia del 26 de octubre de 2015, dictada por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de tutela del vocativo de la referencia, ins taurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales de petición y de vivienda digna.

40. Por ello se deberá dar respuesta al siguiente interrogante:

¿El DPS y el FONVIVIENDA vulneraron el derecho de petición de la señora Maura Santa Cruz, con las respuestas proporcionadas a la solicitud efectuada?

40. Por ello se deberá dar respuesta al siguiente interrogante:

¿El DPS y el FONVIVIENDA vulneraron el derecho de petición de la señora Maura Santa Cruz, con las respuestas proporcionadas a la solicitud efectuada?

41. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; y (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

42. Según el artículo 86 de la Constitu ción Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

43. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.

El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

44. Sobre el caso que nos ocupa, se advierte el cumplimiento de dichos presupuestos. A saber, el de inmediatez por cuanto la tutela fue ejercida en un plazo prudencial a las respuestas proporcionadas por las entidades accionadas, y el de subsidiariedad por cuanto se ha considerado la tutela como el mecanismo judicial

presupuestos. A saber, el de inmediatez por cuanto la tutela fue ejercida en un plazo prudencial a las respuestas proporcionadas por las entidades accionadas, y el de subsidiariedad por cuanto se ha considerado la tutela como el mecanismo judicial procedente para la protección del derecho funda mental de petición, sin que medien otros instrumentos de defensa.

2.5. Del derecho de petición

45. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general oDemandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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9 particular y a obte ner pronta resolución” 4. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

46. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establ ecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”5.

47. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de

cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”5.

47. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

48. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.”6

49. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del

impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.”6

49. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante”7.

50. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que: “i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado

4 Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014. 5 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015. 6 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013. 7 Ibidem.Demandante: Maura Santa Cruz Demandados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otro Radicado: 25000-23-41-000-2015-02040-01

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10 que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,

derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”8.

51. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicit

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