CE - 250002341000201700164011SENTENCIA20230202095928

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 250002341000201700164011

Demandante: José David Martínez Parada

Demandada: Contraloría General de la Republica

Temas: Responsabilidad fiscal del administrador del contrato de obra. Elementos de la responsabilidad fiscal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las si guientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor José David Martínez Parada, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Naci ónContraloría General de la Republica, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, para que se declare

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, para que se declare

1 Demanda presentada el 7 de febrero de 2017, según obra a folio 1, en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”2

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Demandante: José David Martínez Parada

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la nulidad de los autos núm. 007 de 18 de marzo de 20163, 003 de 4 de mayo de 20164, 00781 de 11 de julio de 2016 5 y 00798 de 12 de julio de 2016 6, expedidas por la Contraloría General de la República.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] 1.- Que se declare la nulidad del Fallo No.007 del 18 de marzo de 2016, proferido por la Gerencia Departamental de Santander de la Contraloría General de la República, que al señor José David Martínez declaró fiscal y solidariamente responsable , en cuantía de mil setecientos trece millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos

la Gerencia Departamental de Santander de la Contraloría General de la República, que al señor José David Martínez declaró fiscal y solidariamente responsable , en cuantía de mil setecientos trece millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos con ochenta y cuatro centavos, moneda corriente ($1.713.838.943,84 mda/cte.).

2.- Que se declare la nulidad del Auto No. 00781 de 11 de julio d e 2016, expedido por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la Contraloría General de la República, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el Fallo No. 007 de 18 de marzo de 2016, confirmándolo en todas sus partes.

3.- Que se declare la nulidad del Auto No. 00798 del 12 de julio de 2016 expedido por la Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, "por medio del cual se modifica el auto No. 00781 del 11 de Julio del 2016"-

4.- Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación - Contraloría General de la República restituir al señor José David Martínez las sumas de dinero o erogaciones que hayan sido canceladas a la fecha en que se profiera el fallo, como consecuencia de los actos administrativos demandados.

5.- Que así mismo, se condene a la Nación - Contraloría General de la República a cancelar la parte demandante las sumas y conceptos que a continuación se discriminan:

se profiera el fallo, como consecuencia de los actos administrativos demandados.

5.- Que así mismo, se condene a la Nación - Contraloría General de la República a cancelar la parte demandante las sumas y conceptos que a continuación se discriminan:

5.1 Perjuicios Materiales, en la modalidad de Daño Emergente:

• Para el señor JOSÉ DAVID MARTÍNEZ, la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS

(S4'000.000) por concepto de los honorarios profesionales pagados al profesional del derecho Elder Oretga, quien asumió la defensa de mi prohijado en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra. 5.2 Perjuicios Inmateriales, en la modalidad de Daño Moral: Para el señor JOSÉ DAVID MARTÍNEZ, la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 s.m.1.m.v.) por concepto del dolor, sufrimiento y angustia que le provocaron las decisiones de responsabilidad fiscal cuya legalidad se cuestiona. En particular, la zozobra derivada de una condena solidaria impuesta a una persona natural, por una suma de dinero semejante, representa sin dudas una amenaza de ruina económica en todo sentido, más si se considera el hecho de que la condena fiscal derivó en una inhabilidad sobreviniente, que le impedía el ejercicio de empleo público alguno, que condujo a su desvinculación de Ecopetrol S.A. y que le impedía, además de percibir

3 “[…] Por el cual se profiere fallo con responsabilidad fiscal No. SAE 2013-00632_1882 […]”

condujo a su desvinculación de Ecopetrol S.A. y que le impedía, además de percibir

3 “[…] Por el cual se profiere fallo con responsabilidad fiscal No. SAE 2013-00632_1882 […]” 4 “[…] Por el cual se resuelven recursos contra el fallo con responsabilidad fiscal No. 007 de 18 de marzo de 2016[…]” 5 “[…] Por el cual se resuelven los recursos de apelación y el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. No. SAE 2013-00632_1882 […]” 6 “[…] Por medio del cual se modifica el auto No.- 00781 del 11 de julio de 2016 por el cual se resolvieron los recursos de apelación y el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. SAE 2013-00632_1882 […]”. 7 Cfr. folio 4 del cuaderno núm. 1 del expediente.3

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ingresos para sufragar la sanción impuesta y aún procurar su propio sustento y el de su grupo familiar. 6.-Oue las sumas reconocidas sean debidamente indexadas, conforme lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 7-Oue se condene a la entidad demandada al pago de las costas y las agencias en derecho […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4. ECOPETROL S.A. y el CONSORCIO URBAPETROL suscribieron el contrato de obra núm. 5205474 el 7 de abril de 2009 cuyo objeto fue la “Ejecución de las obras de construcción, montaje y puesta en operación del nuevo cuarto de control central y su red de fibra óptica de conexión a las unidades de proceso y edificaciones involucradas en el proyecto control operacional consolidado de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja”.

5. El ingeniero Jorge Salgado, funcionario de ECOPETROL S.A., envió dos memorandos con números de radicado 2896 y 2897 el 28 de abril de 2009 , en los que solicitó a los Coordinadores de los Talleres de Válvulas y al Departamento de Paradas de Plantas, informar la fecha exacta para la entrega de las áreas donde se llevaría a cabo la construcción del cuarto de control central.

6. El Departamento de Mantenimiento dio respuesta a la solicitud anterior el 8 de mayo de 2009 y confirmó las ac ciones necesarias para lograr el traslado temporal de todas las dependencias ubicadas en las áreas dispuestas para ejecutar la obra, estableciendo el siguiente cronograma: (i) junio 23 de 2009: Traslados de Grupo III y Central de Herramientas; (ii) julio 17 de 2009: Traslado de Talleres de Tuberías, Válvulas

y Oficios Civiles.

7. El acta de inicio del contrato de obra el 26 de mayo de 2009 fue suscrito por el

Central de Herramientas; (ii) julio 17 de 2009: Traslado de Talleres de Tuberías, Válvulas y Oficios Civiles.

7. El acta de inicio del contrato de obra el 26 de mayo de 2009 fue suscrito por el Ingeniero Óscar Tapias Uribe, en representación del CONSORCIO DE URBAPETROL, el Ingeniero Fabio Enriq ue Beltrán, gestor del contrato, y el ingeniero José David Martínez Parada, como administrador designado por ECOPETROL S.A.

8. ECOPETROL S.A. realizó paulatinamente las entregas de las áreas requeridas por el contratista, tal y como se informa en el acta de entrega de áreas generales, suscrita el 17 de noviembre de 2009.4

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9. ECOPETROL S.A. y el CONSORCIO URBAPETROL S.A. suscribieron el acta de negociación el 7 de octubre de 2010 en la que se le reconoció al contratista la suma de $1.297.287.143, por compensación económica, con fundamento en la demora en la entrega de las instalaciones y $87.451.285, por modificación de pólizas.

10. ECOPETROL S.A. y el CONSORCIO URBAPETROL S.A., suscribieron un otro sí el 11 de octubre de 2010 con el objeto de ampliar el pl azo de ejecución del contrato

10. ECOPETROL S.A. y el CONSORCIO URBAPETROL S.A., suscribieron un otro sí el 11 de octubre de 2010 con el objeto de ampliar el pl azo de ejecución del contrato núm. 5205474, por un término de 147 días, contados entre el 19 de octubre de 2010 y el 14 de marzo de 2011.

11. El CONSORCIO URBAPETROL S.A. presentó el 28 de noviembre de 2010 ante ECOPETROL S.A., cuenta de cobro por un valor total de $1.384.738.428.

12. La Contraloría General de la Republica por medio de auto núm. 007 de 18 de marzo de 2016 , resolvió fallar con responsabilidad fiscal en contra de la parte demandante, con fundamento en que en su calidad de administrador del contrato suscribió el acta de inicio del contrato núm. 5205474 el 26 de mayo de 2009 teniendo conocimiento de que no se contaba con la disponibilidad de las áreas a intervenir para la construcción del Edificio de Control Central (ECC), entrega que se realizó de forma escalonada y finalizó en de noviembre de 2009, lo que generó un mayor valor a pagar al contratista.

13. La parte demandada mediante auto núm. 003 de 4 de mayo de 20168, confirmó el fallo con responsabilidad fiscal contra la parte demandante.

14. El Director de Juic ios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República por medio del auto núm. 00781 de 11 de julio de 20169, resolvió el recurso de apelación, en

Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República por medio del auto núm. 00781 de 11 de julio de 20169, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar el fallo de 18 de marzo de 2016.

15. El Director de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República a través de la Resolución núm. 00798 de 12 de julio de 201610, dispuso corregir el cuadro informativo obrante en la página 1 de la parte considerativa del auto núm. 00781 de 11

8 “[…] Por el cual se resuelven recursos contra el fallo con responsabilidad fiscal No. 007 de 18 de marzo de 2016[…]” 9 “[…] Por el cual se resuelven los recursos de apelación y el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. No. SAE 2013-00632_1882 […]” 10 “[…] Por medio del cual se modifica el auto No.- 00781 del 11 de julio de 2016 por el cual se resolvieron los recursos de apelación y el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. SAE 2013-00632_1882 […]”.5

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de julio de 2016 11 en el sentido de que la entidad afectada es ECOPETROL y n o el Departamento de Santander como se indicó.

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de julio de 2016 11 en el sentido de que la entidad afectada es ECOPETROL y n o el Departamento de Santander como se indicó.

Normas violadas y concepto de violación12

16. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 29 y 90 de la Constitución Política. • Artículos 1, 4, 5, 7 y 53 de la Ley 610 de 15 de agosto de 200013. • Artículos 101, 118 y 119 de la Ley 1474 de 12 de julio de 201114.

Concepto de violación

17. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

Primer cargo: Infracción de las normas en que debería fundarse

18. La parte demandante fundamentó este cargo de nuli dad, con base en los

siguientes argumentos:

19. Adujo que los actos administrativos acusados contravienen lo previsto en los artículos 4 y 53 de la Ley 610 y 90 de la Constitución Política, por cuanto no se logró acreditar la culpa grave en la gestión fiscal de la parte demandante.

20. Manifestó que la Corte Constitucional en la sentencia C -619 de 2002 declaró la inexequibilidad de la expresión “leve” en los artículos 4 y 53 de la Ley 610, en consecuencia, el régimen de responsabilidad fiscal experimentó una tran sformación en lo relativo a su régimen de imputación subjetiva, de modo que solo puede predicarse a partir de la culpa grave o el dolo, nunca de la culpa leve.

21. Señaló que no corresponde con la realidad procesal sostener, como lo hace la

régimen de imputación subjetiva, de modo que solo puede predicarse a partir de la culpa grave o el dolo, nunca de la culpa leve.

21. Señaló que no corresponde con la realidad procesal sostener, como lo hace la parte demandada, que la parte demandante había actuado con culpa grave por la suscripción del acta de inicio y la falta de gestión en la toma de correctivos necesarios

11 “[…] Por el cual se resuelven los recursos de apelación y el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. No. SAE 2013-00632_1882 […]” 12 Cfr. folios 21 a 36 del cuaderno núm. 1 del expediente. 13 “[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías […]”. 14 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”.6

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que evitaran la firma de este documento que formalizó el inicio de ejecución de las obras por parte del C onsorcio de Urbapetrol en las instalaciones de la Refinería de Barrancabermeja, bajo los parámetros establecidos en el contrato de obra Nº 5205474, celebrado entre ECOPETROL S.A., y el CONSORCIO DE URBAPETROL.

Barrancabermeja, bajo los parámetros establecidos en el contrato de obra Nº 5205474, celebrado entre ECOPETROL S.A., y el CONSORCIO DE URBAPETROL.

22. Indicó que la firma de la parte demandante en el acta de inicio estaba respaldada por los compromisos adquiridos con anterioridad por ECOPETROL S.A., que establecían las fechas de entrega de las áreas dispuestas para la construcción del Edificio de Control Central, términos que se dieron a conocer al contratista de obra, previo a la suscripción del documento.

23. Precisó que el Departamento de Mantenimiento informó el 8 de mayo de 2009 la fecha exacta dispuesta para desalojar las áreas requeridas por el contratista, conforme al siguiente cronograma: i) Junio 23 de 2009: Grup o III y Central de herramientas y, ii) Julio 17 de 2009: Talleres de tuberías, válvulas y oficios civiles.

24. Afirmó que conforme al compromiso adquirido por el Departamento de Mantenimiento y debido a que el contrato establecía un período de 30 días para la logística de instalación del contratista, se recibió la instrucción de firmar el acta de inicio y tramitarla el 26 de mayo de 2009. En efecto, en el Programa Maestro de Trabajo se evidencia que el contratista planeaba iniciar los trabajos para la instalación de la Red de Fibra Óptica a partir del 26 de junio de 2009.

25. Concluyó que la parte demandante no actuó con desinterés o temeridad al firmar el acta de inicio del contrato suscrito con el CONSOR CIO DE URBAPETROL, toda vez que para la suscripción del documento estaba dispuesto no sólo el 94,15% de la totalidad

el acta de inicio del contrato suscrito con el CONSOR CIO DE URBAPETROL, toda vez que para la suscripción del documento estaba dispuesto no sólo el 94,15% de la totalidad de las áreas para la ejecución de las obras, sino también se tenía conocimiento de las obligaciones adquiridas por el Departamento de Mantenimiento, para la entrega de los terrenos que correspondían al porcentaje restante. Estos compromisos no podían ser asegurados o gestionados por la parte demandante , pues to que se encontraban por fuera de la esfera de sus funciones como administrador del contrato.

Segundo cargo: La sola acción de firmar el acta de inicio no puede ser tenida como un hecho que genere responsabilidad fiscal imputable al demandante

26. Los fundamentos jurídicos de este cargo, son los siguientes:

27. Señaló que en el plan de ejecución del proyecto se dispuso iniciar el contrato de obra para el 12 de diciembre de 2008, sin embargo, para esa fecha no fue posible suscribir acta7

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de inicio, por cuanto se identificaron retrasos en el traslado de talleres y reubicación del personal que se encontraban laborando en las áreas donde se disponía construir el edificio de control central. Esto significa, que desde el mes de diciembre de 2008 ECOPETROL S.A., tenía conocimiento del riesgo que ostentaba la ejecución del proyecto, por la falta de disponibilidad de los terrenos para la construcción de la edificación.

de control central. Esto significa, que desde el mes de diciembre de 2008 ECOPETROL S.A., tenía conocimiento del riesgo que ostentaba la ejecución del proyecto, por la falta de disponibilidad de los terrenos para la construcción de la edificación.

28. Manifestó que los Directivos de ECOPETROL S.A. tomaron la decisión de suscribir el acta de inicio en el mes de mayo de 2009, decisión fundada en los riesgos patrimoniales a los que estaba expuesta la entidad ante los atrasos en la iniciación de la obra.

29. Adujo que para la fecha de los hechos no era viable adoptar la decisión de posponer la suscripción del acta de inicio hasta que se tuvieran libres la totalidad de las áreas a intervenir, por cuanto esta situación conllevaría a una afectación técnica, administrativa y patrimonial en los demás contratos que estaban en ejecución y, que dependían en su mayoría de los avances en las actividades de construcción del edificio de control central y de la red de fibra óptica. En efecto, el contratista inició con la ejecución de la obra, una vez firmada el acta de inicio, y su avance paulatinamente no requería la totalidad de las áreas a intervenir, como erróneamente se sostuvo en uno de los argumentos expuestos por la

Contraloría.

Tercer cargo: La responsabilidad fiscal a título de culpa grave, imputada a la parte demandante, no fue debidamente motivada conforme al artículo 118 de la Ley 1474

30. Manifestó que el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, prevé la regla de que el grado de culpabilidad necesario para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el de dolo o el de culpa grave. Para determinarlos, la norma trae una presunción de dolo y cinco

de culpabilidad necesario para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el de dolo o el de culpa grave. Para determinarlos, la norma trae una presunción de dolo y cinco presunciones de culpa grave. Es así como de las situaciones citadas por la norma, no se encuentra contemplada la suscripción de documentos como el acta de inicio de un contrato de obra, lo que significa que la decisión tornada por la parte demandada no fue debidamente motivada.

Cuarto cargo: El señor José David Martínez Parada no actuó como Gestor Fiscal

31. Adujo que el gestor fiscal del contrato suscrito entre ECOPETROL S.A., y el CONSORCIO URBAPETROL, era el Gerente de la Refinería de Barrancabermeja, quien en el proceso precontractual y contractual direccionó, aprobó y ordenó la realizaci ón de la construcción del edificio de control central, que agrupaba todos los cuartos de control de las diferentes plantas en una sola área, con el objetivo de unificar las operaciones, optimizar recursos, mejorar las comunicaciones e incrementar la produc tividad de la8

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Refinería de Barrancabermeja.

32. Indicó que en el fallo proferido por la parte demandada, se realizó un reproche equivocado al imputar responsabilidad fiscal a la parte demandante por una conducta que no es derivada de una gestión fiscal, que pueda ser reprendida por el ente de control, es decir, la suscripción de un acta de inicio no es una conducta indicativa de gestión

equivocado al imputar responsabilidad fiscal a la parte demandante por una conducta que no es derivada de una gestión fiscal, que pueda ser reprendida por el ente de control, es decir, la suscripción de un acta de inicio no es una conducta indicativa de gestión fiscal y no puede producir por sí sola detrimento al patrimonio público.

33. Precisó que el numeral 7.1. del Manual para la Admi nistración y Gestión de Contratos de Ecopetrol S.A. establece las funciones de la parte demandante como administrador del contrato, en las cuales no se establece la suscripción del acta de inicio de la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, función designada al gestor en el numeral 7.2.1.

34. Manifestó que la parte demandada desconoció no sólo el principio del debido proceso, sino también el principio de legalidad y favorabilidad, por cuanto no debió proferir un fallo con responsabilidad fiscal a plicando la figura de la solidaridad acogida por el artículo 119 de la Ley 1474, cuando los hechos reprochados al investigado fueron acaecidos en el año 2009, fecha donde por disposiciones legales, el ente de control debía individualizar y valorar las obligaciones patrimoniales a partir de la conducta del agente.

Cuarto cargo: Ausencia de nexo causal entre la supuesta conducta gravosa del demandante y el hipotético daño fiscal

35. Adujo que la existencia del nexo de causalidad en la responsabilidad fiscal dependen del grado de confirmación probatoria del hecho del nexo causal, es decir, que lógicamente sea más probable su ocurrencia, por la eficacia probatoria para su demostración, por el peso que tiene como evidencia las pruebas que buscan llevar al

dependen del grado de confirmación probatoria del hecho del nexo causal, es decir, que lógicamente sea más probable su ocurrencia, por la eficacia probatoria para su demostración, por el peso que tiene como evidencia las pruebas que buscan llevar al convencimiento razonable sobre su certeza, a fin de que pueda considerárselo corno verdadero Siendo ello así, no cabe duda de que no existe relación consecuencial alguna, entre el supuesto daño -la compensación económica entregada al CONSORCIO URBAPETROL por la dem ora en la entrega de las instalaciones - y la conducta gravemente culposa endilgada al aquí demandante - firmar el acta de inicio de ejecución de la obra y no gestionar los correctivos necesarios para evitar la suscripción de este documento.

36. Precisó que es evidente que la causa eficiente que produjo el daño fiscal, fue el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Departamento de Mantenimiento con respecto a la entrega de las áreas para la construcción del Edificio Central y no,9

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como lo expone la parte demandada, la suscripción del acta de inicio de la obra.

Contestación de la demanda

37. La parte demandada 15 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

Respecto a la inexistencia de culpa grave

38. Manifestó que según el Manual para la Administración y Gestión de los contratos

37. La parte demandada 15 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

Respecto a la inexistencia de culpa grave

38. Manifestó que según el Manual para la Administración y Gestión de los contratos de ECOPETROL S.A., versión 3.0 de 17 de octubre de 2008, la parte demandante en su calidad de administrador del contrato núm. 5205474, y en función de las responsabilidades que el cargo le imponía, y la dispo sición de toda la información inherente al contrato, no le eran ajenos los riesgos que se presentarían en su ejecución; dado el conocimiento no solo de los antecedentes del proyecto sino del retraso del inicio del contrato de reubicación de talleres, y de las múltiples paradas de planta de la refinería que se daban anualmente bien fueras programadas o no, como se acreditó en el proceso.

39. Señaló que la parte demandante conocía lo incorporado en la cláusula 27 de los estudios previos referente a la imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato hasta tanto no se contara con la totalidad de los terrenos a disposición del contratista; sin embargo, a sabiendas de todo lo anterior y solo con base en lo informado por el área de mantenimiento, previó que para el mes de junio de 2009 podía contar con la totalidad de los terrenos, hecho que no sucedió y que dio paso a que el contratista trasladara su maquinaría y personal al lugar de trabajo, pero que no haya podido ejecutar las obras a plenitud sino hasta noviembre de 2009, sin que en dicho lapso hubiese recomendado la suspensión parcial o total del contrato, facultades que ostentaba de conformidad con el manual.

plenitud sino hasta noviembre de 2009, sin que en dicho lapso hubiese recomendado la suspensión parcial o total del contrato, facultades que ostentaba de conformidad con el manual.

40. Indicó que el administrador siempre tuvo conocimiento de que en el funcionamiento normal de la refinería había épocas de paradas de planta programadas y no programadas, las cuales no se previeron para determinar el tiempo de ejecución del contrato, ni como vicisitud para la ejecución del mismo.

41. Precisó que el peritaje practicado en el curso del Proce so de Responsabilidad Fiscal se colige que pese a que al momento de la suscripción del acta de inicio del

15 Folio 136 a 142 del cuaderno núm. 1 del expediente.10

Núm. único de radicación: 25000234100020170016401

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contrato se contaba con la disponibilidad del 94% de los terrenos para el desarrollo de uno de los componentes del contrato como lo era la instalación de la Red de Fibra Óptica (RFO), no se contaba, ni se iba a contar con el terreno para la construcción del Edificio de Control Central (ECC).

42. Concluyó que el administrador del contrato debió abstenerse de suscribir el acta de inicio dado el contenido de la cláusula 27 del contrato, o al menos prever una entrega de los demás terrenos de modo programado, concordando con el contratista un PDT

(Plan Detallado de Trabajo) sin costos adicionales no previstos en el contrato.

de inicio dado el contenido de la cláusula 27 del contrato, o al menos prever una entrega de los demás terrenos de modo programado, concordando con el contratista un PDT (Plan Detallado de Trabajo) sin costos adicionales no previstos en el contrato.

Respecto a la inexistencia del daño patrimonial

43. Adujo que el daño patrimonial está probado por el reconocimiento de mayores cantidades de obra a favor del contratista quien tuvo que prolongar la disposición de personal y de equipos durante lapsos no previstos de ejecución del contrato. Es d ecir, aun conociendo de la existencia de la imposibilidad de contar con todos los terrenos sobre los cuales se iba a ejecutar el contrato el contratante debió o bien modificar la cláusula 27 del contrato o pactar un modo de retribución que no afectara con sobrecostos el contrato de obra, o más aún adoptar la determinación de suspender parcial o totalmente la ejecución del contrato hasta tanto se dispusiera de la totalidad de los terrenos.

44. Manifestó que con el visto bueno de la gestoría del contrato se suscribió acta de negociación núm. 1 de 7 de octubre de 2010, donde se concluyó que ECOPETROL S.A. reconocería al contratista Consorcio Urbapetrol, a título de reconocimiento económico, por mayores costos en que el contratista incurrió, como consecuencia de l as improductividades sufridas por la entrega tardía de las áreas destinadas a la construcción del Edificio de Control Central, la suma de $1.297.287.143, suma que obedece al daño patrimonial.

Respecto a la inexistencia de gestión fiscal

45. Sostuvo que se realizó la entrega de las áreas en forma escalonada, que inició en

patrimonial.

Respecto a