CE - 250002341000201900910011AUTOQUERESUEL20230217101915

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00910-01

Actores: LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y CLEMENCIA

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TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN RECURRIDA QUE RECHAZÓ LA DEMANDA

POR CUANTO LOS ACTOS DEMANDADOS NO SON SUSCEPTIBLES DE CONTROL

JUDICIAL.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la apoderada de la parte actora, contra el auto de 9 de junio de 2022, proferido por la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 1, por medio del cual rechazó la demanda presentada en el medio de control de la referencia.

1 En adelante el Tribunal.2

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I. ANTECEDENTES

Los señores LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ y CLEMENCIA ÁLVAREZ GAITÁN , a través apoderado, en ejercicio

ÁLVAREZ GAITÁN

I. ANTECEDENTES

Los señores LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ y CLEMENCIA ÁLVAREZ GAITÁN , a través apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, -CPACA-2, presentaron demanda tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los siguientes actos:

.- Oficio núm. 20194200319521 de 5 de mayo de 2019, cuyo asunto es: “ Contestación a derechos de petición con radicado 20179600537452 y 20186200137292” , expedido por la

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, -ANT-3

.- Resolución núm. 02321 de 18 de abril de 2018, “La cual ordena el ejercicio directo de las facultades de policía administrativa para la entrega real y material de un activo” , expedida por la

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.4

.- Comunicación núm. CS2019-001704 de 25 de enero de 2019 cuyo asunto es “Comunicación Resolución No. 2321 del 4/18/2018.

2 En adelante CPACA. 3 En adelante ANT. 4 En adelante SAE S.A.S.3

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Diligencia de desalojo del inmueble identificado con matrícula

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Diligencia de desalojo del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 162-8049”, expedida por la SAE S.A.S.

A título de restablecimiento del derecho solicitaron ordenarle a: i) la SAE S.A.S. , suspender definitivamente la orden de desalojo del predio que les fue asignado por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, -INCODER-5, mediante subsidio integral de tierras; y, ii) la ANT otorgarles escritura pública o resolución de adjudicación sobre el bien atrás referido.

El Tribunal, en proveído de 16 de diciembre de 2019 6, inadmitió la demanda para que la parte actora la corrigiera en el sentido de determinar de manera clara y precisa los actos demandados a fin de evitar una indebida acumulación de pretensiones, dado que el Oficio acusado fue expedido por la ANT dando alcance y completo al Oficio núm. 20184200156421 de 16 de marzo de 2018 , y la Resolución y la Comunic ación cuestionadas se dictaron en actuaciones administrativas diferentes ; y remitiera copia de éstos con las constancias de notificación, comunicación, publicación y/o ejecución, según fuera el caso.

5 En adelante INCODER. 6 Visible a folio 136 del expediente físico.4

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La parte actora subsanó la demanda7 en el sentido de enunciar como actos acusados, los siguientes:

.- Oficio núm. 20184200156421 de 16 de marzo de 2018, “Contestación a derechos de petición con radicado 20179600537452 y 20186200137292”, expedido por la ANT.

.- Oficio núm. 20194200319521 de 5 de mayo de 2019, cuyo asunto es: “ Contestación a derechos de petición con radicado 20179600537452 y 20186200137292”, expedido por la ANT.

.- Resolución núm. 02321 de 18 de abril de 2018, “La cual ordena el ejercicio directo de las facultades de policía administrativa para la entrega real y material d e un activo” , expedido por la

SAE S.A.S.

.- Comunicación núm. CS2019-001704 de 25 de enero de 2019, cuyo asunto es: “Comunicación Resolución No. 2321 del 4/18/2018. Diligencia de desalojo del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 162-8049”, expedido por la SAE S.A.S.

7 Visible a folios 138 a 151 idem.5

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Adicionalmente, manifestó que no contaba con las constancias de notificación de los actos acusado a pesar de haber requerido a las demandadas la expedición de las mismas a través del derecho de petición.

En atención a lo anterior, el Tribunal en auto de 8 de abril de 20218, reiterado el 24 de febrero de 2022 9, requirió a la ANT y a la SAE S.A.S., allegar copia de los actos acusados junto con las constancias de notificación.

En cumplimiento de lo anterior, la ANT10 informó que los actos demandados habían sido expedidos por el FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO , -FRISCO-SAE-11, que mediante Oficio núm. CS2022-010925 sin fecha 12, allegó copia de las resoluciones núms.: i) 021 de 3 de diciembre de 2004, por la cual s e asignó en forma definitiva al INCODER 56 predios con fines de inversión social para el desarrollo de proyectos de reforma agraria, entre los cuales se encuentra el identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 1620008049, correspondiente al predio “La Holanda”, ubicado en la vereda Guarumo del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca,

8 Visible a folios 164 a 165 idem. 9 Visible a folios 172 a 174 idem.

0008049, correspondiente al predio “La Holanda”, ubicado en la vereda Guarumo del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca,

8 Visible a folios 164 a 165 idem. 9 Visible a folios 172 a 174 idem. 10 Oficio núm. 2022-04-24, visible a folios 191 idem. 11 En adelante FRISCO-SAE. 12 Visible a folio 214 a 226 del expediente físico.6

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expedida por el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES; y, ii) 0023 de 30 de agosto de 2007, “ por medio de la cual se revocan parcialmente las Resoluciones Nos. 008 de 4 de abril de 2003, 021 del 3 de diciembre de 2004 , 023 de 29 de septiembre de 2005, 001 de 24 de enero de 2006, 007 de 22 de marzo de 2006 y la Resolución 022 de 14 de junio de 2006”, en relación con 24 predios, dentro de los cuales se encuentra el identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 162 -8084, y ordenó el ingreso de éstos como activos del FRISCO-SAE.

II. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal mediante proveído de 9 de junio de 2022 13, rechazó la demanda con fundamento en los siguientes razonamientos:

Respecto de los oficios núms. 20184200156421 de 16 de marzo de

El Tribunal mediante proveído de 9 de junio de 2022 13, rechazó la demanda con fundamento en los siguientes razonamientos:

Respecto de los oficios núms. 20184200156421 de 16 de marzo de 2018 y 20194200319521 de 5 de mayo de 2019, expedidos por la ANT, indicó que no constituyen actos administrativos susceptibles de control judicial habida cuenta que no resuelven de fondo una actuación administrativa ni ponen fin a la misma , sino que a través de ellos se dio respuesta a las peticiones formuladas por los actores bajo los radicados núms. 20179600537452 y 201886200137292, con el fin de que se c onstituyera en escritura pública y se les

13 Visible a folios 236 a 241 idem.7

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adjudicara el predio denominado “San Agustín”, que hace parte del de mayor extensión de nombre “La Holanda”.

Agregó que los actores tampoco acreditaron haber iniciado un proceso de adjudicación del predio en menci ón, ni que como consecuencia de esa actuación se hubiera proferido una decisión definitiva susceptible de control judicial.

En ese orden, s ostuvo que las respuestas a las peticiones mencionadas no constituyen actos administrativos que modifiquen o extingan un derecho en cabeza de los actores, habida cuenta que el predio respecto del cual se solicitó su escritura nunca les fue adjudicado en calidad de propietarios, como lo informó el INCODER

mencionadas no constituyen actos administrativos que modifiquen o extingan un derecho en cabeza de los actores, habida cuenta que el predio respecto del cual se solicitó su escritura nunca les fue adjudicado en calidad de propietarios, como lo informó el INCODER en el oficio núm. 00820 de 19 de diciembre de 2007, en el que indicó al FRISCO que el señor LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ desempeñaba la labor de “[…] cuidar estos predios de los invasores […]”.

Advirtió que la Resolución núm. 023 de 30 de agosto de 2007, proferida por el FRISCO, revocó parcialmente la Resolución núm. 021 de 3 de diciembre de 2004, a través de la cual el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES le había asignado al extinto INCODER el predio de mayor extensión denominado “La Holanda”,8

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siendo esta última entidad la única propietaria del bien respecto del cual los demandantes solicitan la adjudicación, a quienes , además, en su momento se le asignó , provisionalmente, la unidad agrícola familiar “San Agustín” para cumplir la labor de cuidar los demás predios.

Sostuvo que las decisiones que ponen fin a los procedimientos administrativos son las susceptibles de control judicial y no las respuestas a las peticiones acusadas que, además, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Sostuvo que las decisiones que ponen fin a los procedimientos administrativos son las susceptibles de control judicial y no las respuestas a las peticiones acusadas que, además, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Explicó que el “oficio de 25 de enero de 2019 ”, mediante el cual se ordenó el ejercicio directo de las facultades de policía administrativa para la entrega real y material de un activo, es un acto de carácter policivo que tampoco es susceptible de control judicial de conformidad con el artículo 105 del CPACA.

Concluyó que si bien el único acto administrativo susceptible de control judicial era la Resolución núm. 023 de 30 de agosto de 2007, que revocó parcialmente la Resolución núm . 021 de 3 de diciembre de 2004, no fue demandado.9

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I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación14 en contra de la anterior decisión, argumentando que lo pretendido en la demanda era que se reconociera a los demandantes los derechos que les asiste por haber suscrito con el INCODER contrato de operación y funcionamiento núm. 157 de 10 de enero de 2005, en condición de beneficiarios del subsidio integral establecido en la Ley 812 de 26 de junio de 200315.

Indicó que de lo explicado por la ANT en el Oficio núm.

2005, en condición de beneficiarios del subsidio integral establecido en la Ley 812 de 26 de junio de 200315.

Indicó que de lo explicado por la ANT en el Oficio núm. 20194200319521 de 5 de mayo de 2019, se deduce que existen 3 condiciones para que se realice la adjudicación de predios fiscales patrimoniales a personas naturales, a saber: i) ser sujetos de reforma agraria, ii) se trate de predios fiscales patrimoniales y iii) se trate de predios susceptibl es de adjudicación , exigencias que se encuentran acreditadas en los hechos narrados en la demanda y las pruebas aportadas con la misma , pues aducen que los actores son sujetos de reforma agraria en virtud del Comité de Selección de 13 de octubre de 2004, “La Holanda” es un bien de naturaleza fiscal en cabeza del FRISCO y tiene vocación de adjudicación.

14 Visible en el folio 245 al 247 idem. 15 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".10

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En ese orden, sostuvo que los oficios acusados constituyen actos definitivos susceptibles de control judicial y no son de trámite como lo señaló el a quo, toda vez que al resolver las peticiones formuladas por los solicitantes calificaron de fondo la solicitud de adjudicación y denegaron los derechos adquiridos reclamados en sede administrativa.

lo señaló el a quo, toda vez que al resolver las peticiones formuladas por los solicitantes calificaron de fondo la solicitud de adjudicación y denegaron los derechos adquiridos reclamados en sede administrativa.

Frente a la Resolución núm. 02321 de 18 de abril de 2018, indicó que la SAE resolvió hacer efectiva la entrega real y material del predio denominada “La Holanda”, con fundamento en las sentencia s de 13 de junio y 7 de octubre de 2003, proferidas por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente, que declararon la extinción de dominio del referido predio.

No obstante, el predio en mención fue entregado al extinto INCODER en virtud de la Resolución núm. 021 de 3 de diciembre de 2004, conforme consta en las anotaciones núms. 15, 16 y 18 del folio de matrícula inmobiliaria, entidad que contaba con la facultad de entregar el bien para el desarrollo de proyectos productivos.11

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Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la Resolución acusada desconoce los derechos reconocidos a los actores a través del acto de entrega suscrita por el entonces INCODER, en el año 2005.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el numeral 1 del artículo 243 16 del CPACA,

de entrega suscrita por el entonces INCODER, en el año 2005.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el numeral 1 del artículo 243 16 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 25 de enero de 202117, el recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda.

Comoquiera que en el asunto bajo examen el recurso interpuesto por la parte actora recae sobre la providencia por medio de la cual se rechazó la demanda de la referencia, corresponde a la Sala conocer del presente recurso de apelación.

En el caso objeto de estudio , el Tribunal rechazó la demanda instaurada por la parte actora por considerar que los actos acusados, esto es, los oficios núms. 20184200156421 de 16 de marzo de 2018 y 20194200319521 de 5 de mayo de 2019, expedidos por la ANT,

16 “[…] ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma […]”. 17 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.”12

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no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas concretas, tampoco definen o concluyen un procedimiento administrativo y, por tanto, se trata de actos de trámite; mient ras que respecto de la Resolución núm. 02321 de 18 de abril de 2018 y la Comunicación núm. CS2019-001704 de 25 de enero de 2019, ambas expedidas por la SAE S.A.S., estimó que constituyen actos policivos, decisiones que no son susceptibles de control judicial.

Por su parte , la parte actora adujo que los oficios y la Resolución demandados no eran decisiones de trámite sino definitivas de la administración, susceptibles de control judicial , habida cuenta que calificaron de fondo la solicitud de adjudicación invocada, denegaron los derechos adquiridos reclamados y desconoc ieron los derechos reconocidos a los actores a través del acto de entrega efectuado en el año 2005, por el entonces INCODER, en virtud de lo dispuesto en la Ley 812 de 26 de junio de 200318.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, corresponde a la Sala determinar si los oficios núms. 20184200156421 de 16 de marzo de 2018 y 20194200319521 de 5 de mayo de 2019, expedidos por la ANT, la Resolución núm. 02321 de 18 de abril de 2018 y la Comunicación núm. CS2019-001704 de 25 de enero de 2019, ambas

ANT, la Resolución núm. 02321 de 18 de abril de 2018 y la Comunicación núm. CS2019-001704 de 25 de enero de 2019, ambas

18 “Por el cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacía un Estado comunitario”.13

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expedidas por la SAE S.A.S., son actos administrativos de trámite y policivos, no susceptibles de control judicial , como lo aseguró el a quo, o si, por el contrario, se trata de decisiones definitivas como lo sostienen los recurrentes.

Para efectos de resolver el problema jurídico, la Sala resalta los siguientes aspectos relacionados con las unidades agrícolas familiares y los subsidios integrales de tierras, previstos en las leyes 135 de 15 de diciembre de 196719, 160 de 3 de agosto de 1994 20 y 812 de 2003.

La Ley 200 de 30 de diciembre de 1936 21, estableció el régimen de tierras con el fin de resolver los problemas en el manejo de baldíos de la Nación, la acreditación de la propiedad privada y la reglamentación de la prescripción adquisitiva de predios rurales y urbanos.

Luego, mediante la Ley 135, se creó el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, -INCORAcon el objeto de reformar la estructura social agraria y promover el desarrollo rural en el campo

urbanos.

Luego, mediante la Ley 135, se creó el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, -INCORAcon el objeto de reformar la estructura social agraria y promover el desarrollo rural en el campo y se fomentó el acceso a la propiedad privada y el trabajo agrario de

19 “Sobre reforma social agraria”. 20 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”. 21 “Sobre régimen de tierras”.14

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los campesi nos a través de los procedimientos administrativos previstos en los artículos 44, 45, 48 y 80 idem, esto es, adjudicación de baldíos, colonizaciones dirigidas, unidades agrícolas familiares22 y parcelaciones, respectivamente.

Frente a la figura de las UAF, el artículo 50 idem, las entendió como “[…] la explotación agraria de un fundo que dependa directa y principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo de una misma familia compuesta por el jefe del hogar y su cónyuge, compañero o compañera, según el caso, o por parientes hasta el segundo grad o de consanguinidad y primero civil, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra extraña al núcleo familiar […]”.

La norma en cita también estableció que para consolidar el derecho

compañera, según el caso, o por parientes hasta el segundo grad o de consanguinidad y primero civil, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra extraña al núcleo familiar […]”.

La norma en cita también estableció que para consolidar el derecho de propiedad los adjudicatarios de las UAF en zonas de parcelación adquirirían la propiedad del predio por adjudicación administrativa, dentro de los 15 años siguientes a la fecha de entrega , término durante el cual no podían transferir el derecho de dominio, la posesión o tenencia, sino a personas que reunieran las condiciones para ser beneficiarios de ésta, dentro de los programas de parcelación de la reforma agraria, conforme con lo previsto en el artículo 51 idem, previa autorización del INCORA.

22 En adelante UAF.15

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A su vez, el artículo 81 idem, previó que las UAF serían entregadas en propiedad a personas de escasos recursos a través de acto administrativo expedido por el INCORA, que debía ser inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva.

No obstante, la anterior normativa fue derogada por la Ley 160, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, los subsidios para la adjudicación de tierras y redujo el plazo previsto para la adjudicación de las UAF de 15 a 12 años.

En el artículo 20 idem, se estableció un subsidio integral de reforma agraria que podía cubrir hasta el 100% del valor de la tierra y/o de

plazo previsto para la adjudicación de las UAF de 15 a 12 años.

En el artículo 20 idem, se estableció un subsidio integral de reforma agraria que podía cubrir hasta el 100% del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios, equivalente al valor de la UAF y otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos recursos que cumplieran las exigencias establecidas por el Gobierno Nacional.

A su vez, el artículo 38 idem, previ ó que las tierras compradas directamente por el INCORA se destinarían , entre otros fines, a establecer UAF, entendida s éstas como empresas básicas de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, que permitiera a16

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las familias remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable a la formación de su patrimonio.

El artículo 39 idem, dispuso que las personas a quienes el INCORA les hubiere adjudicado UAF se someterían al régimen de propiedad de parcelaria cuando se cumpliera el plazo de 15 años, contado desde la primera adjudicación.

El INCORA fue liquidado en cumplimiento de lo previsto en el Decreto núm. 1292 de 21 de mayo de 2003 23, y mediante Decreto núm. 1300 de 21 de mayo 200324, se creó el INCODER con el objeto de asumir las funciones de la entidad liquidada , en materia de

Decreto núm. 1292 de 21 de mayo de 2003 23, y mediante Decreto núm. 1300 de 21 de mayo 200324, se creó el INCODER con el objeto de asumir las funciones de la entidad liquidada , en materia de desarrollo rural, adjudicación de UAF y la administración y manejo de baldíos.

Luego, a través de la Ley 812 de 2003, se modificó el artículo 20 de la Ley 160, en el sentido de establecer que el subsidio integral que sería entregado por una sola vez, para el desarrollo de proyectos productivos a pequeños y medianos productores beneficiarios de los programas de reforma agraria, incluía el valor de la tierra y las

23 “Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación”. El proceso de liquidación del INCORA terminó con la expedición de la Resolución núm. 1389 de 31 de diciembre de 2007. 24 “Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se determina su estructura”.17

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inversiones complementarias, contribución administrada y otorgada por el INCORA o quien hiciera sus veces.

A su vez, e l artículo 27 idem, previó que las tierras adquiridas o expropiadas por el INCORA podrían entregarse a los beneficiarios mediante contrato de asignación o tenencia provisional hasta por un término de 5 años , “[…] previa definición del proyecto productivo a

expropiadas por el INCORA podrían entregarse a los beneficiarios mediante contrato de asignación o tenencia provisional hasta por un término de 5 años , “[…] previa definición del proyecto productivo a desarrollar, a cuya finalización el Instituto procederá a transferirles su dominio, siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles […]”.

Por su parte, e l Decreto núm. 1250 de 23 de abril de 2004 25, reglamentario del otorgamiento del subsidio integral previsto en la Ley 812 , estableció que éste se pagaría por una sola vez previa suscripción del contrato de operación y funcionamiento, accesorio a la adjudicación o compra de una UAF (artículo 11).

El artículo 14 idem, previó el contrato de asignación o tenencia provisional a través d el cual el INCODER entregaba de forma temporal la tenencia de UAF a quienes acreditaran los requisitos para ser beneficiarios de programas de Reforma Agraria, siempre que se definiera el proyecto productivo de carácter empresarial a

25 “Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 160 de1994 y 812 de 2003, en lo relativo al otorgamiento del subsidio integral a beneficiarios de programas de reforma agraria”.18

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desarrollarse durante un período máximo de 5 años, término dentro del cual los beneficiarios debían pagar los impuestos, contribuciones y servicios públicos que afectaban a la UAF, además no podían

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desarrollarse durante un período máximo de 5 años, término dentro del cual los beneficiarios debían pagar los impuestos, contribuciones y servicios públicos que afectaban a la UAF, además no podían vender ni enajenar el dominio, posesión u otro derecho sobre la propiedad; y en caso de incumplimie nto a los compromisos y responsabilidades adquiridos debían reintegrar todo lo recibido por el subsidio y la pérdida de los derechos patrimoniales generados dentro del proyecto productivo.

Cumplido el plan, los beneficiarios podían solicitar la adjudicación del predio, en forma individual o colectiva, con derecho a recibir el monto del subsidio correspondiente al valor de la tierra (artículo 15 idem), previa suscripción del contrato de operación y funcionamiento de que trata el artículo 11 idem.

El INCODER también fue suprimido y liquidado a través del Decreto núm. 2365 de 7 de diciembre de 2015 26, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1753 de 9 de junio de ese año27.

Finalmente, el Decreto en cita previó que la entrega de los archivos de la entidad liquidada sobre el manejo de las tierras de la Nación y

26 “Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, se ordena su liquidación y se dictan otras determinaciones”. 27 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 - Todos por un nuevo país”.19

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00910-01

Actores: LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y CLEMENCIA

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00910-01

Actores: LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y CLEMENCIA

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lo relacionado con ellas pasarían a la ANT, entidad creada mediante Decreto núm. 2363 de 7 de diciembre de 2015 28, que asumió las funciones ejercidas por l os extintos INCORA e INCODER en la referida materia y en cuanto a adjudicación y seguimiento de predios rurales y ordenamiento social de la propiedad rural.

Ahora, en el caso concreto, la Sala advierte que en lo que respecta al predio “La Holanda”, ubicado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 162-8049, de la Oficina de Instrumentos Públicos de Guaduas, de lo probado en el expediente, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia de 13 de junio de 2003, proferida dentro del radicado núm. 00379, declaró la extinción del dominio del mismo y dispuso su titularidad a favor del Estado, a través del FRISCO-SAE, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, en sentencia de 7 de octubre de ese año, conforme consta en las anotaciones núms. 15 y 16 del referido folio de matrícula inmobiliaria29.

El Consejo Nacional de Estupefacientes , mediante Resolución núm. 021 de 3 de diciembre de 2004, asignó de forma definitiva al INCODER, con fines de inversión social para el desarrollo de

El Consejo Nacional de Estupefacientes , mediante Resolución núm. 021 de 3 de diciembre de 2004, asignó de forma definitiva al INCODER, con fines de inversión social para el desarrollo de

28 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura”. 29 Folios 3 a 9 idem.20

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00910-01

Actores: LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y CLEMENCIA

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proyectos de reforma agraria, 56 predios, entre los cuales se encontraba el denominado “La Holanda”, identi ficado con matrícula inmobiliaria núm. 162-000804930.

El INCODER seleccionó y adjudicó provisionalmente una UAF al señor LUIS HORACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ y a su cónyuge o compañera permanente CLEMENCIA ÁLVAREZ GAITÁN , en condición de beneficiarios del subsidio integral de tierras otorgado por el INCODER, mediante Acta núm. 008 de 13 de diciembre de 200431.

En virtud de lo anterior, los actores y el INC