CE - 250002341000202000764011SALVAMENTODEV20230113102056

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Número único de radicación: 25000 23 41 000 2020 00764 01

Demandante: Porton Langonterie Ltda

Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Asunto: Salvamento de voto al auto de 1.° de diciembre de 2022 proferido por la

Sección Primera del Consejo de Estado

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, manifiesto que salvo mi voto en los siguientes términos:

1. Para efectos de explicar las razones del presente salvamento, su estudio se dividirá en las siguientes dos partes: i) el auto de 1.° de diciembre de 2022 y sus consideraciones; y ii) el fundamento de l salvamento de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación.

Auto de 1.° de diciembre de 2022 y sus consideraciones

2. La Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto de 1.° de diciembre de 2022, revocó la providencia de 3 de febrero de 2022, proferida por la Subsección A

2. La Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto de 1.° de diciembre de 2022, revocó la providencia de 3 de febrero de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda por considerar que la Resolución núm. 03759 de 5 de julio de 2018 “Por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de enajenación temprana de 2.497 inmuebles inmersos en procesos de Extinción de Derecho de Dominio” , expedida por el presidente de la So ciedad de Activos Especiales S.A.S. es susceptible de control judicial, con base en los siguientes argumentos:2

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“[…] 36. En este orden de ideas, la Sala considera que la actuación administrativa asociada a la enajenación temprana es un proceso administrativo interno que se surte dentro de la SAE y que tiene como finalidad que dicha entidad, encargada de administrar los bienes que cuentan con medida cautelar dentro del proceso de extinción de dominio, pueda disponer de los mismos sin que exista s entencia condenatoria. Ello, con fundamento en que la administración de los bienes que le fueron entregados genera un perjuicio patrimonial mayor que si se decide reparar al propietario del mismo una vez finalice el proceso de extinción de dominio.

[…]

38. Por lo expuesto, es válido colegir que el proceso de enajenación temprana, si bien

propietario del mismo una vez finalice el proceso de extinción de dominio.

[…]

38. Por lo expuesto, es válido colegir que el proceso de enajenación temprana, si bien deviene del decreto de una medida cautelar dictada dentro del proceso judicial de extinción de dominio, también lo es que constituye una decisión administrativa y unilateral de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que tiene la competencia para decidir autónomamente si es procedente o no enajenar un bien que está bajo su administración, al configurarse alguna de las causales contenidas en el artículo 93 del

Código de Extinción de Dominio.

[…]

40. Finalmente, es importante hacer claridad en que la enajenación temprana de un bien no es la consecuencia jurídica de la medida cautelar decretada en el proceso de extinción de dominio, dado que una cosa son las medidas de secuestro y de embargo decretadas por el Fiscal del caso con el propósito de que el bien no pueda ser comercializado, y otra es la determinación administrativa de vender anticipadamente dicho bien; potestad discrecional que es ejercida por una e ntidad administrativa que ejerce funciones administrativas que no jurisdiccionales, de allí que sus actos puedan ser objeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

[…]

50. En ese orden de ideas, y contrario a lo señalado por el juez de primera instancia y del acto administrativo en sí mismo, la Sala considera que el procedimiento de enajenación temprana de un bien no responde a la naturaleza de una actuación administrativa de ejecución, sino a un acto administrativo de naturaleza compleja […]”

El salvamento de voto y sus fundamentos

enajenación temprana de un bien no responde a la naturaleza de una actuación administrativa de ejecución, sino a un acto administrativo de naturaleza compleja […]”

El salvamento de voto y sus fundamentos

3. Vistos los artículos: i) 15 de la Ley 1708 de 20 de enero de 20141, sobre concepto; ii) 16 ibidem, sobre las causales de extinción del dominio; iii) 88 ibidem, sobre clases de medidas cautelares; iv) 113 ibidem, sobre el procedimiento para el control de legalidad de las medidas cautelares; y v) 93 de la Ley 1849 de 19 de julio de 20172, sobre enajenación temprana, chatarrización, demolición y destrucción.

1 “Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”. 2 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio” y se dictan otras disposiciones”.3

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4. Atendiendo a que la Corte Constitucional, en la sentencia C-357 de 6 de agosto de 20193, respecto de la enajenación temprana, consideró:

“[…] Dentro de las posibilidades jurídicas, esta Corporación recuerda que la Sentencia C-539 de 1997 concluyó que la enajenación temprana de bienes fungibles o en riesgo deterioro, sin control judicial, era proporcional y razonable para asegurar la función

C-539 de 1997 concluyó que la enajenación temprana de bienes fungibles o en riesgo deterioro, sin control judicial, era proporcional y razonable para asegurar la función social de la propiedad y garantizar la eficiencia de la administración. Como se mostró en la precisión del alcance del enunciado legal c uestionado), la norma que hoy se estudia aumentó las hipótesis de procedencia de enajenación temprana. En la exposición de motivos e informes de ponencia del estatuto que concluyó con la Ley 1849 de 2017, se justificó por qué era necesario eliminar el control judicial de la enajenación temprana , al señalar que los costos de la administración persistían mientras se esperaba la decisión judicial de enajenar los bienes. Por ende, estimó que la perturbación de los derechos al debido proceso y propiedad se encon traba justificada.

La alternativa seleccionada se complementa con las medidas normativas que el legislador propuso para aumentar el cumplimiento del subprincipio de necesidad en la enajenación temprana, sin autorización judicial. Esa regulación compensa y reduce la interferencia que padecen los derechos de propiedad y del debido proceso, a saber: i) exigir que sobre los bienes enajenados recaiga una medida cautelar, la cual posee una autorización y control judicial integral; ii) someter el acto de enajenación a la aprobación previa del Comité conformado por un representante de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., decisión que debe sustentarse en un concepto técnico de costo-beneficio; iii) sujetar la venta anticipada

Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., decisión que debe sustentarse en un concepto técnico de costo-beneficio; iii) sujetar la venta anticipada a la configuración de causales legales, las cuales deben aplicarse de forma rigurosa y justificarse de manera suficiente; y iv) reconocer la compensación monetaria actualizada por la venta de los bienes, en caso en que el interesado obtenga sentencia favorable. Para ello, se ordena crear una reserva técnica del 30% del valor de los bienes para cubrir ese tipo de contingencias. La Corte toma nota que esta previsión constituye una protección patrimonia l al derecho de dominio perturbado […]” (Destacado fuera del texto)

5. Por lo expuesto anteriormente, el suscrito Magistrado considera que, dentro del proceso de extinción de dominio, en el marco de las medidas cautelares, el acto que ordena la enajenación temprana de bienes no es susceptible de control judicial, en la medida que: i) la Ley 1849 eliminó su control judicial; y ii) conforme lo consideró la Corte Constitucional en la sente ncia citada supra, la medida se encuentra justificada y se garantizan los derechos al debido proceso y propiedad, entre otros, al “[…] exigir que sobre los bienes enajenados recaiga una medida cautelar, la cual posee una autorización y control judicial integral […]”.

En estos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.

3 Corte Constitucional, sentencia C-357 de 6 de agosto de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.4

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Fecha ut supra

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Consejero de Estado