CE - 250002341000202100248011AUTOQUERESUEL20230809123037

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-41-000-2021-00248-00

Demandante: HYDROS MOSQUERA S. EN. C.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Tema: Sanción por aplicación indebida de tarifas

Auto que resuelve recurso de apelación

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de 7 de diciembre de 20221, por medio del cual el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso 2 denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la sociedad accionante.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La sociedad Hydros Mosquera S. EN. C.A. E.S.P. (en liquidación) -en adelante Hydros Mosqueraa través de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -en adelante Superservicios - con miras a obtener l as siguientes

declaraciones y condenas:

[…] PRIMERA. Por las razones fácticas y jurídicas reportadas y sustentadas

Domiciliarios -en adelante Superservicios - con miras a obtener l as siguientes declaraciones y condenas:

[…] PRIMERA. Por las razones fácticas y jurídicas reportadas y sustentadas esta demanda se solicita respetuosamente al Despacho, declarar la NULIDAD de los actos administrativos demandados, estos son: (i) RESOLUCION (sic) No. SSPD - 20194400025425 del 25 -07-2019 proferida por la NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD y a través de la cual se impone una sanción; y ( ii) RESOLUCIÓN SSPD20204400012325 del 2020 -04-29 proferida por la NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD y a través de la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto contra el acto sancionatorio antes referenciado, y demandado, por su abierto desconocimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias, en los términos y conforme a los argumentos que se expondrán más adelante.

SEGUNDA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se solicita respetuosamente al Despacho, RESTABLECER EL DERECHO de HYDROS

1 El expediente fue asignado por reparto a esta Corporación judicial el 24 de febrero de 2023.

2 Doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.2

Radicación: 25000-23-41-000-2021-00248-00

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Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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Demandante: Hydros Mosquera S. EN C.A. E.S.P. en liquidación

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

MOSQUERA S en C.A. E.S.P., y en consecuencia ordenar a la NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD, al restablecimiento solicitado deberá consistir en lo siguiente:

(i) Devolución de la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($436.417.132), pa gada por concepto de la multa sanción impuesta en la Resolución SSPD -20204400012325 del 29 de abril de 2020 y la Resolución No. SSPD - 20194400025425 del 25 de julio de 2019, debidamente actualizada e indexada.

(ii) Excluir a HYDROS MOSQUERA S en C.A. E.S.P. del Boletín de Sanciones de la Superintendencia Delegada Para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y de los demás registros de empresas prestadoras del servicio público sancionadas a los que haya lugar.

TERCERA: Que se ordene el cumplimiento de la eventual sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. […]».

2. El conocimiento del asunto le correspondió, en primera instancia, a la Subsección «B» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El

demandada. […]».

2. El conocimiento del asunto le correspondió, en primera instancia, a la Subsección «B» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El magistrado conductor del proceso, a través de auto de 6 de septiembre de 2021, admitió la demanda y ordenó que se surtieran los trámites de ley.

I.2. La solicitud de medida cautelar

3. La parte demandante, e n escrito separado 3, presentó solicitud de medida cautelar consistente en que se decrete la suspensión provisional de l os efectos jurídicos de las Resoluciones números: SSPD – 20194400025425 de 25 de julio de 20194 y SSPD - 20204400012325 de 24 de abril de 2020 5, por medio de las cuales la Superservicios le impuso sanciones de multa6 y la obligación de devolver los dineros que habrían sido cobrados de forma irregular a los usuarios del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en el municipio de Mosquera

(Cundinamarca), durante el periodo de facturación comprendido entre los meses de mayo a junio de 2016.

4. Tales sanciones se impusieron por la autoridad accionada, luego de encontrar probado que la sociedad demandante incurrió en una inadecuada aplicación de la

3 Radicado el 11 de marzo de 2022, visible en el índice 20 del expediente digital de primera instancia.

4 «Por la cual se impone una sanción», suscrita por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

5 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» , suscrita por Superintendente Delegado Para Acueducto,

y Aseo.

5 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» , suscrita por Superintendente Delegado Para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

6 Por valor de: «CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($436,417,132) equivalentes a QUINIENTOS VEINTISIETE (527) SALARIOS

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES».3

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metodología tarifaria , en tanto aplicó tarifas superiores a las establecidas en la Resolución No. CRA 287 de 20047.

5. Para dar sustento a la cautela deprecada, el solicitante expuso los siguientes argumentos: (i) que los actos administrativos demandados fueron expedidos sin competencia, dado que operó la caducidad de la facultad sancionatoria, y (ii) que las resoluciones enjuiciadas fueron expedidas con vulneración al debido proceso, al existir incongruencia entre el pliego de cargos y la decisión sancionatoria final.

6. En ese sentido, expuso que los fundamentos jurídicos de la cautela «[…] están debidamente justificados en derecho y probados en la demanda principal […]» , de allí que, en virtud de lo previsto en el artículo 231 del CPACA 8, corresponde a la Sala efectuar un análisis de los cargos de violación que fueron expuestos en la

debidamente justificados en derecho y probados en la demanda principal […]» , de allí que, en virtud de lo previsto en el artículo 231 del CPACA 8, corresponde a la Sala efectuar un análisis de los cargos de violación que fueron expuestos en la demanda, pero únicamente con el propósito de dilucidar si es procedente , o no, acceder a la cautela deprecada.

7. En lo que atañe a l primer argumento de suspensión provisional, señaló que, en virtud de lo previsto en el artículo 52 del CPACA 9, la caducidad de la facultad sancionatoria se configura transcurridos tres (3) años desde el momento en que se sucedieron los hechos objeto de sanción.

8. Indicó que, en el caso concreto, la Resolución No. CRA 287 de 2004 -con fundamento en el cual se profirieron los actos administrativos demandados - «[…] dejó de aplicarse el día 30 de junio de 2016, por cuanto a partir del día 1º de julio de 2016 empezó a regir un nuevo marco tarifario fijado por la Resolución CRA 688 de 2014 para los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado conforme lo dispuesto en el artículo 114 de la Resolución CRA 688 de 2014 […]».

9. Por lo anterior, concluyó lo siguiente: «[…] teniendo en cuenta que para la fecha de notificación del acto administrativo sancionatorio (26 de julio de 2019) han transcurrido más de tres (3) años contados a partir del día siguiente a aquel en que cesó la presunta infracción y/o ejecución (1º de julio de 2016), la facultad que tiene la SSPD a través de la Superintendencia Delegada para Acueducto,

cesó la presunta infracción y/o ejecución (1º de julio de 2016), la facultad que tiene la SSPD a través de la Superintendencia Delegada para Acueducto,

7 «Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado».

8 «ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado […]».

9 «Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de u n (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.

Jurisprudencia Vigencia Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.

Jurisprudencia Vigencia Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria».4

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Alcantarillado y Aseo para imponer sanciones ha caducado, y en esa medida habría perdido competencia para pronunciarse y sancionar […]».

10. En armonía con lo anterior, hizo énfasis en que todos los hechos investigados en el presente caso se refieren a un período cadu cado, puesto que : «[…] ocurrieron hace más de tres (3) años de haberse acabado la vigencia del régimen tarifario establecido por la Resolución CRA 287 de 2004, es decir, que ni siquiera tomando como base el último mes facturado por HYDROS MOSQUERA S en C.A. E.S.P. con base en el citado régimen tarifario (junio de 2016), se encuentra que la SSPD cuente con competencia alguna para sancionar a mi Representada [...]».

11. De otro lado, consideró que se presentaba una incongruencia en los actos administrativos disciplinarios acusados, la cual se hace evidente si se compara el pliego de cargos con el acto sancionatorio final, tal como se aprecia a continuación:

[…] / Pliego de Cargos Acto Sancionatorio

administrativos disciplinarios acusados, la cual se hace evidente si se compara el pliego de cargos con el acto sancionatorio final, tal como se aprecia a continuación:

[…] / Pliego de Cargos Acto Sancionatorio Cargo “Cargo único. - Presunta inadecuada aplicación de metodología tarifaria por emplear en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tarifas superiores a los valores aprobados por la entidad tarifaria local de conformidad con el artículo 14.10 y 125 de la Ley 142 de 1994, adoptado en el artículo 1.3.9.1 de la Resolución CRA 151 de 2001” “Cargo único. - Presunta inadecuada aplicación de metodología tarifaria por emplear en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tarifas su periores a los valores aprobados por la entidad tarifaria local de conformidad con el artículo 14.10 y 125 de la Ley 142 de 1994, adoptado en el artículo 1.3.9.1 de la Resolución CRA 151 de 2001” Normas infringidas

“NORMAS PRESUNTAMENTE

VULNERADAS

La presunta conducta en que incurrió la empresa HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., de llegar a comprobarse, implicaría que desconoció lo dispuesto en:

1. Ley 142 de 1994, artículo 125.

2. Resolución CRA 151 de 2001, artículo 1.3.9.1.”

• Resolución CRA 294 de 2004, modificada por la Resolución CRA 659

1. Ley 142 de 1994, artículo 125.

2. Resolución CRA 151 de 2001, artículo 1.3.9.1.”

• Resolución CRA 294 de 2004, modificada por la Resolución CRA 659 de 2013.

• Ley 142 de 1994, artículo 125. - Resolución CRA 151 de 2001, artículo 1.3.9.1.

• Resolución CRA 294 de 2004, modificada por la Resolución CRA 659 de 2013.

Calificación de la conducta

La SSPD no presenta un acápite especial para la calificación provisional de la conducta, sin embargo, realiza la siguiente mención al analizar las normas presuntamente vulneradas:

“De configurarse dicha conducta , la cual sería muy grave , la prestadora incurriría en un cobro no autorizado (…)”. “El Despacho considera que la infracción en que incurrió HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. es grave, ya que configura un incumplimiento en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, por no cobrarse a sus usuarios las tarifas que se debían cobrar, sino tarifas superiores. (…)”5

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Sanción “De comprobarse el incumplimiento normativo en que presuntamente incurrió la empresa HYDROS

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Sanción “De comprobarse el incumplimiento normativo en que presuntamente incurrió la empresa HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P, identificada con el NIT 830109584 -0, relacionado con el cargo formulado, la prestadora puede verse incursa en cualquiera de las sanciones que se encuentran consagradas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

Igualmente se advierte que, de llegar a prosperar el cargo formulado, y a efectos de graduar la sanción, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011” (Subrayado fuera del texto original)

• “Orden administrativa, en virtud de lo dispuesto en la Resolución CRA 294 de 2004, modificada por la Resolución CRA 659 de 2013, la cual dispone que se ordenará a los prestadores devolver los cobros no autorizados en que incurran. (…)” (Resaltado fuera del texto original).

[…] (negrillas y subrayas del original)

12. Sumado a lo anterior, afirmó que existen unas causales especiales de graduación de la sanción respecto de las cuales el acto administrativo sancionatorio no emitió ningún tipo de pronunciamiento, lo que, en su criterio, afectó el deber legal de motivación de los actos enjuiciados; razones por las que estima se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la demandante.

13. De otro lado, señaló que para la fecha en que quedaron ejecutoriados los actos

motivación de los actos enjuiciados; razones por las que estima se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la demandante.

13. De otro lado, señaló que para la fecha en que quedaron ejecutoriados los actos administrativos acusados -27 de mayo de 2020la sociedad Hydros Mosquera era una empresa cuyo acto de constitución había sido anulado por providencias judiciales de 11 de mayo de 2015 y de 15 de febrer o de 2018, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Facatativá y por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

14. En ese sentido, indicó que : «[…] es doctrina uniforme de la Superintendencia de Sociedades que, la declaratoria de nulidad judicial en caso de afectar el acto constitutivo de la sociedad (…) impone la necesidad de iniciar el trámite liquidatorio con sujeción en lo pertinente al procedimiento que establece la Ley, en este caso el Código de Comercio por tratarse de una sociedad mercantil y por ser una liquidación voluntaria, por lo que se beberá (sic) seguirse el procedimiento previsto en los artículos 225 y siguientes del estatuto mercantil […]», razón por la que, conforme lo establece el artículo 22 2 del Código de Comercio, la sociedad en proceso de liquidación «[…] no podrá iniciar nuevas operaciones en el desarrollo de su objeto, conservando su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para su inmediata liquidación […]».

(negrillas y subrayas del original).

15. Con sustento en la anterior afirmación, aseveró que la sociedad demandante estaba en la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sanción de devolver los

(negrillas y subrayas del original).

15. Con sustento en la anterior afirmación, aseveró que la sociedad demandante estaba en la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sanción de devolver los dineros que habrían sido cobrados de forma irregular a los usuarios del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en e l municipio de Mosquera

(Cundinamarca), en la medida en que, a partir de la fecha en que quedaron ejecutoriados los actos acusados, la sociedad demandante había entrado en6

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proceso de liquidación y , por ende, no tenía la posibilidad de iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto.

16. Aunado a ello, aseveró que no cuenta con el catastro o inventario total de los usuarios del servicio que presuntamente se vieron afectados por la facturación reprochada en los actos sancionatorios, «[…] pues a la fecha han pasado entre quince (15) años y seis (6) años en relación con los periodos de facturación sobre los cuales la SSPD impuso la orden de devolución de dineros […]»; a ello agregó que, desde el 26 de abril de 2019, se entregó la operación del servicio a la nueva empresa de servicios públicos EAMOS E.S.P.; circunstancias estas que le impiden acceder a la información que se requeriría para dar cumplimiento a la orden de devolver los saldos cobrados presuntamente de forma irregular.

17. Por tal razón, estima que de no accederse a la suspensión deprecada se generaría

para dar cumplimiento a la orden de devolver los saldos cobrados presuntamente de forma irregular.

17. Por tal razón, estima que de no accederse a la suspensión deprecada se generaría un perjuicio irremediable en contra de la sociedad demandante, toda vez que: «[…] si bien las condiciones de imposibilidad de cumplimiento antes señaladas se continúan presentando hasta la fecha, la SSPD a través de comunicación de fecha 02 de marzo de 2022, ha realizado un requerimiento de cumplimiento de tal orden, estableciendo un término perentorio (25 de marzo de 2022) para soportar la efectiva devolución de los citados mayores valores, so pena de imponerles nuevas sanciones a mis representada […]».

18. Adicionalmente, manifestó que un eventual cumplimiento forzoso de la sanción consistente en devolver los dineros que presuntamente se cobraron de forma irregular en la facturación del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de Mosquera, podría llegar a generar un enriquecimiento injustificado por parte de los usuarios, dado que: «[…] al realizarse un balance general sobre las tarifas por componente cobradas en las vigencias objeto del proceso que generó las sanciones HYDROS (…) no habría obtenido beneficio económico alguno, ya que habría inclusive cobrado valores inferiores a sus usuarios […]».

19. Finalmente, destacó que los requisitos exigidos para la configuración del perjuicio irremediable estaban acreditados conforme pasas a exponerse:

[…] a) Que sea cierto, es decir, que existan fundamentos empíricos acerca de su probable existencia, lo cual en el presente caso se materializa con la comunicación de fecha 02 de marzo de 2022 que la demandada ha dirigido a mi Representada, a

[…] a) Que sea cierto, es decir, que existan fundamentos empíricos acerca de su probable existencia, lo cual en el presente caso se materializa con la comunicación de fecha 02 de marzo de 2022 que la demandada ha dirigido a mi Representada, a través de la cual le ha exigido el cumplimiento de la orden administrativa de devolución de dineros a los usuarios hoy inexistentes, orden que se reitera está establecida en los actos administrativos objeto de la acción de nulidad y restablecimiento y cuya legalidad está en tal sentido siendo discutida en sede judicial.

b) Que sea inminente, es decir, que esté próximo a suceder, aspecto que de igual forma se evidencia en la comunicación antes mencionada, pues en ella la SSPD ha fijado un plazo perentorio (25 de marzo de 2022) para que mi representada cumpla con la orden administrativa, que como se indicaba resulta ser de imposible cumplimiento, so pena de la imposición de nuevas sanciones.

c) Que su prevención o mitigación sea urgente para evitar la consumación del daño, circunstancia que salta a la vista, pues de no decretarse la medida cautelar de7

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suspensión provisional de los actos administrativos demandados que contienen la orden administrativa es claro que ante la imposibilidad de mi demandada de cumplir con la orden, se va ver expuesta a la imposición de sanciones, las cuales en últimas de derivan de la ejecución de actos administrativos proferidos a través de flagrantes

orden administrativa es claro que ante la imposibilidad de mi demandada de cumplir con la orden, se va ver expuesta a la imposición de sanciones, las cuales en últimas de derivan de la ejecución de actos administrativos proferidos a través de flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales de mi Representada, tal como es el caso del derecho al debido proceso. Lo anterior aunado al hecho de que, si forzosamente se le obliga a realiz ar la devolución en cuestión y esta hipotéticamente pudiere realizarse, lo cual como ya se observaba resulta jurídica y materialmente imposible, en caso de declararse posteriormente la nulidad de los actos administrativos que contienen la orden, se tendría que difícilmente mi Representada va a recibir de vuelta los dineros restituidos a los entonces usuarios, pudiéndose generar un detrimento patrimonial para una Entidad Estatal […].

I.3. Traslado de las medidas cautelares

20. El apoderado judicial de la Superservicios se opuso a la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, argumentando que no era cierto, como lo exponía la demandante, que en el presente asunto hubiese configurado la caducidad de la facultad sancionatoria.

21. Al respecto, manifestó que la conducta que dio lugar a la sanción administrativa objeto de reproche fue de ejecución instantánea y homogénea , en tanto que correspondió al periodo de facturación comprendido entre los meses de mayo a junio de 2016, cuyo cobro se hizo efectivo en las facturas expedidas a los usuarios el 28 de julio de 2016; siendo este último el acto jurídico a través del cual se concretó la vulneración del régimen de servicios públicos.

junio de 2016, cuyo cobro se hizo efectivo en las facturas expedidas a los usuarios el 28 de julio de 2016; siendo este último el acto jurídico a través del cual se concretó la vulneración del régimen de servicios públicos.

22. Así las cosas, cuestionó el que la demandante tuviese, como punto de partida para el cómputo de la facultad sancionatoria, el momento en que dejó de surtir efectos la Resolución No. CRA 287 de 2004, comoquiera que, si bien es cierto este fue el fundamento jurídico para imponer las sanciones administrativas cuestionadas, la realidad es que dicha norma no constituy ó la conducta objeto de reproche, sino que fue el hecho consistente en que se haya facturado el servicio público de acueducto y alcantarillado de los meses de mayo a junio de 2016, desatendiendo los parámetros tarifarios fijados en dicha resolución.

23. De otra parte, indicó que era evidente que, solo a partir del 28 de julio de 2016, momento en que se dio a conocer a los usuarios el valor a pagar por la prestación del servicio de los meses de mayo a junio de 2016, era posible determinar si , en efecto, se materializó, o no, una trasgresión a la metodología tarifaria fijada en la Resolución No. CRA 287 de 2004.

24. En armonía con lo anterior , puso de presente que , en razón a que la conducta que dio lugar a la imposición de las sanciones fue de ejecución instantánea y se materializó con la expedición de la factura del 28 de julio de 2016, los tres (3) años que tenía la Superservicios para ejercer la facultad sancionatoria fenecían el 28 de

materializó con la expedición de la factura del 28 de julio de 2016, los tres (3) años que tenía la Superservicios para ejercer la facultad sancionatoria fenecían el 28 de julio de 2019.8

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25. Por consiguiente, y comoquiera que la Resolución No. SSPD – 20194400025425 de 25 de julio de 2019 -acto administrativo principalse notificó a la demandante el 26 de julio de 2019, era claro que no se había configurado la caducidad de la facultad sancionatoria y, por consiguiente, la Superservicios sí tenía la competencia para sancionar a la demandante.

26. Por otro lado, y en lo que atañe a la incongruencia del acto administrativo sancionatorio, manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los pliegos de cargos son actos preparatorios que «[…] “ adopta la administración para tomar una decisión final o definitiva sobre el fondo de un asunto, lo que significa, que al no definir la cuestió n sujeta a análisis resulta no demandable ante la jurisdicción, pues si bien tiene un carácter resolutorio al formular unos cargos, no es definitivo10 […]». (negrilla y subraya por fuera del original)

27. Con base en lo anterior, señaló que la sociedad demandante no podía pretender que el pliego de cargos fuese una copia exacta de las resoluciones que definieron el procedimiento administrativo sancionatorio, pues precisamente lo que busca la

27. Con base en lo anterior, señaló que la sociedad demandante no podía pretender que el pliego de cargos fuese una copia exacta de las resoluciones que definieron el procedimiento administrativo sancionatorio, pues precisamente lo que busca la etapa de investigación y formulación de cargos es que la administración adopte un pronunciamiento preliminar sobre el fondo del asunto, sin que esto suponga que sea una decisión definitiva.

28. Destacó que el demandante, a través de un cuadro comparativo entre el pliego de cargos y el acto sancionatorio final «[…] pretendía mostrar las supuestas irregularidades entre un acto y el otro, sin embargo, lo único que se puede deducir de dicha comparación es que el pliego de cargos no incluye la orden de devolución de los cobros no autorizados a cargo de la empresa; más allá de eso, no hay diferencia alguna […]».

29. Para finalizar los argumentos de defensa frente a este aspecto de la cautela, manifestó que, tal como lo dispone el artículo 4° de la Resolución No. 0659 de 201311, la orden de devolución por cobros no autorizados resulta procedente y de obligatorio cumplimiento, en el caso de que se evidencie la aplicación irregular del régimen tarifario, tal y como sucedió en este caso particular.

30. Del mismo modo, expuso que, en razón a que la anterior disposición normativa estaba vigente para el momento en que se profirieron los actos acusados, era claro que: «[…] Hydros Mosquera … siendo esta empresa una experta en el sector de los servicios públicos … estaba en total capacidad de prever y de saber que la infracción del régimen de tarifas, además de una sanción, puede traer aparejada una orden administrativa de devolución de cobros no autorizados ,

los servicios públicos … estaba en total capacidad de prever y de saber que la infracción del régimen de tarifas, además de una sanción, puede traer aparejada una orden administrativa de devolución de cobros no autorizados , lo cual es apenas natural para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios […]» (negrillas fuera del texto)

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 16 de febrero de 2012. CP. Gustavo Eduardo Gómez. Exp. 0384. 11 «Por la cual se modifica la Resolución número CRA 294 de 2004 y se dictan otras disposiciones».9

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31. Aseveró que, aunque es cierto que la sociedad Hydros Mosquera se encuentra en proceso de liquidación, la realidad es que ello no le impide efectuar los pagos de las obligaciones que se le impusieron antes de iniciarse el proceso liquidatorio, dado que la limitación establecida en el artículo 225 del estatuto comercial se ciñe , únicamente, a la prohibición de seguir desarrollando su objeto social.

32. Por lo expuesto, concluyó que l a medida cautelar analizada no reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para su decreto, en el entendido que no está acreditada la vulneración de las normas invocadas como tra