CE - 250002341000202100774011AUTOQUERESUEL20230911155830

Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

Demandada: Mónica Alejandra Díaz Chacón - alcaldesa local de Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicado: 25000-23-41-000-2021-00774-01

Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y JAVIER

ARMANDO SOLORZANO PEÑAS

Demandada: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA

LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.

Tema: Resuelve solicitud de adición y aclaración

AUTO

El despacho se pronuncia respecto del e scrito presentado por el apoderado de la señora Mónica Alejandra Díaz Chacón, en su calidad de demandada, en el que solicita aclarar y adicionar el auto del 14 de agosto de 2023, el cual rechazó la solicitud de nulidad procesal formulada en contra del auto de 26 de julio de 2023 que negó el recurso de reposición y súplica por extemporáneo.

I. ANTECEDENTES

la solicitud de nulidad procesal formulada en contra del auto de 26 de julio de 2023 que negó el recurso de reposición y súplica por extemporáneo.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda y su trámite

Los demandantes José Manuel Abuchaibe Escolar y Javier Armando Solorzano Peñas en nombre propio y en ejercicio del medio de c ontrol de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, pretende n la declaratoria de la nulidad del Decreto Distrital 271 de julio 23 de 2021 proferido por la alcaldía mayor de Bogotá por medio del cual se nombró a la demandada como alcaldesa de la localidad Antonio Nariño.

Agotadas las etapas procesales contempladas en los artículos 180 , 181 y 182 del CPACA, e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección B, mediante sentencia del 30 de marzo de 2023 declaró la nuli dad del referido Decreto 271 de julio 23 de 2021.

En concreto , el a quo indicó que se encontraba demostrada la inhabilidad contemplada en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, por cuanto la demandada no desempeñó una actividad profesional dentro d e los dos años anteriores al 23 de julio de 2021, fecha en que se dio su nombramiento.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

Demandada: Mónica Alejandra Díaz Chacón - alcaldesa local de Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

Demandada: Mónica Alejandra Díaz Chacón - alcaldesa local de Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

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Inconforme con la decisión, la accionada y el distrito capital interpusieron recursos de apelación, destacando para el efecto en que hubo una indebida aplicación e int erpretación normativa de la inhabilidad, así como una errónea valoración de las pruebas aportadas al plenario.

1.2 El trámite de segunda instancia

Los referidos recursos fueron admitidos por e ste despacho a través de providencia del 2 de junio de 2023 1 y, en el término de su ejecutoria 2 el apoderado de la demandada presentó escrito el 8 de junio de 2023 3 en el que solicitó la práctica de la s siguientes pruebas : i) inspección judicial al predio ubicado en la calle 17 sur número10ª – 21, Barrio Ciudad Jardín Sur de Bogotá, cuyo propósito es determinar la existencia del centro de capacitación en donde la demandada desarrolló sus actividades profesionales y, ii) incorporación de los videos de retractación del concejal Rolando González a favor de la demandada o en su defecto ordenar la ampliación al testimonio por él brindado en los medios de comunicación del Concejo de Bogotá.

Mediante auto del 29 de junio de 2023 4 el despacho rechazó las solicitudes probatorias formuladas por la demandada, por las siguientes razones:

medios de comunicación del Concejo de Bogotá.

Mediante auto del 29 de junio de 2023 4 el despacho rechazó las solicitudes probatorias formuladas por la demandada, por las siguientes razones:

En primer lugar, el magistrado sustanciador en relación con el decreto y práctica de la inspección judicial, recordó que el numeral 2 del artículo 2 del CPACA, además de tener un límite temporal, está restringido al interés jurídico que subyace a la parte que las solicita 5. Para el caso concreto , esta solicitud probatoria había sido pedida únicamente por la parte actora, no por el extremo pasivo, lo que desnaturaliza ba el interés jurídico que subyace al decreto y práctica de este medio de prueba , pues el demandado nunca la solicitó en las oportunidades previstas por el inciso 2 del artículo 212 del CPACA.

En segundo término, el despacho negó la solicitud de incorporación de los videos en los que aparecía el concejal Rolando González , así como la ampliación del testimonio dado por parte de éste cabildante, habida cuenta que lo solicitado , pretendía ingresarse a través de la instrumentalización de la prueba de oficio, cuya naturaleza jurídica es la de ser una facultad del fallador , la cual, no puede tener origen en una solicitud de parte, pues justamente tal atribución es potestativa de quien dirige el proceso judicial.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandada interpuso recursos de reposición como de s úplica6 contra la anterior dete rminación, sin embargo, a

1 Índice SAMAI número 5. 2 La secretaria de la Sección Quinta notificó por estado el 5 de junio de 2023, luego los tres días

de reposición como de s úplica6 contra la anterior dete rminación, sin embargo, a

1 Índice SAMAI número 5. 2 La secretaria de la Sección Quinta notificó por estado el 5 de junio de 2023, luego los tres días de ejecutoria se surtieron el 6, 7 y 8 del citado mes y año. 3 Índice SAMAI número 10. 4 Índice SAMAI número 12. 5 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso, Parte General, DUPRE editores, 2016 pp. 820 – 821. 6 Índice SAMAI número 18.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

Demandada: Mónica Alejandra Díaz Chacón - alcaldesa local de Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

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través de auto del 2 6 de julio de 2023 7, el despacho los rechaz ó al haber sido interpuestos en forma extemporánea.

En tal decisión el ponente manifestó que, el auto objeto de recursos había sido proferido el 29 de junio de 2023 y a su vez notificado por estado y fijado electrónicamente el 30 del mismo mes y año, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que dicha providencia no era de aquellas que debían notificarse personalmente, lo anterior en concordancia con el artículo 198 de la citada norma procesal.

establecido en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que dicha providencia no era de aquellas que debían notificarse personalmente, lo anterior en concordancia con el artículo 198 de la citada norma procesal.

En tal sentido, el término de los dos días dispuestos por el artículo 246 literal c) del CPACA, corrieron entre el 4 y 5 de julio de 2023 que junto al de reposición contemplado en el artículo 242 de la citada norma procesal , fue hasta el 6 del mismo mes y año. Y tal como se había cotejado del envío del correo electrónico contentivo de los recursos, este había sido interpuesto solo hasta el 7 de julio.

Para tal efecto se insistió en relación con la oportunidad, lo dicho por la Sección Quinta en varias decisiones que habían negado los recursos por su extemporaneidad, la modificación introducida por los artículos 201 y 205 del CPACA efectuada por la Ley 2080 de 2021 y, finalmente, la aproximación que sobre este aspecto procesal había efectuado la Sala Plena de esta Corporación en un pronunciamiento reciente8.

El apoderado de la demandada debatió la anterior determinación y presentó escrito9 que denominó «Nulidad contra auto de 26 de julio de 2023 que rechaza por extemporáneo recurso de súplica.»

Para justificar lo anterior, el memorialista indicó que la citada decisión, se materializó mediante auto del 29 de junio de 2023, fecha en la que también se insertó el estado secretarial, sin que se anexara la providencia aludida, por lo cual, su contenido sólo se conoció a través d el envío del mensaje de datos del 30 del mismo mes y año por parte de la secretaría de la Sección Quinta, a

insertó el estado secretarial, sin que se anexara la providencia aludida, por lo cual, su contenido sólo se conoció a través d el envío del mensaje de datos del 30 del mismo mes y año por parte de la secretaría de la Sección Quinta, a través de los oficios de notificación, números 6601 y 6602.

En tal sentido, el recurrente entendió que fueron mal rechazados los recursos, ya que se aplicó una errónea interpretación procesal por parte del despacho sobre el contenido del artículo 205 del CPACA, que generó «un claro y grave defecto procedime ntal, regresivo a los postulados constitucionales y en un excesivo ritual manifiesto vulnerando los derechos procesales» , las cuales «están incursas, además, en una vulneración del debido proceso al descocer (sic) la nulidad general establecida en el artíc ulo 29 constitucional como es el debido proceso y con ello vulnerando además el principio de seguridad jurídica; confianza legítima y favorabilidad».

7 Índice SAMAI número 20. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Cont encioso Administrativo, auto del 29 de noviembre de 2022, MP Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177). 9 Índice SAMAI número 24.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

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Así mismo el solicitante, se limitó a decir que el rechazo por extemporáneo de los recursos encajaba en e l supuesto de nulidad procesal contenido en el numeral 6º del artículo 133 del Código General del Proceso, relacionado con , «6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado»

Dicho lo anterior , e ste magistratura mediante decisión del 14 de agosto de 202310 rechazó la solicitud formulada, en consideración a que la configuración de la causal de nulidad supralegal contemplada en el artículo 29 de la Constitución Política, no se podía convertir en u na cláusula que otorga carta abierta para erigir nulidades sobre el derecho fundamental al debido proceso, ello de conformidad con los procedentes jurisprudenciales que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado establecieron sobre la materia11.

Así las cosas, se concluyó en que ninguno de los argumentos esbozados por el incidentante podía ser analizado a la luz de la causal de nulidad supralegal contenida en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la invocación genérica al debido proceso y lo s principios que aleg ó como desconocidos, desbordaron el supuesto fáctico de la hipótesis contenida en la referida norma superior, que se restringe a la obtención de pruebas con violación al debido proceso.

Finalmente, respecto a la configuración de la ca usal 6 ª del artículo 133 del

superior, que se restringe a la obtención de pruebas con violación al debido proceso.

Finalmente, respecto a la configuración de la ca usal 6 ª del artículo 133 del Código General del Proceso , el despacho, encontró que las circunstancias expuestas por el interesado no se enmarca ban en ninguno de los supuestos normativos, pues simplemente allí se citó la norma, pero no desarrolló o explicó, cómo el despacho había omitido la etapa o el momento para desarrollar los recursos presentados.

1.3 La solicitud

Mediante memorial radicado el 17 de agosto de 2023 12 el apoderado de la demandada solicitó que se aclarara n y adicionaran aspectos que en s u criterio eran relevantes para zanjar el prenotado asunto.

Para justificar lo anterior, el memorialista indicó que el despacho , al razonar sobre la nulidad general del artículo 29 constitucional y adscribirla exclusivamente al tema probatorio , desconoció que este parámetro superior fue concebido como un conjunto de garantías 13 dirigidas a que se respeten las

10 Índice SAMAI número 28. 11 Corte Constitucional, sentencia C -496 de 2015. Consejo de Estad o, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de marzo de 2018, MP Ramiro Pazos Guerrero, 11001-03-15-000-2012-01027-00(REV). 12 Índice SAMAI número 32. 13 Refirió, Corte Constitucional, sentencia T – 001 de 1993, MP Jaime Sanín Greiffenstein y SU – 429 de 1998, MP Vladimiro Naranjo Mesa.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

13 Refirió, Corte Constitucional, sentencia T – 001 de 1993, MP Jaime Sanín Greiffenstein y SU – 429 de 1998, MP Vladimiro Naranjo Mesa.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

Demandada: Mónica Alejandra Díaz Chacón - alcaldesa local de Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

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formalidades propias de cada juicio y así lograr la aplicación correcta de la justicia.

Conforme a ello, manifestó que el despacho:

no advirtió en el oficio de notificación 6602 de 30 de junio de 2023, bajo cual norma estaba notificando, (…) lo cual contradice lo expuesto y cobra vigencia que el despacho actuó de forma caprichos desconociendo el principio de favorabilidad y las formas propias de cad a juicio cuando deben indicar bajo que norma notificación para evitar “confusión y caos en el seno de la sociedad” (sic a toda la cita)

De otro lado, el solicitante declaró que lo dicho respecto de l numeral 6 º del artículo 133 del Código General del Proceso fue:

«confuso y por ende genera dudas su interpretación, pues el hecho de vulnerar las formalidades propias del proceso, contra legem, para rechazar un recurso ordinario equivaldría, conforme a un sano juicio de proporcionalidad, a negar la sustentación de los mismos, (…) simplemente rechazó sin pronunciarse de

las formalidades propias del proceso, contra legem, para rechazar un recurso ordinario equivaldría, conforme a un sano juicio de proporcionalidad, a negar la sustentación de los mismos, (…) simplemente rechazó sin pronunciarse de fondo, al respecto la nulidad exponía de forma amplia que el auto del 29 de noviembre de 2022, con ponencia de la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto unificó la forma de interpretar los artículos 203 y 205 del CPACA en punto a cuál es el momento en que deben entenderse notificadas las sentencias no de las demás “providencias”14»

Finalmente, indicó que el trámite dado al incidente de nulidad fue confuso, pues en algunos apartes se estudió de fondo la causal de nulidad supralegal , pero, por otro lado, se rechazó de plano.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

El magistrado ponente es competente para resolver la solicitud de aclaración y adición propuesta, de conformidad con lo esta blecido en el artículo 125 del

CPACA15.

2.2 La aclaración y adición de providencias

En el ordenamiento jurídico colombiano las providencias que ponen término a una controversia están amparadas por el instituto jurídico procesal de la cosa juzgada, confor me a la cual se otorga a aquellas decisiones emanadas de la autoridad judicial, el carácter de definitivas y vinculantes. Sin embargo, tal

14 Citó, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de junio de 2015, MP. Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz, expediente11001310300620080035301. 15 De la expedición de providencias. La expedición de las providencia s judiciales se sujetará a

Ruiz, expediente11001310300620080035301. 15 De la expedición de providencias. La expedición de las providencia s judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

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connotación de inmutabilidad, no obsta para que se subsanen errores, omisiones o la falta de claridad de dicho texto que puede surgir ante imprecisiones gramaticales y sintácticas en su construcción; aspectos estos que no escapan a la naturaleza humana, mucho menos, a la labor judicial.

Conforme a lo anterior, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica, frente a la indeterminación de los derechos reconocidos en las providencias o la imperfecta ejecución de las obligaciones allí impuestas, el legislador previó las figuras de la aclaración, corrección y adición de aquellas. Cada uno de estos mecanismos proce sales fue erigido bajo unos requisitos definidos en la ley en relación con su titularidad, oportunidad y procedencia, de manera que su aplicación y alcance es restrictivo, en cuanto cualquier enmendadura del texto inicial debe ajustarse estrictamente a sus presupuestos.

relación con su titularidad, oportunidad y procedencia, de manera que su aplicación y alcance es restrictivo, en cuanto cualquier enmendadura del texto inicial debe ajustarse estrictamente a sus presupuestos.

Tratándose de la «aclaración», se tiene que, en materia contencioso administrativa, el CPACA no contempla tal figura dentro de la normativa que rige el trámite ordinario del proceso 16, por lo que, se debe acudir a la regla remisoria que traj o consigo el artículo 306 de ese compendio, que permite en aquellos aspectos no regulados en su texto, acudir al Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

El artículo 285, la describe así:

Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni re formable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite re cursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

A su vez, es oportuno precisar que, en el marco del proceso electoral, se introdujeron algunas reglas especiales para este tipo de trám ite, específicamente en relación con la sentencia, así:

objeto de aclaración.

A su vez, es oportuno precisar que, en el marco del proceso electoral, se introdujeron algunas reglas especiales para este tipo de trám ite, específicamente en relación con la sentencia, así:

Artículo 290. Aclaración de la sentencia. Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en el cual quede notificada, podrán las partes o el Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare. La aclara ción se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de dictado y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se procederá cuando la aclaración sea denegada.

16 Título V de la Ley 1437 de 2011, artículos 159 a 247.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

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De las normas transcritas, interpretadas sistemáticamen te, se deducen los presupuestos que rigen la petición de aclaración de autos así: (i) titularidad y legitimación: la aclaración puede ser solicitada por las partes o efectuada de oficio por el juez o a solicitud del ministerio público; (ii) oportunidad: como quiera que no hay norma especial que regule este término en el contencioso electoral para el caso de autos, como si la hay para la sentencia, su

oficio por el juez o a solicitud del ministerio público; (ii) oportunidad: como quiera que no hay norma especial que regule este término en el contencioso electoral para el caso de autos, como si la hay para la sentencia, su presentación debe efectuarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la respectiva provi dencia, conforme al artículo 285 del CGP; (iii) procedencia: solamente es procedente cuando la providencia contiene conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda, siempre que estén en su parte resolutiva o influyan en esta, hipótesis que toca nec esariamente con el fondo del asunto, por lo que hace parte de su estudio sustantivo.

Valga reiterar que, so pretexto de aclarar una sentencia o un auto, no es posible que el funcionario judicial, a petición de parte o de oficio, introduzca modificaciones a lo ya definido, pues de lo que se trata es de pronunciarse sobre aspectos que ofrezcan «verdadero motivo de duda», pero, se enfatiza que esta fase no es para reformar las decisiones tomadas 17, ni agregarle razonamientos a los ya esbozados, siguiendo las reglas del debido proceso18.

Ahora bien, en punto a la figura de la adición de providencias el CPACA tampoco prevé norma expresa que la consagre, razón por la cual también debe acudirse a la cláusula remisoria del artículo 306 de ese estatuto procesal. En este orden, es el artículo 287 del Código General del Proceso el que viene a regular dicho instituto procesal, así:

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de c onformidad con la ley

regular dicho instituto procesal, así:

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de c onformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá compleme ntar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.

De la norma transcrita, se identifican los siguientes presupuestos procesales (i) titularidad y legitimación : la adición puede ser solicitada por las partes o

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 1º de marzo de 2012, expediente 1992-09, M.P. Alfonso Vargas Rincón. 18 Corte constitucional. Sentencia C – 404 de 28 de agosto de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

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efectuada de oficio por el juez; (ii) oportunidad: como quiera que no hay norma especial que regule este término en el contencioso electoral , su presentación debe efectuarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la respectiva providencia, conforme al artículo 28 7 del CGP; (iii) procedencia: solamente es procedente cuand o el auto omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

2.3 Estudio de los presupuestos formales

Sea lo primero analizar si se cumplen los presu puestos procesales tanto de la aclaración como de la adición, comoquiera que el apoderado de la demandada sustentó su solicitud en ambos supuestos.

En cuanto a la titularidad, se tiene por acreditada en relación con el señor Jorge Iván Acuña Arrieta , en s u calidad de apoderad o de la demandada, quien obra como peticionario en este asunto.

Sobre la oportunidad, se observa que el auto del 14 de agosto de 2023 fue notificado al demandado el 15 siguiente19 y el 17 del mismo mes y año fue radicada la solicitud. Lo cual demuestra que la petición bajo estudio está en tiempo.

2.4 Análisis del presupuesto material

notificado al demandado el 15 siguiente19 y el 17 del mismo mes y año fue radicada la solicitud. Lo cual demuestra que la petición bajo estudio está en tiempo.

2.4 Análisis del presupuesto material

Ahora bien, en punto a la procedencia, se tiene que las razones que expuso el apoderado de la demandada para solicitar la aclaración y adición del proveído del 14 de agosto de 2023, se dirigen a lo siguiente:

1. Aclarar si el despacho estudió o no la solicitud de nulidad de pleno derecho, conforme a la clausula general de nulidad del art iculo 29 constitucional que, conforme a otras sentencias de Unifica ción, no se aplica sólo al debate probatorio, bajo el deber normativo del juez de sanear los vicios de procedimiento haciendo un control de legalidad oficioso del vicio que afecta la actuación, bajo el marco del respeto a las formas propias de cada juicio.

2. Aclare y adicione al auto que rechaza la nulidad, bajo el estudio del articulo 29 constitucional en lo referente a la vulneración del debido proceso; seguridad jurídica; confianza legítima y favorabilidad del cual se omitió pronunciamiento y debía haberlo realizado así fiera de forma breve y precisa conforme al articulo 279 del Código General del Proceso. (las providencias serán motivadas de manera breve y precisa.) a fin de sustentar la nulidad y mas cuando esto fue expuesto en el escrito de nulidad.

3. Se aclare, en que aparte del auto del 29 de noviembre de 2022, con ponencia de la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, para efectos de resolver el

rechazo de la nulidad se indica que las prerrogativas del artículo 205 No. 2 del

de la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, para efectos de resolver el rechazo de la nulidad se indica que las prerrogativas del artículo 205 No. 2 del

19 Índice SAMAI número 31.Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otro

Demandada: Mónica Alejandra Díaz Chacón - alcaldesa local de Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

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CPACA no aplica para otras providencias distintas a las sentencias cuando se notifica este tipo de providencia de forma electrónica, toda vez que el auto que rechaza no se pronuncia respecto a este punto de fondo, lo cual haría satisfactoria la resolutiva de rechazo de la solicitud de nulidad.

4. Se aclare, si el despacho se apartó del precedente jurisprudencial en lo que respecto al articulo 29 constitucional como causal de nulidad de pleno derecho en lo que respecto a los procedimientos judiciales conforme a lo expuest o en este escrito.

5. Se ADICIONE al auto de 14 de agosto de 2023 que rechazó el incidente de nulidad, el aparte del auto de unificación del 29 de noviembre de 2022 de la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, que indica que las prerrogativas del

articulo 205 No. 2 del CPACA no aplica para autos cuando se notifica este tipo de providencia de forma electrónica, toda vez que el auto que rechaza no se pronuncia respecto a este punto de fondo, lo cual haría satisfactoria la resolutiva

articulo 205 No. 2 del CPACA no aplica para autos cuando se notifica este tipo de providencia de forma electrónica, toda vez que el auto que rechaza no se pronuncia respecto a este punto de fondo, lo cual haría satisfactoria la resolutiva a la solicitud de rechazo a la nulidad.

6. Se aclare si el auto de fecha 14 de agosto de 2023 responde a un concepto netamente formalista en sus conceptos argumentativos respecto de la causal de nulidad invocada, o si por el contrario, para rechazar la solicitud de nulidad, conforme la jurisprudencia vigente se realizó bajo al principio de la proporcionalidad normativa.

7. Aclarar si se está resolviendo de fondo para negar la solicitud de nulidad bajo la argumentación planteada o, por el contrario, esta rechazado de plano el incidente de nulidad. (sic a toda la cita)

2.4.1 Una vez revisados los motivos que sustentan la solicitud de aclaración se advierte que ninguno de ellos recae sobre conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda al peticionario y que se encue ntren contenidos en la parte resolutiva del auto del 14 de agosto de 2023.

Al respecto, tomando como punto de referencia el fundamento normativo – artículo 285 del CGP –, la jurisprudencia de esta Sección ha resaltado que la aclaración de la sentencia no s e extiende a la posibilidad de modificar, rectificar o reformar la decisión o sus fundamentos jurídicos, ni sirven para plantear inconformidades, reparos o cuestiones propias de los recursos e incidentes que tienen a su alcance los sujetos procesales20.

Ahora bien , el despacho encuentra que, de los 7 puntos propuestos en la

inconformidades, reparos o cuestiones propias de los recursos e incidentes que tienen a su alcance los sujetos procesales20.

Ahora bien , el despacho encuentra que, de los 7 puntos propuestos en la solicitud de aclaración , los numerales 1, 2 , 4, 6 y 7 insisten en cuestionar el alcance de la causal de nulidad pr