CE - 250002341000202200745021AUTOQUERESUEL20230216151345

Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

Demandante: Carlos Alberto López López

Demandado: Julián Mauricio Ruiz Rodríguez como Contralor

Distrital de Bogotá D.C., periodo 2022-2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 25000-23-41-000-2022-00745-02

Demandante: Carlos Alberto López López Demandado: Acto de elección del señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez

como contralor Distrital de Bogotá, D.C. – Periodo 2022-2025

Temas: Recurso de apelación contra auto que negó la suspensión provisional, estudio de inhabilidades por ejercicio de autoridad administrativa

AUTO SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la decisión adoptada en auto del 11 de noviembre de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó la suspensión provisional del acto de elección del señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, como contralor Distrital de Bogotá, D.C., para el periodo 2022-2025.

I. ANTECEDENTES

negó la suspensión provisional del acto de elección del señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, como contralor Distrital de Bogotá, D.C., para el periodo 2022-2025.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Carlos Alberto López López, actuando en nombre propio , presentó el 29 de junio de 2022 , demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en contra de la elecc ión mencionada y en la

cual elevó la siguiente pretensión1:

“Primera y única: Se declare la nulidad del acto de elección del doctor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, como Contralor Distrital de Bogotá 2022 -2025, dado el 17 de mayo de 2022, por el Concejo de Bogotá D.C.”

1.1.1 Hechos

2. Indicó que el Concejo de Bogotá, D.C., adelantó la convocatoria pública para la conformación de la terna y elección del Contralor Distrital, que fue publicada en la página web www.concejodebogota.gov.co.

3. Afirmó que la citación a entrevista de los ternados se publicó en el link

https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20220503/asocfile/20220503170 17/publicaci__n_terna.pdf.

1 La demanda fue inadmitida y corregida en escrito del 14 de julio de 2022. Esta pretensión corresponde a la subsanación.Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

Demandante: Carlos Alberto López López

Demandado: Julián Mauricio Ruiz Rodríguez como Contralor

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Sostuvo que el 17 de mayo de 2022, según comunicado 006 oficial de prensa 2 del Concejo Distrital de Bogotá, en cumplimiento del artículo 272 constitucional, eligió con 29 votos a favor al señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez como contralor

de Bogotá D.C., para el periodo 2022 -2025, quien tomó posesión del cargo el mismo día.

5. Resaltó que no pudo obtener copia de la hoja de vida, del acta de elección y posesión del señor Ruiz Rodríguez, a pesar que se solicitó al ente elector.

1.1.2 Nomas violadas y concepto de la violación

6. Precisó que “…la norma violada, que genera la desviación de poder que acá alegare

(sic), es el numeral 5 del artículo 275 del CPACA” , en cuanto el demandado se desempeñó “…entre el 17 de mayo de 2021 y el 16 de mayo de 2022, como Contralor general de la República Encargado y/o vicecontralor general de la República Encargado o en propiedad, se generó con ello la adecuación típica de la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, que es aplicable al caso en comento conforme el artículo 39 de la ley 617 de 2000”.

en propiedad, se generó con ello la adecuación típica de la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, que es aplicable al caso en comento conforme el artículo 39 de la ley 617 de 2000”.

7. Manifestó que el señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, fue elegido Contralor Distrital de Bogotá “…estando inhabilitado de conformidad con el numeral 2 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, que es concordante con el literal c) del artículo 163 ibidem y a su vez concordante con los artículo (sic) 39 y 60 de la ley 617 de 2000, es decir por

ejercer autoridad administrativa en Bogo tá D.C. y sobre el Concejo de Bogotá D.C., durante el año inmediatamente anterior a la fecha de su elección, por haber ostentado dentro de este plazo de tiempo el cargo de Contralor General de la República Encargado y Vicecontralor General de la República Encargado y en propiedad, tal como lo reconoció el doctor Ruiz Rodríguez, públicamente3…”.

8. Agregó que el demandado en calidad de vicecontralor General de la República y como contralor General encargado entre los años 2021 y 2022, ejerció en el Distrito Capital autoridad administrativa como quiera que las funciones que tuvo a su cargo tenían jurisdicción y competencia prevalente sobre todos los recursos públicos, entidades y funcionarios del Distrito Capital4.

9. Refirió que la Contraloría General de la Repúb lica, ordenó en el año 2021 mediante acto administrativo , la acción conjunta con la Contraloría Distrital de

públicos, entidades y funcionarios del Distrito Capital4.

9. Refirió que la Contraloría General de la Repúb lica, ordenó en el año 2021 mediante acto administrativo , la acción conjunta con la Contraloría Distrital de

2 El comunicado de prensa está publicado en la página web del Concejo de Bogotá, https://concejodebogota.gov.co/ensesionplenaria-el-concejo-de-bogota-eligio-el-nuevo-contralor/cbogota/2022-05-17/203902.php. 3 Señaló que su dicho se soporta en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=PQPl93afpi8 4 Su argumento lo sustenta en el artículo 267 Superior que señala: “El control concomitante y pr eventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la coordinación del control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.” En la Resolución REG -ORG-762-2020 del 2 de junio de 20 20, expedida por el Contralor General de la República, se estableció: ““Artículo 24. - ACTIVIDADES ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS INSTANCIAS DE ASESORÍA, COORDINACIÓN, PLANEACIÓN Y DECISIÓN. Las Contralorías Generales y Sectoriales en ejercicio de acti vidades de seguimiento permanente podrán realizar, conforme al documento de planeación y previa autorización específica del Contralor General de la República o del

DECISIÓN. Las Contralorías Generales y Sectoriales en ejercicio de acti vidades de seguimiento permanente podrán realizar, conforme al documento de planeación y previa autorización específica del Contralor General de la República o del Vicecontralor, con antelación a su práctica, las siguientes actividades de acompañamiento al gestor fiscal en los procesos en curso que involucren recursos públicos”. Según resolución REG -EJE-097-2021 del 15 de octubre de 2021, expedida por el Contralor General de la República, se estableció lo siguiente: “ARTÍCULO 23. Los conflictos de competenc ia que se susciten entre Contralorías Delegadas Sectoriales serán resueltos por el Contralor General de la República o por el Vicecontralor.” “ARTICULO 26. Cuando la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de la presente Resolución modifique la sectorización de los sujetos de control contenidas en normas anteriores, los procesos de auditoría o ejercicio de control fiscal en curso y demás actuaciones que de ellos se deriven, continuarán a cargo de la Contraloría Delegada Sectorial que inicio la actuación, hasta su culminación. Lo anterior, sin perjuicio de las asignaciones especiales que realicen el Contralor General o el Vicecontralor una vez efectuada la modificación correspondiente, por razones de coherencia, continuidad y economía.”Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

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Bogotá para efectos de auditar los contratos relativos a la ejecución de los proyectos de las “Petares de Salitre” y “Canoas”5.

10. Respecto de lo ant erior indicó que: “ …, si no aparece el acto administrativo firmado por el doctor Ruíz Rodríguez, de acuerdo a la reglamentación, estas actuaciones pasaron por su despacho de Vicecontralor, pero además, como mas (sic) adelante se relaciona y prueba, en el d esarrollo, es decir durante el 2021, el doctor Ruiz Rodríguez, varias veces ocup ó y ostento (sic) las funciones constitucionales y legales de Contralor General de la Republica Encargado, lo cual al comento es la misma situación para configurar la inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa”.

11. Adicional a lo anterior, en el informe auditoría de cumplimiento SGP 6 educación y propósito general - (cultura, recreación y deporte) recursos programa

PAE (del SGP y MEN) y del FOME al distrito capital Bogotá D.C vigencia 2020, se relaciona al señor Ruiz Rodríguez, como participe del cuadro; informe que fue expedido en diciembre de 2021, en donde se da cuenta de los resultados obtenidos en la auditoria que se adelantó en el año 2021, lapso en el que el demandado fungió como Contralor General de la República encargado.

12. Trajo a colación el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la

obtenidos en la auditoria que se adelantó en el año 2021, lapso en el que el demandado fungió como Contralor General de la República encargado.

12. Trajo a colación el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General de la República , en donde se encontraron actuaciones que

comportan vigilancia fiscal sobre Bogotá D.C., y/o sus entidades descentralizadas, lo que implica que el demandado, ejerció autoridad administrativa material o potencial entre el 17 de mayo de 2021 al 16 de mayo de 2022, bien sea como vice o como contralor General de la República7.

13. Indicó que el contr alor General nombró varios parientes de concejales de

Bogotá D.C., y “… el doctor Julián Mauricio Ruíz Rodríguez, el 8 de noviembre de 2021, ejerció autoridad administrativa en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, donde en calidad de Contralor General (E ), expidió la Resolución Ordinaria ORD -81117-000 – 06518 – 2021, por medio de la cual, nombró en el Nivel Directivo, como Contralor Delegado para el Sector Tics al Señor José Alberto Onzaga Niño, Hermano del Concejal Andrés Onzaga Niño, es decir uno de sus electores, que si bien es cierto se ausento (sic) en la elección de este, su condición no se desvanece por ello…”

14. Además, informó de la existencia de otras designaciones realizadas por el demandado al interior de la Contraloría General de la República.

15. Sostuvo que de acuerdo con el criterio de esta Corporación 8 sin duda alguna, la violación de la norma está dada y a pese a ello, se eligió y posesionó a una

demandado al interior de la Contraloría General de la República.

15. Sostuvo que de acuerdo con el criterio de esta Corporación 8 sin duda alguna, la violación de la norma está dada y a pese a ello, se eligió y posesionó a una persona que se encontraba incursa en una inhabilidad.

5 Esta acción se adelantó en cumplimiento del artículo 6 del Decreto -Ley 403 de 2020 que señala: ARTÍCULO 6o. DEL EJERCICIO PREVALENTE DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. La prevalencia en la vigilancia y el control fiscal de los departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control de las contralorías territoriales, por parte de la Contraloría General de la República, se ejercerá conforme a los siguientes mecanismos: (…) d) Acciones conjuntas y coordi nadas entre contralorías. Lo anterior lo soportó en la noticia del 10 de agosto de 2021, se registra en https://www.contraloriabogota.gov.co/acci -n-conjunta-entre-contralor-de-bogot y -contralorgeneral-de-la-rep-blica-para-verificar-estaci-n 6 Sistema General de Participaciones. 7 Plan inicial 2021, que se ubica en el link o enlace: https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/365734/Plan%20Nacional%20de%20Vigilancia%20y%20Control%20Fiscal %20PNVCF%202021%20Inicial%2030.1 2.2020.pdf/a0cf78d3-7a76-3356-978d-223ca3ca763b?version=1.1 Plan ajustado

agosto de 2021, que se ubica en el link o enlace: https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/365734/PNVCF+2021+Vigente+a+5+de+Agosto.pdf/5ddedf32-b071-f6398cd4-SUBSANACIÓN DEMANDA – NULIDAD ELECTORALRADICADO N° 25000234100020220074500 Página 8 de 31 298a28108723?t=1639773590743; Plan 2021 vigente para Abril, que se ubica en el link o enlace: https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/2180375/PNVCF+2022+Vigente+Abril.pdf/c030157e-cacc-fe9f-8fc2 d37b06b314ba?t=1650381189412. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021, M.P: Rocío Araújo Oñate, radicado No. 77001-23-33-000-2020-00035-02.Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

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1.1.3 Solicitud de medida cautelar

16. Solicitó la suspensión provisional del acto demandado, bajo los mismos argumentos expuestos en la demanda, destacando que el señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, fue elegido y posesionado como contralor Distrital de Bogotá

16. Solicitó la suspensión provisional del acto demandado, bajo los mismos argumentos expuestos en la demanda, destacando que el señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, fue elegido y posesionado como contralor Distrital de Bogotá periodo 2022-2025, “…estando inmerso en la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994”.

17. Destacó que en un escenario similar el Tribunal Administrativo del Meta 9, concedió la medida y “…consideró que sí se daban los presupuestos de la inhabilidad que se predica como la que acá expongo”.

1.2 Actuaciones procesales relevantes

1.2.1 Admisión de la demanda y decisión de la petición cautelar10

18. Mediante auto de 11 de noviembre de 2022 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A admitió la demanda y negó la suspensión provisional del acto demandando al considerar lo siguiente:

 Frente a la admisión, señaló que la misma se limitó a una causal subjetiva, que se delimita a que el señor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez estaba inhabilitado para ser nombrado Contralor Distrital de Bogotá D.C.

 Respecto de la suspensión provisional la negó al considerar que los argumentos expuestos en la solicitud de medida no conllevan a la Sala al convencimiento de que no decretar la medida sería una opción más gr avosa al interés general, tampoco se brindaron argumentos que evidencien la necesidad de que la medida sea decretada desde la admisión del medio de control, pues se reitera, el debate es de rango legal y por tanto será la sentencia en donde se

interés general, tampoco se brindaron argumentos que evidencien la necesidad de que la medida sea decretada desde la admisión del medio de control, pues se reitera, el debate es de rango legal y por tanto será la sentencia en donde se estudien dic hos argumentos para lograr identificar si se desvirtúa o no, la presunción de legalidad del acto administrativo demandado.

1.2.2 Recurso de apelación11

19. El 6 de diciembre de 2022, la parte actora presentó recurso de apelación contra la negativa de decretar la su spensión provisional del acto demandado. En este mismo escrito, solicitó la nuli dad de lo actuado al considerar que no se corrió traslado de la petición cautelar al demandado conforme la regla establecida en el artículo 233 de la Ley 1437 de 201112.

20. De for ma posterior, expuso que no comparte la posición adoptada por el fallador de instancia para negar la petición cautelar, sustentada en que no se afectó prima facie el interés general, así como tampoco se brindaron argumentos que evidencien la necesidad de la misma, al ser un debate de rango legal.

9 Tribunal Administrativo del Meta, auto del 14 de junio de 2022, Radicado No. 50001-23-33-000-2022-00104-00. 10 Esta demanda fue inadmitida el 6 de julio de 2022 y rechazada el 22 de julio de 2022, última decisión que fue revocada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en auto del 22 de septiembre de 2022, M. P. Rocío Araújo Oñate. Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02.

por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en auto del 22 de septiembre de 2022, M. P. Rocío Araújo Oñate. Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02. 11 El demandante presentó solicitud de nulidad por la falta de traslado previo de la cautelar al demandado, petición que fue rechazada por el a quo en auto del 12 de diciembre de 2022. 12 Lo cua l a su juicio, contraría la sentencia de unificación con radicado No. 44001 -23-33-000-2020-00022-01 de 26 de noviembre de 2020Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

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21. Respecto de ello, señaló que la Sala Electoral en su reiterada jurisprudencia 13 ha señalado que el juez administrativo está habilitado para efectuar un análisis del acto acusado y su confrontación con las normas i nvocadas como transgredidas, a partir de la interpretación de la ley y la s decisiones proferidas al respecto y estudiar las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer un estudio amplio, razonado y analítico que permita verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se trata de una decisión provisional, que no implica prejuzgamiento.

amplio, razonado y analítico que permita verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se trata de una decisión provisional, que no implica prejuzgamiento.

22. Concluyó que quien pretende la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, debe cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que la violación del ordenamiento surja del análisis de éste y su confrontación con las normas invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

23. De conformidad con lo anterior, solicitó se estudie de fondo la petición cautelar, en tanto, a su juicio, la decisión impugnada carece de asidero legal y jurisprudencial, por cuanto el demandante ap ortó pruebas, señaló con claridad las normas que se aducen desconocidas e ilustró cómo con la expedición del acto electoral se desatienden las normas en que debió fundarse, elementos suficientes para que conforme el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 se d ecrete la suspensión provisional.

1.2.3 Traslado del recurso de apelación

24. El demandado descorrió el traslado del recurso de apelación. Como primer argumento, solicitó denegar la nulidad alegada por el accionante en tanto no es el sujeto procesal legitim ado para proponerla; en esta misma línea argumentativa, sostuvo que tampoco le asistía interés en alegarla siendo el afectado con la omisión del fallador de primera instancia.

25. Respecto de la petición cautelar propiamente dicha, señaló que las

sostuvo que tampoco le asistía interés en alegarla siendo el afectado con la omisión del fallador de primera instancia.

25. Respecto de la petición cautelar propiamente dicha, señaló que las inhabilidades consagradas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no son aplicables al Distrito Capital, dado que Bogotá tiene su propio régimen, esto es, el Decreto Ley 1421 de 199314.

26. Luego de señalar la norma que a su juicio se predica de su condición de elegibilidad, manifestó que la misma no consagró el ejercicio de autoridad como causal de anulación de su acto de designación, al no encontrarse establecida efectivamente en el estatuto de Bogotá.

27. Respecto del ejercicio de autoridad, señaló que el vicecontralor es un empleo que no se encuentra en la denominación consagrada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que definió lo que debe entenderse como dirección administrativa,

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP: Luis Alberto Álvarez Parra, auto del 16 de diciem bre de 2020, Radicado No. 11001 -03-28-000-2020-00089-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP: Luis Alberto Álvarez Parra, auto del 5 de marzo de 2020, Radicado No. 11001 -03-28000-2020-00005-00 14 Esta posición la sustentó en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

000-2020-00005-00 14 Esta posición la sustentó en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, fallo del 17 de mayo de 2018, M.P: Rocío Araújo Oñate, radicado No. 25000-23-41-000-201601492-01Radicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

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en tanto del manual de funciones no se extrae que ejerza actos de dirección que implique autonomía decisoria15.

28. Seguidamente, comentó que el factor territorial consagrado en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, refiere a que la autoridad, la ordenación del gasto y la ejecución de los recursos de inversión o celebración de con tratos deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

29. Conforme a ello, indicó que la “ Contraloría General de la República es una entidad del orden nacional, que vigila precisamente el recurso que tiene este origen, es decir, el nacional, razón por la cual los cargos de Contralor y de Vicecontralor General de la República (sic) no coinciden territorialmente en el ejercicio de sus funciones con el Contralor Distrital de Bogotá cuya vigilancia recae exclusivamente en los recursos de origen distrital”.

30. Lo anterior es suficiente para desvirtuar la configuración de la mencionada

República (sic) no coinciden territorialmente en el ejercicio de sus funciones con el Contralor Distrital de Bogotá cuya vigilancia recae exclusivamente en los recursos de origen distrital”.

30. Lo anterior es suficiente para desvirtuar la configuración de la mencionada inhabilidad dado que no se ejerce en el respectivo municipio. Esto lo reforzó en lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 466 de 2019, en la que se determinó que “(n)o era suficiente constatar que el cargo ocupado se encontraba ubicado en el nivel directivo dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo ni que dicha entidad, en virtud de la desconcentración, ejerce funciones en el territorio del Departamento del Cesar, pues esta última circunstancia no altera la pertenencia de la entidad ni del cargo al orden nacional ni, mucho menos, la competencia de la Contraloría General de la República para ejercer el control fiscal de la Defensoría del Pueblo.

La a utoridad judicial debió interpretar la norma de manera restrictiva, sin extender el sentido y el alcance de la regla prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución, como se le imponía la aplicación del principio pro homine. Por el contrar io, a pesar de que dicha regla no presenta ambigüedad o indeterminación, extendió el elemento territorial previsto en ella al incluir en el orden departamental un cargo perteneciente a una entidad del orden nacional…”

31. Concluyó que resulta desacertado pre tender incluir los empleos de contralor y vicecontralor General de la República, que son del orden nacional, como aquellos que pueden ser generadores de la inhabilidad en comento, en tanto, su naturaleza no encuadra en el orden territorial que consagra la causal de inelegibilidad.

vicecontralor General de la República, que son del orden nacional, como aquellos que pueden ser generadores de la inhabilidad en comento, en tanto, su naturaleza no encuadra en el orden territorial que consagra la causal de inelegibilidad.

32. Respecto del control prevalente que ejerce la Contraloría General de la República, señaló que ella es de carácter excepcionalísimo y por esa razón, la función de vigilancia y control fiscal se mantiene en los entes territoriales y distritales, como lo disponen los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 403 de 2020.

33. En virtud de ello, al ser una función excepcional, corresponde al demandante en cada caso, demostrar el efectivo ejercicio de la misma en el Distrito Capital, conforme con la jurisprudencia de la Sección Quinta 16. Así respondió cada uno de

los argumentos del demandante, así:

 Proyecto Petares de Salitre y Canoas 17: La Contraloría General acompañó a la Distrital, con un equipo experto en daño ambiental, sin que

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati vo, Sección Quinta, 10 de septiembre de 2020. Rad. 44001 -2340-000-2019-00184-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Demandado: Juan José Robles Julio - alcalde de Manaure (La Guajira), período 2020-2023. 16 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 28 de julio de 2022. Radicado: 50001 -23-33-000-2022-0010401. M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. 17Explicó que las atribuciones de la Contraloría General de la República que introdujo el Acto Legislativo No. 04 de 2019,

Carlos Enrique Moreno Rubio. 17Explicó que las atribuciones de la Contraloría General de la República que introdujo el Acto Legislativo No. 04 de 2019, frente al recurso de origen territoria l, se pueden presentar de dos maneras excepcionales, la primera es desplazando a la contraloría territorial del control de dicho recurso, lo cual no ocurrió en el caso del convenio de acción conjunta en laRadicado: 25000-23-41-000-2022-00745-02

Demandante: Carlos Alberto López López

Demandado: Julián Mauricio Ruiz Rodríguez como Contralor

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ello implicara control del recurso territorial el cual se mantuvo en cabeza de la territorial. Además, la participación en este convenio de acción conjunta la realizó el referido equipo, del cual no hizo parte, es decir, la función fue ejercida por quienes participaron de l a ejecución de ese convenio, por lo que, en cualquier caso, la intervención en el distrito no estuvo a cargo del demandado.

 Función de auditoría y elaboración de informes 18: Sostuvo que ni el contralor General de la República ni el vicecontralor participan en los ejercicios de auditoría o en la liberación de los informes que como resultado de esas actividades son realizados por las diferentes dependencias dado que de conformidad con el artículo 51 del Decreto 267 de 2000, su liderazgo es exclusivo de las direcciones sectoriales.

Adicionó que , al interior de las direcciones sectoriales, se aprueban los informes en los comités de evaluación, que hacen parte de la estructura de

liderazgo es exclusivo de las direcciones sectoriales.

Adicionó que , al interior de las direcciones sectoriales, se aprueban los informes en los comités de evaluación, que hacen parte de la estructura de la Contraloría General de la República, según el numeral 21 del artículo 11 del Dec reto Ley 267 de 2000, y que tienen como objeto concertar los programas de trabajo que adelantará, según lo previsto en el artículo 22 del mismo decreto. Concretó que de ninguno de ellos hizo parte.

 FOME: Manifestó que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia – FOME, creado mediante el Decreto Legislativo 444 de 2020 del 21 de marzo de 2020 (artículo 1º), en la medida en que no tiene personería jurídica y es adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que maneja la dirección general del presupuesto público, es sujeto de control por parte de la Contraloría General y no de la Distrital, como equivocadamente lo entiende el demandante.

 Sistema General de Participaciones: Por otra, parte por expresa disposición legal le corresponde a la Contr aloría General de la República la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Participaciones conforme el artículo 89 Ley 715 de 2001.

 Sistema General de Regalías: Por disposición legal estos son vigilados por la Contraloría General , como se desprende de los artículos 152 Ley 1530 de 2012 y artículo 183 de la Ley 2056 de 2020.

 PAE: Los recursos del Programa de Alimentación Escolar - PAE, que por mandato legal para su ejecución se pueden disponer de recursos del sistema general de pa rticipaciones y del sistema general de regalías, la

 PAE: Los recursos del Programa de Alimentación Escolar - PAE, que por mandato legal para su ejecución se pueden disponer de recursos del sistema general de pa rticipaciones y del sistema general de regalías, la competencia sobre la vigilancia y control fiscal también recae en la Contraloría General de la República frente a los recursos que de dichos sistemas sean apropiados con esa destinación.

 Ubicación de