CE - 250002342000201300545011SENTENCIA20230929124620

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015)

Demandante: Alix María Salazar Salazar

Demandada: Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación

Tema: Sentencia de unificación. V igencia del artículo 147 de la Ley 100 de 1993. Garantía de pensión mínima para desmovilizados.

Sentencia de segunda instancia SUJ-031-CE-S2-2023

Asunto

1. La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en ejercicio de la competencia prevista en los artículos 270 y 271 del CPACA y 1 4, numeral 2, del Reglamento del Consejo de Estado1, profiere sentencia de unificación con el fin de sentar jurisprudencia en lo que respecta a la vigencia d el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 que regula la «garantía de pensión mínima para desmovilizados» con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005 que adicionó el artículo 48

Constitucional.

2. Para lo anterior, se estudiará y decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014 por el

Constitucional.

2. Para lo anterior, se estudiará y decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014 por el Tribunal A dministrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

3. Alix María Salazar Salazar, en ejercicio del medio de control de nu lidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.2

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015) Demandante: Alix María Salazar Salazar Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, presentó demanda en orden a que se declar ara la nulidad de la Resolución 4107 del 19 de julio de 2012, expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos regulados en el artículo 147 de la Le y 100 de 1993 « garantía de pensión mínima para desmovilizados».

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reconocimiento de la garantía mínima de pensión de jubilación para desmovilizados a partir de la adq uisición del estatus pensional, de acuerdo con lo

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reconocimiento de la garantía mínima de pensión de jubilación para desmovilizados a partir de la adq uisición del estatus pensional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993; ii) el reajuste e indexación de las mesadas pensionales a reconocer ; y iii) el pago de los intereses moratorios y comerciales a que haya lugar.

1.1.2. Fundamentos fácticos

5. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Alix María Salazar Salazar tiene más de 62 años de edad y laboró como docente al servicio del Distrito Capital de Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 197 0 y el 11 de abril de 1983, esto es durante 13 años, 2 meses y 10 días.

• Perteneció al grupo armado « Movimiento 19 de Abril »3, del cual se desmovilizó el 31 de octubre de 1990, como resultado de un proceso de paz.

• El 28 de mayo de 2012 solicitó el rec onocimiento de la pensión de jubilación que fue negada por medio de la Resolución 4107 del 19 de julio de 2012, suscrita por el director de talento humano (e) de la Secretaría de Educación de Bogotá, en nombre y representación del FOMAG.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. Como tales se señalaron los artículos 48, 53 y 228 de la Constitución Política; 36, literal f, del Decreto 2277 de 1979; 15, numeral 1, de la Ley 91 de 1989; y 147 de la Ley 100 de 1993.

36, literal f, del Decreto 2277 de 1979; 15, numeral 1, de la Ley 91 de 1989; y 147 de la Ley 100 de 1993.

7. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:

2 En adelante CPACA. 3 En lo sucesivo M-19. Si bien en la demanda no se indica de forma textual este hecho, él se deriva de su interpretación integral (pretensiones y concepto de violación) a sí como de las pruebas aportadas al proceso. Por ende, se incluyó esta redacción para dar un mejor entendimiento del caso. 4 Folios 10 a 13.3

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015)

Demandante: Alix María Salazar Salazar

• Le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, puesto que cumple con los requisitos que fija para tal efecto al ser colombia na, desmovilizada dentro de un proceso de paz, contar con la edad requerida por la ley para pensionarse y haber cotizado por un tiempo superior a 500 semanas. Además, su aplicación le resulta más favorable.

• La Secretaría de Educación de Bogotá al negarl e la concesión de tal prestación desconoció los principios de igualdad de oportunidades para los trabajadores, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la aplicación de la situación más favorable al trabajador, a sí como el derecho a la seguridad social.

• El artículo 147 de la Ley 100 de 1993 es una norma de carácter general que debe ser aplicada a todas las personas que cumplan con los requisitos que

la aplicación de la situación más favorable al trabajador, a sí como el derecho a la seguridad social.

• El artículo 147 de la Ley 100 de 1993 es una norma de carácter general que debe ser aplicada a todas las personas que cumplan con los requisitos que impone y el legislador no hizo excepciones al respecto. Por ta nto, la demandada no podía desatenderla so pretexto de incumplir los decretos 3135 de 1968 y 1 848 de 1969.

1.2. Contestación de la demanda

8. El Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación5:

• Se configuró la excepción de « falta de legitimación en la causa por pasiva ». El pago de las prestaciones sociales del personal docente nacional y nacionalizado le corresponde al Ministerio de Educación Nacional a tra vés del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A., pues así lo regulan los artículos 3 de la Ley 91 de 1989, 7 del Decreto 2563 de 1990, 3 del Decreto 196 de 1995, 180 de la Ley 115 de 1994 y 81 de la Ley 812 de 2003. Por tanto, existe falta de legitimación material por pasiva al no ser la responsable del pago de la pensión solicitada.

• La pensión mínima para desmovilizados reglada en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, a la cual se puede ac ceder con 500 semanas de cotización, constituye un régimen especial que resulta contrario al Acto Legislativo 1 de 2005, toda vez que prevé mayores beneficios a los dispuestos en el artículo 33 de la Ley 100 de

de 1993, a la cual se puede ac ceder con 500 semanas de cotización, constituye un régimen especial que resulta contrario al Acto Legislativo 1 de 2005, toda vez que prevé mayores beneficios a los dispuestos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para los destinatarios del régimen gener al. Esta prerrogativa rompe el equilibrio económico del sistema pensional que se busca alcanzar con las cotizaciones ordenadas por el artículo 17 de la misma Ley 100 y, en consecuencia, vulnera el principio de sostenibilidad financiera.

5 Folios 33 a 41.4

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015) Demandante: Alix María Salazar Salazar - Ahora, en caso d e que se llegara a considerar que se debe atender el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , también resulta improcedente el reconocimiento de la pensión mínima para desmovilizados, pues no estaba regulada en normas anterior es al sistema general de seguridad social.

Además, no es posible aplicar los dos regímenes al mismo tiempo, puesto que ello implica la vulneración del principio de inescindibilidad de la ley.

1.3. Decisiones relevantes en la audiencia inicial

9. Por auto del 24 de octubre de 20136, convocó a las partes a la audiencia inicial y ordenó « infórmesele de la presente diligencia por correo electrónico al Ministerio de Educación Nacional y al Director del Fondo de Prestaciones del Magisterio, por si es su deseo asistir a la misma». La comunicación se envió el 28 de octubre de 2013.

Educación Nacional y al Director del Fondo de Prestaciones del Magisterio, por si es su deseo asistir a la misma». La comunicación se envió el 28 de octubre de 2013.

10. En la audiciencia inicial que se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2013 7, no se registró la asistencia del representante de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni de la Fiduciaria La Previsora. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Secretaría de Educación de Bogotá, consideró:

«En el tema de las excepciones previas, la entidad demandada propuso la de falta de legitimación material por pasiva y considera que la autoridad que finalmente reconoce y paga la prestación es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con la Ley 91 de 1989 y que la Secretaría de Educación, de conformidad con la Ley 962 de 2005, es la encargada simplemente de elaborar el proyecto de resolución. Al respecto, el Despacho considera que de conformidad con el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 91 de 1989, estas prestaciones soc iales del personal docente nacional y nacionalizado, causadas a partir del 29 de diciembre de 1989 están a cargo de la Nación, son reconocidas y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, empero, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, el secretario de educación de la entidad territorial debe elaborar la resolución con ese fin , para someterla a la aprobación del Ministerio de Educación. Entonces, en criterio del despacho, resulta infundada

56 de la Ley 962 de 2005, el secretario de educación de la entidad territorial debe elaborar la resolución con ese fin , para someterla a la aprobación del Ministerio de Educación. Entonces, en criterio del despacho, resulta infundada la excepción, por cuanto, de todas maneras, Bogotá Distrito Capital participa en la creación del acto demandado y , entonces, desde el punto de vista procesal, le asiste interés en las resultas del proceso. Igual, en últimas, el acto administrativo lo profiere es Bogotá Distrito Capital. Bajo este entendido, el despacho considera que se debe declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa, como viene planteada por el señor apoderado de la parte demandada. […]»

6 Folio 46. 7 Cd contenido en el folio 81.5

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015)

Demandante: Alix María Salazar Salazar

11. En relación con la vinculación y citación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional aludida por la parte demandada, se aclaró:

«La Nación no ha sido citada a este proceso, como parte demandada […] se les comunicó, pero no está integrada como parte demandada […] el despacho considera que el proces o debe continuar con el Distrito Capital quien fue el que profirió el acto administrativo demandado. […] sin recurso.»

12. Las partes no presentaron recursos.

13. Seguidamente, se fijó el litigio en los siguientes términos:

«Problema jurídico principal: se contrae a determina si le asiste derecho a la demandante, a que la demandada le reconozca una pensión mínima, con

13. Seguidamente, se fijó el litigio en los siguientes términos:

«Problema jurídico principal: se contrae a determina si le asiste derecho a la demandante, a que la demandada le reconozca una pensión mínima, con base en las más de 500 semanas servidas como docente a Bogotá y con fundamento en el artículo 147 de la ley 100 de 1993. Los apoderados de las partes manifiestan su conformidad con la fijación del litigio, el ministerio público solicita se incluya certificación de tiempo de servicio para efectos de determinar el tiempo efectivamente laborado. El magistrado director del proceso considera que este asp ecto forma parte de la etapa probatoria. El Ministerio público estuvo conforme con la decisión.»

14. Asimismo, decretó las siguientes pruebas:

«Pruebas documentales: 1. Acto seguido se procede a decretar las pruebas documentales aportadas y solicitadas por las partes y que obran en el expediente a folios 4 a 7 del cuaderno principal; 3 a 5, 28, 38, 41, 65, 66, 79, 80, 87, 91 a 93, 115 a 116, 132 a 140 del cuaderno 2. Pruebas de oficio: EL Despacho considera que se debe allegar al expediente como pruebas: 1. Certificación que indique que la señora ALIX MARÍA SALAZAR SALAZAR […] beneficiada de amnistía en el año 1982, al amparo de la ley 35 de 1982, a) hubiere pertenecido a grupos de carácter político al margen de la ley b) hubiere adelantado proceso de desmov ilización individual o colectiva c) la

hubiere pertenecido a grupos de carácter político al margen de la ley b) hubiere adelantado proceso de desmov ilización individual o colectiva c) la calidad de desmovilizada y d) seguimiento de esa condición y culminación del proceso de reincersión – Para tal fin, […] oficiará al Ministerio del Interior – Dirección General de Reincersión, a la Unidad Administrativ a Especial Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y al Comité Operativo para la Dejación de Armas. 2) certificación de las semanas cotizadas (reales) para seguridad social en pensiones por la docente ALIX MARÍA SALAZ AR SALAZAR […]. Para tal fin […] oficiará al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y a la Secretaría de Educación de Bogotá. 3) la parte actora deberá allegar copia del agotamiento de la vía gubernativa con la correspondiente constancia de recibido, de la petición del 28 de mayo de 2012, por medio de la cual agotó el procedimiento administrativo que dio origen al acto demandado. […] adicionó el auto de pruebas con la peticionada por el ministerio público y solicitó a la parte actora allegar el registro civil de nacimiento de la demandante. […]»

15. Las partes manifestaron su conformidad con la decisión y no presentaron recursos.6

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015) Demandante: Alix María Salazar Salazar 1.4. La sentencia apelada

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014 accedió a las pretensiones de

1.4. La sentencia apelada

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia (i) declaró la nulidad del acto acusado ; y (ii) ordenó reconocer y pagar la pensión mínima regulada en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, con efectos fiscales a par tir del 28 de mayo de 2009 y en cuantía equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Asimismo, dispuso la indexación de las mesadas causadas.

17. Para tal efecto, se pronunció en estos términos8:

• Es cierto que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió concepto el 18 de octubre de 2012 , en el que indicó que el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 creó un régimen pensional especial para los desmovilizados que resulta contrario a lo reglado en el artículo 48 Constitucional y, po r tanto, fue derogado por el Acto Legislativo 01 de 2005 . Sin embargo, aquel pronunciamiento no es vinculante. Además, tal posición contraviene el espíritu de la mencionada Ley 100, la cual pretendió la universalidad del sistema integral de seguridad socia l y eliminar las pensiones y regímenes especiales.

• Aunque se aceptara que el Acto Legislativo 1 de 2005 derogó el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, ello no impediría el reconocimiento de la prestación reclamada en el presente asunto , al existir una si tuación jurídica consolidada. En efecto, la

la Ley 100 de 1993, ello no impediría el reconocimiento de la prestación reclamada en el presente asunto , al existir una si tuación jurídica consolidada. En efecto, la demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión mínima para desmovilizados antes del 31 de julio de 2010, fecha en que la reforma constitucional fijó como límite para mant ener vigentes las condiciones más favorables en materia pensional.

• La exigencia de 500 semanas de cotización, contenida en el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 para otorgar la prestación social , no constituye un régimen pensional especial, si se tiene en cuenta que en el régimen general anterior previsto en el Decreto 758 de 1990 también se pedía cumplir este número de aportes durante 20 años de servicio para reconocer el derecho.

• La demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos en e l artículo referido para el reconocimiento y pago de la pensión mínima para desmovilizados, pues demostró i) que es colombiana; ii) que cotizó a la seguridad social 551 semanas como docente al servicio del Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación; iii) que fue integrante del movimiento guerrillero M -19 de Abril y se desmovilizó el 31 de octubre de 1990 ; y iv) que cumplió la edad de 57 años el 18 de noviembre de 2007, fecha en la que adquirió su estatus de pensionada.

8 Folios 177 a 182.7

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015) Demandante: Alix María Salazar Salazar - Se configuró la prescripc ión de las mesadas pensionales causadas con

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015) Demandante: Alix María Salazar Salazar - Se configuró la prescripc ión de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de mayo de 2009, por cuanto la demandante adquirió el estatus pensional el 18 de noviembre de 2007 y la petición la presentó el 28 de mayo de

2012.

1.5. El recurso de apelación

18. El Distrito Ca pital de Bogotá, Secretaría de Educación, interpuso el recurso de apelación9 y expuso los siguientes argumentos para lograr la revocatoria de la

sentencia:

• El tribunal desconoció el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 18 de octubre de 201210, al sostener que el Acto Legislativo 1 de 2005 no derogó de forma tácita el artículo 147 de la Ley 100 de

1993. Ello va en contravía de lo dicho por el alto tribunal que afirmó que esta norma creó un régimen pensional es pecial en favor de los desmovilizados al exigirles solo 500 semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez, un requisito inferior al señalado en el artículo 33 ibidem del régimen general de pensiones.

• La providencia apelada consideró que , para el «2005», la demandante tenía una situación jurídica consolidada, toda vez que adquirió el estatus de pensionada de conformidad con los requisitos del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 , cuando en realidad lo alcanzó en el año 2007 . En este punto, la sen tencia desconoció que el

conformidad con los requisitos del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 , cuando en realidad lo alcanzó en el año 2007 . En este punto, la sen tencia desconoció que el Acto Legislativo 1 de 2005 solo protegió los derechos adquiridos en materia pensional consolidados con anterioridad al año 2005, momento para el cual la solicitante contaba con una mera expectativa.

• La Secretaría de Educación no es la llamada a responder por la condena, sino la Secretaría de Hacienda, pues fue la que asumió las obligaciones existentes y futuras de la extinta Caja de Previsión Social del Distrito por disposición del Decreto Distrital 367 de 2002, entidad a la que la demandante realizó sus cotizaciones.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

19. Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad procesal11.

9 Folios 189 a 193. 10 Consejo de E stado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 18 de octubre de 2012.

Radicado: 11001-03-06-000-2012-00075-00 (2121). 11 Constancia secretarial visible en el folio 299.8

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015)

Demandante: Alix María Salazar Salazar

1.7. El Ministerio Público

20. No presentó concepto12.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. De conformi dad con el artículo 271 de la Ley 1437 de 201113, el Consejo de Estado podrá asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo que

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. De conformi dad con el artículo 271 de la Ley 1437 de 201113, el Consejo de Estado podrá asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo que ameriten la expedición de una sentencia por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sent ar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; lo cual puede hacer de oficio, a solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición del Ministerio Público.

22. Adicionalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de unificación dentro del asunto de la referencia, en atención a lo previsto en los artículos 1314 y 1415 del reglamento interno de esta Corporación (Acuerdo 080 de 2019).

12 Ibidem. 13 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. El nu evo texto es el siguiente: «Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocim iento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos

subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrat ivos deben ser de única o de segunda instancia. […] Las secciones de la Sala de lo Contencioso Ad ministrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecc iones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales , según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo […] 14 «ARTÍCULO 13. - DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administr ativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen d e trabajo, así: […] Sección Segunda […] 2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo. […]» 15 «ARTÍCULO 14. - OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU ESPECIALIDAD. Cada una d e las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, tamb ién tendr á́ competencia para: […] 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica, trascendencia

atendiendo al criterio de especialidad, tamb ién tendr á́ competencia para: […] 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los asuntos que provengan de las Subseccio nes o de los Tribunales Administrativos. Las Secciones podrán asumir9

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015)

Demandante: Alix María Salazar Salazar

23. En relación con la integración de la Sala, se pone de presente que el consejero de Estado César Palomino Cortés manifestó su impedimento para estudiar este asunto16 porque hizo parte de la sala que profirió la sentencia de primera in stancia apelada. El impedimento se declaró fundado a través de la providencia del 9 de marzo de 2017 17. Por tal razón, no participará de la discusión y aprobación de la presente providencia.

2.1. La necesidad de sentar jurisprudencia

24. Mediante auto del 24 de agosto de 2023, la Sección Segunda avocó conocimiento de este asunto, con el fin de emitir una sentencia de unificación en la que se siente jurisprudencia en relación con la vigencia del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 una vez expedido el Acto Legislativo 01 de 2005. Lo anterior se juzgó necesario, luego de advertir que no se ha proferido pronunciamiento alguno relacionado con la reclamación de la pensión de que trata el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, por parte de esta sección ni de las subsecciones que la integran.

necesario, luego de advertir que no se ha proferido pronunciamiento alguno relacionado con la reclamación de la pensión de que trata el artículo 147 de la Ley 100 de 1993, por parte de esta sección ni de las subsecciones que la integran.

25. Adicionalmente, se observó que la vigencia del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 después de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005 es un tema que ha sido objeto de diversas interpretaciones. Una de ellas es la expuesta por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto 2121 del 18 de octubre de 201218, que planteó las siguientes premisas:

• Las condiciones previstas por el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 constituyen un régimen especial de pensiones, pues señala mayores beneficios a los establecidos por el régimen general.

• El Acto Legislativo 01 de 2005 derogó todos los regímenes especiales, salvo el del presidente de la República y el de la fuerza pública. Dicha disposición tuvo el propósito de g arantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

• Por lo tanto, el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 fue derogado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Una interpretación contraria vulnera el principio de sostenibilidad financiera introducido en la reforma constitucional.

26. A su vez, l a Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral 19, ha desarrollado una tesis diferente a la anterior, que se resume en el siguiente

silogismo:

conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. […]»

desarrollado una tesis diferente a la anterior, que se resume en el siguiente silogismo:

conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. […]» 16 Folio 257. 17 Folios 279 a 281. 18 Radicado: 11001-03-06-000-2012-00075-00(2121). 19 La postura descrita de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se encuentra plasmada en diferentes sentencias entre las que se puede mencionar las siguientes:10

Radicado: 25000-23-42-000-2013-00545-01 (1798-2015)

Demandante: Alix María Salazar Salazar

• En el sistema general de pensiones es posible fijar requisitos diferentes a los comunes para el reconocimiento de la pensión de vejez , si existen situaciones especiales que ameriten un trato diferenciado. De ahí que e l artículo 147 de la Ley 100 de 1993 prevé una prestación a la cual se accede bajo condici ones particulares y diferenciadas a las señaladas para la generalidad de las pensiones ordinarias de jubilación, pero que, en todo caso, está regulada de manera integral por el sistema general de seguridad social.

• El Acto Legislativo 01 de 2005 derogó los regímenes pensionales especiales y exceptuados.

• En consecuencia, el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 no quedó afectado por la derogatoria que introdujo la reforma del artículo 48 constitucional , puesto que la prestación que regula en manera alguna contiene un régimen pensional especial.

• En consecuencia, el artículo 147 de la Ley 100 de 1993 no quedó afectado por la derogatoria que introdujo la reforma del artículo 48 constitucional , puesto que la prestación que regula en manera alguna contiene un régimen pensional especial.

27. Para la Sala, esta materia es de interés y de especial trascendencia no solo económica, por su relación con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, sino también social. Ciertamente, no se puede desconocer que la historia de Colombia ha estado marcada por distintos procesos de desmovilización de miembros de grupos armados al margen de la ley producto de negociaciones que se han surtido entre estos y el gobierno nacional.

28. Por ende, se hace necesario sentar jurisprudencia para definir la controversia que existe al respecto y , de este modo , propender a la garantía de igualdad y seguridad jurídica en la resolución de las controversias que se susciten cuando se pretenda la aplicación del artículo 147 de la Ley 100 de 1993 . Lo anterior adquiere mayor relevancia si se considera el marco del postconflicto que ha persistido en Colombia producto de los distintos procesos de paz adelantados por el gobierno nacional. Esta constante situación exige absol uta claridad sobre los derechos en materia pensional que puede corresponderle a quien deje las armas y se reincorpore a la sociedad y a la vida