CE - 250002342000201306139011SENTENCIA20231124120300

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2013-06139-01 (6309 -2022)

Demandantes: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Demandada: Fiscalía General de la Nación, FGN Tema: Sanción disciplinari a a servidor de la FGN por suministrar información y documentos de los procesos penales a personas no autorizadas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sent encia del 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I.- Antecedentes

1.- La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, Miguel Ernes to Cuervo Hernández demandó la nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 23 de agosto de 2011 expedido por la jefe de la oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la FGN, por medio del cual fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de 8 meses y (ii) del 13 de marzo de 2012

Interno de la FGN, por medio del cual fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de 8 meses y (ii) del 13 de marzo de 2012 proferido por la fiscal general de la Nación , encargada, en la que se confirm ó la sanción impuesta.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la FGN: (i) eliminar la sanción de los registros, bases de datos y sistemas de información del órgano de control, (ii) pagarle de manera indexada y con los intereses a que hubiere lugar, $25.000.0000 por el lucro cesante , y por daño eme rgente, $1.837.336 mensuales desde la imposición de la sanción , (iii) pagarle una indemnización por los daños morales y (iv) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.- Fundamentos fácticos

Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

1 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) Mediante oficio 2007-184 del 25 de julio de 2007, la fiscal 10 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, puso en conocimiento de la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la FGN presuntas irregularidades que estarían presentándose en la Unidad de Estructura y de Apoyo de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, específicamente en las entregas de vehículos

Veeduría y Control Disciplinario Interno de la FGN presuntas irregularidades que estarían presentándose en la Unidad de Estructura y de Apoyo de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, específicamente en las entregas de vehículos incautados por la Policía Judicial , efectuadas por la Fiscalía 86 Delegada ante los Jueces Penales Municipales entre enero y se ptiembre de 2006 , debido a que , al parecer, era a través de documentos falsos, ya que varios usuarios informaron que sus vehículos habían sido reclamados por otras personas, sin tener autorización para ello.

En desarrollo de las actuaciones penales desarrolladas por la Fiscalía 295 Seccional Anticorrupción para investigar las irregularidades denunciadas, Miguel Ernesto Cuervo Hernández, asistente de la FiscaIía 86 Delegada ante los Jueces Penales Municipales, fue cobijado con medida de aseguramiento de arr esto domiciliario, como coautor de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento público falso y concierto para delinquir , junto con José Manuel García Villanueva, quien , al parecer, se dedicaba a realizar trámites y gestiones ante la FGN, valiéndose de su amistad con el disciplinado.

El 19 de sept iembre de 2007 la Veeduría de la FGN ordenó apertura de indagación preliminar disciplinaria contra Miguel Ernesto Cuervo Hernández.

El 27 de noviembre de 2007 la Veeduría de la FGN decretó la nulidad del proceso dicisplinario a partir de la notificación del auto de apertura de indagación preliminar, porque aquella había sido enviad a al lugar de trabajo del disciplinado,

El 27 de noviembre de 2007 la Veeduría de la FGN decretó la nulidad del proceso dicisplinario a partir de la notificación del auto de apertura de indagación preliminar, porque aquella había sido enviad a al lugar de trabajo del disciplinado, sin tener en cuenta que él no estaba acudiendo a su oficina , porque se econtraba bajo arresto domiciliario, por lo que fue notificado en su casa el 28 de nov iembre de 2007.

El 26 de junio de 2008 la Veeduría de la FGN ordenó a brir la etapa de investigación disciplinaria , cuya duración fue prorrogada 3 meses por me dio de auto del 6 de febrero de 2009.

A través de auto d el 19 de julio de 2010, la Veeduría de la FGN formuló cargos al disiciplinado, reprochándole a título de dolo la falta grave del artículo 50 del CDU consistente en incumplir los deberes señalados en los numerales 2 y 5 del artículo 34 del CDU, así como violar las prohibiciones establecidas en los numerales 1 y 21 del artículo 35 del CDU, que a continuación se trascriben:

«Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

[…]

2. Cumplir co n diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

[…]

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,

perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

[…]

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir oDemandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. (...)" resaltado fuera de texto.

[…]

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

[…]

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

[…]».

Lo anterior por las siguientes razones:

«… Miguel Ernesto Cuervo Hernandez, quien para el año 2006 ostentaba el cargo de Asistente de Fiscal I de la Fiscalía 86 Local de la Unidad de Estructura de Apoyo, posiblemente faltó al deber cuando suministró información y fotocopias de documentos a JOSÉ MANUEL GARC ÍA VILLANUEVA, lo que facilitó a esta persona obtener -mediante documentos falsos -, la entrega de vehículos a cargo de los

Apoyo, posiblemente faltó al deber cuando suministró información y fotocopias de documentos a JOSÉ MANUEL GARC ÍA VILLANUEVA, lo que facilitó a esta persona obtener -mediante documentos falsos -, la entrega de vehículos a cargo de los procesos: 2079082, 2042662, 2017726, 2148310, 736233, 696328, 2051434, 2199777, 2136050, 932259, 2074050 y 1196718, durante los meses de enero y septiembre de 2006, mostrándose parcializado en cada una de las gestiones adelantada por este sujeto en la Fiscalía 86 de donde era asistente.

[..]

.. el disciplinado inobservó el deber contenido en los numerales 2 y 5 del artículo 34 y 1 y 21 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, cuando privilegió la intervención del señor JOSÉ MANUEL GARCÍA VILLANUEVA, dentro de los procesos de 2079082, 2042662, 2017726, 2148310, 736233, 696328, 2051434, 2129777, 2136050, 932259, 2074050, 1196718, al entregarle documentación e información en cada caso. Ha reconocido en su diligencia de versión libre que se comunicaba constantemente con este sujeto para avisarle el estado de su trámite; en este sentido, aparece claro que agilizaba tal, lo que implica necesariamente el irrespeto al orden y turno de llegada de los asuntos a su cargo.

Lo anterior se hace ev idente cuando al revisar el análisis link se observan llamadas de larga duración en el mismo día y se verifica que en muchas oportunidades el mismo día en que se presentaba la solicitud o a más tardar al día

Lo anterior se hace ev idente cuando al revisar el análisis link se observan llamadas de larga duración en el mismo día y se verifica que en muchas oportunidades el mismo día en que se presentaba la solicitud o a más tardar al día siguiente se hiciera la entrega de los vehículos.

No se trata de censurar una conducta eficiente, solo que la balanza probatoria, se inclina a determinar que la rapidez con que eran atendidas las solicitudes de GARCÍA, no obedeció al compromiso del servidor con la institución, sino al grado de amistad o cercanía con el mencionado.

Al punto que, no es posible dejar de lado el hecho cierto e innegable de que el tramitador GARCÍA, contaba con documentos a los que no hubiere podido acceder sino a través de los propietarios o el servidor de la Fiscalía, lo que le da mayor fuerza a las salidas procesales de GARCÍA, en donde afirma que el señor MIGUEL ERNESTO CUERVO le suministraba documentos, información y se comunicaba con él para informarle sobre las entregas.Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) Por lo anterior el reproche que se eleva en co ntra del servidor, no es otro que favorecer la actuación de un usuario, suministrarle información sobre procesos que tenía a su cargo, hecho que posibilitó que este particular defraudara a la administración de Justicia.

[…]

Es claro que el servidor, por su experiencia, tiempo de servicio en la entidad y calidad de abogado, conocía perfectamente el deber que tenía de adecuar su conducta a la eficiencia, transparencia e imparcialidad que debe acompañar el

[…]

Es claro que el servidor, por su experiencia, tiempo de servicio en la entidad y calidad de abogado, conocía perfectamente el deber que tenía de adecuar su conducta a la eficiencia, transparencia e imparcialidad que debe acompañar el servicio público, razón por la cual el proceder adop tado a favor de las gestiones que realizaba en la Fiscalía el señor GARCÍA VILLANUEVA, iban en contravía de los principios contenidos en la constitución y la ley, que exigían de él, el amparo a la administración de justicia.

El comportamiento preferente e irregular del señor CUERVO, rompió con el principio de igualdad, pues queda claro que privilegió las actuaciones de esta persona, ya que le suministró información que le permitió realizar sus gestiones bajo condiciones diferentes a los demás usuarios, o s ino como que otra explicación tendrían sus continuas y largas llamadas en cada trámite, o la facilidad con que esta persona obtuvo documentos (fotocopias) que hacian parte de expedientes y sus entregas fueron casi inmediatas.

En este sentido, las pruebas contenidas en el estudió Link, su propia versión de los hechos, las declaraciones de GARCÍA, nos permite establecer que su comportamiento es doloso y que quiso apoyar las gestiones que ante la Fiscalía 86 Local de donde era Asistente realizaba el tramitado r GARCÍA VILLANUEVA , vulnerando de este modo el deber que tenía de preservar la información bajo su cuidado y guardar la imparcialidad en su gestión como servidor público.».

El 23 de agosto de 2011 la Veeduría de la FGN profirió fallo sancionatorio de primera instancia, por medio del cual el demandante fue sancionado con

cuidado y guardar la imparcialidad en su gestión como servidor público.».

El 23 de agosto de 2011 la Veeduría de la FGN profirió fallo sancionatorio de primera instancia, por medio del cual el demandante fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de 8 meses, decisión que fue confirmada en fallo de segunda instancia del 13 de marzo de 2012 , expedido por el despacho del fiscal general de la Nación.

1.2.- Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 2, 6, 13, 15, 21, 25, 29 y 209 de la Constitución, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 47, 90, 91, 92, 94, 97, 128, 129 , 135, 138, 139, 140, 141, 142, 150 y 156 de la Ley 734 de 20022, los artículos 3, 5, 138, 164 de l CPACA y los artículos 3, 5, 84 y 85 del Decreto 01 de 19843.

El demandante alegó que la FGN desconoció su derecho al debido proceso, así como el derecho de audiencia y defensa, por las siguientes razones:

En primer lugar porque omitió las formas y procedimientos señalados en la ley , debido al desconocimiento de los términos procesales, ya que de acuerdo con el artículo 150.4 del CDU, el término de indagación preliminar es de 6 meses y debe culminar con el archivo definitivo o auto de apertura, mientras que en el trámite

debido al desconocimiento de los términos procesales, ya que de acuerdo con el artículo 150.4 del CDU, el término de indagación preliminar es de 6 meses y debe culminar con el archivo definitivo o auto de apertura, mientras que en el trámite que se cuestiona, el despacho disciplinario ordenó la apertura de indagación preliminar el 19 de septiembre de 2007, y aunque se declaró la nulidad de la notificación, la decisión se mantuvo incólume, venciéndose el término el 19 de

2 Por la cuál se expide el Código Disciplinario Unico, en adelante CDU. 3 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo, CCA.Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) marzo de 2008, con todo lo cual esta etapa procesal se extendió hasta el 26 de junio de 2008, por lo tanto, se extendió hasta 3 meses más.

En ese mismo sentido, porque iguales circunstancias se dieron durante la etapa de instrucción, la cual se encuentra limitada temporalmente por el artículo 156 del CDU en un máximo de nueve meses, admitiendo como única prorroga hasta la mitad de los primeros 6 meses que se fijan como término para adelantar la investigación, pero en el caso concreto fue indebidamente extendida desde el 26 de junio de 2008 hasta el 19 de julio de 2010, es decir, por el término de 25 meses durante los cuales se decretaron pruebas, algunas de las cual es dejaron de ser practicadas por falta de gestión del despacho, con todo lo cual se vulneraron los principios procesales de presunción de inocencia, de legalidad, de celeridad y de imparcialidad.

practicadas por falta de gestión del despacho, con todo lo cual se vulneraron los principios procesales de presunción de inocencia, de legalidad, de celeridad y de imparcialidad.

Así mismo, el artículo 168 inciso 2 y el artículo 169 de l a ley 734 de 2002 fijan un término de 90 días para practicar las pruebas decretadas y 20 días más para proferir el fallo disciplinario, el A-quo empleó 13 meses para hacerlo; además para proferir el fallo de segunda instancia para el que establece la ley u n término de hasta 90 días, siempre que decrete pruebas de oficio lo que no ocurrió en este caso, el Ad-Quem empleó 7 meses para hacerlo.

Los términos procesales fueron agotados y excedidos por el operador disciplinario de primera y segunda instancia, vulnerando así el principio constitucional al debido proceso con el único objeto de sancionar al demandante respaldando la teoría delictiva de la FGN en el proceso penal, adelantando la controversia penal, direccionando los testigos y pretendiendo neutralizar la estrategia de la defensa, lo que quiere decir que se puso la potestad disciplinaria al servicio de la causa penal evitando las limitaciones y la igualdad que rige el proceso penal acusatorio.

Las pruebas practicadas por el despacho fueron en su mayorí a las decretadas de oficio, mientras que las solicitadas por la defensa no o fueron dilatadas o no practicadas, por lo que el despacho disiciplinario impidió el despliegue de la actividad de defensa al limitar injustificadamente la controversia a los testigos y al ejercer la potestad disciplinaria para orientarlos y determinar su respuesta.

practicadas, por lo que el despacho disiciplinario impidió el despliegue de la actividad de defensa al limitar injustificadamente la controversia a los testigos y al ejercer la potestad disciplinaria para orientarlos y determinar su respuesta.

Por último , respecto de las pruebas allegadas en sede administrativa , el fallo definitivo se sustentó en piezas procesales trasladadas del proceso penal acusatorio contraviniendo la naturaleza administrativa del derecho disciplinario. En efecto, las evidencias obtenidas por la Policía Judicial y ordenadas por el Fiscal en el sistema acusatorio, no son pruebas, ni pueden ser valoradas como tales hasta que no hayan sido pr oducidas e incorporadas ante el juez de conocimiento, razón por la cual el traslado de los actos de investigación al proceso disciplinario no modifican su naturaleza de actos de investigación y no de prueba.

2.- Contestación de la demanda

La FGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) La autoridad disciplinaria respetó el debido proceso, porque a lo largo del proceso administativo sancionatorio se le brindaron todas las garantías tanto procesales como sustanciales, para que pudiera ejercer su defensa de manera técnica y material, puesto que se le notificaron en debida forma todas las actuaciones, pudo controvertir y aprotar pruebas, y finalmente, apelar la decisión sancionatoria, con lo que se garantizó su derecho a la doble instancia.

En el procedimiento administrativo sancionatorio se acreditó con suficiencia y certeza, a partir de los registros de llamadas y de la prueba testimonial, que Miguel

lo que se garantizó su derecho a la doble instancia.

En el procedimiento administrativo sancionatorio se acreditó con suficiencia y certeza, a partir de los registros de llamadas y de la prueba testimonial, que Miguel Ernesto Cuervo Hernández ent regó a un tercero ajeno a la entidad y que no era sujeto procesal, información y documentos que hacían parte de expedientes judiciales, lo cual le permitió reclamar vehículos incautados sin la autorización de sus dueños.

3.- La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de primera instancia del 10 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda -sin condena en costas-, con base en los siguientes argumentos:

El proceso disciplinario que se siguió contra el demandante respetó l os términos establecidos en el CDU , porque el 19 de septiembre de 2007 la Veeduría de la FGN profirió auto en el que ordenó abrir la indagación preliminar, acto administrativo que solo tuvo efectos jurídicos desde el 27 de noviembre de 2007, porque el investigado solicit ó su nulidad en atención a que la notificación de esa decisión se había realizado en forma incorrecta, pues fue enviada citación para notificación personal a la Fiscalía en la que él desarrollaba sus funciones pese a encontrarse con medida de aseguramiento preventiva de detención domiciliaria.

Los elementos probatorios de la investigación penal seguida contra el disc iplinado, fueron trasladados al proceso disciplinario de acuerd o con las pautas legales y jurisprudenciales sobre la materia, especialmente, l o que tiene que ver con la posibilidad de contradicción.

La prueba testimonial se recepcionó en legal forma, permitiendo que la defensa

jurisprudenciales sobre la materia, especialmente, l o que tiene que ver con la posibilidad de contradicción.

La prueba testimonial se recepcionó en legal forma, permitiendo que la defensa del disciplinado participara en su práctica.

4-. El recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apel ación contra la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

La garantías al debido proceso y al derecho de defensa en el tr ámite y decisi ón disciplinaria fueron vulneradas por los funcionarios a cargo de la instrucci ón y el juzgamiento disciplinario, porque sin respetar la diferente naturaleza del derecho probatorio penal y del derecho probatorio disciplinario en lo que se refiere a las garantías de impugnaci ón, a la publicidad e intervenci ón en el recaudo de la prueba, trasladaron elementos materiales de prueba y evidencia f ísica sin que pudiera ser conside rada prueba material o f ísica impidiendo la impugnaci ón oDemandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) controversia de las pruebas, pese a lo cual fueron valoradas para la imposici ón de la sanción disciplinaria.

Los elementos materiales de prueba y evidencia f ísica incorporados, no eran pruebas materiales hasta su incorporaci ón en el juicio, momento en el cual se someterían a valoración y controversia probatoria, se trasladaron y valoraron en la investigación disciplinaria elementos materiales de prueba, elementos f ísicos y actos de investigación como medios de prueba sin haber surtido su contradicci ón,

investigación disciplinaria elementos materiales de prueba, elementos f ísicos y actos de investigación como medios de prueba sin haber surtido su contradicci ón, tal condición se consolidó con el traslado de entrevistas recaudadas por la Polic ía Judicial, con el traslado de los resultados del informe link, pese a haberse advertido que ostentaba g raves fallas como el haber cuantificado comunicaciones de hasta 40 minutos cuando en realidad se trataba de 40 segundos, es decir, ni siquiera el tiempo de conexi ón, est o evidencia que solo hasta el juicio pudo ser ajustada en el proceso penal.

Con la prueba link se pretende demostrar la rapidez con la que eran atendidos los requerimientos de Garc ía Villanueva, no obstante, las frecuencias y tiempos de llamada no corresponden con la realidad, porque fueron confundidos los minutos con segundos, de forma tal que se perdió la seguridad de la evidencia trasladada, nunca se demostr ó que las llamadas tuvieran como origen y/o destino al se ñor Cuervo Hernández, porque también se probó que su teléfono celular era empleado por varias personas, ante la deficiencia del servicio en esa sede de la Fiscalía.

La declaración de García Villanueva -testigo de la Fiscal ía, fue tachado como no confiable, se determin ó que ten ía la confianza de varios de los fiscales de la unidad, colaboraba en la elaboraci ón de listados de veh ículos incautados en los que contaba con informaci ón de características y estado de los mismos y adem ás trabajó al servicio de una de las fiscales arreglando el archivo, lo que le permiti ó el

que contaba con informaci ón de características y estado de los mismos y adem ás trabajó al servicio de una de las fiscales arreglando el archivo, lo que le permiti ó el acceso a los documentos de archivo de varias dependencias de la unidad.

Así mismo, aunque se adelant ó una prueba t écnica a instancias del proceso disciplinario para demostrar las incongruencias y diferencias f ísicas visibles entre los documentos aportados por el tramitador García Villanueva y los que reposaban en las carpetas de los veh ículos, que presuntamente hab ían sido entregados por el accionante como parte de su favorecimiento, sin ning ún fundamento o motivación se cambio el objeto de la prueba por un dictamen grafol ógico que no aportó nada al proceso y agot ó una prueba v álidamente solicitada que no fue practicada.

De igual forma, fue rechazado el informe t écnico rendido por el t écnico Adelson Aguirre que desvirtuaba los elementos materiales de prueba y elementos f ísicos trasladados por la FGN, evidenciando la falta de identidad entre los documentos aportados por el tramitador Garc ía Villanueva y los que pod ía presuntamente dispensar Cuervo Hern ández, a trav és de copias de los procesos a cargo de la entidad.

Igualmente, aunque cada una de las entregas presuntamente irregulares de rodantes se valoran de manera independiente por hecho y a lo largo del proceso disciplinario no se hizo alusión a la figura de concursos o de faltas continuadas, no

Igualmente, aunque cada una de las entregas presuntamente irregulares de rodantes se valoran de manera independiente por hecho y a lo largo del proceso disciplinario no se hizo alusión a la figura de concursos o de faltas continuadas, no se admiti ó la prescripci ón individual de las faltas planteada s en los alegatos deDemandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) conclusión, por el contrario, en el fallo se plasmó por primera vez la imputación de una conducta continuada, a titulo de concurso real o material de conductas. Esta afirmación que se consigna en el fallo violenta a ún m ás las garant ías de l disciplinado, toda vez que la falta continuada y el concurso material son figuras excluyentes y su imputaci ón amerita una motivaci ón que no existi ó, así fuera de forma extemporánea.

Se valoraron testimoni os contradictorios rendidos por un testigo de la Fiscal ía, José Manuel García Villanueva, para quien era impostergable mentir en beneficio propio, en tanto fue reconocido como el responsable de m últiples fraudes de la misma especie, en dependencias sobre las cuales no tenia ninguna injerencia el actor, no obstante, todos estos delitos fueron omitidos con la promesa de no enjuiciamiento.

De ninguna forma fue demostrado que Miguel Ernesto Cuervo Hernández colaborara con fines delictivos con Jos é Manuel Ga rcía Villanueva. Según se demostró en el proceso penal y en el proceso disciplinario, el aludido tramitador

De ninguna forma fue demostrado que Miguel Ernesto Cuervo Hernández colaborara con fines delictivos con Jos é Manuel Ga rcía Villanueva. Según se demostró en el proceso penal y en el proceso disciplinario, el aludido tramitador gestionó 23 entregas ilegales entre enero y septiembre de 2006 ante la Fiscalía 86 delegada ante los Jueces Penales Municipales de lo cual se sindicó inicialmente al demandante, sin embargo, en su mayor ía estas entregadas se concretaron en periodos en que mi representado no se encontraba en su puesto de trabajo por vacaciones, licencia o encargo en otro empleo.

Para llegar a la imposici ón de la sanci ón, la FGN dejó de respetar y atender el proceso disciplinario y lo us ó para regularizar elementos materia les de prueba y elementos físicos que no pudieron ajustarse en el mismo proceso penal, fue as í como se desnaturaliz ó el proceso discipl inario y se convirti ó en un mecanismo exclusivamente de sanción que de cualquier forma fue concluido, incluso , cuando habían prescrito algunas de sus conductas.

La conducta que sustent ó el cargo fue modificada sin que se cumplieran las exigencias leg ales para hacerlo. En el auto de cargos se limit ó la infracci ón disciplinaria a la entrega indebida de 11 automotores, posteriormente, sobre estos 11 vehículos se demostró la diferencia entre la documentaci ón entregada para su devolución y la que rep osa en los archivos oficiales de la FGN, es decir, no era posible suponer que la supuesta ayuda del actor era la extracci ón de

devolución y la que rep osa en los archivos oficiales de la FGN, es decir, no era posible suponer que la supuesta ayuda del actor era la extracci ón de documentación de la carpeta oficial del automotor, porque la informaci ón entregada era falsa y diferente de la que reposaba en la entidad. No obstante, se mantuvo la exigencia disciplinaria en el fallo que lo declaró disciplinariamente responsable, en el que se le endilgó el hecho de haber auxiliado al tramitador José Manual Garc ía Villanueva, en su empresa criminal de recupe ración con fines personales de veh ículos decomisados, entregando informaci ón, que como se admitió, era falsa.

El proceso disciplinario adelantado por la FGN no respet ó las diferencias sustanciales en la naturaleza del derecho disciplinario y del derec ho penal acusatorio, por lo que con fundamento en presunciones y sin pruebas legalmente producidas en el proceso, imputaron cargos y profirieron fallo sancionatorio sustentados en argumentos subjetivos y empleando elementos materiales deDemandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022) prueba y elementos físicos con los que reemplazaron las pruebas necesarias para sancionar.

Por último, los elementos del tipo disciplinario no fueron valorados o motivados en la decisión disciplinaria, razón por la cual nunca se hizo la remisi ón a normas que regularan de manera especifica la funci ón del investigado en la Fiscalía y pese a que la tipicidad se adecu ó sobre tipos abiertos o en blanco, que no describen

regularan de manera especifica la funci ón del investigado en la Fiscalía y pese a que la tipicidad se adecu ó sobre tipos abiertos o en blanco, que no describen específicamente la infracci ón, se omiti ó hacer la remisi ón a las disposiciones funcionales especifi cas que señalaran deberes, mandatos y prohibiciones aplicables al servidor público disciplinado.

5.- Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público

5.1.- Parte demandante:

La parte demandante presentó los alegatos de conclusión mediant e escrito del 21 de febrero de 20234, en el que reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de apelación.

5.2.- Parte demandada:

La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal, como se puede corroborar con el informe de secretaría del 10 de marzo de 20235.

5.3.- Concepto del Ministerio Público:

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir.

II.- Consideraciones

6.- Los probl