CE - 250002342000201401432011SENTENCIASENTENCIA20231002112340

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2014-01432-01 (1386-2017)

Demandante: Gloria María Arias Arboleda

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Temas: Renuncia inducida por acoso laboral. REVOCA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Gloria María Arias Arboleda instauró demanda contra la Nación -Fiscalía General de la Nación (FGN) , en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrad o en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

restablecimiento del derecho consagrad o en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 2-1839 del 31 de mayo de 2013, proferida por la secretaria general de la FGN, mediante la cual aceptó la renuncia de la demandante, a partir del 3 de junio de ese año, al cargo de fiscal delegada ante los jueces d el circuito especializados que ocupaba en provisionalidad , en la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada contra el Secuestro y Extorsión.

A título de restablecimiento del derecho , que se ordene reintegrarla a su empleo sin solución de continuidad , pagar los salarios y emolumentos dejados de percibir desde que se retiró del servicio hasta su reincorporación, y a reparar el daño psic ológico y moral con una indemnización equivalente al máximo indicado por la jurisprudencia para tales efectos; y que las sumas reconocidas sean indexadas.2

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Gloria María Arias Arboleda ingresó a la FGN el 9 de mayo de 1994 en el cargo de técnico judicial II en la Dirección Regional de Fiscalías de Cali, Valle del Cauca. En 1996 fue nombrada en el empleo de profesional universitario judicial II y en 1999 se le designó como fiscal delegada ante los jueces del circuito especializados, en la mencionada ciudad.

Cauca. En 1996 fue nombrada en el empleo de profesional universitario judicial II y en 1999 se le designó como fiscal delegada ante los jueces del circuito especializados, en la mencionada ciudad.

Que el 10 de marzo de 2011, fue asignada como fiscal delegada ante los jueces de l circuito especializados de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos (UNEDLA) de Bogotá. El 1 de abril siguiente como fiscal 36 delegada y el 11 de octubre de la misma anualidad, el fiscal general de la Nación la nombró jefe de dicha unidad, mientras duraban las vacacione s de la persona que ocupaba en propiedad ese cargo . Esta nominación se hizo definitiva a través de la Resolución 0-0726 del 23 de abril de 2012.

Que en desempeño de su cargo, se destacó por haber logrado importantes operativos contra organizaciones criminales, así como por las condecoraciones y reconocimientos que recibió de autoridades nacionales y extranjeras.

Que el 25 de noviembre de 2012, en el marco de l paro judicial que se adelantaba en esa época, la señora Elka Vanegas Ahumada, directora nacional de Fiscalías, le ordenó que instruyera a los fiscales de la UNEDLA para que se trasladaran a cumplir con su trabajo en una sede alterna ubicada en las instalaciones de Compensar. No obstante, ello no fue aceptado por el grupo de fiscales porque consideraron que era una limitación a su derecho a la huelga en procura de una nivelación salarial.

Que el día siguiente, luego de conocer la negativa de los fiscales a mudarse a una sede alterna, la directora nacional de Fiscalías se comunicó por teléfono con la señora Arias

a su derecho a la huelga en procura de una nivelación salarial.

Que el día siguiente, luego de conocer la negativa de los fiscales a mudarse a una sede alterna, la directora nacional de Fiscalías se comunicó por teléfono con la señora Arias Arboleda y la agredió verbalmente por no haber hecho cumplir sus órdenes.

Que la protesta de los fiscales se dio en un contexto en el que desde la FGN se emitían mensajes contradictorios sobre el tema, pues, por un lado, el fiscal ge neral se solidarizaba con ellos ante los medios de comunicación y, por el otro, al interior de la entidad se disponía la reasignación de casos y reubicaciones de los fiscales que apoyaban el paro.

Que entre el 28 y el 29 de noviembre de ese mismo año, la accionante le presentó un informe escrito al fiscal general sobre la forma en la que estaba trabajando la unidad, incluso en la noche y en la madrugada, para que no se interrumpiera su funcionamiento.3

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Y el 30 de ese mes los funcionarios adscritos a ella le pidieron audiencia para darle a conocer los acuerdos logrados para laborar durante el paro judicial.

Que el no haber logrado que los fiscales de la UNEDLA se trasladaran a trabajar en una sede alterna, generó una diferencia personal con la directora nacional de Fiscalías y, por esta causa, le pidió una cita al fiscal general de la Nación para enterarlo de la situación.

Que el 19 de diciembre de 2012, los jefes de unidad de la FGN fueron citados a un

y, por esta causa, le pidió una cita al fiscal general de la Nación para enterarlo de la situación.

Que el 19 de diciembre de 2012, los jefes de unidad de la FGN fueron citados a un almuerzo de navidad, pero, por orden de la directora nacional de Fiscalías, a la señora Gloria María Arias Arboleda se le impidió el acceso al restaurante en el que se realizó este evento. Después de ocurrido lo anterior, a la demandante se le notificó la Resolución 0-2507 del 18 de diciembre de 2012, por la cual se terminó su nombramiento como jefe de la unidad que dirigía, y se designó en su remplazo al señor Danny Julián Quintana Torres.

Que este último funcionario, mediante Resolución 1397 del 27 de diciembre de 2012, le asignó la Fiscalía Novena de la unidad a la señora Arias Arboleda y el día siguiente, por intermedio de la Resolución 2 -4628, el fiscal general encargado la trasladó a la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión.

Que el 10 de enero de 2013, la accionante rindió informe de su gestión como jefe de unidad ante el fiscal general de la Nación, en el que dio cuenta de los logros de su gestión, incluido el concepto emitido por la Administradora de Riesgos Laborales Colmena, que resaltó el excelente ambiente laboral que existía bajo su dirección.

Que el 16 de enero siguiente, fue retirado el vehículo asignado a la demandante, a pesar de que necesitaba dicha protección debido a que una de sus últimas gestiones fue la operación de captura del narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, al ias «el

pesar de que necesitaba dicha protección debido a que una de sus últimas gestiones fue la operación de captura del narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, al ias «el papero». Por ello pidió garantías de seguridad , respecto de las cuales no recibió respuesta alguna.

Que el 22 de enero intentó entregarle formalmente la jefatura de unidad al señor Danny Julián Quintana Torres, pero él se negó a verificarla de man era personal y delegó esa labor en subalternos. Debido a esto, el día 24 de ese mes y año dejó constancia de esa situación.

Que el 11 de abril de 2013 fue citada en la jefatura de la UNEDLA para suscribir el acta de entrega del cargo, y allí acudió y dejó constancia de que ella había realizado esa gestión desde el 22 de enero de ese año.

Que previamente, el 15 de febrero de esa anualidad, el jefe de la Oficina de Control Interno de la FGN le había remitido un oficio en el que le requirió el informe de gestión4

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en los términos de la Ley 951 de 2005, dado que la directora nacional de Fiscalías le comunicó que la demandante no entregó formalmente el cargo. Ella respondió esta solicitud el día 20 de ese mismo mes.

Que el 25 de febrero siguient e, la señora Arias Arboleda pidió una licencia no remunerada, la cual le fue concedida a través de la Resolución 2 -0826 del 4 de marzo de 2013. Después de esto, el 23 de mayo de ese año, presentó renuncia irrevocable a

remunerada, la cual le fue concedida a través de la Resolución 2 -0826 del 4 de marzo de 2013. Después de esto, el 23 de mayo de ese año, presentó renuncia irrevocable a su cargo ante el fiscal general de la Nación, fundamentada en el maltrato recibido por parte de la directora nacional de Fiscalías y del jefe de la unidad que la remplazó y por la preocupación por su seguridad. Al otro día le comunicaron que esa manifestación no surtiría el trámite correspondiente, toda vez que estaba motivada.

Que a partir de lo precedente, el 29 de mayo radicó nuevamente su renuncia, esta vez sin motivación, y fue aceptada por medio de la Resolución 2 -1839 del día 31 de ese mes y año.

Que el 29 de julio , el fiscal 26 espec ializado de la UNEDLA, Fernando Arévalo Carrascal, presentó renuncia a l cargo por el acoso laboral en su contra por parte del señor Danny Julián Quintana Torres.

Que el 8 de agosto, la demandante fue notificada de un auto de apertura de investigación disc iplinaria en su contra en el Consejo Superior de la Judicatura, derivada de un informe suscrito por la directora nacional de Fiscalías en el que daba cuenta de la falta de entrega del cargo al señor Danny Julián Quintana Torres.

Que el 30 de septiembre de ese año la señora Arias Arboleda le dirigió un escrito al agregado diplomático de la Embajada de los Estados Unidos, en el que le expuso su difícil situación y le pidió que interviniera para garantizar su seguridad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 7 de mayo de 20141 y notificada a la FGN2 quien se opuso

difícil situación y le pidió que interviniera para garantizar su seguridad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 7 de mayo de 20141 y notificada a la FGN2 quien se opuso a las pretensiones3, considerando que el acto administrativo acusado fue emitido con el lleno de lo requisitos consagrados en los artículos 146 a 150 de la «Ley 938 de 2008». En esa dirección, señaló que la renuncia presentada por la señora Gloria María Arias Arboleda fue perfecta y generó el deber de aceptarla . Además, sostuvo que no se le presionó de ninguna forma para que tomara esa decisión , que la demandante no desistió de ella, que no hay prueba de que se hubiera quejado por estos hechos ante el Comité de Acoso Laboral y que el traslado de su cargo se fundamentó en necesidades del servicio.

1 Folios 191 a 193 del c. ppal. 2 Folio 198 del c. ppal. 3 Folios 204 a 221 del c. ppal.5

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Se celebró la audiencia inicial el 18 de septiembre de 20154, en la cual se fijó el litigio, se incorporaron como medios probatorios los documentos aportados con la demanda y la contestación, y se definió fecha para audiencia de pruebas. Después de realizada esta última, se corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

esta última, se corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de junio de 2016, accedió a las pretensiones, estimando que la renuncia irrevocable presentada al cargo obedeció a la coacción o persecución y acoso laboral por parte de la directora nacional de Fiscalías, Elka Vanegas Ahumada, y del funcionario que remplazó a la demandante como jefe de la UNEDLA, Danny Julián Quintana Torres.

Que los testimonios practicados en el proceso probaron que la demandante empezó a tener diferencias y roces laborales con la directora nacional de Fiscalías, con ocasión del paro judicial de 2012, relacionadas con el rechazo unánime de los funcionarios de su unidad frente a la directriz de trasladarse a trabajar a las instalaciones de Compensar durante el cese de actividades.

Que una de estas desavenencias se presentó el 18 de diciembre de 2012, en el almuerzo de fin de año de los jefes de unidad de la FGN, al que, presuntamente por orden de la señora Vanegas Ahumada, no se permitió la entrada a la señora Arias Arboleda, a pesar de que ha bía sido invitada. Que adicionalmente, en esa fecha, también le fue notificada la Resolución 0 -2507, por medio de la cual se terminó la asignación de funciones como jefe de unidad.

Que otro de los inconvenientes ocurrió cuando la accion ante se dispuso a entregar el cargo de jefe de unidad a su sucesor y no fue autorizado su ingreso a las oficinas para

asignación de funciones como jefe de unidad.

Que otro de los inconvenientes ocurrió cuando la accion ante se dispuso a entregar el cargo de jefe de unidad a su sucesor y no fue autorizado su ingreso a las oficinas para realizar el inventario, sino que se vio obligada a hacerlo en la secretaría, que estaba ubicada en un sótano.

Que también quedó demostrado que el señor Danny Julián Quintana Torres, en su calidad de jefe de la unidad que antes dirigía la señora Gloria María Arias Arboleda, compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que la investigara por supuestamente no haber realizado la entrega formal de su cargo, no obstante que , según las declaraciones recibidas en el proceso, ella empezó a hacer esa diligencia una vez se le comunicó que dejaría de ocupar es a jefatura y se demoró debido a que tuvo que organizar el archivo de

4 Folios 246 a 247 del c. ppal. 5 Folios 353 a 390 del c. ppal.6

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administraciones pasadas.

Que está acreditado también que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante providencia del 26 de noviembre de 2013, archivó la indagación preliminar iniciada por estos hechos, porque no evidenció ninguna falta cometida por la señora Arias Arboleda. A este respecto, dicha autoridad judicial señaló que la demandante sí cumplió con su deber de entregar formalmente el cargo de jefe

indagación preliminar iniciada por estos hechos, porque no evidenció ninguna falta cometida por la señora Arias Arboleda. A este respecto, dicha autoridad judicial señaló que la demandante sí cumplió con su deber de entregar formalmente el cargo de jefe de unidad a su sucesor , y que el retraso en esa gestión estuvo justificado en la circunstancia de que su antecesora no se lo entregó a ella y se vio obligada a hacer un dispendioso inventario completo de ese despacho, sin contar con ayuda para tales efectos. Además, que el 22 de enero de 2013, el señor Quintana Torres se negó a recibir el acta de entrega que le presentó la demandante.

Que es posible inferir que el traslado de la UNEDLA, a la Unidad Nacional Delegada contra el Secuestro y la Extorsión, fue una retaliación contra la demandante por no haber acatado los lineamientos de la directora nacional de Fiscalías durante el paro judicial de 2012, toda vez que , entre la terminación de asignación de funciones como jefe de unidad, su nombramiento como fiscal novena delegada ante los jueces penales de circuito especializados y la transferencia de unidad , no pasaron más de diez días. Del mismo modo, porque quien la remplazó como jefe de unidad tenía menos experiencia profesional que ella para desempeñar ese cargo.

Que todo lo anter ior da cuenta de un trato discriminatorio y de una gran presión en contra, que le hacía insoportable continuar trabajando bajo esas condiciones. Así, producto de esta recia coacción laboral y emocional, que vició su consentimiento por fuerza, se vio obligada a renunciar a su cargo. Por ello, dado que se demostró que la presentación de la renuncia de la demandante no surgió de una manifestación libre y

fuerza, se vio obligada a renunciar a su cargo. Por ello, dado que se demostró que la presentación de la renuncia de la demandante no surgió de una manifestación libre y espontánea de su parte, se debe concluir que el acto administrativo que la aceptó adolece de falsa motivación y ha de ser anulado.

Que a partir de la declaración de nulidad, como restablecimiento del derecho se debe reintegrar a la demandante al cargo que ocupaba en provisionalidad, siempre y cuando este no estuviera provisto mediante concurso o suprimido, con el pago actualizado de los salarios y prestaciones que dejó de recibir desde su desvinculación con la FGN hasta su efectiva reincorporación, sin que este periodo sobrepase el término de 24 meses, y sin que se hagan descuentos de dicha suma porque no está demostrado que la señora Arias Arboleda trabajó en otra entidad durante ese lapso. También se condena a la demandada a pagar una indemnización por perjuicios morales equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.7

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RECURSO DE APELACIÓN6

La demandada apeló la sentencia indicando q ue el tribunal cometió un error en su decisión, porque los hechos que tuvo en cuenta para declarar la nulidad de la Resolución 2-1839 del 31 de mayo de 2013, proferida por la secretaria general de la FGN, no conciernen a ese acto administrativo por medio del cual se aceptó la renuncia de la señora Gloria María Arias Arboleda, sino a la Resolución 0 -2507 del 18 de

FGN, no conciernen a ese acto administrativo por medio del cual se aceptó la renuncia de la señora Gloria María Arias Arboleda, sino a la Resolución 0 -2507 del 18 de diciembre de 2012, emitida por el fiscal general de la Nación, que dispuso la terminación de la asignación de las funciones a la demandante como jefe de la UNEDLA, y esta última no fue acusada en este medio de control.

Que, sin embargo, los hechos que dio por demostrados el tribunal, tales como el retracto de la invitación al almuerzo que se r ealizó el 18 de diciembre de 2012 y las circunstancias que rodearon la entrega de la jefatura de unidad por parte de la accionante, carecen de sustento probatorio y de valoración integral conforme con las reglas de la sana crítica y la experiencia. Que, los testimonios practicados en el proceso, que se refirieron a diferencias de criterio entre la directora nacional de Fiscalías y la demandante, fueron claros en señalar que no tuvieron conocimiento directo de esos hechos, sino que se enteraron de ellos por intermedio de lo s comentarios y percepciones personales de la señora Arias Arboleda o por simples rumores al interior de la entidad.

Que, en todo caso, el hecho de que la demandante no hubiera sido tenida en cuenta para un evento social no constituye una persecución y ni siquiera un roce laboral. Que la diferencia de criterios originada en el paro judicial entre las directivas de la FGN y los fiscales de la UNEDLA no configuran discriminación de ninguna índole. Tampoco lo es la circunstancia de que el nuev o jefe de unidad no le haya concedido una cita para recibirle el cargo, pues es conocido por la señora Arias Arboleda que este implica

la circunstancia de que el nuev o jefe de unidad no le haya concedido una cita para recibirle el cargo, pues es conocido por la señora Arias Arboleda que este implica múltiples ocupaciones; además, en el expediente quedó demostrado que la accionante sí contó con ayuda para hacer el inven tario del archivo de la unidad y que la no recepción del informe de entrega por parte de la asistente del señor Danny Julián Quintana Torres se justificó en que esta empleada no tenía competencia para ello.

Que no existe prueba de que a la demandante se le haya prohibido entrar a las oficinas de la UNEDLA y que su ubicación en el archivo de esa unidad se entiende porque allí le era más cómodo realizar el inventario. En ese sentido, se resalta que el testimoni o de Carlos Andrés Amaya dio cuenta de que la señora Arias Arboleda no tenía la necesidad de ir al piso de la jefatura de unidad porque toda la documentación requerida para la entrega del cargo estaba en el archivo. Igualmente , que ella, por su propia cuenta, decidió prolongar las actividades administrativas de archivo que empezó luego de ser terminada su asignación como jefe de unidad.

6 Folios 393 a 408 del c. ppal.8

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Que el retiro del vehículo que tenía como jefe de la UNEDLA estuvo justificado en la medida en que tal prerrogativa solo la tenían quienes ostentaban esos cargos, y los fiscales contaban con una ruta que los recogía para llevarlos al lugar de trabajo. En todo caso, en el oficio en el que la demandante pidió garantías de seguridad no se

medida en que tal prerrogativa solo la tenían quienes ostentaban esos cargos, y los fiscales contaban con una ruta que los recogía para llevarlos al lugar de trabajo. En todo caso, en el oficio en el que la demandante pidió garantías de seguridad no se advierte una situación de riesgo real q ue implicara la disposición extraordinaria de un vehículo solo para la demandante.

Que la compulsa de copias a la autoridad judicial disciplinaria estuvo adecuadamente fundamentada en la circunstancia de que la señora Gloria María Arias Arboleda no presentó su informe de entrega del cargo a tiempo, ya que tenía hasta el 11 de enero de 2013 para hacerlo. Sobre esto se recuerda que la demandante por su propia iniciativa condicionó esa gestión a terminar la compleja labor administrativa de actualizar los inventarios de la unidad, a pesar de que podía haber entregado solo lo correspondiente al periodo de su jefatura, y que en esa tarea contó con apoyo de varios empleados.

Que el traslado de unidad de la demandante es una situación normal cuando un jefe es removido del cargo y, por lo tanto, esto no debe ser interpretado como una retaliación, tal y como lo hizo el tribunal.

Que de los medios de prueba que hacen parte del expediente se evidencia que, sin perjuicio de la natural frustración que se puede derivar d e haber sido retirada de un cargo de dirección, la señora Arias Arboleda no sufrió ninguna represalia y su renuncia la presentó de forma libre y espontánea mientras disfrutaba una licencia no remunerada que solicitó, la cual le fue concedida entre el 6 de marzo y el 3 de junio de 2013.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

la presentó de forma libre y espontánea mientras disfrutaba una licencia no remunerada que solicitó, la cual le fue concedida entre el 6 de marzo y el 3 de junio de 2013.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La FGN7 y la señora Gloria María Arias Arboleda 8 reiteraron sus argumentos, y esta última añadió que la sentencia apelada se debe confirmar porque la entidad demandada se limitó a expresar discrepancias en la interpretación de los medios de prueba practicados en el proceso que ya fueron analizadas por el tribunal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá establecer si se debe revocar la sentencia emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas por la parte demandada en el recurso de apelación . Esto es, porque en su sentir, en el fallo impugnado se tuvieron en cuenta hechos que no eran pert inentes

7 Folios 443 a 445 del c. ppal. 8 Folios 446 a 450 del c. ppal.9

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respecto del acto administrativo acusado y en la medida en que en el proceso no se demostró que el consentimiento de la señora Gloria María Arias Arboleda , para renunciar al cargo de fiscal delegada ante los jueces del circuito especializados que ocupaba en provisionalidad, estuvo viciado por fuerza.

Marco normativo y jurisprudencial sobre la renuncia inducida por acoso laboral

De acuerdo con el artículo 146 de la Resolución 1501 de 2005 9, proferida por el fiscal

ocupaba en provisionalidad, estuvo viciado por fuerza.

Marco normativo y jurisprudencial sobre la renuncia inducida por acoso laboral

De acuerdo con el artículo 146 de la Resolución 1501 de 2005 9, proferida por el fiscal general de la Nación en ejercicio de las facultades que le confirió la Ley 938 de 200410, y que es la norma aplicable a este caso, la renuncia al cargo aceptada con arreglo a la ley, «se produce cuando el servidor manifiesta por escrito, de manera inequívoca, libre y espontánea, su deseo de separarse definitivamente del servicio».

Este precepto, que en esencia replica lo relativo a la renuncia al cargo en el ámbito de la administración pública 11, tiene sus raíces en lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución Política de 1991, que prevé que «t oda persona es libre de escoger profesión u oficio».

Esta Subsección ha señalado que la renuncia es un acto formal, en el que la voluntad se constituye en un elemento esencial que no puede estar viciado por algún tipo de presión, coacción o en gaño, tal como el que se presenta en los eventos de acoso laboral12.

Respecto de lo último, el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 13, define el acoso laboral como:

«[T]oda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo […]». (Negrita fuera de texto).

Así las cosas, según lo ha indicado la Corte Constitucional, el acoso laboral, además de representar un desconocimiento de la ley, comporta una violación a la Constitución «pues se trata de un atentado continuo y sistemático contra la integridad moral de las personas víctimas de tratos degradantes y configura una vulneración del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas»14.

9 «Por la cual se reglamentan las situaciones administrativas y se dictan otras disposiciones para la administración de personal en la Fiscalía General de la Nación». 10 «Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación». 11 Artículo 27 del Decreto Ley 2400 de 1968. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2020, rad. 68001-23-33-000-2015-00062-01(3723-16). 13 «Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo». 14 Sentencia T-317 de 2020.10

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Resolución del caso concreto

A partir de lo señalado, teniendo en cuenta que en el recurso de apelación el apoderado

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Resolución del caso concreto

A partir de lo señalado, teniendo en cuenta que en el recurso de apelación el apoderado de la FGN hace énfasis en que los testigos de este proceso no tuvieron conocimiento directo de las circunstancias de acoso o persecución laboral que fundamentaron la decisión del tribunal, la Sala considera conveniente presentar una síntesis de cada una de estas declaraciones, de la siguiente manera15:

1. Lucía Nader Mora16:

Fue la psicóloga que atendió a la demandante entre diciembre de 2012 a noviembre de

2013. Se refirió al diagnóstico de estrés laboral de la señora Gloria María Arias Arboleda, el cual estuvo relacionado con el conflicto que inició con el paro judicial de finales del año 2012. Expuso que la demandante tenía una muy buena estructura psicológica y pudo sobreponerse a la situación.

2. Fernando Arévalo Carrascal17:

Se desempeñó como fiscal especializado en la UNEDLA desde agosto de 2012 hasta julio de 2013. Señaló que tuvo conocimiento del retiro de la señora Gloria María Arias Arboleda y consideró que su renuncia fue prácticamente inducida por el fiscal general de la Nación. Esto le pareció injusto porque la demandante se venía desempeñando cabalmente en su cargo. Explicó que le pareció instigada la renuncia porque hubo muchas presiones contra ella, casi que una persecución.

No precisó cuáles fueron los hechos puntuales que configuraron acoso, pero frente a la pregunta que le hicieron sobre eso respondió que el nuevo jefe de unidad carecía de

muchas presiones contra ella, casi que una persecución.

No precisó cuáles fueron los hechos puntuales que configuraron acoso, pero frente a la pregunta que le hicieron sobre eso respondió que el nuevo jefe de unidad carecía de los conocimientos relacionados con la coordinación administrativa de la FGN. Para él era algo q ue se sabía en el ambiente, estuvo nueve meses en la Fiscalía. Dijo no conocer los hechos específicos que determinaron la renuncia de la demandante.

3. Rodrigo Aldana Larrazábal18:

Para la época de los hechos era fiscal de la UNEDLA. Consideró que, a raíz del paro de finales de 2012, se empezó a presentar una animadversión injustificada de las directivas de la FGN hacia la demandante. Ellos siguieron trabajando en medio de la huelga.

15 Audiencia de pruebas celebrada el 29 de abril de 2016. El CD con la gr abación se encuentra a folio 330 del c. ppal. 16 Minuto 0:08:35 a 0:20:18. 17 Minuto 0:21:48 a 0:47:00. 18 Minuto 0:47:50 a 1:06:00.11

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