CE - 250002342000201401746021SENTENCIAFALLO20230906124025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 25000-23-42-000-2014-01746-02 (6138-2022) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Carlos Ernesto Rosas Tascón

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio de un docente nacional. Reintegro de mesadas pagadas ante demostración de fraude global . Cambio jurisprudencial respecto al condicionamiento de la sentencia con acuerdo de

pago. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante contra la sentencia proferida el primero (1°) de agosto de dos mil veinti dós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) instauró demanda en contra del señor CARLOS ERNESTO ROSAS TASCÓN en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 026613 del 12 de junio de 2013 , por medio de la cual la UGPP reconoció una pensión gracia a favor del demandado

1 Folio 142 vuelto, C1.2

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en cumplimiento de un fallo de tutela . Que a título de restablecimiento del derecho se condene al accionado a restituir a la entidad de manera i ndexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía derecho, junto con el pago de los intereses comerciales y moratorios conforme lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

Que se imponga el pago de las costas a cargo de la parte pasiva.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

el artículo 192 del CPACA.

Que se imponga el pago de las costas a cargo de la parte pasiva.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el demandado nació el 8 de marzo de 1955 y durante su vida laboral tuvo una vinculación como docente oficial al servicio del departamento de Cundinamarca, nombrado por el Ministerio de Educación, desde el 5 de mayo de 1977 hasta el 3 de junio de 2005, esto bajo una relación legal y reglamentaria del orden nacional.

Que el 15 de junio de 2005 , el señor Rosas Tascón solicitó ante la extinta Cajanal el reconocimiento y pago de una pensión gracia. Que mediante la Resolución 38851 del 9 de agosto de 2008 , dicha autoridad negó lo reclamado al aducir que había acreditado el tiempo de servicio mediante una vinculación del orden nacional.

Que el mencionado docente y varios educadores más interpusieron acción de tutela contra la mencionada entidad, a fin de que les fuera concedida la aludida prestación, a lo cual efectivamente accedió el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) mediante sentencia del 6 de octubre de 2006 dictada en el proceso con radicado 2006-00194, quien ordenó el reconocimiento de aquel derecho con el fin de amparar los derechos fundamentales al debido proceso , la igualdad y la seguridad social de los reclamantes.

Que al margen de esta decisión judicial, la entonces Caja Nacional de Previsión Social EICE en varias oportunidades se abstuvo de darle cumplimiento al precisar que el accionado no acreditaba los requisitos legales para otorgarle la pensión

Que al margen de esta decisión judicial, la entonces Caja Nacional de Previsión Social EICE en varias oportunidades se abstuvo de darle cumplimiento al precisar que el accionado no acreditaba los requisitos legales para otorgarle la pensión gracia, ello a través de las Resoluciones 25153 del 31 de mayo de 2007, 57747 del 17 de diciembre de 2007 y 04523 del 3 de febrero de 2009.

Que posteriormente, la UGPP acatando la referida sentencia de tutela expidió la Resolución RDP 026613 del 12 de junio de 2013 con la que concedió el pago de la aludida prestación a favor del demandado en cuantía de $1.185.512 y con efectividad a partir del 8 de marzo de 2005.

2 Folios 141 vuelto a 142, C1.3

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 17 de junio de 2014 3, y notificada al señor Carlos Ernesto Rosas Tascón,4 quien presentó memorial de contestación5 en el que manifestó que los educadores que fueron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrían el régimen del que gozaban en cada entidad territorial, por lo que si se tiene en cuenta que el accionado tuvo un nombramiento antes de la referida fecha,

diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrían el régimen del que gozaban en cada entidad territorial, por lo que si se tiene en cuenta que el accionado tuvo un nombramiento antes de la referida fecha, tendría que entenderse que de conformidad con la Ley 43 de 1975, aquel debe ser considerado como un docente nacionalizado, condición que le permite tener derecho a la pensión gracia.

Que la sentencia del 6 de octubre del 2006 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que la decisión de reconocimiento pensional resultaba inmutable e inmodificable en clave de una prerrogativa adquirid a a la que se le debía dar cumplimiento sin reparo, y no como lo hizo la entidad actora al abusar de su derecho de acción mediante la interposición de un medio de control temerario que va en contra de los derechos fundamentales del demandado.

La parte pasiva interpuso como excepciones las que denominó, ineptitud sustantiva de la demanda, cosa juzgada, falt a de jurisdicción y competencia, violación de la Constitución y de los derechos fundamentales al demandado, imposibilidad de control judicial del acto administrativo , desconocimiento del precedente judicial, cobro de lo no debido, buena fe del demandado y genérica o innominada.

A través de auto del 14 de mayo de 2015 6 se ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución RDP 026613 del 12 de junio de 2013 expedida por la UGPP, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión g racia en

los efectos de la Resolución RDP 026613 del 12 de junio de 2013 expedida por la UGPP, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión g racia en favor del señor Rosas Tascón, disposición que fue acatada por la UGPP mediante Resolución RDP 021627 del 28 de mayo de 2015. Dicha providencia fue apelada de manera extemporánea, por lo que no se le dio el respectivo trámite de segunda instancia.

En la audiencia inicial ,7 mediante auto proferido el 4 de octubre de 2017 por el tribunal de origen, se declararon no probadas las excepciones previas formuladas por el demandado (puntualmente la de cosa juzgada constitucional), respecto de la cual formuló recurso de apelación que fue resuelto por esta Corporación mediante providencia del 11 de diciembre de 2017, 8 en el sentido de confirmar la decisión

3 Folio 168, C1. 4 Folio 173, C1. 5 Folios 176 a 200, C1 y 201 a 335, C2. 6 Folios 19 a 21, C5. 7 Folios 627 a 628, C3. 8 Folio 456, C3.4

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inicial. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la dema nda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se

inicial. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la dema nda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 . Finalmente se corrió traslado para alegar de conclusión a fin de dictar el respectivo fallo de manera escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B dictó sentencia escrita el 1° de agosto de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda al asegurar que en el expediente se demostró que el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón laboró como docente territorial y nacionalizado por espacio de 37 años, 6 meses y 6 días, cumpliendo con el requisito de años de servicio previsto por la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que el hecho de que en una certificación se indique que el docente es nacional, no implica que en efecto así sea, pues como quedó en evidencia, el demanda do siempre fue nombrado por el gobernador del departamento de Cundinamarca, o por los alcaldes de los municipios de Facata tivá y Mosquera, siendo precisamente los actos de nombramiento los que determinan la calidad del educador.

Que conforme a la reciente sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, la financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades

Que conforme a la reciente sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, la financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por conce pto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender lo propio, de manera que así fuera para atender las acreencias de personal nacionalizado o nacional , el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

Que en tal sentido, el accionado sí reunía los requisitos para acceder a la pensión gracia, pues se encuentra demostrado que cumplió 50 años de edad el 8 de marzo de 2005, prestó sus servicios como docente en planteles departamentales y distritales por más de 20 años, se encontraba vinculado como educador oficial antes del 31 de diciembre de 1980 al haber ingresado desde el 5 de mayo de 1977 , y finalmente se desempeñó con honradez y consagración, toda vez que no obra en el expediente administrativo ninguna evidencia que demuestre lo contrario.

Que mediante auto del 14 de mayo de 2015 se ordenó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado por medio de la cual se reconoció la pensión gracia a favor del señor Carlos Ernesto Rosas Tascón, cuyo acatamiento

9 Folios 775 a 788, C4.5

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se materializó por parte de la entidad accionante conforme a la Resolución RDP 021627 del 28 de mayo de 2015. Que al haberse determinado que el demandado sí tiene derecho a la prestación debatida, resultaba necesario ordenar el levantamiento de la medida cautelar y por lo tanto condenar a la parte activa al pago debidamente indexado de las mesadas pensionales que se dejaron de cancelar en virtud de dicha decisión.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demanda nte en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a la totalidad de sus pretensiones, para lo cual sostuvo que es errado considerar que lo único que determina la calidad de docente son los actos de nombramiento, pues en realidad lo determinante para arribar a esa conclusión es verificar cuál fue la plaza ocupada y bajo qué condiciones lo hizo, es decir, si fue como educador nacionalizado o nacional.

Que para evidenciar lo anterior, se presentó como prueba la certificación 851 del 7 de abril de 2005 en la que específicamente se señala que el señor Carlos Ernesto Rosas Tascón prestó sus servicios al Estado como docente nacional durante 27 años, 11 meses y 3 días, específicamente en el Instituto Técnico Industrial del Municipio de Facatativá.

Que conforme al material probatorio recaudado en el p roceso, se extrae que el

años, 11 meses y 3 días, específicamente en el Instituto Técnico Industrial del Municipio de Facatativá.

Que conforme al material probatorio recaudado en el p roceso, se extrae que el accionado laboró como profesor de educación básica secundaria, nombrado por el Ministerio de Educación con certificación de vinculación en propiedad de carácter nacional desde el 5 de mayo de 1977 hasta el 3 de junio de 2005, por lo que es posible concluir que no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión gracia, pues lo cierto es que laboró todo el tiempo para la Nación y no acreditó 20 años de actividad laboral en el nivel territorial, bien fuera departamental, municipal o distrital, o incluso en el orden nacionalizado según lo exigido por la Ley 114 de 1913.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso de apelación,11 las partes guardaron silencio. Adicionalmente, al no haberse practicado pruebas de segunda instancia, conforme al numeral 5° de esta misma normativa, no se corrió traslado para alegar de conclusión.12

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

10 Folios 793 a 795, C4. 11 Índice 4 de la plataforma SAMAI. 12 Ver constancia secretarial a folio 805, C4.6

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El agente del Ministerio Público no rindió concepto.13

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la S ubsección, es el de determinar si el período de labor del demandado como docente oficial, lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser tenida en cu enta para consolidar la pensión gracia . Si ello es así, se tendrá que establecer si es procedente el reintegro a favor de la UGPP de las sumas de dinero percibidas por el accionado por tal concepto.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, la cual en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

13 Idem.7

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Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las

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Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Aunado a ello , la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se

base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y

de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir d el 1o. de enero de 1990,

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.8

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cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector púb lico nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan

reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 16 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que

nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 16 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificaci ón de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

respectiva certificaci ón de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores terr itoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con lo s educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expid e el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su

competencia se expid e el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la10

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cual dichas autoridades posesionan y en general administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 17 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o