CE - 250002342000201504178021SENTENCIA20230908163211

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 25000-23-42-000-2015-04178-02 (1539-2020)

DEMANDANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

DEMANDADO: Clara Inés Pulido de Mayorga

Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plaza del orden nacional. Devolución de mesadas percibidas de mala fe. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora CLARA INÉS PULIDO DE MAYORGA en

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) , instauró demanda en contra de la señora CLARA INÉS PULIDO DE MAYORGA en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (lesividad), con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES2

Que se declare la nulidad de la Resolución 36380 del 28 de julio de 2006, por medio de la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela, la UGPP, reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la demandada. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a re stituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho y condenar en costas.

1 En adelante UGPP. 2 Folio108.2

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HECHOS3

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandada nació el 13 de abril de 1938 y durante su vida laboral tuvo una vinculación en calidad de docente nacional , a partir del 31 de diciembre de 1980 y

manera.

Que la demandada nació el 13 de abril de 1938 y durante su vida laboral tuvo una vinculación en calidad de docente nacional , a partir del 31 de diciembre de 1980 y hasta su fecha de retiro el 11 de junio de 2001, tiempo durante el cual, se desempeñó con distintas órdenes de prestación de servicios y como profesor de cátedra.

Que la docente es acreedora de una pensión de jubi lación reconocida en la Resolución 626 del 1.° de febrero de 1990, en una cuantía de $131.279.98, efectiva a partir del 13 de abril de 1988.

Posteriormente, la demandada presentó solicitud de reconocimiento de pensión gracia, la cual fue negada mediante la Resolución 9940 del 14 de mayo de 2002, al considerar que la docente no demostró 20 años de servicios laborados en un plantel educativo de primaria o secundaria del orden departamental, municipal o distrital, puesto que siempre laboró en la Escuela Naci onal de Comercio, con un carácter Nacional.

La anterior decisión fue confirmada a través de las Resoluciones 16848 del 3 de julio de 2002 y 9940 del 14 de mayo de 2002, al resolver los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

Que mediante la Resolución 36301 del 28 de julio de 2006, la entonces Cajanal en acatamiento del fallo de tutela del 16 de junio de 2006 proferid o por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C., reconoció la pensión gracia en una cuantía de $66.317.71 a partir del 13 de abril de 1988 . Además, que con la

Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.C., reconoció la pensión gracia en una cuantía de $66.317.71 a partir del 13 de abril de 1988 . Además, que con la expedición de la Resolución 36154 del 30 de julio de 2008, negó la reliquidación de la pensión gracia, al insistir que la docente no cumplió con los requisitos previstos por la Ley.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 13 de enero de 2017 y notificada a la señora Clara Inés Pulido de Mayorga 4, ello con solicitud de medida cautelar decretada según auto del 19 de julio de 2018 y confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en auto del 26 de marzo de 2020. Por su parte, la demandada presentó memorial de contestación5, en el cual

3 Folios 108 a 112. 4 Folio 140. 5 Folios 173 a 185.3

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se opuso a las pretensiones puesto que cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia y que además le fue concedido el derecho bajo el principio de la buena fe.

Propuso las excepciones que denominó ausencia de vicios en el acto administrativo, exigibilidad y caducidad de la acción, ausencia del requisito de procedibilidad,

el principio de la buena fe.

Propuso las excepciones que denominó ausencia de vicios en el acto administrativo, exigibilidad y caducidad de la acción, ausencia del requisito de procedibilidad, inexistencia de la obligación u cobro de lo no debido e innominada.

En la audiencia inicial 6 se declararon no probadas las excepciones previas propuestas, s e fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demand a y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y efectuó la incorporación de pruebas y decretó otras de oficio conforme a los artículos 180 y 213 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dictó sentencia el 17 de octubre de 2019, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, esto es, declaró la nulidad de los actos reprochados y ordenó el reintegro de las sumas de dinero reclamadas.

Argumentó que, en atención al análisis de la normativa y jurisprudencia vigente, así como de las pruebas allegadas al plenario, el reconocimiento de la pensión g racia fue en cumplimiento del fallo de tutela emitido el 16 de junio de 2006 por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá. Sin embargo, al revisar, se tiene que la docente siempre tuvo una vinculación de carácter nacional, tiempos que no pudieron ser considerados para dicha prestación.

Lo anterior, conforme a la sentencia de unificación puesto que son docentes nacionales aquellos docentes nombrados por el Gobierno Nacional y los tiempos

docente siempre tuvo una vinculación de carácter nacional, tiempos que no pudieron ser considerados para dicha prestación.

Lo anterior, conforme a la sentencia de unificación puesto que son docentes nacionales aquellos docentes nombrados por el Gobierno Nacional y los tiempos laborados en esa condición, no pueden ser computado s con el servicio que se preste en calidad de educador nacionalizado o territorial , por lo cual, la docente no podía haber sido beneficiaria de la pensión gracia.

Sobre la devolución de los dineros, procedió a evaluar las circunstancias mediante las cuales la señora Clara Inés Pulido obtuvo el reconocimiento , sostuvo que pese a que inicialmente la UGPP negó lo pretendido en vía administrativa por el no cumplimiento de los requisitos, la demandada aun sabiendo sobre esto y su vinculación nacional, acudió ante un juez de tutela para que le fuera concedida ; situación que desvirtúa la buena fe de la señora Clara Pulido, máxime cuando para el año en que fue fallada la tutela, esto es 2006 muchos juzgados penales y civiles,

6 Folios 258 a 261. 7 Folios 410 a 424.4

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accedieron al amparo constitucional sin tene r derecho los accionados, tal como el caso del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué que posteriormente, fue objeto de sanción penal por el delito de prevaricato por acción.

accedieron al amparo constitucional sin tene r derecho los accionados, tal como el caso del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué que posteriormente, fue objeto de sanción penal por el delito de prevaricato por acción.

En consecuencia, ordenó la devolución de los dineros de acuerdo con la jurisprudencia vigente, previo acuerdo suscrito que preste mérito ejecutivo, en los montos y plazos que no pongan en situación de indignidad a la demandada, según sus condiciones socio-económicas, con cláusula de resolución por el incumplimiento de los pago s y; ante la renuencia podrá dentro de sus facultades legales disponer el cobro de lo debido de manera pura y simple.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada 8 presentó escrito de apelación, mediante el cual solicita revocar la decisión y negar las pretensiones de la demanda, en tanto la señora Clara Inés Pulido, cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que se desempeñó como docente de Cátedra desde el 24 de abril de 1969 y que los recursos obtenidos fueron derivados del situado fiscal y a partir de la Ley 715 de 2001 con el sistema general de participaciones, hasta la fecha de su retiro, por lo que esta situación la reconoce como docente territorial.

Que la UGPP t enía la carga probatoria para desvirtuar el carácter de territorial o nacionalizado a través del cual laboró la demandada, hecho que no fue demostrado. Por el contrario, advierte que algunos de los certificados allegados fueron expedidos por la Secretaría de Educación de Bogotá , en calidad de nomina dor y dan cuenta de una doble vinculación que tuvo entre el 24 de abril de 1969 y enero de 2002.

Por el contrario, advierte que algunos de los certificados allegados fueron expedidos por la Secretaría de Educación de Bogotá , en calidad de nomina dor y dan cuenta de una doble vinculación que tuvo entre el 24 de abril de 1969 y enero de 2002.

Ahora, en cuanto a la devolución de los dineros percibidos de buena fe, difiere lo resuelto por el a quo en tanto, el hecho de acudir ante el juez de tutela en búsqueda de la protección de sus derechos no significa que sea una maniobra fraudulenta, dado que la acción de tutela es una acción pública a la que pueden acceder todos los ciudadanos y autoridades, sin distinción alguna, así lo ha dispuesto el Consejo de Estado9 en un caso similar al analizar la buena fe del docente.

Que resulta desproporcionado confrontar la situación de delito configurada en el fallo de tutela del 16 de junio de 2006 proferido por el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué con el fallo de tutela que le concedió el derecho de pensión a la demandada al ser dos situaciones totalmente diferentes. Q ue posteriormente fue objeto de investigación penal, puesto que no hizo parte de tal decisión y tampoco está probado que lo mismo ocurrió en la tutela resuelta por el Juzgado Treinta y Uno Penal de Bogotá, pues «no puede hacer presumir un actuar ilegal, fraudulento o engañoso, pues en el ordenamiento jurídico existen diferentes acciones para reclamar

8 Folios 431 a 437. 9 Sentencia del 8 de febrero de 2018. Radicación: 52001-23-33-000-2012-00067-01.5

8 Folios 431 a 437. 9 Sentencia del 8 de febrero de 2018. Radicación: 52001-23-33-000-2012-00067-01.5

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derechos sin que el uso de ellas denote mala fe (...), tampoco se puede entender que actúa de mala fe a quien la administración le ha negado un derecho y lo demanda judicialmente para obtener el reconocimiento, aunque para aquélla sea claro que el peticionario no tiene el derecho puesto que se vulneraría el derecho al acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución10».

Además, sostuvo que el Consejo de Estado 11 ha previsto las circunstancias específicas en que deben analizarse las pruebas cuando se incurre en mala fe para adquirir la pensión, mismas que deben analizarse en cada caso particular, por lo que el tribunal, no pudo endilgar el actuar presuntamente fraudulento, deshonesto o doloso, solamente por considerar que el fallo de tutela proferido por el Juzgado de Magangué fue sancionado, puesto que en su caso, solamente invocó el amparo constitucional ante el juez natural de conocimiento y fue este, quién analizó la situación fáctica y el material probatorio para llegar al reconocimiento de la pensión, argumentos que resultan insuficientes para desvirtuar la buena fe.

La parte demandante12 presentó la alzada, como sustento de ello, solicitó confirmar

situación fáctica y el material probatorio para llegar al reconocimiento de la pensión, argumentos que resultan insuficientes para desvirtuar la buena fe.

La parte demandante12 presentó la alzada, como sustento de ello, solicitó confirmar el fallo, al afirmar que la señora Clara Pulido no cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, porque siempre tuvo una vinculación nacional en los planteles educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 1.° de febrero de 1973 hasta el 11 de junio de 2001 y también se desempeñó como contratista a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

Además, consideró que los dineros percibidos por la demandada deben ser reintegrados al demostrar que los percibió sin causa legal y por «su actuar malicioso» ante la UGPP.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demanda nte presentó alegatos de concl usión en el cual ratificó los argumentos de la demanda y de la apelación13 sobre los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia y la devolución de los dineros percibidos de mala fe.

La señora Calara Pulido también presentó escrito de alegatos de conclusión, reiterando los argumentos referidos en la demanda y en el recurso de apelación14, sobre del cumplimiento de los requisitos para la prestación y la improcedencia del pago de las sumas obtenidas de buena fe.

10 Ibídem. 11 Sentencia del 24 de enero de 2019, radicación:13001-23-33-000-2013-00076-01 (2346-2017). 12 Folios 438 a 445. 13 Índice 13 de SAMAI.

10 Ibídem. 11 Sentencia del 24 de enero de 2019, radicación:13001-23-33-000-2013-00076-01 (2346-2017). 12 Folios 438 a 445. 13 Índice 13 de SAMAI. 14 Índice 15 SAMAI.6

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POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.15

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si los períodos de labor oficial de la demandada como docente en los que se desempeñó a través de relación legal y reglamentaria, así como mediante contratos en diferentes tiempos, lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser tenida en cuenta para consolidar la pensión gracia . En caso afirmativo, se deberá establecer si es procedente la d evolución de los dineros percibidos por la actora por concepto de dicha prestación.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con ho nradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

15 Folio 469.7

5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

15 Folio 469.7

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Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin e mbargo, no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin e mbargo, no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la pr esente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

será regido por las siguientes disposiciones:

(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

16 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.8

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Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vin culados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario me nsual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público

cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario me nsual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión grac ia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 18 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo

planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones,

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 18 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recurso s le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores naci onales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por

permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territ orial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entida d nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta provide ncia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a l o descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o

nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a l o descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza10

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de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 19 la Sección Segunda también fijó como regla

1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 20