CE - 250002342000201600744011SENTENCIA20230130143012

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26 ) de enero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .

Radica ción : 2500 0-23 -42 -000 -201 6-00744 -01 (3156 -20 19)

Demandante: JH OE NN YA MORENO REALES

Demandad o: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES Y OTROS.

Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación int erpuesto por la señora JHO ENN YA MORENO REALES contra la sentencia de l 13 de diciembre de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Auto No. 174060016 por medio del cual se profirió pliego

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Auto No. 174060016 por medio del cual se profirió pliego de cargos por parte del Subdirector Técnico de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC en contra de la demandante por presuntas irregularidades en el expediente de cobro No. 20022008889 adelantado por el Grupo Interno de Trabajo Coactiva II de la División de Gestión Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá al contribuyente David Aljure y Ci a. Ltda.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00744-01 (3156-2019)

Demandante: Jhoennya Moreno Reales

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2 (ii) Resolución No. 17317 -00006 del 10 de marzo de 2015 por medio de la cual se emitió decisión de primera instancia expedida por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC en la que se impone sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 12 años para ejercer funciones públicas a la señora

JHOENNYA MORENO REALES.

(iii) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 17 de

sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 12 años para ejercer funciones públicas a la señora

JHOENNYA MORENO REALES.

(iii) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 17 de junio de 2015 emitida por la Directora General de la Unidad Administrativa Especial - ITRC la cual confirma el acto administrativo de primera instancia. (iv) Resolución No. 007418 de 5 de agosto de 2015 suscrita por el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por medio de la cual se ejecuta la sanción impuesta a la

señora JHOENNYA MORENO REALES .

2.1. 2 Que a título de restablecimiento del derecho :

(i) Sea ordenado dejar sin efecto la anotación de la sanción disciplinaria en la hoja de vida y la ejecución de la misma. Además se informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación sobre el leva ntamiento de la sanción y la actualización de la información. (ii) Se reconozca y pague n los perjuicios morales causados como consecuencia de la angustia así:

• JHOENNYA MORENO REALES la suma de 100 S.M.M.L.V que equivale a $64.435.000. - Perjuicios M aterial : Daño emergente la suma de $5.800.000 dejados de percibir al momento de la presentación de la solicitud de la conciliación y por la suma que resulte probada desde la demanda en adelante hasta que se declare la nulidad de los actos administrativos. 2. 2. Hec hos.Nulidad y restablecimiento del derecho.

solicitud de la conciliación y por la suma que resulte probada desde la demanda en adelante hasta que se declare la nulidad de los actos administrativos. 2. 2. Hec hos.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00744-01 (3156-2019)

Demandante: Jhoennya Moreno Reales

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3 En la demanda 1 se narraron los relevantes que a continuación se resume n:

2. 2.1 La señora JHOENNYA MORENO REALES estuvo vinculada a la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN desde el 27 de enero hasta el 6 de octubre de 2010 en el cargo de Analista IV, Nivel 204, Grado 04 como Supernumerario.

2.2. 2 Mediante Resolución No. 0296 del 8 de febrero de 2010 se delegó a algunos funcionarios las funciones de cobro coactivo y la facultad de suscribir actos administrativos en la cual aparece la señora MORENO REALES .

2. 2.3 La señora JHOENNYA MORENO REALES en ejercicio de las funciones delegadas profirió el 27 de abril de 201 0, la Resolución No. 000012 a través de la cual declaró la nulidad de la Resolución No. 00052 del 15 de junio de 2006, acto en el que se había

funciones delegadas profirió el 27 de abril de 201 0, la Resolución No. 000012 a través de la cual declaró la nulidad de la Resolución No. 00052 del 15 de junio de 2006, acto en el que se había concedido una facilidad de pago al contribuyente , lo que dio lugar a que la administración a través de la Resolución 00001 del 9 de febrero de 2009 declarara sin vigencia el pl azo y ordenara proseguir con el co bro.

2.2.4 Adicionalmente, la señora MORENO REALES expidió la Resolución No. 000188 del 27 de abril de 2010 a través de la cual se or denó el desembargo del inmueble identificado con registro d e instrumentos públicos No. 50 N -576950 ubicado en la Calle 115 No. 11ª -30 de Bogotá , predio que el contribuyente había dado como garantía de la facilidad de pago 00052 del 15 de junio de 2006, pese a que “la resolución se encontraba insoluta por renta de 2003. ”

2.2.5 Manifestó el funcionario investigador que la señora MORENO REALES profirió actos administrativos me diante los cuales revocó los mandamientos de pago de cada uno de los socios vinculados

1 Folios 884 al 902 del expediente y reforma a la demanda folios 970 al 977 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00744-01 (3156-2019)

Demandante: Jhoennya Moreno Reales

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4 como deudores solidarios bajo el argumento de la prescripción de las obligaciones correspondientes a renta pese a que estas ésta se había interrumpido con la facilidad de pago 00052 del 15 de junio de 2006 . Posteriormente, la disciplinada informó a la Oficina de Instrumentos Públicos el levantamiento del gravamen y rápidamente fue enajenado por el deudor, razones por la cuales se profirió el pliego de cargos.

2.2.6 En un proceso similar con Radicado No. 1704 -01 -2012 -254 la Agencia ITRC revocó la decisión de primera instancia al considerar que no se había incurrido en falta disciplinaria , se anexó copia.

2.2.7 La Resolución 0296 del 8 de febrero de 2010 mediante la cu al se delegó las funciones es ilegal pues el estatuto tributario en los artículos 560 y 651 solo la permiten en el nivel ejecutivo o profesional y la disciplinada fue vinculada en el nivel técnico.

2. 3. Concepto de la violación .

El apoderad o del demandante consideró como norma s vulnerada s:

• Artículo 29 de la Constitución Política .

2. 3. Concepto de la violación .

El apoderad o del demandante consideró como norma s vulnerada s:

• Artículo 29 de la Constitución Política . - Artículos 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 44, 47, 90 y 142 de la Ley 734 de 2002.

Señaló como conceptos de violación el de (i) falsa motivación, (ii) error en la adecuación de la falta, (iii) violación al debido proceso , (iv) indebida apreciación probatoria , (v) ineficacia de la notificación de la decisión disciplinaria, (vi) prescripción de la acción disciplinaria, (vii) ilegalidad de la resolución de delegación d e funciones e (ix) inexistencia de supuestas funciones de la demandante.

Falsa motivación. Sostuvo que el operador disciplinario incurrió en un error al momento de calificar la conducta de la demandan te como dolosa , por cuanto de conformidad con las prueb as obrantes fue culposa , toda vez que la señora MORENO REALES no era abogadaNulidad y restablecimiento del derecho.

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5 para el 27 de abril de 2010 como se afirmó en el pliego de cargos,

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5 para el 27 de abril de 2010 como se afirmó en el pliego de cargos, pues estaba realizando su judicatura para obtener el título. Además manifestó que no se probó que su actuar fues e encaminado maliciosamente a la expedición de los actos.

Agregó que no existe ninguna prueba de que la demandante pretendía beneficiar al contribuyente afectando el recaudo de la DIAN y tampoco de que recibió las capacitaciones para el ejercicio de las funciones delegadas, pues no tenía la mínima experiencia en los temas q ue le fueron asignados.

Error en la adecuación de la falta. Expuso que la conducta de la señora MORENO REALES no se pu ede encuadrar en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues no existía prueba del dolo porque para ello es necesario que concurran dos elementos , el volitivo y el conocimiento

Afirmó que la administración debe presumir la buena fe del disciplinado y no invertir la carga de la prueba dando por hecho que conocía sus funciones.

De otro lado, sostuvo que la ley determina cu ándo la culpa tiene el carácter de grave , circunstancia que se evidencia en el actuar de la demandante, pues no tenía la capacitación necesaria para la delegación de funciones.

Manifestó que el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 se refiere a los criterios para la graduación de la sanción y entre ellos se debe tener en cuenta el desempeño del funcionario investigado , así como la gravedad del daño por lo que la sanción fue exagerada sin ningún sustento probatorio.

criterios para la graduación de la sanción y entre ellos se debe tener en cuenta el desempeño del funcionario investigado , así como la gravedad del daño por lo que la sanción fue exagerada sin ningún sustento probatorio.

Violación al debido proceso . Adujo que la demandante mediante correo electrónico el 16 de marzo de 2015 solicitó se le retire el abogado defensor, toda vez que asumiría su defensa de manera directa, no obstante el funcionario investigador no dio respuesta aNulidad y restablecimiento del derecho.

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6 esta petición y notificó al apoderado de la decisión de primera instancia cuando ella lo había desplazado. Por lo anterior concluyó que esa notificación de la decisión no es válida y la que se debe tener en cuenta es la realizada por edicto desfijado el 24 de abril cuando la acción se encontr aba prescrita.

Indebida apreciación probatoria. Explicó que las pruebas recaudadas no demuestran que la conducta de la disciplinada se encuentra tipificada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 , los testimonios solo hacen un recuento de l os trámites administrativos al interior de la entidad pero no relacionan la conducta de la señora MORENO REALES con la intención de beneficiar al contribuyente.

de 2002 , los testimonios solo hacen un recuento de l os trámites administrativos al interior de la entidad pero no relacionan la conducta de la señora MORENO REALES con la intención de beneficiar al contribuyente.

Ineficacia de la notificación de la decisión disciplinaria . Adujo que la decisión disciplinari a no contiene las fechas en las que se surtieron las notificaciones a partir de la declaratoria de la nulidad oficiosa y pretende confundir al tener en cuenta la realizada al señor MOLINA PIDANCHI quien ya no tenía la calidad de apoderado, por tanto la not ificación válida es la efectuada mediante edicto desfijada el 24 de abril de 2015.

Prescripción de la acción disciplinaria . Explicó que teniendo en cuenta las fechas de notificación aludidas esta no se hizo antes de transcurrir los 5 años , por cuanto el edicto se desfijó el 24 de abril quedando el 29 de abril ejecutoriado cuando ya está prescrita la acción.

Ilegali dad de la resolución de delegación de funciones . Indicó que en la Resolución No. 00013 de 2008 no hay definición de funciones para el cargo que ocupaba la demandante pero se desprende de la parte considerativa que en el nivel técnico comprende el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicació n de la ciencia y la tecnología.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Jhoennya Moreno Reales

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7 Agregó que el Estatuto Tributario contempla que la delegación de funciones se puede realizar solamente en subalternos que pertenezcan al nivel ejecutivo o profesional y la actora era del nivel técnico lo que permite sustentar la culpa imputable al superior jerárquico, toda vez que las funciones delegadas no eran para la formación laboral de la señora MORENO REALES.

Inexistencia de supuestas funciones de la demandante . Sostuvo que la decisión sancionatoria estuvo fundamentada en la delegación de funciones , no obstante en la certificación expedida el 4 de diciembre de 2012, más de dos años de retirada la demandante, se informó que en la historia laboral no figuraba la comunicación a la actora de las mismas, pero de manera inexplicable el 22 de enero de 2013 se incluye en la hoja de vida un supuesto comunicado a todas luces ilegal.

Por último, solicitó la suspensión provisional de los actos disciplinarios de primera y segunda instancia; y el que ejecuta la sanción.

2. 4. Contestación de la demanda .

La Unidad Administrativa Especial, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, ITRC , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :

La Unidad Administrativa Especial, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, ITRC , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :

En relación con la falsa motivación sostuvo que , si bien es cierto, en el pliego de cargos se hizo mención a que la demandante era profesional, también lo es que, no fue el único argumento del operador disciplinario para endilgar el cargo, pues en el acápi te de culpabilidad se hace un análisis de los medios probatorios que llevan a determinar que la conducta de la señora MORENO REALES fue a título de dolo.

2 Folios 917 al 930 y 1018 al 1024 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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8 Agregó que en la decisión disciplinaria de primera instancia se estableci ó que la señora MORENO REALES no ostentaba la calidad de profesional pero si tenía una vasta formación jurídica , por lo que el cargo carece de fundamento , pues el pliego de cargos no es el acto definitivo y al no ser atacado el acto principal no se puede ha blar de falsa motivación .

De otro lado , en cuanto al error en la adecuación de la falta

el cargo carece de fundamento , pues el pliego de cargos no es el acto definitivo y al no ser atacado el acto principal no se puede ha blar de falsa motivación .

De otro lado , en cuanto al error en la adecuación de la falta expresó que la parte demandante no identificó cuales principios constitucionales fueron infringidos por lo que el cargo carece de argumentación.

Ex puso que el debate en este punto es que la demandante debió ser sancionada a título de culpa y no de dolo lo que modificaría la sanción disciplinaria, no obstante no hace referencia a los medios probatorios que llevarían a valorar la conducta de la señora MORENO R EALES de esa manera , por cuanto solo afirma que no tenía el conocimiento.

Señaló que por el contrario está probado que la disciplinada tenía conocimientos idóneos para el cargo, pues en la clase de procesos de jurisdicción coactiva que debía adelantar se requieren las nociones básicas del derecho.

Hizo referencia a las declaraciones de la señora Azcarate Echeverri y de María de Lourdes las cuales testificaron sobre las funciones que tenía la investigada, además de la prueba docume ntal que permite establecer la conducta dolosa de la disciplinada.

Recordó que la demandante aprovechó el cambio de jefe para darle viso de legalidad al acto de desembargo, por cuanto primero a vis ó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y post eriormente elaboró otro oficio con radicado diferente suscrito por el jefe de grupo, lo que demuestra la conducta dolosa.

Ahora bien, en relación con el desconocimiento de los criterios de

a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y post eriormente elaboró otro oficio con radicado diferente suscrito por el jefe de grupo, lo que demuestra la conducta dolosa.

Ahora bien, en relación con el desconocimiento de los criterios de graduación explicó que el operador administrativo señaló losNulidad y restablecimiento del derecho.

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9 argum entos aplicables al caso concreto con el fin de determinar los extremos de la sanción .

Por otra parte, en referencia a la violación del debido proceso indicó que la Agencia ITRC siempre garantizó el derecho de defensa y contradicción a la actora quien en todo momento tuvo conocimiento de la investigación , acceso al expediente y fue asistida por un apoderado designado por el Despacho.

Frente a la indebida apreciación probatoria manifestó que se tipificó la conducta en la modalidad de prevaricato por acción, pues se exige que el sujeto activo sea servidor público, que tenga dentro de sus funciones la de expedir actos administrativos y que estos sean sustanc ialmente contrarios a la ley, lo que se probó.

Igualmente, señaló que quien alega la violación directa de la ley debe demostrar que tuvo incidencia en la decisión, carga de la prueba que no cumplió.

Igualmente, señaló que quien alega la violación directa de la ley debe demostrar que tuvo incidencia en la decisión, carga de la prueba que no cumplió.

Señaló respecto de la ineficacia de la notificación y la prescripción de la acción que el comportamiento reprochable de la disciplinada aconteció el 27 de abril de 2010 y a partir de esa fecha tenía el término de 5 años para investigar y sancionar, es decir, hasta el 26 de abril de 2015.

Relató que el 16 de marzo de 2015 se le comunicó a la investigada por correo electrónico que se le nombró un apoderado de oficio el señor MOLINA PIDIACHI. El 9 de abril de 2015 el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias declaró la nulidad parcial de lo actuado a través del auto 17401. En esa misma fecha por medio de oficio 2 -2015 -004494 se le solicitó a la investigada presentarse en las instalaciones de la Agencia para que se notificara dentro de los 8 días siguientes, comunicación entregada el 9 de a bril de 2015 en portería a las 3.47 pm.

Adicionó que el 10 de abril de 2015 el apoderado se notificó personalmente del auto que declaraba la nulidad y de la decisiónNulidad y restablecimiento del derecho.

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10 de primera instancia y existe una constancia de secretaria en la que la demandante compar eció el 9 de abril de la misma anualidad y se le informó que iban a notificarse dos actos.

Además, mencionó que el edicto se desfijó el 24 de abril de 2015 fecha en la que no había operado la prescripción de la acción.

Frente al cargo de ilegalidad de la resolución de delegación de funciones argumentó que la parte demandante pretende que se declare la nulidad de un acto administrativo que no fue demandado y por lo tanto, goza de plena validez.

Por último, en relación con la inexistencia de supuestas funciones afirmó que lo que pretende la parte actora es demostrar una supuesta falsedad en la comunicación de las funciones tema que debe demostrar y es a la DIAN a quien le corresponde pronunciarse sobre su autenticidad.

Presentó las siguientes excepciones:

(i) Ausencia de ilegalidad en el acto atacado e infundada solicitud de nulidad . Sostuvo que los argumentos de la demanda para declarar los actos administrativos no están llamados a prosperar. (ii) Improcedencia del restablecimiento del derecho . Afirmó que la sanción en sí misma no es causal de daño antijurídico es la consecuencia lógica del actuar reprobable que fundamentó la decisión. (iii) Ausente demostración de los perjuicios que por lo demás son la carga razonable qu e deben soportar quien

antijurídico es la consecuencia lógica del actuar reprobable que fundamentó la decisión. (iii) Ausente demostración de los perjuicios que por lo demás son la carga razonable qu e deben soportar quien es hallado responsable disciplinariamente . Expresó que no se encuentra demostrad a la existencia de perjuicios , por tanto no puede haber daños materiales y morales sin ningún esfuerzo probatorio. (iv) Oficio .

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN porNulidad y restablecimiento del derecho.

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11 medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 3,con fundamento en los siguientes argumentos :

Expuso que el artículo 413 del Código Penal describe como prevaricato por acción la conducta en la que el servidor público profiere resolución dictamen o concepto contrario a la ley.

Bajo este entendido, expresó que la señora MORENO REALES estaba vinculada a la DIAN como supernumeraria, se le delegó las funciones de cobro coactivo m ediante Resolución 0296 del 8 de febrero de 2010 y se pudo determinar que las obligaciones del contribuyente David Aljure y Cia. Ltda. no estaban prescritas a la luz del artículo 818 del Estatuto Tributario.

febrero de 2010 y se pudo determinar que las obligaciones del contribuyente David Aljure y Cia. Ltda. no estaban prescritas a la luz del artículo 818 del Estatuto Tributario.

De otro lado, sostuvo que no es lógico que una persona que conoce sus limitaciones de formación para desempeñar el cargo sabiendo de las responsabilidades que le asiste ejerza funciones como la de proferir actos administrativos.

Además, señaló que los re quisitos, responsabilidades y funciones están establecidas en la Resolución No. 0013 de 2008 y los supernumerarios deben ceñir su desempeño funcional a tales lineamientos.

Por otra parte, adujo que el requisito de ilicitud sustancial de la conducta inves tigada se encuentra satisfecho debido a la afectación inocultable de la función pública.

En cuanto al dolo se refirió afirmando que el origen de las decisiones no fue un hecho aislado sino producto del interés de favorecer a un contribuyente en particular quien viéndose libre del gravamen pudo enajenar el bien al mes siguiente de la decisión.

Indicó que la sanción se impuso por la falta gravísima a título de dolo , toda vez que la investigada fue consiente de la ilicitud de su

3 Folios 979 al 982 y 1015 al 1016 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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12 proceder. Finalmente afirmó que la demandante siempre estuvo representada por abogado de oficio designado el 30 de septiembre de 2014, posteriormente solicitó cambio de defensor y se le nombr ó un miembro del consultorio jurídico de la Universidad Católica de Colombia.

Presentó la siguiente excepci ón :

(i) Falta de legitimación en la causa por pasiva. Las decisiones disciplinarias acusadas no fueron expedidas por la DIAN . Respecto al acto de ejecución de la sanción es un acto de simple ejecución, es decir, no es demandable.

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 4

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que el Auto No. 1740600016 es un acto preparatorio que no define de fondo el asunto y la Resolución No. 007418 del 5 de agosto de 2015 es un acto de ejecución, por lo que ninguno de los actos son pasibles de control judicial.

Respecto de las excepciones presentadas por la ITRC sostuvo que son argumentos de defensa encaminados atacar el derecho reclamado por lo cual serán resueltas en la decisión de fondo.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la DIAN expresó que la entidad se encuentra legitimada para comparecer al proceso, pues la demandante solicitó

En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la DIAN expresó que la entidad se encuentra legitimada para comparecer al proceso, pues la demandante solicitó a título de restablecimiento del derecho que se deje sin efecto la sanción que ejecutó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por l o que declara no probada la excepción.

Frente a la excepción de oficio consideró que no se encuentra

4 Folios 1068 al 1078 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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13 probada ninguna.

La decisión de excepciones no fue objeto de recurso.

El litigio fue fijado así:

“Se debe determinar si los fall os disciplinarios demandados, deben ser anulados por haber sido expedidos con i) falsa motivación, por considerar que el operador disciplinario incurrió en un error al momento de calificar el actuar de la demandante a título de dolo, pues de haberse garantizado el principio de proporcionalidad en la investigación y en general el derecho de defensa de la investigada, sin lugar a dudas hubiera calif icado el hecho como una conducta culposa, en tanto, del material probatorio obrante en el expediente se puede concluir que la señora Moreno Reales, no tenía una

el derecho de defensa de la investigada, sin lugar a dudas hubiera calif icado el hecho como una conducta culposa, en tanto, del material probatorio obrante en el expediente se puede concluir que la señora Moreno Reales, no tenía una relación directa con el contribuyente, ni interés en favorecerlo con las resoluciones emitidas, así como tampoco de perjudicar al Área Misional de Recaudo de la DIAN (fls. 889 - 891); ii) error en la adecuación de la supuesta falta , toda vez que, la adecuación de la fala disciplinaria por parte del investigador y por ende la sanción impuesta, no se a justa a los principios de legalidad, favorabilidad, contradicción, presunción de inocencia, buena fe y todos los demás que forman parte de la garantía constitucional del debido proceso y de la cual se desarrollan innumerable preceptos normativos, doctrina y jurisprudencia (fls. 891 - 892); iii) violación al debido proceso, por c uanto la demandante, mediante su correo electrónico personal, el día 16 de marzo de 2015, envió a la entidad accionada solicitud, encaminada a que se retirara el apoderado que le había sido designado de oficio para poder asumir su propia defensa si n embargo, dicha petición nunca fue resuelta, con lo que se evidencia la intención de hacerle daño a la accionante ( fl 895 -897).

En consecuencia, se debe establecer, en caso de que prosperen las pretensiones, si se debe: Ordenar a la entidad demandada, i)dejar sin valor ni efecto la anotación de la sanción disciplinaria en su hoja de vida, así

En consecuencia, se debe establecer, en caso de que prosperen las pretensiones, si se debe: Ordenar a la entidad demandada, i)dejar sin valor ni efecto la anotación de la sanción disciplinaria en su hoja de vida, así como la ejecución de la sanción. Además, informar a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación sobre el levantamiento de la sanción y actualización de la información de la señora JHOENNYA MORENO REALES, ii) reconocer y pagar los perjuicios morales causados como consecuencia de la angustia, cuyas pretensiones se estiman en la suma de 100 S.M.M.L.V, que eq uivale a $64'