CE - 250002342000201601012011SENTENCIA20230323230418

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-2018)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o encubierta, no prueba subordinación, abogada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala l os recursos de apelación interpuesto s por las partes, quienes actúan por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 26 de enero de 201 8 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda

i.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo ( CPACA), la señora Janeth Peñaranda Canosa , por intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contenciosoconsagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo ( CPACA), la señora Janeth Peñaranda Canosa , por intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 201551613396012

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa 100-603-2014 del 12 de agosto de 2015, expedido por el Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante IDU, por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social reclamados.

Como consecuencia de lo anterior y a tít ulo de restablecimiento del derecho , solicitó i) declarar que entre ella y el IDU existió una relación laboral y que todo el tiempo servido entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015, sin solución de continuidad, tiene efectos legales para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, como se le pagan a un empleado de planta como profesional universitario, código 219, grado 03, de la Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales del IDU; ii) condenar al IDU a pagar a favor de la señora Peñaranda Canosa la retención en la fuente, ICA, riesgos profesionales que fueron descontados de sus contratos, horas extras, cesantías definitivas, primas de servicios, navidad, junio, antigüedad, de vacaciones y técnica, vacaciones, intereses a las cesantías y demás derechos laborales no cancelados ; iii) cancelar a favor del fondo de pensiones al cual se

cesantías definitivas, primas de servicios, navidad, junio, antigüedad, de vacaciones y técnica, vacaciones, intereses a las cesantías y demás derechos laborales no cancelados ; iii) cancelar a favor del fondo de pensiones al cual se encuentre afiliada los valores correspondient es a las cotizaciones que no fueron realizadas durante la vigencia de la relación laboral; iv) declarar que no hay prescripción trienal del derecho; v) reconocer y pagar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías ; y vi) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora Janeth Peñaranda Canosa «laboró» al servicio del IDU a través de contratos de prestación de servicios personales desarrollando iguales funciones que quienes desempeñaban el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03 de la Subdirección Técnica Jurídica de Ejecuciones Fiscales de la entidad, en el período comprendido entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015.3

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

1. Durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios asumió el pago de la seguridad social en salud , pensión y riesgos laborales en un 100% y nunca se le cancelaron prestaciones sociales.

1. Los referidos contratos encubrieron una verdadera relación laboral, puesto que la prestación personal del servicio fue objeto de subordinación, ya que debía

nunca se le cancelaron prestaciones sociales.

1. Los referidos contratos encubrieron una verdadera relación laboral, puesto que la prestación personal del servicio fue objeto de subordinación, ya que debía cumplir los horarios impuestos para la atención directa de los usuarios y recibir órdenes y directrices del subdir ector técnico de ejecuciones fiscales , Carlos Ramírez y de su coordinadora delegada, Ana Fernández.

1. El 16 de julio de 201 5, mediante derecho de petición solicitó al IDU el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a que hubiera lugar por el tiempo «laborado» entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015.

1. El 12 de agosto de 201 5, la subdirectora técnica de Recursos Humanos d el IDU dio respuesta nugatoria frente a las prestaciones solicitadas con el argumento de que la vinculación se dio como contratista y no como empleada de la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2 y 7 del Decreto 2400 de 1968; 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 5, 8, 16, 21, 24, 32, 34, 40, 45 y 46 del Decreto 1045 de 1968; 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 2, 6 y 7 del Decreto 1950 de 1973; 85 del Decreto 01 de 1984 ; y 32 y 81 de la Ley 80 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los

del Decreto 1950 de 1973; 85 del Decreto 01 de 1984 ; y 32 y 81 de la Ley 80 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los argumentos que se resumen a continuación:

1. La conducta desplegada por el IDU fue orientada a sustraerse de la obligación4

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa legal de índole laboral respecto a la demandante, quien fuera su trabajadora dependiente y subordinada, contratada para realizar las labores de abogada en la Subdirección Técnica Jurídica y Ejecuciones Fiscales , que requerían su permanencia en el sitio de trabajo por la necesidad del servicio en el horario determinado por su jefe inmediato.

1. La cantidad sucesiva de contratos de prestación de servicios hizo que la relación laboral que sostuvieron fuera permanente, así como la remuneración percibida de forma mensual proveniente de los recursos presupuestales del IDU.

1. La actividad realizada por la señora Peñaranda Canosa como abogada en el área de valorización es una función permanente que corresponde a la razón social del IDU, cuyo cargo y funciones existen en la planta de personal de la entidad bajo la denominación de profesional universitario, código 219, grado 03 , de la

Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales.

1. El IDU sometió a un trato desigual a la demandante con respecto a sus iguales, al no permitirle disfrutar los beneficios propios de un contrato laboral en el tiempo y en las circunstancias debidas.

1. El IDU sometió a un trato desigual a la demandante con respecto a sus iguales, al no permitirle disfrutar los beneficios propios de un contrato laboral en el tiempo y en las circunstancias debidas.

1.2. Contestación de la demanda

El IDU

El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y expuso las siguientes razones de defensa:

1. El IDU suscribió varios contratos de prestación de servicios como apoyo a la gestión con la señora Peñaranda Canosa , luego de la naturaleza de esas vinculaciones no se desprende una relación de subordinación laboral ni dependencia para el desarrollo de la actividad contratada.

1 Folios 131 al 150.5

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

1. La entidad cumplió con todas las disposiciones contenidas en el clausulado de los contratos de prestación de servicio como pagar las sumas estipuladas por concepto de honorarios, y proporcionar la información requerida para la normal ejecución del objeto contractual.

1. La accionante firmó de manera libre , consciente y voluntaria los contratos temporales de prestación de servicio sin que pueda desconocerlo s ahora para pretender el reconocimiento de una relación laboral.

Propuso la s excepciones de inexistencia de los elementos que configuran una relación laboral, no cumplimiento de los requisitos para ser considerado funcionario, cobro de lo no debido, prescripción, y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,

funcionario, cobro de lo no debido, prescripción, y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia escrita proferida el 26 de enero de 201 8,2 accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. Con fundamento en el objeto de los contratos de prestación de servicios se observa que la demandante se oblig ó con el IDU a desarrollar actividades como abogada en la Subdirección Técnico-Jurídica y de Ejecuciones Fiscales, por lo tanto, los servicios debían ser prestados de forma personal y se pactó el pago de una contraprestación económica.

1. En el proceso se recaudaron los testimonios de los señores Gloria Acevedo y Jorge Ruiz solicitados por la parte demandante y de los señores Alejandra Muñoz y Carlos Ramírez, pedidos por la parte demandada, declaraciones que no fueron coincidentes y se contradicen en cuanto a la presunta subordinación.

2 Folios 326 al 338. Con ponencia del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves.6

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa iii) No obstante, al revi sar los estatutos del IDU se tiene que en la planta de personal existía el cargo de profesional universitario , código 219, grado 03, el cual ejercía similares funciones a las desempeñadas por la demandante , además, esta circunstancia la reconoció la entidad al manifestar que tuvo que acudir a la figura

personal existía el cargo de profesional universitario , código 219, grado 03, el cual ejercía similares funciones a las desempeñadas por la demandante , además, esta circunstancia la reconoció la entidad al manifestar que tuvo que acudir a la figura del contrato de prestación de servicios al no contar con el recurso humano suficiente para cumplir con las necesidades institucionales, luego se deduce que la señora Peñaranda Canosa debía desarroll ar labores bajo total subordinación y dependencia como los demás empleados.

1. Evidentemente las funciones realizadas por la demandante en el IDU relacionadas con la proyección de actos administrativos, entre otras, son labores que tienen correspondencia con el objeto de la entidad y no podían realizarse en lugar distinto a sus instalaciones , pues para su desarrollo era indispensable consultar el sistema y base de datos institucional , aunado al hecho de que los proyectos de acto eran avalados previamente por el subdirector técnico jurídico.

1. Así pues, las labores desempeñadas llevaron consigo subordinación al acreditarse que en la planta de personal de la entidad existían abogados que prestaban los servicios en igualdad de condiciones que la demandante; las funciones tiene n relación con el objeto misional; todos los servidores del IDU debían cumplir horario y acatar órdenes de los jefes inmediatos; y las actividades no fueron ocasionales o temporales , pues se desplegaron por más de 6 años , circunstancias que conllevan establecer que se configuró una verdadera relación laboral.

1. Como la actora elevó reclamación administrativa el 16 de julio de 2015 , y la última vinculación culminó el 27 de febrero de 2015, no hay lugar a aplicar la

laboral.

1. Como la actora elevó reclamación administrativa el 16 de julio de 2015 , y la última vinculación culminó el 27 de febrero de 2015, no hay lugar a aplicar la prescripción del derecho y en consecuencia se declarará la existencia de la relación laboral entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015. Sin embargo, teniendo en cuenta que a partir del 1º de septiembre de 2013, le fue reconocida pensión de vejez, el restablecimiento del derecho se hará hasta el 31 de agosto de 2013, día anterior al reconocimiento de la prestación, en7

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa consideración a que se le pagaran las prestaciones «dejadas de percibir como si hubiere sido empleada p ública, lo cual a toda s luces es incompatible con dicha prestación, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992».

1. Las prestaciones salariales y sociales dejadas de percibir se deben liquidar conforme a los honorarios pactados . De igual manera el IDU deberá pagar los porcentajes de cotización correspondientes al empleador en pensión y salud.

1. Finalmente, n egó la devolución de las deducciones efectuadas por concepto de retención en la fuente , de los valores cancelados por riesgos profesionales y el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La demandante

El apoderado de la señora Janeth Peñaranda Canosa interpuso recurso de

cesantías.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La demandante

El apoderado de la señora Janeth Peñaranda Canosa interpuso recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente referenciada, y solicitó que se adicione para acceder a las pretensiones de la demanda en los términos en que fue solicitado. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

1. Es imposible que concurra una incompatibilidad respecto del reconocimiento de la indemnización por la declaratoria de la existencia de la relación laboral encubierta o subyacente con la pensión de vejez que devenga la demandante, ya que no ostenta la calidad de empleada pública y no está percibiendo dos asignaciones que provengan del Estado. Lo anterior por cuanto es posible ser pensionado del sector público y celebrar contratos de prestación de servicios con entidades estatales, luego la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización desde el 21 de julio de 2008 hasta el 27 de febrero de

3 Folios 343 al 346.8

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa 2015, y no como lo ordenó el fallador de primera instancia, hasta el 31 de agosto de 2013.

1. Como quedó probado que sí existía en la planta de personal del IDU el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones que devengaban los funcionarios que ostentaban dicho empleo, liquidadas con base en el salario percibido por ellos, y no conforme el valor pactado en los contratos de prestación de servicios.

reconocimiento y pago de todas las prestaciones que devengaban los funcionarios que ostentaban dicho empleo, liquidadas con base en el salario percibido por ellos, y no conforme el valor pactado en los contratos de prestación de servicios.

1. Con respecto a la no devolución del valor de los aportes pagados por concepto de riesgos profesionales, contrario a lo afirmado por el Trib unal, si le asiste el derecho a pesar de que las certificaciones no se hubiesen aportado al proceso siempre que se demuestre el pago de estos, circunstancia que se puede dar incluso al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia por parte del

IDU.

1. Por último, la accionante tiene derecho además a que se le paguen los aportes que no se realizaron a las Cajas de Compensación Familiar y que debió cancelar el IDU si no hubiera desnaturalizado la relación contractual.

1.4.2. La demandada

El IDU, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación en contra la sentencia de primera instancia y solicitó fuera revocada, bajo las siguientes consideraciones:4

1. Si bien es cierto la señora Peñaranda Canosa desarrolló actividades en el IDU desde el año 200 8 y hasta el año 201 5, dichas labores fueron desempeñadas en forma independiente y autónoma mediante diversas órdenes de prestación de servicios, por lo que resulta claro que no existió vínculo laboral algu no, ya que hubo interrupción entre una y otra orden de prestación de servicios.

4 Folios 347 al 352.9

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

4 Folios 347 al 352.9

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

1. El tiempo que el contratista debe invertir en el cumplimiento del objeto contractual, bien puede coincidir con el horario de atención al público de la entidad, circunstancia q ue no configura por si sola la existencia de una relación laboral, pues obedece a razones prácticas.

1. Sin perjuicio de la autonomía e independencia del contratista, el desarrollo del contrato implica necesariamente una actividad de supervisión y una efectiva coordinación entre las partes, sin que esto desnaturalice su condición de contrato estatal ni prueba en debida forma el elemento de la subordinación . Lo que el Tribunal denominó «acatar órdenes de sus jefes inmediatos» realmente constituye el ejercicio de supervisión que debe realizarse.

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 807 de 1993, la información tributaria distrital está amparada por la más estricta reserva, condición que exige el uso de unos medios informáticos cualificados para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esta. Es así como el uso de tales herramientas genera un orden que proporciona o requiere la entidad , situación que no afecta la autonomía del profesional como lo afirmó el a quo.

1. En la parte considerativa del fallo se indicó que por existir una relación entre la labor realizada por la demandante y el objeto de la entidad, ello es indicativo de la existencia de subordinación ; sin embargo, este razonamiento se convierte en una presunción injustificada de la que se derivaría una prohibición para el IDU de

la labor realizada por la demandante y el objeto de la entidad, ello es indicativo de la existencia de subordinación ; sin embargo, este razonamiento se convierte en una presunción injustificada de la que se derivaría una prohibición para el IDU de celebrar contratos que no deviene de la ley.

1. Finalmente, en caso de que los anteriores argumentos no sean de recibo, solicitó se declare la prescripción que fue propuesta en su oportunidad y que ha operado respecto de los contratos de prestación de servicios DTA-PSP-927-2008, DTA-PSP-931-2009, DTA-PSP-1135-2009, dtgc -psp-607-2010 y dtgc -psp-319-2011, entre cuya finalización y la fecha de la reclamación administrativa trascurrieron más de tres años.10

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Janeth Peñaranda Canosa , por intermedio de su apoderado, descorrió el término para alegar, reiteró los argumentos esbozados en el recurso de apelación y solicitó que fuera a dicionada la decisión de primera instancia con el reconocimiento de los valores pretendidos.5

1.5.2. La demandada

El IDU, en el escrito de alegatos, insistió en las consideraciones expuestas en el recurso de apelación sobre la falta de elementos probatorios en el plenario que acrediten la supuesta relación laboral que reconoció el a quo.6

1.6. El ministerio público

recurso de apelación sobre la falta de elementos probatorios en el plenario que acrediten la supuesta relación laboral que reconoció el a quo.6

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:

1. Si está probado en el plenario que entre la señora Janeth Peñaranda Canosa y

5 Folios 390 al 393. 6 Folios 394 al 400. 7 Folio 415.11

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa el IDU existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente y, de ser así,

2. Establecer si se debe declarar la pre scripción respecto de alguno o algunos de los contratos celebrados. Y por último determinar,

3. Si se deben reconocer, adicionalmente, las prestaciones sociales correspondientes al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2013, fecha en que la señora Peñaranda Canosa comenzó a devengar una pensión de vejez y el 27 de febrero de 2015, cuando feneció su última vinculación con el IDU, teniendo en cuenta el valor del salario devengado por los empleados de planta de la entidad que desempeñan el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, y no los honorarios pactados en el contrato, y

en cuenta el valor del salario devengado por los empleados de planta de la entidad que desempeñan el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, y no los honorarios pactados en el contrato, y

4. Si procede el reconocimiento a favor de la demandante de los valores pagados por concepto de riesgos profesionales y de los a portes que debió cancelar la entidad referente a la afiliación a una Caja de Compensación Familiar.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los art ículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:12

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)

Demandante: Janeth Peñaranda Canosa

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25 . El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Esta do, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del principio de « salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue

ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del principio de « salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización9, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con obj eto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

8 Aprobada el 11 de abril de 1919. 9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.13

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Ameri cana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en

vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador 16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que « no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.14

constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.14

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18) Demandante: Janeth Peñaranda Canosa A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del traba jador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del traba jo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

Así las c osas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración

laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el