CE - 250002342000201603167011SENTENCIA20230524000339

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 25000234200020160316701 (2946 -2018 )

Demandante: Juan Olaya Ruiz Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social .

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Educación contratada.

Coordinador de Educación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 28 de febrero de 201 8, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda Subsección D, que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

1.1. Pretensiones

El señor Juan Olaya Ruiz , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, requirió d eclarar

El señor Juan Olaya Ruiz , por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, requirió d eclarar la nulidad de l Auto ADP 006497 del 16 de mayo de 2016 , por medio del cual , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la

1 Folios 22 a 33. 2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia calculad a con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus pensional , esto es, a l 17 de marzo de 2004, en cuantía de $ 732.824 ; (ii) indexar las sumas reconocidas según lo dispuesto en los artículos 187 y 193 (inciso 1) del CPACA ; (iii) en caso de no cumplir la sentencia en los términos del numeral 2.º del artículo 192 ídem , pa gar intereses moratorios conforme al artículo 195 del CPACA; y (iv) pagar costas y agencias en derecho.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

sentencia en los términos del numeral 2.º del artículo 192 ídem , pa gar intereses moratorios conforme al artículo 195 del CPACA; y (iv) pagar costas y agencias en derecho.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Juan Olaya Ruiz expuso que nació el 16 de marzo de 1954 y prestó sus servicios como docente de manera interrumpida desde el 1 de febrero de 1977 hasta el 30 de abril de 1997.

El 20 de enero de 2016 e l demandante presentó derecho de petición para el reconocimiento y pago de la pensión .

La UGPP m ediante Auto ADP 006497 del 16 de mayo de 2016, negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia .

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor s eñaló que laboró por más de 20 años con vinculación territorial en enseñanza primaria en zonas de difícil acceso y rurales a través de la Educación Contratada en los antiguamente denominados «Territorios Nacionales» en desarrollo de los contratos celebrados por los vicariatos de la iglesia católica , según lo acor dado en el artículo 13 del Concordato a través de la Coordinación Educativa para cada Intendencia y Comisaría existente s para ese entonces.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Refirió que dichos nombramientos, cuya esencia era prestar servicios netamente territoriales , fueron avalados y ratificados con posterior idad por el Ministerio de Educación a través de una Oficina Especial de Coordinación par a la Educación Contratada , lo que evidencia que quienes más desplegaron sus servicios y deben ser protegidos por los presupuestos y espíritu de la Ley 114 de 1913 , son precisamente aquellos educadores que sirvieron en esa clase de zonas.

Por lo anterior, y habiendo demostrado que laboró más de 20 años en la modalidad de educación territorial, no resulta válida la discriminación efectuada por la accionada en cuanto a que no es posible reconocer tales tiempos por considerar que el carácter d e la vinculación es nacional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de derecho y al respecto aclaró que se evidenció que el demandante no logró demostrar la vinculación territorial por el periodo de 20 años, toda vez que la documentación aportada se encuentra incompleta y contiene inconsistencias pues no se pudo establecer que aquel haya laborado como docente antes del 31 de diciembre de 1980.

Propuso las siguientes excepciones (i) falta de competencia por factor territorial ; (ii) presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad de pensiones ; (iii)

laborado como docente antes del 31 de diciembre de 1980.

Propuso las siguientes excepciones (i) falta de competencia por factor territorial ; (ii) presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad de pensiones ; (iii) inexistencias de la obligación; (iv) la innominada o genérica , y (v) prescripción .

3. AUDIENCIA INICIAL 4

3 Foli os 80 a 84. 4 Folios 118 a 122. CD allegado a folio 123.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda Subsección D, en acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo audiencia inicial concentrada el 28 de febrero de 2018 , oportunidad en la que fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«Consiste en determinar si la parte demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión gracia, de conformidad con la naturaleza de sus vinculaciones y si cumple con el requisito de haber es tado vinculado como docente a 31 de diciembre de 1980, de conformidad con lo previsto en las Leyes 114 de 1973 y 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.»

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5

de conformidad con lo previsto en las Leyes 114 de 1973 y 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.»

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda Subsección D, en sentencia del 28 de febrero de 2018 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a l demandante.

Como fundamento de la decisión, indicó que , según el certificado de información laboral expedido por la Gobernación del Amazonas, el accionante, mediante la Resolución 8808 del 29 de agosto de 1977 , fue nombrado como docente nacional y posesionado por el coordinador de Educación Nacional del Amazon as, razón por la cual se puede establecer que se trata de una vinculación de carácter nacional.

Respecto de la Resolución 007 del 19 de abril de 1979 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, Prefectura Apostólica de Leticia, Amazonas, por el cual , el Ordinario Competente para la Educación Nacional contractual de la Prefectura Apostólica de Leticia – Amazonas, efectuó unos nombramientos, entre ellos al accionante, como profesor de secundaria desde el 1 de febrero de 1979 hasta el 31 de enero de 1982 , labora ndo en el marco de la Educación Misional Contratada, administrada por la Iglesia Católica con sujeción a las directrices expedidas por Ministerio de Educación

5 Folios 200 s 207 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

5 Folios 200 s 207 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 Nacional , señaló que ésta se trató de una vinculación de carácter nacional , por lo que no acreditó tiempos de servicio territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y en ese sentido no es posible acceder a la pensión gracia .

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6

El señor Juan Olaya Ruiz solicitó revocar la decisión y , en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el tribunal al negar las súplicas de la demanda contrar ió normas de carácter sustancial y constitucional, pues se centró en el formalismo de la clase vinculación y dejó de lado el espí ritu de la norma que beneficia a un grupo de educadores en consideración a la especial tarea que desarrollaban y la baja remuneración que percibían.

Señaló que la vinculación en el territorio del Amazonas se hizo bajo la modalidad de Educación Contratada por lo que debe tenerse en cuenta que, para la época, los docentes realizaban constante s sacrificios para cumplir a cabalidad la profesión de enseñar y , por ello , el legislador quiso equipararlos con los docentes vinculados

cuenta que, para la época, los docentes realizaban constante s sacrificios para cumplir a cabalidad la profesión de enseñar y , por ello , el legislador quiso equipararlos con los docentes vinculados en el orden nacional y mejorar su calidad de vida a través de la pensión gracia.

De acuerdo con lo anterior, y al considera r que quedó demostrado que el accionante laboró por más de 20 años al servicio de la educación territorial y la enseñanza primaria en zonas de difícil acceso y rurales a través de esa forma de contratación, «el análisis debe realizarse dentro del campo lógi co y razonable en su contexto general y rea l» , por cuanto no es posible clasificar a los docentes en sólo dos categorías a saber , nacionales o territoriales , pues se olvida que, docentes como el accionante, no corresponden a

6 Folios 114 a 122.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 ninguna de las anteriores categ orías ya que fue vinculado por la coordinación de educación contratada del Amazonas y, en ese orden , debe ser reconocida la pensión gracia deprecada.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante 7 expuso los mismos argumentos del recurso de apelación .

6.2 La entidad demandada 8 solicitó conf irmar la sentencia

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante 7 expuso los mismos argumentos del recurso de apelación .

6.2 La entidad demandada 8 solicitó conf irmar la sentencia recurrida por considerar que los fundamentos expuestos por el a quo permitieron concluir , a partir de una correcta valoración probatoria , que no fueron acreditados los tiempos de servicio requeridos para causar la pensión gracia que reclama , en tanto que los anteriores al 31 de diciembre de 1980 fueron nacionales.

La Agencia Nacional de Defen sa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a folio 163 .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328

7 Folios 144 a 146. 8 Folios 159 a 162. 9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia est á circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema jurídico

corresponde a la Sala , d e acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , determinar lo siguiente:

¿El señor Juan Olaya Ruiz , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

Para resolver el asunto, se desarrol lará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia ; (ii) la Educación Contratada ; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la

oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra

10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterio ridad al 1 de enero de 1981.

docente se haya vinculado al servicio oficial con anterio ridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio grat uito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1º, distinguió entr e los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por

términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dis puesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule

Bogotá D.C. – Colombia 9

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter

que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales . Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 11 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la

le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 12 previó las sig uientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de

de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de lo s recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades

originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacio nal como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a

los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. R adicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014 ).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra som etido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias

carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º , literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que :

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente

vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente est ablecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se

secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 La Educación Contratada

En relación con la educación contratad a, esta Corporación en sentencia del 24 de julio de 2008 14, con ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

«Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados del país y en los antiguos territori os nacionales a través de la suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a criterios prev iamente acordados entre éste y la

contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a criterios prev iamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (…)”

Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas p ara la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a nombre de la Iglesia, y tienen como objeto la administración por

14 Radicación interna 2387 -2006 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000234200020160316701 (2946 -2018)

Demandante: Juan Olaya Ruiz

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 parte de esta de los centros educativos en el sector de la educación oficial, su tenor literal es el siguiente:

“Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del personal docente, administrativo y de servicio, en los centros educativos bajo contrato, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El nombramiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Mi nisterio de Educación Nacional entre los

procedimiento:

1. El nombramiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Mi nisterio de Educación Nacional entre los candidatos que presente el Ordinario competente. (…)”

El Decreto 2484 de 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció que el Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación Naci onal los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos, para que este ratifique las novedades de personal, su tenor literal es el siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las novedades de personal de los Ce